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  • Guatemala brinda un último adiós a Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura 1967

    Guatemala brinda un último adiós a Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura 1967

    Guatemala despidió este domingo al escritor Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura de 1967, cuyos restos fueron sepultados en la capital guatemalteca después de permanecer durante 52 años en Francia. La ceremonia de inhumación puso fin a cuatro días de homenajes organizados tras el regreso de las cenizas del autor, fallecido en 1974.

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, encabezó el acto junto a Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, y destacó el significado histórico del retorno de uno de los principales representantes de la literatura latinoamericana.

    «Este retorno ofrece justicia con todos nuestros hermanos y hermanas que están fuera del territorio nacional y que llevan a Guatemala tatuadas en el corazón, se encuentren donde se encuentren», expresó el mandatario durante la ceremonia.

    Los restos del escritor fueron depositados en un monumento ubicado dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, recinto que alberga el teatro más grande de Guatemala y se encuentra a pocos kilómetros del centro de la capital. Arévalo y Asturias Amado participaron en la colocación de la urna funeraria, acompañada de tierra procedente del cementerio parisino de Père Lachaise y de los 22 departamentos que integran el territorio guatemalteco.

    Cenizas regresaron desde Francia después de 52 años

    Las cenizas del escritor llegaron a Guatemala el jueves 12 de noviembre en un vuelo procedente de Francia, dentro de una urna verde con forma de grano de maíz, elemento vinculado con la identidad cultural y la obra literaria del autor. Desde su fallecimiento, los restos habían permanecido en el cementerio de Père Lachaise, en París, donde fueron depositados por decisión de su familia.

    Durante la ceremonia, Arévalo calificó el regreso de Asturias como «un acto de justicia con nuestra historia» y recordó que el escritor «está inscrito entre los grandes nombres de la literatura universal». El mandatario destacó así el reconocimiento internacional alcanzado por el autor guatemalteco y la importancia de recuperar sus restos para el patrimonio cultural del país.

    Miguel Ángel Asturias Amado recordó que su padre manifestó en vida el deseo de regresar a Guatemala después de los años que pasó fuera de su territorio natal. Según relató, el escritor expresó durante una entrevista su anhelo de volver a encontrarse con su país y sus habitantes.

    «Estar con mi gente, oír hablar al pueblo, ver los volcanes, dejar de ser un desterrado, sentir otra vez mi tierra bajo los pies», habría dicho el Nobel, de acuerdo con el testimonio de su hijo.

    Miguel Ángel Asturias nació en 1899 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la literatura hispanoamericana. Entre sus principales obras destacan ‘El señor Presidente’, publicada en 1946, y ‘Hombres de maíz’, de 1949, novelas que abordaron el autoritarismo político y las raíces culturales de los pueblos mayas. Su trayectoria recibió reconocimiento mundial en 1967, cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

    El escritor perdió su ciudadanía guatemalteca después del golpe de Estado de 1954, encabezado por Carlos Castillo Armas, situación que lo obligó a permanecer exiliado durante doce años, hasta que recuperó su nacionalidad en 1966. Asturias murió en Madrid en 1974 y su familia decidió trasladar sus restos a Francia debido al contexto político que atravesaban entonces España y Guatemala. Su regreso definitivo estuvo acompañado de una ceremonia maya y de homenajes públicos en el Palacio Nacional de la Cultura, donde la población pudo despedirse del autor antes de su inhumación.

     

  • Guatemala decreta el estado de sitio en Zacapa e Izabal por el aumento de la violencia

    Guatemala decreta el estado de sitio en Zacapa e Izabal por el aumento de la violencia

     El Gobierno de Guatemala decretó el sábado el estado de sitio durante 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal,  al oriente y nororiente del país, prohibiendo las reuniones y reforzando los poderes de las fuerzas de seguridad, una semana después de que un diputado y tres policías fueran asesinados en un ataque armado.

