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Etiqueta: Asamblea Legislativa

  • Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    Asamblea mantendrá sus gastos en $46.9 millones para 2026: aún no publica su presupuesto

    La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa presentó el monto de presupuesto que proyecta para el 2026 por $46.9 millones, una cifra igual a la aprobada para el ejercicio fiscal del 2025.

    La Asamblea Legislativa aún no publica su proyecto de presupuesto, sino únicamente una carta de dos páginas dirigida a la Junta Directiva y firmada por cuatro diputados directivos de Nuevas Ideas y uno del PDC, quienes detallan el monto general y explican lineamientos presupuestarios.

    Entre los aspectos que destaca la Junta Directiva en el documento está la búsqueda de un presupuesto «con asignaciones esenciales» «que permitan la operatividad» para la aprobación de las leyes y confirma «el apoyo económico a estudiantes de recursos limitados mediante el programa de becas Dagoberto Gutiérrez, a nivel nacional, para el periodo 2024-2027», además promete la «mejora de la infraestructura física y tecnológica de la institución».

    En 2024, el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, proyectó bajar el gasto legislativo en $15 millones durante tres años, por la reducción de 84 a 60 diputados que componen la Asamblea Legislativa a partir de 1 de mayo de 2024.

    En 2023, la Asamblea, con 84 diputados, tenía un presupuesto de $57.6 millones. Con la reforma al Código Electoral, en junio de ese año, la Asamblea pasó a conformarse de 60 diputados, lo que supondría un cambio

    El 9 de enero de 2024, al consultarle al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sobre el presupuesto para el 2024, tomando en cuenta esa reducción de diputados, proyectó que el presupuesto del Legislativo tendría por esa reducción de escaños una baja de $15 millones en tres años.

    «En general la reducción está alrededor de $3.5 este año, pero en general van a ser $15 millones en tres años, cuando eso se estabilice», dijo Castro, el 9 de enero de 2024.

    Para 2024, el presupuesto aprobado fue de $54.1 millones, presentando una reducción de $3.5 millones.

    Para 2025, el presupuesto aprobado fue de $46.9 millones, con una baja de $7.2 millones. Por lo que siguiendo lo proyectado por Castro de la baja de $15 millones, para 2026, el presupuesto del Legislativo debería ser de $42.6 millones.

    Sin embargo, en julio de 2024, la Asamblea decidió reorientar parte de los fondos que asignan a cada diputado: $2,200 por cada uno de los 60 diputados para el programa de becas «Dagoberto Gutiérrez», a partir de julio de 2024, hasta abril de 2027, un monto que suma $4,488,000. Al final, se reorientaron $5 millones.

    La Asamblea Legislativa tendrá que publicar el documento del presupuesto 2026 con el detalle que especifique las asignaciones presupuestarias para cada rubro.

  • Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    Gobierno pide refuerzo de $113 millones para Presidencia, MAG, Seguridad y otras 10 instituciones: ¿cómo se distribuyen?

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, le ha pedido a la Asamblea Legislativa modificar la Ley del Presupuesto General de la Nación para reforzar los presupuestos de 13 instituciones públicas, con un monto total de $113 millones.

    El monto mayor se destinaría a la Presidencia de la República, que ha solicitado $32 millones, únicamente se detalla que servirán para «compromisos impostergables» en lo que resta de 2025.

    Al Ministerio de Agricultura y Ganadería se le destinarán $26 millones y al Ramo de Seguridad Pública y Justicia se le reforzará con $17 millones, estas son las tres instituciones con los mayores montos.

    «En la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para lo que resta del presente año 2025», argumenta el ministro, en la petición enviada a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de octubre, «cumpliendo especiales instrucciones del presidente de la República».

    Según explica Posada en el proyecto de decreto, los recursos para reforzar las 13 instituciones saldrán del Fondo General, ya que «el Ministerio de Hacienda ha identificado las asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente de 2025, que pueden reorientarse para reforzar a las instituciones mencionadas en el proyecto que se presenta».

