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Etiqueta: Barrio 18

  • Condenan a 20 años de prisión a siete miembros de la estructura “Los ERE”

    Condenan a 20 años de prisión a siete miembros de la estructura “Los ERE”

    El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a siete miembros de la estructura criminal Los ERE, informaron las redes sociales de Centros Judiciales de El Salvador.

    La institución señaló que los delincuentes operaban en el distrito de Metapán, en el municipio de Santa Ana Norte.

    Centros Judiciales dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) encontró culpables a Héctor Manuel Calderón Martínez, Víctor Manuel Ortiz Pérez, Óscar Armando Pérez Pérez, José Luis Guerra Morán, Hugo Alexander Recinos, Mario Ernesto Martínez Cardoza y Jeovanny Alexander Morán Hernández, de pertenecer a la estructura.

    Los ERE son un grupo delictivo referido a integrantes retirados de la Mara Salvatrucha (MS-13), según reportes de la FGR.

    La falla condenatoria, indicó Centros Judiciales, se acredió a través de pruebas testimoniales y documentales divulgados durante el desarrollo de la vista pública.

    Más condenas

    Entre los pandilleros condenados en las últimas horas también están cuatro miembros del Barrio 18 Sureños (18-S), por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Centros Judiciales indicó que Roger Baltazar Avilés Bonilla fue declarado culpable por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador a 35 años de prisión por ambos delitos.

    Avilés Bonilla tiene el rango de homeboy en la cancha Soyapango de dicha pandilla y que operaba en diferentes zonas de dicho distrito.

    El comunicado divulgado por Centros Judiciales apunta a que también fueron condenados, pero en ausencia, Jesús Eduardo Girón Bautista, Luis Alonso Calderón Martínez y José David Burgos Cornejo con penas que van desde 5 a 35 años de prisión.

    Uno de los casos relacionados con esta estructura es el del asesinato de un empresario del transporte público de la ruta 41-B que realizaba su recorrido en Soyapango.

    Por su parte, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a William Alexander García López por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.

    García López fue detenido en diciembre de 2024, cuando el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre un “golpe contundente” al narcomenudeo.

    En ese momento, García López junto a María Elena Canizales, José Esteban Cabrera Platero y José Fernando Herrera Mancía fueron detenidos y se les decomisó en conjunto 800 gramos de droga con un valor de $5,000.

     

     

     

     

     

     

     

  • Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.

    Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

    Su figura tomó más relevancia este fin de semana después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.

    Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.

    Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’ en el sur del país después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha’.

    Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque este domingo donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a nueve policías en distintos puntos de Ciudad de Guatemala.

    «Tenemos que analizar y tomar una decisión para determinar cuál va a ser la situación de él o cómo vamos a proceder. De momento está en Renovación I y ahí seguirá hasta que tomemos una decisión», subrayó el fin de semana Villeda, en relación a Ochoa Mejía.

    Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de la pandilla Barrio 18 en Guatemala. Foto Mingob

    Señalado por nexos políticos

    Los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, han denunicado públicamente los nexos políticos de Ochoa Mejía.
    Específicamente, lo han señalado por ser la pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres Casanova (del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), quien perdió las elecciones de 2023 contra el actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.

    Castañeda Torres está detenida y vinculada a un proceso penal por varios casos penales en su contra y de acuerdo a algunos diputados del partido Semilla, hay vinculación por intereses en común entre Torres Casanova y su sobrina, además de la hija de la excandidata, la diputada Nadia de León.

    Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a ‘Renovación I’.

    Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado «El Limón».

    Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.

    El ingreso a prisión del «Lobo» fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.

  • Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.

    “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.

    Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.

    Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

    Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.

    En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.

    La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.

    Movilidad disminuyó

    La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.

    “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.

    El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.

    Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.

     

     

  • Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño acusado de vigilar a agentes policiales

    Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño acusado de vigilar a agentes policiales

    La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo este domingo a Alexis Soto Gutiérrez, acusado de vigilar a agentes de la institución.

    En su publicación, la policía guatemalteca aseguró que el hombre, de 47 años, miembro del Barrio 18, parte de la clica “Solo para locos”, fue detenido en la calle principal del barrio Chajsaquil, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, luego de pretender escapar.

    “Presuntamente montaba vigilancia para, posteriormente, perpetrar un ataque contra la PNC, extremo que se investiga”, indicó la PNC en su publicación.

    Durante el operativo, los agentes policiales también le decomisaron cocaína, un celular y dinero en efectivo.

    La detención se ejecutó por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPINDA) y miembros de la comisaría 51 de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que el hombre será expulsado y entregado a la PNC de El Salvador.

     

    Otras expulsiones

    La semana pasada fue expulsado Eduardo Cruz Ruano, 36 años, miembro de la Pandilla 18. Según la PNC de Guatemala, el hombre tenía una orden de captura en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas y fue detenido por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT).

