El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes ante el Congreso una iniciativa para establecer un precio límite al diésel, después de que el incremento de los combustibles durante el último semestre provocara protestas en diferentes puntos del país.
La propuesta establece un precio máximo de 39 quetzales, equivalentes a $5.11, por galón de diésel, combustible utilizado principalmente por el transporte público y de carga. Actualmente, su precio supera los $6 por galón, según las fuentes citadas en la información.
Arévalo explicó que, cuando el precio del combustible supere el límite establecido de $5.11, el Estado cubrirá con fondos públicos la diferencia correspondiente y trasladará esos recursos a los importadores para mantener el precio fijado al consumidor.
«Nosotros creemos que es una buena propuesta porque protege al consumidor final», aseguró el mandatario, quien espera que el Congreso apruebe la iniciativa y permita mantener el mecanismo vigente durante el resto de 2026.
El Ejecutivo remitió el planteamiento al Órgano Legislativo, donde el Gobierno de Arévalo no cuenta con mayoría. La propuesta deberá ser discutida por los diputados antes de una eventual aprobación y entrada en vigor.
La nueva iniciativa surge después de que el mandatario propusiera sin éxito otro subsidio para contener los precios. El Congreso ya había aprobado dos meses atrás una medida de apoyo a los combustibles, pero diferentes sectores sostienen que esta no logró aliviar el incremento registrado en el mercado.
El encarecimiento de la gasolina y el diésel provocó durante los últimos días movilizaciones de transportistas, quienes bloquearon distintos puntos de Guatemala la semana pasada para exigir medidas destinadas a reducir los precios. De acuerdo con la información proporcionada, los combustibles acumulan un incremento cercano a 50 % durante el último semestre.
Las protestas continuarán este martes, cuando la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán tiene programada una marcha pacífica para reclamar al Gobierno y al Congreso medidas frente al encarecimiento. La discusión legislativa sobre el límite al precio del diésel se produce así bajo una creciente presión de transportistas y organizaciones sociales.
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