    Así se distribuirán los $113 millones en las 13 instituciones del Estado para cubrir compromisos en lo que resta del 2025

    Presidencia de la República: $32 millones.
    Agricultura y Ganadería: $26 millones.
    Seguridad Pública y Justicia: $17 millones.
    Relaciones Exteriores: $10 millones.
    Fiscalía General de la República: $8 millones.
    Economía: $6.5 millones.
    Cultura: $3.8 millones.
    Turismo: $2.6 millones.
    Educación, Ciencia y Tecnología: $2.5 millones.
    Procuraduría General de la República: $2 millones.
    Obras Públicas y de Transporte: $2 millones.
    Medio Ambiente y Recursos Naturales: $500,000.
    Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $190,000.

    La solicitud no detalla para qué son estos requerimientos presupuestarios en cada entidad. El proyecto de decreto será visto en la Comisión de Hacienda convocada para este viernes 3 de octubre a las 9:30 de la mañana.

  • Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    Seguridad pide incorporar $785,600 de préstamo aprobado en 2022 para programa de atención a jóvenes en riesgo

    El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia recibirá este año $785,600 de un préstamo para atender a jóvenes en riesgo del departamento de San Salvador, según la solicitud del ministro de Hacienda, Jerson Posada, para reformar la Ley del Presupuesto General vigente.

    Los fondos provienen de un acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Italia con la entidad financiera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por $6,136,079.67 ($6.1 millones) para el «Programa de prevención y de rehabilitación de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley».

    El préstamo fue aprobado el 18 de enero de 2022; en ese entonces, Nuevas Ideas reclamó el atraso en la aprobación del acuerdo suscrito en 2016. El préstamo se deberá pagar en un plazo de 26 años y tiene un periodo de gracia de 16 años.

    Seguridad planea utilizar los $785,600 para un «Programa de apoyo a jóvenes en situación vulnerable en distritos priorizados del departamento de San Salvador » y «actividades integradoras dirigidas a jóvenes».

    ¿Para qué se usarán los fondos?

    -Servicios profesionales en medicina general.

    -Programas de formación técnica para el trabajo.

    -Cursos laborales-vocacionales en las áreas de panadería, electricidad, fontanería, elaboración de productos artesanales.

    -Contratación de consultores técnicos y administrativos para la gestión del Programa.

    Estas actividades serán dirigidas y ejecutadas por la Dirección de Integración, dependencia del Ministerio de Gobernación, para lo cual firmó un convenio con Seguridad el 27 de junio de 2025.

    Seguridad proyecta «promover estrategias integrales de prevención y reinserción social, dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad» y «fortalecer el tejido social y generar oportunidades de inclusión económica, educativa y comunitaria».

     

  • TSE cumple un año, Acción Ciudadana y oposición señalan opacidad del organismo electoral

    TSE cumple un año, Acción Ciudadana y oposición señalan opacidad del organismo electoral

    El nuevo organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió un año de haber asumido sus funciones luego de su juramentación en la Asamblea Legislativa.

    Políticos y sociedad civil externaron  preocupaciones por la opacidad y las posibles interferencias mientras la institución destaca logros en su primer año.

    La institución electoral aseguró el viernes que en este primer año de gestión ha logrado «hitos fundamentales» como el pago atrasado a personal temporal que trabajó en las elecciones de 2024, una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la digitalización del registro electoral.

    Sin embargo, partidos políticos y sociedad civil no están del todo convencidos de los avances en el TSE.

    La organización Acción Ciudadana aseveró a Diario El Mundo que ve «preocupación por la opacidad de la autoridad electoral» concretamente por la resistencia de publicar información pública que debería divulgarse de oficio en el Portal de Transparencia.

    «Vemos con preocupación la opacidad de la autoridad electoral… Vemos con preocupación que mucha información está desactualizada o simplemente no se publica».

    Acción Ciudadana.

    Además, señala la organización que el Tribunal ha tenido «una actitud pasiva» ante las reformas realizadas a la Constitución de la República porque no fue consultada al respecto ni dio opinión, solo las aceptó. El 31 de julio, mediante una reforma constitucional, la Asamblea eliminó la segunda vuelta presidencial, extendió el período presidencial a seis años y eliminó la perdida de ciudadanía para quienes proclaman reelección presidencial.

