El alcalde del municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla, Nelson Luciano Marroquín, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en un desfile navideño, de acuerdo con información confirmada por los Bomberos Municipales Departamentales.
El ataque armado ocurrió a unos 60 kilómetros al sur de la capital, cuando el edil caminaba junto a su pareja en medio de las festividades locales. Diversas fuentes señalaron que sujetos armados abrieron fuego contra el funcionario sin previo aviso.
Marroquín, quien pertenecía al partido Vamos, del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
Arévalo condena el hecho y ordena acciones
Tras conocerse el crimen, el presidente Bernardo Arévalo de León manifestó su “total repudio” al asesinato y anunció que dio instrucciones al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para iniciar una investigación que permita identificar y capturar a los responsables.
El homicidio ocurre en un contexto de creciente violencia contra autoridades locales. En febrero pasado, también fue asesinado Gerson Ajcuc, alcalde del municipio de Chuarrancho, en el departamento de Guatemala, durante otro ataque armado.
Aumento de homicidios en Guatemala
Datos oficiales señalan que Guatemala registró 2,154 asesinatos en los primeros ocho meses del año, cifra que supera los 1,816 homicidios del mismo periodo en 2024. Esto representa un aumento del 18 %, según las estadísticas comparativas divulgadas por las autoridades.
El crimen contra el alcalde Marroquín ha generado preocupación en sectores sociales y políticos, ya que se suma a una ola de violencia que afecta a funcionarios municipales y líderes comunitarios en distintas regiones del país.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Saúl Adalberto Rivas Cornejo, Javier Ernesto Ramírez y Francis García Castillo por el asesinato de un hombre en agosto de 2024.
La condena fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR), quien indicó que los tres procesados fueron sentenciados por el delito de homicidio agravado de una persona a la que vapulearon hasta asesinarla.
Los hechos se reportaron el 16 de agosto de 2024, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el asesinato de un hombre en la carretera de Oro.
Las autoridades policiales dijeron que el hecho ocurrió en el cementerio los Cipreses, en Ilopango, pero la FGR indicó que el hecho se registró contiguo a la calle La Arenera, de la comunidad Vista Hermosa I, en Soyapango.
Las investigaciones arrojaron que los cuatro sujetos, incluidos la víctima, departían con bebidas alcohólicas y luego se trasladaron hasta el lugar de los hechos.
Todos se movilizaron en un vehículo y, al llegar al lugar, se bajaron y agredieron con puños y puntapiés a la víctima hasta ocasionar su muerte.
La FGR indicó que, luego de cometer el crimen, los hombres huyeron del lugar.
#Condena | Saúl Rivas, Javier Ramírez y Francis García fueron condenado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.
Los hechos ocurrieron en agosto del 2024, en Soyapango. Luego de que los imputados estuvieran departiendo con la víctima, la trasladaron a otro sitio… pic.twitter.com/bL9Ic5Xx3k
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 5, 2025
Extorsión
Entre las últimas condenas reportadas por la FGR también está la de Christian Martínez, pandillero del Barrio 18, por el delito de extorsión en perjuicio de un comerciante de la ciudad de San Salvador.
La Fiscalía dijo que el hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel luego de comprobarse que extorsionó a la víctima en 2018.
El comunicado de la FGR apunta a que Martínez se presentó al negocio de la víctima y solicitó un pago mensual a cambio de no asesinarlo o atentar en contra de su familia.
El pago de la renta fue concretado en tres ocasiones pero, posteriormente, la víctima interpuso la denuncia.
La FGR indicó que el hombre será procesado y condenado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Violación
A través de redes sociales, la FGR informó sobre la condena de 24 años en contra de Augusto César Murillo Huezo por el delito de violación en menor o incapaz agravada continuada.
La Fiscalía indicó que los abusos iniciaron en 2018, cuando la víctima tenía 8 años. Los abusos ocurrieron en varias ocasiones y se prolongaron hasta que la niña cumplió 11 años y que, pese a las amenazas de Murillo Huezo, informó sobre los hechos a un familiar.
Como resultado, la familia de la menor interpuso la denuncia en contra del imputado.