    El 11 de enero fue detenido José «N», de 38 años, de origen salvadoreño a quien se le decomisaron 460 sacos de afrecho de trigo valorados en $6,054.75.

    La PNC de Guatemala señaló que el hombre no presentó documentos de nacionalización del producto al momento de abordarle.

    La primera de las detenciones de delincuentes salvadoreños en Guatemala se registró el 2 de enero cuando Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, fue detenido y acusado como miembro de la mara Salvatrucha (MS-13).

    En ese momento, las autoridades guatemaltecas aseguraron que al cierre del año pasado, 93 salvadoreños fueron localizados de manera irregular en Guatemala, de los cuales 46 fueron entregados a las autoridades de El Salvador y el resto guarda prisión en las cárceles del vecino centroamericano.

  • Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.

    En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.

    La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

    Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.

    Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.

    “Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.

    El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.

     

  • Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    El Ministerio de Educación de Guatemala anunció este domingo la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero, como medida preventiva ante una ola de ataques armados perpetrados por pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

    El director general de la PNC, comisario David Estuardo Custodio Boteo, confirmó que los ataques dejaron un saldo de siete policías asesinados y 10 agentes heridos por arma de fuego. Además, informó sobre la muerte de un pandillero en el municipio de Chinautla y la captura de otros cinco presuntos integrantes de estructuras criminales.

    Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

    “Es doloroso. Causa un sentimiento muy fuerte. Detrás del uniforme hay familias, pero es un riesgo que todos corremos, vamos a seguir trabajando en beneficio de los guatemaltecos”, declaró Custodio durante una conferencia de prensa.

    Ante el incremento de la violencia, la ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó que la decisión se tomó tras recomendaciones de expertos en seguridad. “En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, afirmó.

    Guatemala ha registrado durante la última semana una escalada de violencia vinculada a motines en centros penitenciarios y ataques directos contra fuerzas de seguridad, atribuidos a la pandilla Barrio 18.

    El sábado, reclusos de las cárceles Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II, en Fraijanes; y el sector 11 del centro preventivo de la zona 18 de la capital se amotinaron y tomaron como rehenes a varios custodios del Sistema Penitenciario.

    De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscaban presionar para la restitución de privilegios que los pandilleros han perdido tras el endurecimiento de controles y requisas en los centros carcelarios.

    La Policía Nacional Civil retomó este domingo el control de la cárcel Renovación I y logró liberar a los guardias retenidos. Horas después, miembros de la misma estructura criminal perpetraron nuevos ataques armados contra agentes policiales en distintos puntos del país.

     

     

     

  • Guatemala retoma control de cárcel tras amotinamiento

    Guatemala retoma control de cárcel tras amotinamiento

    Las fuerzas de seguridad de Guatemala recuperaron este domingo el control total del centro penitenciario Renovación I, ubicado en Escuintla, luego de un violento motín protagonizado por pandilleros que inició la mañana del sábado 17 de enero.

    “La Policía Nacional Civil ha retomado el control en la cárcel Renovación I, Escuintla, y ha liberado a guardias que fueron tomados como rehenes. En estos momentos se neutraliza al máximo cabecilla de la  pandilla barrio 18, alias ‘Lobo’”, anunció la PNC guatemalteca, al confirmar que no hubo ningún tipo de negociación con los reclusos.

    Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), nueve custodios habían sido retenidos durante el motín y fueron liberados tras el operativo. Las autoridades enfatizaron que no accedieron a ninguna de las demandas de los privados de libertad, entre ellas el ingreso de encomiendas y visitas conyugales.

    El sábado, reos de tres cárceles guatemaltecas —Fraijanes II, Renovación I y el sector 11 del centro preventivo para hombres de la zona 18— se amotinaron de forma simultánea. En respuesta, la Policía Nacional Civil, el Ejército y la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) desplegaron un cerco perimetral para evitar fugas.

    Durante el operativo de control se incautó un fusil del Sistema Penitenciario, dos pistolas, municiones escondidas en calcetines y cuatro teléfonos móviles. Además, se inició una requisa en todos los sectores del penal.

    En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación advirtió que no habrá concesiones. “No se restituirán privilegios a cambio de que depongan sus actos. De ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros preventivos y de cumplimiento de condenas”, expresó.

    El funcionario aseguró que los disturbios fueron parte de acciones organizadas para medir la capacidad del Estado. Reiteró que su gestión buscará “recuperar el control total del sistema carcelario” y eliminar cualquier privilegio indebido dentro de las cárceles guatemaltecas.

  • Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18, responsables de motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar privilegios perdidos.

    Los disturbios se registran en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital guatemalteca.

    Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó los motines a una reacción directa del crimen organizado ante las recientes requisas realizadas por las autoridades para retomar el control estatal, desarticular “call centers” utilizados para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.