    A través de un decreto gubernamental, el Gobierno guatemalteco ha establecido la medida extraordinaria en base a «informes de seguridad emitidos por las autoridades competentes en los cuales se ha determinado actividades vinculadas al narcotráfico».

    Entre los motivos expuestos en el acuerdo, se precisa que los hechos violentos son consecuencia de «organizaciones criminales transnacionales y terroristas que han derivado en actos de violencia, intimidación o amenaza».

    Así, se han limitado las celebraciones y reuniones el aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos y estas podrán ser disueltas por la fuerza en caso de que se lleven a cabo sin previa autorización. Además, se ha prohibido la circulación de vehículos en zonas determinadas, así como el impedimento de su salida fuera de las poblaciones determinadas.

    Así las cosas, se ha ordenado la detención de toda persona sospechosa que altere el orden público, sin necesidad de orden judicial previa. Las autoridades también podrán ordenar el allanamiento de domicilios o cualquier otro lugar, sin necesidad de una orden de un juez, en caso de que en dichos domicilios se encuentren personas con las que se haya liberado una orden de captura o detención o si dentro de los domicilios se encuentran armas de fuego.

    El estado de sitio se ha decretado después de que el Ejército de Guatemala desplegara desde el sábado alrededor de 400 y 600 soldados en Zacapa e Izabal, respectivamente.

    La medida responde a una ola de ataques armados en Zacapa, entre los que destaca el asesinato del diputado Julio César Portillo. Aunque fue trasladado al hospital, el legislador falleció a causa de las heridas, en un suceso en el que también murieron tres agentes de policía.

    Por el momento, las autoridades no han identificado a los autores del crimen, que ocurre en un contexto de creciente alarma por el avance del crimen organizado en la región. Precisamente esta semana, Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas a varias bandas que operan en Zacapa, señalándolas por sus nexos con cárteles mexicanos del narcotráfico.

  • Conmoción en Guatemala por el crimen de exfiscal anticorrupción y exjefe de Hacienda

    Conmoción en Guatemala por el crimen de exfiscal anticorrupción y exjefe de Hacienda

    El asesinato del exfiscal anticorrupción y exjefe del ente recaudador de impuestos de Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el sábado en un campo de fútbol, conmocionó al país centroamericano.

    Solórzano Foppa, emblema de la lucha contra la corrupción en la última década en Guatemala, fue atacado a tiros cuando disputaba un partido de fútbol amateur a pocos kilómetros del centro de la capital.

    Su muerte llega solo unos días después de afirmar en su cuenta de la red social X que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en el este de Guatemala para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.

    Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.

    «Hoy fue asesinado un valiente. Lo asesinaron por serlo. Por no callarse», subrayó el analista político Daniel Haering, a cuyas palabras se sumaron cientos de voces que en redes sociales lamentaron el asesinato del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de impuestos en Guatemala.

    Precisamente al mando de esta entidad, Solórzano Foppa cobró relevancia en 2016 al ejecutar el proceso judicial más grande de la historia del país centroamericano, con el cobro de una multa de más de cien millones de dólares a la empresa Aceros de Guatemala.

    Sin embargo, Solórzano Foppa ya contaba en ese momento con un amplio historial como fiscal en el Ministerio Público (Fiscalía), donde investigó estructuras criminales.

    «Hace casi veinticuatro años empezamos como pasantes en la agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana», recordó este sábado Juan Francisco Sandoval, otro de los fiscales referentes en Guatemala de la lucha contra la corrupción y quien permanece en el exilio desde hace seis años.

    Personal de Bomberos Municipales de Guatemala en la escena del asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, en Ciudad de Guatemala.

    En un campo de fútbol

    El círculo de personas cercanas a Solórzano Foppa sabía que el abogado se tomaba en serio su seguridad personal, precisamente por su pasado como fiscal y por su lucha contra la corrupción.

    Por ello, todo apunta a que los sicarios que lo ultimaron conocían sus pasos y lo acribillaron en un momento de vulnerabilidad, mientras jugaba al fútbol en un parque público, como lo hacía todos los sábados.