#VioladorCondenado | Augusto César Murillo Huezo ha sido condenado a 24 años de prisión por violar a una menor en varias ocasiones.
Los abusos iniciaron en el 2018, cuando la víctima tenía 8 años y finalizaron cuando cumplió los 11. Murillo la había amenazado para que no le… pic.twitter.com/YG0WUA6w3e
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 5, 2025
#Condena | Christian Martínez, pandillero del Barrio 18, fue condenado a 15 años de cárcel por extorsionar a un comerciante de San Salvador durante el 2018.
Este sujeto se presentó al negocio de la víctima y exigió un pago mensual a cambio de no atentar contra su vida y la de su… pic.twitter.com/MiBALmgCyd
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 5, 2025
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la noche del martes un homicidio en Sensuntepeque, Cabañas Este, y aseguró que el presunto responsable ya fue capturado.
Las autoridades policiales dijeron que la víctima, un hombre de 71 años, fue lesionado en múltiples ocasiones con un arma blanca de manos de Juan José Ramos Ramos.
Según la PNC, ambos sujetos departían con bebidas alcohólicas al momento en el que se produjo una discusión que acabó con la vida del septuagenario.
En sus redes sociales, la Policía dijo que el hombre será remitido por el delito de homicidio.
Reportamos un homicidio en Sensuntepeque, Cabañas Este.
La víctima es un hombre de 71 años quien recibió múltiples lesiones con arma blanca.
El responsable ya está capturado, lo identificamos como Juan José Ramos Ramos.
Este es el tercer asesinato que se registra en lo que va de noviembre de 2025, según los reportes en redes sociales de la PNC.
La corporación dijo que el primer homicidio del mes se reportó el 6 de noviembre, en el distrito de Tamanique, La Libertad Costa, luego de que un hombre fuera lesionado con arma blanca tras departir con otras dos personas.
Como resultado de este caso, las autoridades detuvieron a Manuel Adonay Rivas Reyes, identificado por la PNC como miembro de la clica Bosques Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha (MS-13), así como a Moisés Abel Ramírez Guzmán.
La PNC no incluyó este hecho violento en la lista de asesinatos porque aseguró que “no califica como homicidio intencional”.
El segundo homicidio que sí se registró en la base de la PNC ocurrió el 24 de noviembre en San Pedro Perulapán, en donde un hombre asesinó a otro con un arma blanca.
La Policía dijo este martes que detuvo al responsable mientras intentaba escapar de la presencia policial.
Al menos 21 organismos humanitarios instaron este sábado a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a demandar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua ante instancias internacionales por violaciones graves a los derechos humanos, incluidas torturas y la imposición de apatridia, delitos que calificaron como crímenes de lesa humanidad.
La solicitud fue presentada por el Colectivo 46/2, conformado por organizaciones regionales y nicaragüenses como Raza e Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que exigieron el respaldo de los países miembros al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
“Instamos a los Estados a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional”, afirmó el colectivo en un comunicado, al tiempo que advirtió que “la impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua”.
El pronunciamiento surge tras la presentación, el jueves pasado, de las conclusiones del Grupo de Expertos ante la Asamblea General de la ONU. En su informe, denunciaron una estrategia deliberada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acallar a la disidencia y consolidar su poder a través del uso del miedo, la violencia y la eliminación de garantías constitucionales.
Los hallazgos se basan en más de 1,900 entrevistas y el análisis de 9,300 documentos, y detallan que los abusos cometidos desde 2018 han sido “generalizados y sistemáticos”, alcanzando el umbral de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, evidencian una persecución que se ha extendido más allá de las fronteras nicaragüenses contra opositores reales o percibidos.
Uno de los casos mencionados por los expertos fue el asesinato, en junio pasado, del mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica y crítico del régimen. De acuerdo con el informe, este es el cuarto ataque documentado contra opositores nicaragüenses en ese país, lo que refuerza la necesidad de medidas internacionales urgentes.
El Grupo también señaló la reciente retirada de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, decisión que calificaron como parte de una maniobra para eludir el escrutinio internacional y afianzar la impunidad dentro del país.
