Etiqueta: Asamblea Nacional

  • El exseleccionador surcoreano comparece ante el Parlamento tras eliminación del Mundial

    El exseleccionador surcoreano comparece ante el Parlamento tras eliminación del Mundial

    El expresidente de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA), Chung Mong-gyu, y el exentrenador de la selección masculina, Hong Myung-bo, comparecieron este jueves ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur, donde enfrentaron un intenso interrogatorio por la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial y por señalamientos sobre la gestión de la federación.

    Ambos acudieron como testigos ante el comité de Deportes del Parlamento, que abrió una audiencia para investigar presuntas irregularidades administrativas, la falta de transparencia en la conducción de la KFA y las razones que llevaron al fracaso deportivo de la selección surcoreana en la Copa del Mundo, de acuerdo con medios locales.

    Chung, quien renunció a la presidencia de la federación el 6 de julio tras 13 años al frente del organismo, y Hong, que dejó el cargo como seleccionador a finales de junio, ofrecieron disculpas públicas por el resultado obtenido, aunque rechazaron las acusaciones de favoritismo y opacidad durante sus respectivas gestiones.

    «Tras haber hecho todo lo posible por el desarrollo del fútbol coreano durante mi mandato, pido disculpas sinceramente por las controversias y el decepcionante resultado en la Copa del Mundo», dijo Chung durante su declaración inicial ante los legisladores.

    Por su parte, Hong asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento del combinado nacional, pero defendió que su designación como entrenador, realizada en julio de 2024, cumplió con los procedimientos establecidos.

    «Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal», afirmó el técnico, quien además negó las versiones que señalaban que recibía un salario anual de 3,800 millones de wones, equivalentes a $2.64 millones.

    Durante la audiencia, los parlamentarios también cuestionaron a Chung sobre un supuesto trato preferencial hacia graduados de la Universidad de Corea en los nombramientos de entrenadores nacionales. El exdirigente rechazó esa acusación y sostuvo que, de los 25 seleccionadores designados durante su administración, únicamente uno pertenecía a esa institución académica.

    La comparecencia se desarrolló después de que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo iniciara una investigación sobre la gobernanza del fútbol surcoreano, impulsada por las críticas de los aficionados tras la eliminación mundialista. Corea del Sur integró el Grupo A junto con México, Sudáfrica y República Checa. El equipo venció 2-1 a los checos, pero cayó 1-0 frente a mexicanos y sudafricanos, resultados que sellaron su eliminación en la fase de grupos.

  • Cuba denuncia que EEUU busca provocar el «mayor castigo posible» buscando su «rendición»

    Cuba denuncia que EEUU busca provocar el «mayor castigo posible» buscando su «rendición»

    El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este miércoles a Estados Unidos de intensificar su política de presión sobre la isla con el objetivo de provocar el «mayor castigo posible» a la población y forzar la «rendición» del Gobierno cubano.

    Durante su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el canciller sostuvo que, pese a las medidas adoptadas por Washington, Cuba mantendrá su postura y defenderá su sistema político y su soberanía.

    «Afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario», afirmó Rodríguez, quien agregó que «de ello dependerá la independencia, la revolución, el socialismo» del país. Asimismo, aseguró que «la bandera revolucionaria» de Cuba «no se plegará jamás», incluso ante una eventual intervención militar.

    El funcionario señaló que Estados Unidos busca «reforzar al extremo la guerra económica y el castigo colectivo» mediante el bloqueo petrolero impuesto desde enero y las nuevas rondas de sanciones aplicadas en las últimas semanas, incluidas medidas dirigidas contra empresas extranjeras que mantienen vínculos comerciales con la isla.

    Rodríguez también manifestó que Cuba tiene «el deber y el derecho de rechazar y enfrentar la agresión» de Estados Unidos «incluso con las armas», en caso de que el país sea objeto de una agresión militar.

    Pese al endurecimiento de las relaciones bilaterales, el canciller reiteró que La Habana mantiene su disposición de dialogar con Washington para buscar soluciones a las diferencias existentes, siempre que las conversaciones se desarrollen sobre la base del respeto mutuo y del reconocimiento de la soberanía de ambas naciones.

