Etiqueta: Bernardo Arévalo

  • Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, con un hacinamiento del 340 %, representa una «bomba de tiempo permanente», tras los ataques coordinados por pandillas que dejaron a diez policías muertos el pasado domingo.

    Durante esa jornada, pandilleros protagonizaron motines simultáneos en tres centros penales y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados perpetraban ataques en distintas zonas del país. La crisis obligó al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, que fue anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.

    “El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles en conferencia de prensa. Agregó que las acciones violentas fueron un intento fallido de infundir terror, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.

    El mandatario subrayó que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a ninguna de las demandas de los reos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, enfatizó.

    Por su parte, el ministro Villeda reiteró la precariedad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a 23,000 reos en instalaciones diseñadas solo para 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”, sostuvo.

    El funcionario calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por la histórica escasez de recursos, y anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de las medidas para aliviar la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana.

    Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y afirmó que el Ejecutivo no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.

     

  • Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.

    Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

    Su figura tomó más relevancia este fin de semana después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.

    Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.

    Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’ en el sur del país después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha’.

    Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque este domingo donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a nueve policías en distintos puntos de Ciudad de Guatemala.

    «Tenemos que analizar y tomar una decisión para determinar cuál va a ser la situación de él o cómo vamos a proceder. De momento está en Renovación I y ahí seguirá hasta que tomemos una decisión», subrayó el fin de semana Villeda, en relación a Ochoa Mejía.

    Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de la pandilla Barrio 18 en Guatemala. Foto Mingob

    Señalado por nexos políticos

    Los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, han denunicado públicamente los nexos políticos de Ochoa Mejía.
    Específicamente, lo han señalado por ser la pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres Casanova (del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), quien perdió las elecciones de 2023 contra el actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.

    Castañeda Torres está detenida y vinculada a un proceso penal por varios casos penales en su contra y de acuerdo a algunos diputados del partido Semilla, hay vinculación por intereses en común entre Torres Casanova y su sobrina, además de la hija de la excandidata, la diputada Nadia de León.

    Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a ‘Renovación I’.

    Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado «El Limón».

    Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.

    El ingreso a prisión del «Lobo» fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.

  • Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.

    “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.

    Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.

    Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

    Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.

    En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.

    La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.

    Movilidad disminuyó

    La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.

    “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.

    El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.

    Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.

     

     

  • México ofrece apoyo a Guatemala en medio de oleada de violencia por parte de las pandillas

    México ofrece apoyo a Guatemala en medio de oleada de violencia por parte de las pandillas

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que buscará a su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, para saber si requiere “algún apoyo” tras haber declarado estado de sitio durante 30 días en todo el país por una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.

    “Vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo de algún tipo”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

    Sheinbaum apuntó que todo será con “respeto” a la soberanía de Guatemala “y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial en nuestra frontera”.

    La decisión, divulgada por el gobernante guatemalteco en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.

    El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

    Los atentados se registraron en diversos puntos de la Ciudad de Guatemala y mantienen en alerta a la población y a las fuerzas de seguridad.

    En el segundo semestre de 2025, las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para ser aislados, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios

  • Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.

    En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.

    La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

    Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.

    Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.

    “Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.

    El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.

     

  • Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, lo que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

    La salida de Porras, quien ha estado al frente del ente investigador por ocho años, pondrá fin a un período señalado por la comunidad internacional por graves retrocesos en materia de justicia, persecuciones a operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su intento de frenar la investidura del actual presidente guatemalteco.

    El nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será conformada por una comisión de postulación. Este órgano estará compuesto por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios, y de las universidades del país con facultades de Derecho.

    Por ahora, aún no hay nombres visibles como aspirantes al cargo. Aunque el proceso arrancó oficialmente este lunes, los expertos advierten que Porras podría intentar influir en la selección de candidatos para incluir perfiles de su círculo cercano en la lista que será enviada al Ejecutivo.

    El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y permanecerá en el cargo por cuatro años, hasta 2030. Se trata de un puesto clave y sin contrapesos legales, ya que la legislación guatemalteca solo permite su remoción en casos de delitos flagrantes, lo que explica la continuidad de Porras a pesar de las múltiples acusaciones en su contra.

    Durante su gestión, la fiscal general ha sido acusada de perseguir penalmente a fiscales independientes, magistrados, líderes indígenas, periodistas y opositores. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde 2022 bajo prisión preventiva sin pruebas concluyentes.

    Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que con Porras al frente del Ministerio Público se desmantelaron los avances logrados por sus antecesoras Thelma Aldana (2014-2018) y Claudia Paz y Paz (2010-2014), provocando un grave deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.

     

  • Los asesinatos con armas de fuego suben un 3.8% en Guatemala en 2025

    Los asesinatos con armas de fuego suben un 3.8% en Guatemala en 2025

    Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3.8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con el año anterior, según datos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) publicados este viernes 9 de enero.

    Durante el año pasado se registraron 3,020 homicidios causados por armas de fuego, 110 casos más que los 2,910 contabilizados en 2024, lo que refleja un repunte en la violencia letal en el país centroamericano.

    El departamento de Guatemala, que incluye la capital, fue el más afectado por este tipo de hechos violentos, con un total de 1,446 muertes a tiros en 2025, frente a las 1,273 del año anterior. Este territorio concentra cerca del 48 % de los asesinatos por armas de fuego en todo el país.

    En contraste, las muertes provocadas por armas blancas disminuyeron un 19 % el año pasado. El Inacif reportó 264 asesinatos con ese tipo de arma, en comparación con los 314 registrados en 2024, lo que equivale a 50 casos menos.

    El Ministerio de Gobernación atribuyó la reducción de homicidios en ciertas zonas a las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León. Según la institución, en 2025 un total de 110 de los 340 municipios del país no registraron homicidios.

    Además, las autoridades capturaron a 44,738 personas vinculadas a distintos delitos y desarticularon 139 estructuras criminales. Entre los detenidos figuran 653 personas acusadas de asesinato, 664 integrantes de la pandilla Barrio 18 y 309 de la Mara Salvatrucha (MS).

    La Policía Nacional Civil (PNC) también decomisó 3,835 armas de fuego de diversos calibres a lo largo del año en distintos operativos en el territorio guatemalteco.

  • La Unión Europea prolonga durante un año las sanciones contra los responsables de ataques a la democracia en Guatemala

    La Unión Europea prolonga durante un año las sanciones contra los responsables de ataques a la democracia en Guatemala

    Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron este viernes prolongar durante un año las sanciones contra casi una decena de personas y una entidad en Guatemala por sus ataques a la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en el país latinoamericano.

    En concreto, el Consejo de la Unión Europea ha renovado hasta el 13 de enero de 2027 las medidas restrictivas selectivas impuestas por los Veintisiete contra la Fundación contra el Terrorismo y ocho personas del ámbito judicial por el acoso al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, tras su victoria electoral en las elecciones presidenciales de 2023.

    Según recordó el Consejo de la UE en un comunicado, las personas incluidas en la lista están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar o transitar por los Estados miembros de la UE. Además, tanto las personas como la entidad designadas están sujetas a la congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición, tanto directa como indirectamente.

    Estas sanciones selectivas están diseñadas para afectar «estrictamente solo» a quienes son responsables de, participan en, prestan apoyo o se benefician de «acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala». No son, «en ningún caso» –han recalcado–, sanciones contra Guatemala, su población o su economía.

    «La UE y Guatemala mantienen una asociación de larga data, y la UE sigue comprometida con el apoyo a la democracia y los Derechos Humanos en el país», prosigue la misiva, que recuerda la «clara postura» de la Unión en defensa de los resultados electorales de 2023, así como su apoyo a «la buena gobernanza».

    Tras defender que estas sanciones selectivas «forman parte de este esfuerzo», los Veintisiete han reafirmado que seguirán trabajando con el Gobierno de Guatemala y «con todos los sectores de la sociedad» para apoyar «una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos».

    Como parte de este compromiso, han traído al presente los Estados miembro de la UE, se promovió una misión ‘ad hoc’ para acompañar en 2026 los procesos de selección y nombramiento de tres instituciones clave como son el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General, «que desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y la democracia en el país».

    Estas sanciones se impusieron el 12 de enero de 2024 en vista de la situación política en Guatemala, donde el gobierno electo democráticamente tuvo que enfrentar movimientos de la Fiscalía de Guatemala para revertir el resultado de los últimos comicios en el país de Latinoamérica, que ganó Bernardo Arévalo, candidato del izquierdista Movimiento Semilla.