En respuesta, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a adoptar acciones concretas, como el fortalecimiento de los mecanismos de asilo y protección para personas exiliadas, y el inicio de procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados internacionales, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
El Juzgado de Paz de Talnique, La Libertad Oeste, decretó este martes instrucción formal con detención provisional contra el ciudadano nicaragüense Mario Antonio Tenise Berry, de 43 años, acusado del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, de 27 años.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron el cadáver de la víctima el 15 de octubre dentro de una fosa séptica en la colonia Dogmaler, en el cantón de Talnique. Según la investigación preliminar, Tenise Berry habría estrangulado a la mujer y ocultado su cuerpo en la fosa.
El expediente fue remitido al Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador, donde el proceso continuará en la etapa de instrucción para determinar responsabilidades y reunir pruebas.
Según la Fiscalía, el imputado intentó cruzar la frontera para llegar a su país, Nicaragua. Sin embargo, en el control migratorio, no pudo justificar la falta de documentación de sus hijos y el paradero de la madre. Las autoridades comenzaron las investigaciones, al darse cuenta que la víctima estaba desaparecida. Las autoridades trasladaron al hombre a custodia policial para continuar con las averiguaciones.
Tenise Berry registra antecedentes por tentativa de homicidio y por portación y tenencia de armas de guerra, hechos ocurridos en 2005.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Nelson Adilson Orellana Araujo, acusado de lesionar a su hermana con un cuchillo.
El reporte preliminar de la PNC apunta a que el hombre de 29 años hirió con el arma blanca a su hermana de 39 años en la mejilla y el pecho.
Previo al ataque, según la PNC, la víctima se negó a prestarle $20 a Orellana Araujo, en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
Las autoridades policiales dijeron que la víctima fue trasladada a un centro asistencial y que su condición era estable hasta la mañana de este 12 de octubre.
El hombre será remitido por lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer.
Capturas
En la última semana, la PNC reportó al menos dos capturas más relacionadas con hechos violentos.
El primero fue el 7 de octubre, en Anamorós, La Unión Norte. En este lugar, Noé David Meléndez fue detenido por el homicidio de un hombre de nacionalidad hondureña.
La Policía dijo que la víctima fue golpeada con un objeto contundente y que, el móvil del hecho, podría estar ligado a rencillas personales.
Ese mismo día, pero por la noche, la PNC informó sobre la captura de Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años, por el homicidio de una persona en el cantón Casa de Piedra, San Marcos ,San Salvador Sur.
Según la PNC, Mancía Bernal asesinó a la víctima mientras se encontraba ebrio, tomó un corvo y lesionó a la persona, provocando su muerte.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó hasta el próximo mes de noviembre la entrega de la sentencia escrita, en la que ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Victoria, departamento de Cabañas, procesadas por el asesinato de una mujer en agosto de 1989, fueran absueltos de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
La entrega de la sentencia escrita estaba prevista para el 8 de octubre de 2025, luego que el pasado 24 de septiembre se realizará la lectura del fallo, donde los procesados fueron exonerados del delito de asesinato y asociaciones ilícitas. Sin embargo, el referido tribunal cambió la fecha de entrega de la resolución para el próximo mes, debido a que aún se encuentran en proceso de redacción, confirmó el abogado de la defensa, Pedro Cruz a Diario El Mundo.
En la lectura de la resolución, los jueces del tribunal ordenaron levantar las órdenes de captura, luego que durante el desarrollo del juicio la Fiscalía no pudo quebrar la hipótesis de acusación en contra de los procesados, debido a que no comprobó la vinculación de los acusados con los hechos señalados.
Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio fueron acusados por el asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional, una las organizaciones que conformaba el FMLN.
La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron. El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.
Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
Sin embargo, los jueces determinaron que las declaraciones del testigo clave «Soriano» no probaron que los acusados participaron en el delito de asesinato, debido a que se contradice con un documento de certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, que establecía que María Alvarenga murió el 22 de agosto de 1989, en el cantón Santa Marta, razón por la que dicho documento no concuerda lo expuesto por «Soriano», quien aseguró que la víctima fue sacada de su vivienda y 15 días después fue asesinada por un disparo.