    Arena teme «interferencia» partidaria al trabajo electoral

    El presidente del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos García Saade, aseveró que su real preocupación es que la entidad pueda recibir presiones de partidos políticos «para influir en su trabajo».

    Aseveró que cualquier tipo de interferencia partidaria es «inaceptable y una amenaza directa» a la democracia salvadoreña y agregó que, ante cualquier presión, la entidad «debe demostrar independencia y carácter».

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    Tres de los magistrados son propuestos por los tres partidos con más votos en la última elección presidencial y dos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La presidencia la ocupa el partido que ganó la presidencial, en este caso, Nuevas Ideas, con Roxana Soriano, quien fue duramente criticada por haber sido elegida cuando en 2021 fue precandidata a diputada de ese mismo partido. La funcionaria, en una audiencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, aseguró que se desafilió del partido en julio de 2020.

    «Lo que realmente me preocupa es el riesgo de que haya intentos de interferencia. Cualquier presión política que busque influir en su trabajo es inaceptable y una amenaza directa a nuestra democracia».

    Carlos García Saade, presidente del COENA.

    Saade dijo que los partidos e instituciones tienen «la obligación de blindar» la autonomía del Tribunal porque, si dejan «que el árbitro sea presionado», pierden todos, no solo los contrincantes electorales.

    Asimismo, aseveró que, si bien es corto el tiempo de gestión del nuevo del TSE, «enfrentan un enorme reto» porque sus predecesores «dejaron una gestión llena de dudas y cuestionamientos». Indicó que los magistrados no deben «dejarse influir por ningún tipo de presión política».

    Buscan garantías de equidad y fiscalización de fondos

    Acción Ciudadana y Arena coinciden en que el principal reto para el nuevo TSE es garantizar «una elección equitativa». Arena insiste en que se debe contar con un proceso transparente que garantice «un padrón confiable, tecnología segura y conteo de votos claro».

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    La AC considera que es un reto porque la Asamblea ha impulsado reformas para inclinar «el campo del juego hacia el oficialismo».

    Además, cree que es un desafío para el TSE la reactivación de la Unidad de Fiscalización de financiamiento en partidos políticos y las medidas para «superar las dificultades vividas en 2024», como la falta de transmisión de actas en la elección legislativa.

    En esa elección, partidos políticos denunciaron papeletas «planchadas», es decir, papeletas votadas y sin dobleces pese a que tenían que haber estado dobladas al ser introducidas en cada urna.

  • Diario Oficial atribuye atraso en las publicaciones a la falta de personal

    Diario Oficial atribuye atraso en las publicaciones a la falta de personal

    La Gerencia del Diario Oficial argumentó en su memoria de labores que la falta de personal es la causa de demora en la publicación de documentos, títulos, avisos, decretos, resoluciones, acuerdos, declaratorias y autorizaciones durante el último año.

    La dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial informó que tiene 58,138 usuarios de las publicaciones en el Diario Oficial y que ha presentado dificultad por la «demora en la prestación del servicio» desde junio de 2024 hasta mayo de 2025.

    La última publicación disponible del Diario Oficial en su sitio web es del 11 de septiembre de 2025, es decir, tiene 12 días de retraso en la publicación.

    Sin embargo, no es la única área afectada por la falta de personal, pues la memoria evidencia que también están demorando en el servicio de entrega de certificaciones de que se agotó el Diario Oficial y de sus publicaciones, así como de la compra de los ejemplares de los diarios y en las suscripciones.

    La memoria indica que en los servicios de impresión que ofrece la Imprenta Nacional han tenido demoras por «la falta de personal, maquinaria y materia prima». Actualmente, tienen 28 clientes inscritos, entre instituciones y personas naturales.

    ¿Cuál fue el presupuesto?

    Según el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para 2024, en el ramo de publicaciones e impresiones se destinaron $1,343,585. Para el año fiscal corriente, se destinaron $1,031,245 según el presupuesto publicado en el portal de transparencia fiscal.

    Este año se presupuestaron $312,340 menos para la unidad de publicaciones e impresiones. En mayo, el Ministerio de Gobernación inició un proceso de compra de 400 toneladas de papel para la Imprenta Nacional, ubicada en San Bartolo, Ilopango.