    «Seguimos aspirando a la eventual posibilidad de una relación respetuosa y constructiva con el voraz vecino del norte», añadió Rodríguez, quien aseguró que Cuba «no es una amenaza para EE.UU. ni desea ser adversario o enemigo» de Washington porque tiene «vocación de paz».

    El Gobierno cubano insistió en que defenderá la soberanía nacional y rechazó cualquier posibilidad de ceder ante las presiones externas. Desde enero, Estados Unidos mantiene una política de máxima presión sobre la isla mediante un bloqueo petrolero y nuevas sanciones económicas orientadas a impulsar cambios políticos y económicos. De acuerdo con el Gobierno cubano, Naciones Unidas ha considerado estas medidas contrarias al derecho internacional.

  • Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes que inició el análisis de las reformas necesarias para cumplir las orientaciones del dictador Daniel Ortega, quien anunció que el país dejará de celebrar elecciones generales.

    En un pronunciamiento, el Parlamento, controlado por el oficialismo, explicó que comenzó a elaborar un plan de trabajo para implementar las directrices del mandatario, con el argumento de preservar la paz, la estabilidad y la continuidad de las políticas impulsadas por su Gobierno.

    La decisión surge después de que Ortega afirmara, durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la permanencia del oficialismo en el poder.

    Como parte del proceso, la Asamblea indicó que sostendrá sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir las reformas constitucionales y legales que respalden las nuevas disposiciones sobre el sistema político y electoral del país.

    «La soberanía de nuestro pueblo, y de nuestro país, es asunto propio de los nicaragüenses», sostuvo el Parlamento, al asegurar que trabaja para cumplir los lineamientos recibidos del Ejecutivo.

    Las declaraciones de Ortega generaron una nueva ola de reacciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el mandatario nicaragüense dejó al descubierto «su verdadera naturaleza autoritaria» y aseguró que él y la copresidenta Rosario Murillo «han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular».

    Por su parte, el Gobierno de Costa Rica reiteró su preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua y denunció el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes. A esas críticas se sumó la oposición nicaragüense, que pidió a la comunidad internacional incrementar la presión política y diplomática para restablecer la ruta democrática en el país.

    Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.

     

  • Suben a 3,535 los fallecidos y a 16,740 los heridos por los terremotos en Venezuela

    Suben a 3,535 los fallecidos y a 16,740 los heridos por los terremotos en Venezuela

    Al menos 3,535 personas murieron y 16,740 resultaron heridas como consecuencia de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, según el balance oficial divulgado este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

    El nuevo informe refleja un incremento de 193 fallecidos con respecto al reporte del domingo, mientras que la cifra de heridos permanece sin cambios. Además, las autoridades mantienen en 6,462 el número de personas rescatadas desde que ocurrió la emergencia.

    El reporte también indica que 17,854 personas perdieron sus viviendas, por lo que el Gobierno habilitó 82 campamentos temporales para albergar a las familias afectadas, tres más que los reportados el día anterior.

    Rodríguez informó que continúan registrándose 856 edificios con daños y 190 estructuras completamente colapsadas a causa del doble movimiento telúrico.

    Las autoridades señalaron que 86,794 familias han recibido asistencia humanitaria y que hasta la fecha se han distribuido 9,603 toneladas de alimentos entre las comunidades afectadas por el desastre.

    Asimismo, permanecen desplegados 29,567 efectivos del Ejército y de los cuerpos de seguridad, junto con 27,930 voluntarios que participan en las labores de atención, remoción de escombros y apoyo a los damnificados.

    Aunque el Gobierno habilitó una línea telefónica y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, la cifra oficial permanece en 157 desde el 25 de junio. Sin embargo, la iniciativa ciudadana «Desaparecidos Terremoto Venezuela» asegura haber recibido más de 30,000 reportes de personas con las que sus familiares no han logrado establecer contacto.

    Los terremotos del 24 de junio son considerados los más mortíferos registrados en Venezuela durante el último siglo. Los sismos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la zona con mayores daños. Doce días después de la tragedia, gran parte de los equipos internacionales de rescate ya se retiró del área, mientras bomberos, voluntarios, personal de protección civil y vecinos continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

  • Presidente ecuatoriano asegura que no se rendirá ante las mafias

    Presidente ecuatoriano asegura que no se rendirá ante las mafias

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el domingo que mantendrá la “guerra” declarada contra las organizaciones criminales y advirtió que no cederá ante las mafias que operan en el país sudamericano.