    El abogado quedó en la gramilla del parque Campo Marte con sus botas de fútbol puestas, en uniforme morado y a un costado de la línea de banda.

    Todo apunta, según detallaron las autoridades a EFE, a que los dos sicarios detenidos por la muerte de Solórzano Foppa llegaron al lugar disfrazados de repartidores de comida y posteriormente lo atacaron con un fusil.

    Tanto el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, como la vicepresidenta, Karin Herrera, manifestaron su indignación por el crimen.

    Mientras tanto, el asesinato este sábado del abogado abre nuevamente las heridas de un país azotado por la violencia desde hace medio siglo, como lo atestiguó también la tía de Solórzano Foppa, la escritora Alaíde Foppa, desaparecida por el Estado de Guatemala en 1980 durante el conflicto armado interno.

    Gobierno promete investigación

     El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo el sábado que “estamos en una etapa de recolección de evidencias para construir una investigación sólida y colaborar con el trabajo independiente del Ministerio Público (Fiscalía)”. 

    “No vamos a adelantar conclusiones ni a excluir ninguna hipótesis, ya que la verdad debe prevalecer con pruebas», declaró Villeda, durante una rueda de prensa.   

    El ministro del Interior detalló que preliminarmente se sospecha que en el hecho habrían participado cuatro personas, al tiempo que la Policía detuvo a Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y a Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, incautándoles una carabina y una motocicleta que actualmente están en proceso de verificación balística y videoforense.   

    Asimismo, Villeda precisó que el exfiscal contaba con protección policial desde 2010 tras investigar a la pandilla Barrio 18, esquema reforzado el año pasado por su perfil público. No obstante, puntualizó que al momento del ataque sus escoltas custodiaban a su hijo menor a entre 30 y 40 metros de distancia por instrucción directa de Solórzano Foppa.   

    En el suceso, acaecido en el complejo deportivo público conocido como Campo Marte, a pocos kilómetros del centro de la capital, falleció también Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, considerado por la cartera del Interior como una «víctima colateral».   

    Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) de la Fiscalía y la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), donde promovió intervenciones para cobrar tributos eludidos por grandes empresas e impulsó peritajes clave en el caso ‘La Línea’, que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015.

    Posteriormente asumió la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín, proceso por el cual en 2023 fue procesado por supuesta obstaculización a la acción penal en una causa denunciada por organismos internacionales como persecución de tinte político.   

    Según el titular de la cartera del Interior, para esclarecer el crimen, las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas balísticas, estudios videoforenses y declaraciones testificales, bajo estricto respeto a la presunción de inocencia. 

    «Estamos haciendo una investigación para establecer la verdad, no para que la narrativa se adecúe a la detención de estas personas», enfatizó Villeda.

    Por su parte, la Fiscalía confirmó a través de un comunicado que asumió la dirección del caso y que examinará todas las «hipótesis razonables bajo un estricto rigor científico, orientando sus actuaciones por la dignidad de las víctimas y el derecho a la verdad y a la justicia».  

     

     

  • Guatemala suspenderá impuestos a combustibles durante tres meses

    Guatemala suspenderá impuestos a combustibles durante tres meses

    Guatemala suspenderá a partir de este jueves 1 de octubre y durante tres meses los impuestos aplicados a los combustibles, con el objetivo de reducir los precios que se han disparado a nivel mundial debido a los conflictos geopolíticos. La medida fue aprobada por el Gobierno después de las protestas y bloqueos registrados a comienzos de septiembre por el encarecimiento de los carburantes.

    La denominada Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. La normativa fue sancionada este miércoles por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y publicada en el Diario Oficial del país, que es importador neto de combustibles.

    La legislación elimina temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tanto para la importación como para la comercialización de gasolina regular y superior, diésel y gas licuado de petróleo, conocido como gas propano.