    La oficina administrativa del Diario Oficial está ubicada en las cercanías de la Plaza del Divino Salvador del Mundo y una planta de producción en la 4ta calle Poniente y 15 avenida Sur, #829, San Salvador Centro.

  • El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El Congreso de Costa Rica decidió el lunes mantener la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, pese a una acusación de la Fiscalía por un supuesto manejo irregular de fondos, lo que intensificó la polarización política a pocos meses de las elecciones generales del 1 de febrero.

    Con 34 votos a favor del desafuero y 21 en contra, la iniciativa no alcanzó los 38 sufragios necesarios para retirarle el fuero constitucional, lo que detiene temporalmente el proceso penal en su contra. La medida generó reacciones inmediatas de los principales actores políticos del país.

    La Fiscalía acusa a Chaves de un delito de concusión en la contratación presuntamente irregular de la empresa RMC La Productora S.A., con fondos de $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales habrían sido utilizados para servicios de comunicación a la medida del mandatario. El caso también involucra al comunicador Cristian Bulgarelli, quien supuestamente redactó los requisitos de contratación, y al asesor presidencial Federico Cruz, quien habría recibido parte del dinero.

    El presidente Rodrigo Chaves, a pesar de no poder optar por la reelección consecutiva ni referirse a temas electorales por ley, se ha convertido en una figura central de la campaña con duras críticas al Congreso, al Poder Judicial y a partidos de oposición. Esa actitud le ha valido denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

    Su exministra de Planificación, Laura Fernández, ahora candidata del Partido Pueblo Soberano, se ha presentado como la heredera del «Rodriguismo» y confirmó que, de ganar, invitará a Chaves a ser su ministro de la Presidencia.

    “Varios dirigentes intentaron quitarle la inmunidad al presidente bajo la errónea y cínica creencia de que así lo debilitaban”, afirmó Fernández.

    Entre quienes votaron a favor del desafuero se encuentra el candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien advirtió: “Paradójicamente, el propio Rodrigo Chaves ha repetido que ‘todos somos ticos sin corona’. Hoy la realidad lo contradice. El único tico con corona es él”.

    Por su parte, el aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, lamentó que no se alcanzaran los votos: “Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios”, apuntó.

    Mientras tanto, el candidato del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, defendió la decisión de su bancada de votar en contra del desafuero al considerar que habría convertido al presidente en “una especie de mártir” político.

    Con la decisión legislativa, el proceso penal queda suspendido hasta que Chaves termine su mandato el 8 de mayo de 2026. El delito de concusión que se le imputa contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.

  • Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal del año 2025 para inyectarle $250 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Hacienda, concretamente a la unidad presupuestaria de «obligaciones generales del Estado».

    El préstamo tiene como fin mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Un total de 56 diputados votaron a favor de omitir la lectura del decreto, Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra.

    La diputada reclamó que en el decreto no se especifica en qué se utilizará el dinero, ya que la partida de «obligaciones generales del Estado» tiene 12 subpartidas «muy diversas» incluidas algunas destinadas a devoluciones del Impuesto sobre la Renta y pago de seguros para los empleados públicos.

    La legisladora calificó de «preocupante» la posibilidad de que los $1,400 millones que serán financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal, puedan irse incorporando en el presupuesto «de esta manera».

    «Los salvadoreños merecen saber, los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo, esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios de transparencia y efectiva rendición de cuentas por parte del Estado». Claudia Ortiz (Vamos).

    El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, leyó el nombre del contrato de crédito: “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador». Zaldaña aseveró que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó este crédito al gobierno de El Salvador «en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando» para «mantener las políticas fiscales» y que tenga fondos ante una emergencia, que ejemplificó podrían ser provocadas por las lluvias.

    «Este préstamo ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad más sana y un buen manejo y un buen equilibro. Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, se omitió la lectura del decreto de préstamo. / Asamblea.

    El crédito por $250 millones que se inyecta con esta votación al presupuesto de El Salvador de 2025 es parte de un programa de $350 millones del Banco Mundial para que el país fortalezca su gestión financiera, racionalice la masa salarial pública, modernice la regulación del servicio civil, aumente la eficiencia de la inversión pública y atraiga fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta, además de que tenga más herramientas para gestionar riesgos y emergencias.