A raíz de estas contradicciones, el tribunal consideró que no se podía establecer la participación directa de los acusados en los hechos, por lo que decidió absolver a los procesados del caso.
Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso.
El Juzgado para una Vida Libre de la Violencia para las Mujeres de Santa Ana condenó a 40 años de cárcel a José Óscar Canales Hernández por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades fiscales indican que los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2020, sobre la calle de El Matazano, en Soyapango, San Salvador Este.
Según la FGR, el hombre fue condenado en ausencia y se giró una difusión roja para que la policía internacional pueda apoyar con la ubicación y captura del homicida.
La Fiscalía dijo que la víctima caminaba sobre la arteria cuando José Benjamín Escobar Escobar se bajó de un auto blanco y le disparó por la espalda.
Escobar Escobar se dirigió a una gasolinera en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro, donde se reunió con Canales Hernández y cambiaron de vehículo. Las autoridades fiscales confirmaron que ambos sujetos mantuvieron una comunicación antes, durante y después del feminicidio.
La FGR solicitó una autopsia psicológica en la víctima con la que se comprobó que sufría violencia psicológica, física y económica por parte de Canales Hernández.
Por este caso, la FGR confirmó la condena de 25 años de prisión para Escobar Escobar, decretada el 27 de febrero de 2023, mientras que Josué Vladimir Leiva Portillo fue sentenciado a 20 años de cárcel por comprobarse su vinculación al manejar el vehículo en el que se conducía el sicario.
Ambos hombres ya guardan prisión y purgan sus penas.
Captura por intento de asesinato en Chalatenango
En otro hecho, la FGR ordenó la captura de Kevin Alexis Calles Pérez por haber intentado asesinar a un hombre en Chalatenango, municipio de Chalatenango Sur.
La Fiscalía dijo que el crimen se cometió el 18 de septiembre de 2025, cuando la víctima se dirigía a su casa y Calles Pérez salió a su encontró, lo tomó del cuello e intentó asfixiarlo.
Posteriormente, lo tiró al suelo, lo golpeó varias veces en la cabeza y lo dejó inconsciente.
Calles Pérez se dio a la fuga pero, posteriormente, fue capturado y en los próximos días será presentado a los tribunales por el delito de homicidio tentado.
FGR ordenó capturar a sujeto que intentó asesinar a un hombre en Chalatenango. /FGR
En prisión
La FGR también logró que William Armando Cañas Pacheco, Carlos Adonay Martínez Alas y Wilmer Alexander Portillo se mantengan en detención por estar relacionados a un homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La fiscal del caso dijo que ya se cuenta con el señalamiento de audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz en San Salvador, luego de presentarse el requerimiento con instrucción formal pidiendo la medida de detención provisional.
Cañas Pacheco también es acusado de posesión, tenencia con fines de tráfico y resistencia.
Según la fiscal, los hechos que se atribuyen ocurrieron el 24 de septiembre de 2025, en una casa abandonada sobre la alameda Juan Pablo II en donde, a través de engaños, llevaron a la víctima identificada como Edwin Alexander, y Cañas Pacheco le quitó la vida con una piedra con la ayuda de los otros dos hombres.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre este caso al detallar que la víctima, de 24 años, fue asesinada por la expareja de su novia.
William Armando Cañas Pacheco, Carlos Adonay Martínez Alas y Wilmer Alexander Portillo acusados de asesinar a un joven el 24 de septiembre de 2025. /FGR
Detención por homicidio en Comasagua
La FGR también informó sobre la petición de detención provisional en contra de José Rigoberto Belis Trigueros, acusado de feminicidio agravado y fraude procesal.
El fiscal del caso dijo que los hechos ocurrieron el 18 de septiembre en Comasagua, La Libertad Sur. Durante la mañana la víctima discutió con su compañero de vida, Belis Trigueros, el cual terminó sacando un arma de fuego y disparando en contra de su pareja.