    El Gobierno estima que la exención permitirá una reducción de $1.23 por galón, equivalente a 3.78 litros, en la gasolina superior; de $1.19 en la gasolina regular y de $0.83 en el diésel. Actualmente, el galón de diésel cuesta alrededor de $6.60, mientras que la gasolina superior se comercializa a $6.06 y la regular a $5.79, según el Ministerio de Energía y Minas.

    La suspensión temporal de estos impuestos significará que el fisco guatemalteco dejará de recibir unos 3,318 millones de quetzales, equivalentes a $434.8 millones, durante el último trimestre del año, de acuerdo con análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Finanzas Públicas.

    Entre enero y agosto de 2026, Guatemala desembolsó $3,632.3 millones por la importación de los cuatro carburantes, según datos del Ministerio de Energía y Minas. La cifra representa $1,089.3 millones adicionales, un incremento del 42.8 %, frente a los $2,543 millones pagados durante el mismo período de 2025.

    El incremento en el costo de los hidrocarburos provocó a principios de septiembre jornadas de protestas y bloqueos intermitentes en carreteras estratégicas que conducen hacia los puertos de ambos litorales y las fronteras guatemaltecas. Las movilizaciones buscaban exigir medidas para contener el aumento de los precios de los combustibles.

    Las protestas terminaron el 11 de septiembre, después de diez días de paralizaciones. El sector empresarial estimó que los bloqueos provocaron pérdidas diarias de $150 millones en comercio exterior y alrededor de $13 millones en recaudación fiscal.

     

  • Destituyen a fiscal que intentó invalidar el triunfo electoral del presidente de Guatemala en 2023

    Destituyen a fiscal que intentó invalidar el triunfo electoral del presidente de Guatemala en 2023

    El Ministerio Público (MP) de Guatemala destituyó este martes a la fiscal Leonor Morales Lazo junto a otros seis funcionarios, como parte de los cambios impulsados por el fiscal general Gabriel García Luna, quien asumió la dirección de la institución el pasado 17 de mayo. La remoción de Morales fue confirmada este 22 de septiembre por la Fiscalía.

    Morales cobró notoriedad como integrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) por su participación en investigaciones contra el Movimiento Semilla y en actuaciones relacionadas con las elecciones de 2023, en las que Bernardo Arévalo resultó electo presidente de Guatemala.

    Durante ese proceso, Morales participó en diligencias del Ministerio Público en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y posteriormente intervino en una conferencia de prensa en la que la Fiscalía sostuvo que los resultados de la primera vuelta electoral eran inválidos. La Unión Europea señaló posteriormente que esas acciones formaron parte de los esfuerzos para invalidar los resultados electorales de 2023.

    La Unión Europea sancionó en febrero de 2024 a Morales, a la entonces fiscal general María Consuelo Porras, al extitular de la FECI Rafael Curruchiche y otros funcionarios. El Consejo de la UE atribuyó las medidas a acciones que, según el organismo, socavaron la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico del poder en Guatemala. Las sanciones incluyeron congelamiento de activos y restricciones de viaje.

    Antes de su destitución, Morales ocupaba la jefatura de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia. Su salida se suma a una serie de cambios dentro del Ministerio Público desde la llegada de García Luna a la Fiscalía General, después de ocho años de gestión de Porras.

    “Dichas acciones responden a diferentes motivos y se vinculan con el proceso de transformación dentro del Ministerio Público”, afirmó el ente investigador en un comunicado sobre las destituciones realizadas este martes.

    El Ministerio Público removió en total a siete funcionarios, incluida Morales. Su destitución se produce después de otros relevos realizados durante la administración de García Luna, entre ellos el de Rafael Curruchiche, quien estuvo al frente de la FECI durante la gestión anterior.

    Los cambios marcan una reestructuración de puestos dentro de la Fiscalía guatemalteca tras la salida de Porras y alcanzan a funcionarios que ocuparon cargos relevantes durante su administración, mientras García Luna continúa realizando sustituciones desde que asumió la jefatura del Ministerio Público.