    Este financiamiento es parte de una política para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

     

  • Marcela Villatoro: «¿Adónde se fueron esos $100 millones para que arreglara el sistema del agua en San Salvador?»

    Marcela Villatoro: «¿Adónde se fueron esos $100 millones para que arreglara el sistema del agua en San Salvador?»

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro, aseveró este lunes que el gobierno ha tenido recursos para solucionar problemas de abastecimiento de agua en San Salvador y evitar el colapso que sufrió el 16 de septiembre la tubería que abastece a la mayoría del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y parte de La Libertad y que, luego de reparaciones, volvió a colapsar.

    El colapso de la tubería provocó un desabastecimiento de agua que sufrió población de varias zonas de San Salvador y Santa Tecla entre el 16 y 21 de septiembre.

    Villatoro indicó que la Asamblea Legislativa aprobó en 2023, con votos incluso de Arena, un préstamo de $100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del grupo del Banco Mundial para financiar el proyecto “Resiliencia del sector agua en El Salvador”.

    «Les dimos los votos, como partido político y, como les dimos los votos como partido político, tengo todo el derecho y toda la potestad de exigirles ¿adónde se fueron esos $100 millones que nosotros le apoyamos al gobierno para que arreglara el sistema del agua en el departamento de San Salvador?, y esa planta no solo distribuye a San Salvador y, como les dimos los votos, tenemos todo el derecho de exigirles que nos demuestren adónde se han llevado el dinero», aseveró la diputada, en la entrevista EncuentroTV.

    Villatoro preguntó al partido Nuevas Ideas por qué no le exige al gobierno que le rinda cuentas de cómo utiliza los recursos que le aprueba.

    «Tenemos el derecho de exigir y claro que eso tenemos que hacer como Asamblea Legislativa y no solo nosotros, sino también el partido de gobierno, porque ellos fueron quienes votaron primero,  ¿por qué Nuevas Ideas no les exige a los directores de las carteras que hagan su trabajo de forma correcta? Entonces, aquí vemos cómo una crisis del agua te demuestra que realmente no hay control del funcionamiento del Estado», aseveró la diputada del partido de derecha.

    En la solicitud para ese préstamo de $100 millones en 2023, Hacienda explicó que el gobierno “pretende mejorar la calidad confiabilidad y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua potable en diferentes zonas del territorio nacional”, “modernizar” los servicios públicos y fortalecer la planificación ante los riesgos climáticos.

    El 17 de septiembre, Nayib Bukele nombró a Dagoberto Arévalo Herrera, como nuevo presidente de ANDA, en sustitución de Jorge Castaneda, nombrado en 2024. Arévalo, durante las reparaciones de la tubería colapsada afirmó: «Recibimos una institución en plena crisis».

    La diputada admitió que, si bien en seguridad «la gente se siente contenta», «hay crisis en varias materias» como economía, agua, vivienda, «por que sí, están construyendo casas, pero que valen $300,000, $400,000, $500,000, $1 millón, pero vivienda popular no hay», criticó. «No hay medicamentos para diabetes, para insuficiencia renal», sumó a los reclamos.

  • El poco personal técnico para el programa nuclear fue una de las dificultades de la Dirección de Energía en el último año

    El poco personal técnico para el programa nuclear fue una de las dificultades de la Dirección de Energía en el último año

    Poco personal técnico para la implementación del programa de energía nuclear fue una de las principales dificultades que enfrentó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) entre junio de 2024 y mayo de 2025, según la memoria de labores de la institución.

    El documento, al que Diario El Mundo tuvo acceso, señala que la institución gestionó esta dificultad a través de foros y participaciones en actividades referentes al programa nuclear.

    Entre las posibles soluciones plasmadas en la memoria de labores está la identificación de nuevo personal técnico.

    La Dirección de Energía define a la “Ley de energía nuclear” como una de las principales estrategias que impulsará las energías limpias en El Salvador.

    La normativa fue aprobada en octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa y se fijó el 28 de octubre de 2025 con la fecha en la que entraría en vigencia.

    No obstante, este mes el órgano Legislativo decidió prorrogar para el 28 de junio de 2026 la entrada en vigor de la medida, a petición del Ejecutivo.

