El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que su administración mantiene una “lucha incansable” contra el crimen organizado, tras heredar un país donde la seguridad, dijo, “fue entregada por otros a las maras y al narcotráfico”.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Ciudad de Guatemala, el mandatario destacó los logros obtenidos este año en materia de seguridad: decomisos de droga, extradiciones de narcotraficantes y operaciones dentro de las cárceles del país.
“Estamos haciendo lo que nadie hizo: estamos entrando a los campos de plantación, estamos metiendo presos a los líderes (de las pandillas) y estamos ingresando a los barrios que parecían intocables para quienes gobernaron en el pasado”, afirmó Arévalo, en alusión directa al abandono estatal en zonas dominadas por estructuras criminales.
Uno de los operativos recientes más relevantes, según el presidente, fue el realizado en el barrio El Gallito, una zona clasificada como “roja” por su alta peligrosidad. Este despliegue forma parte del plan gubernamental para retomar el control de las calles, el cual, aseguró, es “una prioridad”.
“Esto implica una etapa en la que el crimen organizado y sus socios en el poder intentarán todo para no perder los privilegios que han venido acumulando. Pero nosotros no vamos a ceder”, expresó el jefe de Estado.
La viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, detalló que durante 2025 las autoridades han decomisado más de 7,000 kilos de cocaína, así como tres millones de matas de hoja de coca, marihuana y amapola. También señaló la captura de 12 personas requeridas en extradición por narcotráfico en Estados Unidos.
“Hemos impactado a once organizaciones criminales”, subrayó Palencia, al destacar el trabajo coordinado entre fuerzas policiales, fiscales y el sistema penitenciario.
El Gobierno de Arévalo enfrenta actualmente una pugna directa con las pandillas por el control de las cárceles. Esta tensión se agravó desde el 31 de julio, cuando los líderes de estas estructuras fueron trasladados al penal de máxima seguridad Renovación I, en un intento por aislarlos y cortar sus redes de operación.
La decisión se tomó tras la masacre ocurrida el 29 de julio en una funeraria de la capital guatemalteca, donde siete personas fueron asesinadas, presuntamente por miembros de la Mara Salvatrucha. El ataque ocurrió durante el velorio de un supuesto integrante de la Barrio 18, asesinado el día anterior.
Los traslados provocaron motines y disturbios en varios centros penitenciarios, pero el Ejecutivo insiste en que no retrocederá en su intención de restablecer el orden en las cárceles y en los territorios controlados por grupos delictivos.