     

  • Guatemala recibe armas de EE.UU. por 5 millones de dólares tras 47 años de embargo

    Guatemala recibe armas de EE.UU. por 5 millones de dólares tras 47 años de embargo

    El Gobierno de Guatemala recibió este lunes un cargamento de aproximadamente 14,000 armas militares procedentes de Estados Unidos, valorado en unos $5 millones, en la primera entrega de este tipo después de 47 años de un embargo estadounidense relacionado con violaciones de derechos humanos.

    El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, recibió oficialmente el primer lote en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, hasta donde llegó el avión estadounidense que transportó el equipo. «La seguridad de las familias guatemaltecas es una prioridad para nuestro Gobierno», afirmó el mandatario.

    El cargamento incluye lanzagranadas, ametralladoras, fusiles M4 y equipo destinado a operaciones especiales nocturnas. Arévalo sostuvo durante la ceremonia que «la adquisición forma parte de una transformación» de las capacidades de seguridad por tierra, aire y mar para «proteger a Guatemala».

    De igual manera, el presidente añadió que «estamos destinando recursos para fortalecer la seguridad de la población» y que el Ejército guatemalteco «da resultados que nos llevan de orgullo». Según el mandatario, desde que asumió el poder en 2024, las autoridades decomisaron 34,000 kilos de cocaína, desmantelaron 16 pistas clandestinas presuntamente utilizadas por el narcotráfico y retiraron 6,000 armas de las calles.

    Estados Unidos estableció el embargo militar hace 47 años debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado guatemalteco durante el conflicto armado interno, desarrollado entre 1960 y 1996 y que dejó más de 250,000 personas asesinadas o desaparecidas.

    «Esta entrega demuestra lo lejos que hemos llegado y lo rápido que estamos avanzando. Este equipamiento nos hace más fuerte como nación», recalcó Arévalo de Léon, quien señaló al narcotráfico y al crimen organizado como «enemigos» del país.

    El jefe de misión y encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, explicó que el armamento será distribuido entre 16 batallones. «La seguridad también genera prosperidad. Cuando debilitamos a los narcotraficantes y el crimen organizado, fortalecemos el estado de Derecho, protegemos el comercio legítimo y creamos mejores condiciones para la inversión, el empleo y el crecimiento económico», recordó Andrews.

    El diplomático estadounidense sostuvo además que «esta entrega de hoy» evidencia la prioridad otorgada por Guatemala a «contribuir a la seguridad regional», incluido Estados Unidos, debido a que «las organizaciones criminales no respetan fronteras». La entrega marca así una nueva etapa en la cooperación militar entre ambos países después de casi cinco décadas de restricciones.

  • Guatemala incorpora 3,000 nuevos policías para reforzar la seguridad nacional

    Guatemala incorpora 3,000 nuevos policías para reforzar la seguridad nacional

    Un total de 3,098 nuevos agentes se incorporó este miércoles a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala con el objetivo de ampliar la cobertura policial, fortalecer las acciones de prevención y reforzar la presencia de las autoridades en zonas afectadas por la criminalidad.

    Con las nuevas incorporaciones, Guatemala alcanza una cobertura aproximada de 254 policías por cada 100,000 habitantes, todavía por debajo del promedio de América Latina, estimado en más de 310 agentes por cada 100,000 personas.

    Datos oficiales indican que el país registra en lo que va del año una tasa promedio de 16.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. El presidente Bernardo Arévalo recordó durante el acto de incorporación que hace 17 años el indicador alcanzaba las 45 muertes violentas por cada 100,000 personas.

    «Los nuevos agentes irán a servir a las comunidades del altiplano, oriente y fronteras (las áreas del país golpeadas por estructuras delictivas), donde la corrupción e impunidad abrieron puertas al crimen organizado», afirmó Arévalo durante el acto.

    Guatemala enfrentó en enero de 2026 un repunte de la violencia vinculada a las pandillas después de motines registrados en tres cárceles. Presuntos integrantes del Barrio 18 ejecutaron ataques coordinados contra la Policía como represalia por la recuperación del control estatal de los centros penitenciarios, dejando 11 agentes muertos.