    En su argumento, el gobierno dijo que buscaban armonizar el marco normativo con los estándares internacionales para garantizar la correcta aplicación de la normativa.

    En torno a la medida, el gobierno ha firmado acuerdos nucleares de colaboración, al mismo tiempo que realiza talleres y foros para contribuir con la formación de la mano de obra calificada.

    En mayo de este año, la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) anunció la primera Misión de Diseño de Sitios y Eventos Externos (SEED), conformada por expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

    El Ejecutivo reveló en ese momento que se propuso ante la misión sitios en San Vicente y Chalatenango para la instalación de la primera planta nuclear.

     

    Formación y adopción

    Previo a la aprobación de la ley, el gobierno salvadoreño apostó a tener su primer reactor nuclear para el 2030, así como formar a más de 400 personas en el área nuclear en los próximos cinco años.

    “Para el año 2050 el Sistema Energético Nacional utilizará recursos energéticos más limpios y sostenibles como la energía nuclear y el hidrógeno verde, tecnologías e infraestructura moderna, eficiente y costo-efectiva para suministrar, transformar, transportar y consumir energía”, indicó la memoria de labores.

    El gobierno prevé ejecutar un programa de energía nuclear pacífico y seguro, con el que se pretende evaluar la implementación de una tecnología de hitos para el desarrollo del proyecto y generación energética.

     

    Más retos

    La Dirección de Energía señala que la limitada disponibilidad presupuestaria también ha restringido la contratación de personal especializado, una situación que se suplió a través de pasantías, por lo que ven como posible solución un refuerzo presupuestario.

    Esta institución identificó una falta de facultades en la ley de creación para la prestación de servicios para la población, por lo que se han elaborado propuestas de reformas, así como una recepción de menos de tres ofertas en varios procesos bajo el método de comparación de precios.

    La DGEHM plantea como uno de sus principales dificultades entre junio de 2024 y mayo de 2025 el desconocimiento por parte de empresarios de los reglamentos técnicos de eficiencia energética, al que se suman los retrasos en el archivo y organización documental del expediente de contratación.

  • Asamblea costarricense decidirá este lunes el levantamiento de fuero al presidente Rodrigo Chaves

    Asamblea costarricense decidirá este lunes el levantamiento de fuero al presidente Rodrigo Chaves

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará este lunes si levanta el fuero al presidente Rodrigo Chaves, en un procedimiento inédito en la historia del país. La sesión iniciará a las 2 pm y permitirá la intervención de todas las bancadas antes de proceder a la votación.

    Para que prospere el desafuero se requiere una mayoría calificada de 38 votos de los 57 diputados. El Legislativo está compuesto en su mayoría por partidos de oposición. Aunque la normativa concede al mandatario 30 minutos para presentar su defensa, Chaves descartó asistir.

    “No me prestaré a un show que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el miércoles, calificando el proceso de “montaje”, “farsa” e incluso “intento de golpe de Estado judicial”.

    La Fiscalía acusa a Chaves de concusión, un delito castigado con entre dos y ocho años de prisión, en relación con la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., que habría prestado servicios de comunicación a la Presidencia con fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un total de $405,000.

    Según la investigación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, redactó los requisitos de contratación tras reuniones en Casa Presidencial y entregó parte del dinero a Federico Cruz, asesor del presidente. La Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien renunció a su inmunidad.

    Bulgarelli alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con el proceso, lo que generó críticas del mandatario, quien lo llamó “cobarde” y “vulgar”. A su vez, el empresario presentó una demanda contra Chaves y el representante de Costa Rica ante el BCIE, Erwen Masis, por presuntas amenazas.

    El domingo, cientos de ciudadanos marcharon en San José para exigir respeto a la institucionalidad y demandar acciones contra la violencia, en medio de crecientes cifras de homicidios.

    El presidente, cuyo mandato concluye el 8 de mayo, aseguró que la acusación responde a su papel como “el único presidente que ha señalado la corrupción en el Poder Judicial, el Congreso y otras instituciones del Estado”.

    Se trata del primer caso en la historia de Costa Rica en el que un presidente enfrenta un proceso de levantamiento de fuero.