    Durante su informe a la nación ante la Asamblea Nacional, el mandatario sostuvo que las estructuras criminales “se cansarán primero” antes de que su gobierno abandone la lucha contra la violencia y el narcotráfico.

    “A todas las mafias que esperaron ver aquí a un presidente cansado, les digo que primero que se van a cansar ustedes antes de que me canse yo”, expresó Noboa en su discurso.

    El gobernante, quien fue reelegido para el período 2025-2029, afirmó que su administración tomó decisiones que anteriores gobiernos evitaron para no afectar su popularidad política.

    “Lo correcto y necesario lo hicimos nosotros (…) yo no pacto, no me rindo y no retrocedo”, afirmó el presidente ecuatoriano al referirse también a funcionarios y sectores políticos que, según dijo, obstaculizan los cambios en el país.

    Noboa destacó que durante 2025 las autoridades lograron capturar y extraditar a varios líderes criminales señalados como responsables del incremento de la violencia en Ecuador.

    Entre ellos mencionó a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, y a Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, vinculado a la organización Los Lobos, consideradas dos de las principales bandas criminales ecuatorianas.

    “En 2025 los buscamos, los encontramos y los extraditamos, y en el periodo que queda no tendrán donde esconderse”, sostuvo el mandatario durante su intervención ante el Parlamento.

    El presidente también aseguró que recibió un país marcado por “el abandono y la desconfianza” tras asumir el poder en noviembre de 2023 luego de la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso.

    Además de la ofensiva contra las mafias, Noboa afirmó que su gobierno trabaja en áreas sociales y económicas para mantener a los niños en las escuelas y fortalecer oportunidades para las mujeres ecuatorianas.

     

  • Renuncian el fiscal general y el defensor del pueblo de Venezuela

    Renuncian el fiscal general y el defensor del pueblo de Venezuela

    El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo (Procurador de Derechos Humanos), Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional, confirmó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante una sesión plenaria transmitida por la televisión estatal. Ambos enviaron sus cartas formalizando la decisión ante el Legislativo, controlado por el chavismo.

    Saab ejercía como fiscal general desde 2017, cuando fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, y había sido ratificado en octubre de 2024 para un mandato que iba hasta 2031.

    Durante su gestión fue una de las voces más críticas del chavismo en asuntos judiciales y figura central en la apertura de investigaciones contra opositores, algo que generó fuertes críticas tanto dentro como fuera del país.  

    Por su parte, Alfredo Ruiz también presentó su renuncia como defensor del pueblo, cargo que ocupaba desde 2017 y que había sido ratificado junto a Saab para el mismo período.

    Con la dimisión de ambos funcionarios se abrirá un proceso de selección para designar a los reemplazos definitivos, mientras se nombran autoridades interinas conforme a lo establecido por la Constitución y las normas de la Asamblea.

    En el hemiciclo, Jorge Rodríguez explicó que se designarán encargados provisionales mientras se activa el Comité de Evaluación de Postulaciones para elegir a los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

    En el caso de la Fiscalía General, la Asamblea Nacional nombró al abogado especializado en derechos humanos Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado, quien deberá asumir el cargo hasta que se designe al funcionario definitivo.  

    La salida de Saab y Ruiz ocurre en medio de un contexto político sensible, con recientes cambios legislativos y tras la aprobación de una ley de amnistía que impulsa la liberación de presos políticos y reformas a instituciones clave del Estado. Analistas consideran que estas renuncias forman parte de una reconfiguración institucional en plena transición política en Venezuela.

     

  • Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el sábado que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el pasado 19 de febrero y publicada en la Gaceta Oficial N° 6.990.

    “Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato”, explicó Rodríguez durante un acto en Caracas, según medios oficiales. El dirigente añadió que ya se están concretando liberaciones de personas que se acogen a la nueva normativa.

    Asimismo, detalló que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía evalúa la situación de otras 11,000 personas que se encontraban bajo régimen sustitutivo de privación de libertad.