    Ante la escalada de violencia, Arévalo decretó inicialmente un estado de sitio y posteriormente un estado de prevención para fortalecer los operativos de seguridad y recuperar el control frente a las pandillas. Las medidas extraordinarias se mantuvieron hasta mayo pasado.

    Los 3,098 policías graduados este año se suman a los 2,431 incorporados durante 2024 y los 3,787 de 2025. De esta manera, la actual administración acumula 9,316 nuevos agentes, equivalente al 77.6 % de la meta gubernamental de incorporar 12,000 policías.

    Las nuevas incorporaciones elevan la fuerza activa de la PNC a unos 46,500 elementos encargados de brindar seguridad a una población estimada en 18.3 millones de habitantes, mientras el Gobierno busca aumentar la presencia policial en diferentes zonas del territorio guatemalteco.

     

     

  • Transportistas siguen bloqueos de carreteras en Guatemala pese a aprobación de subsidio

    Transportistas siguen bloqueos de carreteras en Guatemala pese a aprobación de subsidio

    Transportistas mantenían este miércoles bloqueados distintos tramos de carreteras y accesos en Guatemala en protesta por el continuo incremento de los precios de los combustibles y en rechazo a una nueva ley aprobada por el Congreso para establecer límites a las tarifas de venta al consumidor.

    La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó interrupciones en la carretera que conduce hacia la costa del Pacífico y la frontera con México, además del kilómetro 126 de una ruta estratégica del noreste guatemalteco que conecta la capital con los principales puertos del Caribe.

    También se registraron bloqueos a 19 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, sobre la carretera que comunica la capital con el litoral del Pacífico. En el centro histórico de la ciudad se desarrollaban otras dos movilizaciones que obstaculizaban los accesos inmediatos al Congreso y al Palacio Nacional de la Cultura.

    Las protestas continuaron pese a que el Congreso aprobó a última hora del martes, bajo la figura de urgencia nacional, un fondo de compensación que establece precios máximos de 39 quetzales ($5.03) por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que para la gasolina superior fijó un límite de 41 quetzales ($5.29).

    Los precios vigentes son superiores a esos límites. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el galón de diésel ronda actualmente los $6.22, mientras la gasolina superior alcanza los $5.79 y la regular los $5.51.

    El presidente Bernardo Arévalo afirmó después de la aprobación de la medida que su Gobierno está “listo para responder e implementar” el mecanismo para respaldar la economía de las familias.

    Los transportistas, sin embargo, consideran insuficiente la regulación y solicitan que Arévalo vete la legislación para aplicar otras medidas.

    «Le estamos solicitando que vete la propuesta de ley que le va a hacer llegar el Congreso. Pedimos que se quiten los impuestos a los combustibles por seis meses o un subsidio directo al consumidor de 15 quetzales al diésel y ocho a la gasolina», declaró Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros.

    Las protestas comenzaron la semana pasada mediante cierres intermitentes en carreteras consideradas estratégicas para el comercio y la conexión regional. Las movilizaciones continuaron después de la aprobación legislativa ante la exigencia del sector de obtener un alivio mayor frente al encarecimiento de los carburantes.

    Los precios de los combustibles aumentaron más del 50 % durante el último semestre, de acuerdo con la información proporcionada, debido a diversos factores internacionales, entre ellos los enfrentamientos militares de Estados Unidos e Israel con Irán. El encarecimiento mantiene la presión sobre el transporte y motivó las protestas que afectan diferentes puntos de Guatemala.

     

  • Arévalo propone limitar precio del diésel en Guatemala en medio de ola de protestas

    Arévalo propone limitar precio del diésel en Guatemala en medio de ola de protestas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes ante el Congreso una iniciativa para establecer un precio límite al diésel, después de que el incremento de los combustibles durante el último semestre provocara protestas en diferentes puntos del país.