  • El máximo tribunal de Guatemala suspende entrada en vigor de nuevo presupuesto del Estado

    El máximo tribunal de Guatemala suspende entrada en vigor de nuevo presupuesto del Estado

    La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, suspendió este martes de manera provisional la entrada en vigor del nuevo presupuesto del Estado para el año 2026 por presuntos «vicios» en su aprobación en noviembre pasado.

    En un comunicado de prensa, la corte informó que aceptó la solicitud de suspensión promovida mediante un recurso de amparo por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares Beltranena, este último sancionado sin visa por Estados Unidos desde 2017.

    La Corte de Constitucionalidad precisó que suspendió la entrada en vigor del presupuesto ante presuntas irregularidades en su aprobación y «porque las circunstancias lo hacen aconsejable».

    El amparo (recurso legal) otorgado por el máximo tribunal guatemalteco, compuesto por cinco magistrados, es momentáneo y deberá ser ratificado o denegado eventualmente de manera definitiva. Mientras tanto, según expertos en el tema, quedará vigente el mismo presupuesto de 2025 para su ejecución en 2026.

    El presupuesto del Estado para el próximo año fue aprobado el pasado 26 de noviembre por el Congreso de Guatemala por un monto de 163.000 millones de quetzales (alrededor de 21.300 millones de dólares), un 10 % más alto que el de 2025.

    Tras una extensa jornada, la iniciativa fue aprobada de «urgencia nacional» con el voto favorable de 139 de los 160 diputados que conforman el Parlamento.

    Los ministerios que recibirían más recursos el próximo año, según el presupuesto avalado en noviembre, son Educación, con 3.521 millones de dólares en total; Salud Pública y Asistencia Social, que recibirá 2.161 millones de dólares y Gobernación (Interior), responsable de garantizar la seguridad, con 1.249 millones de dólares.

    Ese mismo 26 de noviembre, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León manifestó su satisfacción por el nuevo presupuesto aprobado.

    «Cada una de las dependencias de Gobierno queda comprometida hoy doble, triple, cuatro veces más para responderle al pueblo de Guatemala y dar los satisfactorios que se requieren en cada una de las carteras del Estado. Este es un hito que nos gratifica porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos», remarcó el mandatario en aquel momento.

  • Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína con apoyo de la DEA

    Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína con apoyo de la DEA

    El gobierno de Guatemala ha incautado más de 29.2 toneladas de cocaína desde que Bernardo Arévalo asumió la presidencia el pasado 14 de enero de 2024, según datos oficiales divulgados esta semana. Solo en este año, las fuerzas de seguridad han decomisado 11 toneladas de droga.

    Durante una reunión con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. «Terry» Cole, el mandatario guatemalteco destacó la efectividad de las acciones conjuntas con Estados Unidos. También reveló que, además de la cocaína, se ha logrado incautar una tonelada de precursores de fentanilo.

    “La colaboración con la DEA está produciendo extraordinarios resultados y nos permite actuar con mayor precisión y efectividad”, declaró Arévalo, al tiempo que reiteró su compromiso con desmantelar estructuras del crimen organizado. “Estamos demostrando que la voluntad política y la coordinación pueden desmantelar las estructuras criminales que tanto daño hacen a nuestro país”, añadió.

    Por su parte, el representante de la DEA agradeció —en nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— el respaldo de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y las extradiciones. “Estamos muy agradecidos por el compromiso de la administración de Arévalo en la lucha contra el narcotráfico y en particular por el decomiso de drogas y la voluntad de extraditar a quienes envenenan a nuestras comunidades”, señaló Cole.

    En las últimas horas, las autoridades guatemaltecas entregaron a la DEA a tres presuntos narcotraficantes, uno de ellos de nacionalidad colombiana, quienes fueron extraditados a Estados Unidos.

    En total, durante este año las unidades antinarcóticos guatemaltecas han decomisado 18.2 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 261 % respecto a 2023, cuando solo se incautaron 5.04 toneladas. En los últimos dos años del anterior gobierno (2022-2023), el total decomisado fue de 7.5 toneladas.

    Guatemala es un punto estratégico para el tránsito de droga proveniente de Sudamérica con destino final hacia Estados Unidos, principal mercado consumidor, a través de rutas que atraviesan México.