“Los vecinos determinaron que era una relación violenta en el cual el día a día era de discusión y ese fue el motivo por el cual en el calor de la discusión es el señor José Rigoberto Belis Trigueros el que ejecuta el disparo a la víctima y le causa la muerte”, puntualizó el fiscal.
El hombre trató de “simular” que la víctima se había suicidado, pero las investigaciones evidenciaron que se trataba de un feminicidio.
Belis Trigueros fue capturado por la PNC el mismo día del homicidio y se indicó en su momento que tenía antecedentes por lesiones.
El caso fue catalogado con reserva total y pasará a fase de instrucción.
José Rigoberto Belis Trigueros acusado de asesinar a su pareja en Comasagua. /FGR
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron durante la tarde del miércoles a Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años de edad, quien es el presunto responsable de asesinar a un hombre con un corvo en el distrito de San Marcos.
Este homicidio ocurrió en el cantón Casa de Piedra, San Marcos, en el municipio de San Salvador Sur, detalló la PNC en una publicación realizada en su cuenta de la red social X.
Las investigaciones preliminares de la corporación policial arrojaron que el detenido, mientras se encontraba en estado de ebriedad, utilizó un corvo para quitarle la vida a la víctima.
Tras ello, Mancía huyó del lugar pero fue ubicado y capturado de forma inmediata por los agentes policiales en una zona montañosa, detallaron las autoridades.
La PNC confirmó que será remitido ante las autoridades judiciales por el delito de homicidio.
Previamente, la PNC había comunicado que la víctima era un hombre de 35 años, quien presentaba heridas de arma blanca. La institución no reveló la identidad de la víctima.
En lo que va de octubre, la corporación ha reportado al menos cuatro homicidios.
Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años de edad, es el responsable del homicidio ocurrido en el cantón Casa de Piedra, San Marcos, San Salvador Sur.
Al momento de cometer el crimen estaba ebrio, tomó un corvo y lesionó a la víctima, causándole la muerte.
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó el jueves a 30 años de prisión a María Antonia Preza Hernández por el homicidio de su recién nacida en Monte San Juan, Cuscatlán Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo en un comunicado que Preza Hernández fue encontrada culpable del delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión.
La FGR recordó que el delito se cometió el 30 de marzo de 2024.
Según las indagaciones de las autoridades, la mujer estaba embarazada y cuando sintió las contracciones se dirigió a la fosa séptica en donde comenzó labor de parto sin solicitar ayuda a sus familiares.
El caso
La mujer tuvo una bebé y, según la FGR, no intentó impedir que su recién nacida falleciera.
“Limpió la evidencia en la escena y luego se fue a acostar”, puntualizó la Fiscalía en su comunicado.
El caso fue reportado a la Policía Nacional Civil (PNC) tres días después por familiares de Preza Hernández, cuando se encontró el cuerpo de la menor en la fosa.
La prueba pericial, por medio de la autopsia, estableció que la menor nació con vida y respiró al nacer, pero que se asfixió por obstrucción de sus vías respiratorias.
Este caso pertenece a una racha de seis asesinatos en menores de edad que se reportaron entre marzo y abril de 2024.
La bebé asesinada en Monte San Juan fue la segunda de la lista. El primer reporte se divulgó el 31 de marzo de 2024, cuando la PNC detuvo a Ada Estefani Mata por haber asesinado a su hijo luego de que este naciera.
El 7 de marzo de 2025, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla decretó una condena de 35 años de prisión para Mata por asfixiar y mutilar al recién nacido.
El caso de Monte San Juan fue reportado hasta el 3 de abril y cinco días después, el 8 de abril, se confirmó que un menor de ocho meses fue trasladado desde Usulután al hospital de niños Benjamín Bloom, en San Salvador, donde murió.
El 14 de abril de 2024 otro recién nacido fue lanzado en una cuneta en Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte.
El 15 de abril se reportó el hallazgo del cadáver de un bebé en los baños de un centro comercial de Soyapango, San Salvador Este. Según la delegación de Izalco, el hecho ocurrió el 16 de abril a las 4:30 p.m.