    La propuesta establece un precio máximo de 39 quetzales, equivalentes a $5.11, por galón de diésel, combustible utilizado principalmente por el transporte público y de carga. Actualmente, su precio supera los $6 por galón, según las fuentes citadas en la información.

    Arévalo explicó que, cuando el precio del combustible supere el límite establecido de $5.11, el Estado cubrirá con fondos públicos la diferencia correspondiente y trasladará esos recursos a los importadores para mantener el precio fijado al consumidor.

    «Nosotros creemos que es una buena propuesta porque protege al consumidor final», aseguró el mandatario, quien espera que el Congreso apruebe la iniciativa y permita mantener el mecanismo vigente durante el resto de 2026.

    El Ejecutivo remitió el planteamiento al Órgano Legislativo, donde el Gobierno de Arévalo no cuenta con mayoría. La propuesta deberá ser discutida por los diputados antes de una eventual aprobación y entrada en vigor.

    La nueva iniciativa surge después de que el mandatario propusiera sin éxito otro subsidio para contener los precios. El Congreso ya había aprobado dos meses atrás una medida de apoyo a los combustibles, pero diferentes sectores sostienen que esta no logró aliviar el incremento registrado en el mercado.

    El encarecimiento de la gasolina y el diésel provocó durante los últimos días movilizaciones de transportistas, quienes bloquearon distintos puntos de Guatemala la semana pasada para exigir medidas destinadas a reducir los precios. De acuerdo con la información proporcionada, los combustibles acumulan un incremento cercano a 50 % durante el último semestre.

    Las protestas continuarán este martes, cuando la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán tiene programada una marcha pacífica para reclamar al Gobierno y al Congreso medidas frente al encarecimiento. La discusión legislativa sobre el límite al precio del diésel se produce así bajo una creciente presión de transportistas y organizaciones sociales.

     

     

  • Transportistas bloquean carreteras de Guatemala por precio de combustibles

    Transportistas bloquean carreteras de Guatemala por precio de combustibles

    Transportistas bloquearon este lunes las principales carreteras de Guatemala, incluidas rutas fronterizas con México y El Salvador, en rechazo al fuerte incremento de los combustibles y para exigir al Gobierno medidas fiscales que permitan reducir los precios.

    Los manifestantes instalaron barricadas y atravesaron camiones y otros vehículos para impedir la circulación. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial reportó al menos una docena de vías paralizadas en diferentes puntos del territorio guatemalteco, afectando el desplazamiento de miles de conductores.

    Las gremiales de transportistas aseguran que el precio de los combustibles aumentó más de 50 % durante el último semestre, situación que atribuyen a diferentes factores internacionales, entre ellos los enfrentamientos militares que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán. Los manifestantes también solicitan eliminar algunos impuestos municipales.

    Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el galón de diésel se comercializa actualmente alrededor de $6.08, mientras la gasolina superior alcanza $5.45 y la regular $5.21. Los transportistas demandan mecanismos que permitan reducir estos precios.

    William Barrera, uno de los dirigentes de las gremiales, indicó que esperan ser recibidos por el presidente del Congreso, Luis Contreras, para plantear sus demandas y buscar una solución a las protestas que mantienen interrumpido el tránsito en diferentes carreteras.

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el pasado 23 de julio una iniciativa para solicitar al Congreso la aprobación de un nuevo subsidio a los combustibles, el segundo planteado durante 2026. Sin embargo, los transportistas rechazan esa alternativa y reclaman otros mecanismos para disminuir el costo de los carburantes.

    En abril, el Congreso aprobó a petición del Ejecutivo un subsidio por $261.7 millones, vigente durante tres meses. De acuerdo con la información proporcionada, consumidores cuestionaron posteriormente que ese desembolso no se reflejara en una reducción del precio de los combustibles.

    La Cámara del Agro rechazó las protestas porque «ponen en riesgo el abastecimiento y distribución de los alimentos» y advirtió que también perjudican a pequeños productores. La gremial pidió al Gobierno, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil garantizar la libre circulación y los derechos al trabajo, salud, educación, industria y comercio.