    “Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad”, indicó.

    Rodríguez reiteró que la ley busca fomentar el diálogo y la paz en el país. “Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno”, sostuvo.

    El dirigente también acusó a sectores de la oposición de intentar desvirtuar el alcance de la normativa. “Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido”, afirmó, al tiempo que llamó a no caer en provocaciones y defendió la amnistía como “un gran primer paso” hacia la paz.

    Por su parte, el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público han tramitado ya 379 solicitudes competentes para otorgar amnistías.

     

  • Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión para la reforma del sistema de justicia que den “máxima celeridad” a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos en el país suramericano.

    Rodríguez expresó sentirse “muy complacida” tras recibir en el palacio presidencial de Miraflores a la comisión que dará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía. En el acto estuvieron presentes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La mandataria firmó la legislación para su publicación en la Gaceta Oficial y su inmediata entrada en vigencia.

    Asimismo, pidió que se evalúen casos que no estén contemplados en la nueva normativa, con el objetivo de “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y fortalecer la justicia. “Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia”, afirmó.

    Tras el acto, el presidente del Parlamento señaló ante medios de comunicación que la ley puede sentar bases para mirar hacia el futuro y abrir un nuevo camino de paz en Venezuela. Ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, recibirá tanto los casos incluidos en la ley como los de cualquier persona que considere que su proceso debe ser revisado.

    Este día, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la amnistía para presos políticos vinculados a episodios de crisis ocurridos entre 2002 y 2025, excluyendo a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

    La medida se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en Venezuela, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía dirigida a presos políticos condenados por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país suramericano.

    La legislación deja fuera de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los contemplados en la ley contra la corrupción. Asimismo, excluye a personas procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, con apoyo de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

    Los diputados acordaron conceder el beneficio por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de tensión política, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, así como las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. Para supervisar la aplicación de la ley, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, entre oficialistas y opositores, que desarrollará mecanismos para asegurar su cumplimiento y podrá contar con asesoría de expertos.

    En el artículo 7, que generó diferencias y llevó a posponer el debate la semana pasada, se establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía. Aquellos que se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará en cada caso el cumplimiento de las condiciones y podrá decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.

    La ley también aclara que las personas favorecidas que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas conforme a la legislación ordinaria.

    La iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • La oposición venezolana exige una amnistía “verdadera y plena” para presos políticos

    La oposición venezolana exige una amnistía “verdadera y plena” para presos políticos

    La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reafirmó este martes su exigencia de que la amnistía planteada por el Asamblea Nacional de Venezuela sea “verdadera, integral y efectiva” y que contemple la liberación “plena” de todos los presos políticos en el país.

    A través de un comunicado en la red social X, la coalición sostuvo que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y que no puede condicionar ni limitar quiénes quedan amparados por esta ley, pues de lo contrario —aseguró— se trataría de “administración del castigo” más que de justicia.

    El proyecto de ley de amnistía, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y debatido en el Parlamento, ha generado críticas de ONG y de la oposición por dejar fuera a cientos de presos políticos, incluidos militares y personas detenidas por protestar, y por establecer requisitos como presentarse “a derecho” ante la justicia para acogerse al beneficio.

    La PUD enfatizó que Venezuela necesita la libertad “sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas”, y reclamó el fin de la persecución política y garantías para que los exiliados puedan regresar al país sin temor. En ese sentido, afirmó que “no se puede hablar de reconciliación mientras se mantienen intactos los mecanismos normativos y el aparato represivo que encarceló, inhabilitó y desterró a miles de venezolanos”.

    El debate parlamentario sobre la amnistía fue aplazado recientemente por diferencias sobre un artículo clave, lo que ha ralentizado la aprobación final de la ley. Mientras tanto, familiares de presos políticos —entre ellos mujeres que han iniciado huelgas de hambre frente a centros de detención en Caracas— demandan la liberación inmediata de sus seres queridos en medio de un lento proceso de excarcelaciones y un clima de incertidumbre.

    Organizaciones independientes han documentado excarcelaciones parciales, incluidas al menos 17 liberaciones recientes reportadas por grupos opositores, aunque persisten cientos de personas detenidas por motivos políticos.