    “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, declaró Villeda, al descartar cualquier tipo de diálogo condicionado.

    Según información oficial, las exigencias habrían sido formuladas por Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado a otro penal y comodidades como aire acondicionado, ingreso de alimentos de restaurantes y una cama tipo King Size en su celda.

    Las autoridades confirmaron que actualmente los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, otros nueve en el Centro Preventivo de la zona 18 y 28 agentes penitenciarios en Fraijanes II. Además, se reportaron acciones externas para generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.

    El ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad física de los empleados retenidos y advirtió que el Estado está dispuesto a usar la fuerza pública para restablecer el orden. “Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer”, sentenció.

    La Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen desplegados anillos de seguridad alrededor de los centros penitenciarios afectados para evitar fugas, proteger a la población civil y evaluar una eventual incursión táctica que permita liberar al personal retenido.

     

  • Reanudan juicio contra pandilleros del Barrio 18 por la operación “Tsunami” de adquisición de bienes

    Reanudan juicio contra pandilleros del Barrio 18 por la operación “Tsunami” de adquisición de bienes

    El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio reanudó este jueves el juicio en contra de pandilleros del Barrio 18 que son vinculados al caso conocido como “Tsunami”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) que se presentó este en la continuación de la audiencia de sentencia.

    En esta jornada, el ente fiscal informó que pretendió delimitar los elementos probatorios que se han presentado, haciendo énfasis en su relevancia para la investigación.

    “Para el día de hoy (jueves) vamos a hacer énfasis en los alegatos de cierre, específicamente, en nuestra parte como Ministerio Público Fiscal…el cual, se hará énfasis en los elementos de representación que deben ser extinguidos a favor del Estado”, expresó el fiscal del caso. 

    Las investigaciones se iniciaron en 2019, tras el juicio penal que tuvo lugar en 2016. Este juicio se llevó a cabo contra miembros de la estructura delincuencial 18 Sureños, específicamente de la clica «Tainys Locos Sureños», recordó la FGR.  

    La Fiscalía descubrió que estos individuos cometieron varios delitos para obtener ingresos monetarios y aumentar sus bienes. Para ello, utilizaron colaboradores que adquirieron propiedades inmobiliarias, locales comerciales y vehículos a sus nombres. No obstante, estos activos eran en realidad controlados por la mencionada estructura criminal.

    La FGR enfatizó en el comunicado que, como resultado de diversos operativos, se logró la identificación de un total de 17 inmuebles, 7 vehículos y $63,483.81 en su momento.

    En junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que un total de 24 bienes, de los cuales 17 eran inmuebles y siete vehículos, vinculados a la pandilla Barrio 18, facción Sureños, pasarían a ser propiedad del Estado. Esto se llevaría a cabo mediante un proceso de extinción de dominio.

    Según las investigaciones de las autoridades, los bienes incautados, valorados en un total de $360,418.81, se encuentran a nombre de individuos que eran miembros de la mencionada pandilla.

    La Fiscalía también comunicó que las autoridades judiciales ya dictaron sentencias de prisión contra los pandilleros implicados.

  • Los asesinatos con armas de fuego suben un 3.8% en Guatemala en 2025

    Los asesinatos con armas de fuego suben un 3.8% en Guatemala en 2025

    Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3.8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con el año anterior, según datos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) publicados este viernes 9 de enero.

    Durante el año pasado se registraron 3,020 homicidios causados por armas de fuego, 110 casos más que los 2,910 contabilizados en 2024, lo que refleja un repunte en la violencia letal en el país centroamericano.

    El departamento de Guatemala, que incluye la capital, fue el más afectado por este tipo de hechos violentos, con un total de 1,446 muertes a tiros en 2025, frente a las 1,273 del año anterior. Este territorio concentra cerca del 48 % de los asesinatos por armas de fuego en todo el país.

    En contraste, las muertes provocadas por armas blancas disminuyeron un 19 % el año pasado. El Inacif reportó 264 asesinatos con ese tipo de arma, en comparación con los 314 registrados en 2024, lo que equivale a 50 casos menos.

    El Ministerio de Gobernación atribuyó la reducción de homicidios en ciertas zonas a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León. Según la institución, en 2025 un total de 110 de los 340 municipios del país no registraron homicidios.

    Además, las autoridades capturaron a 44,738 personas vinculadas a distintos delitos y desarticularon 139 estructuras criminales. Entre los detenidos figuran 653 personas acusadas de asesinato, 664 integrantes de la pandilla Barrio 18 y 309 de la Mara Salvatrucha (MS).

    La Policía Nacional Civil (PNC) también decomisó 3,835 armas de fuego de diversos calibres a lo largo del año en distintos operativos en el territorio guatemalteco.