El paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua en El Salvador entró en vigencia el domingo, 30 días después de la ratificación constitucional en la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele.
La normativa, publicada el pasado 27 de marzo en el Diario Oficial, se sustenta en una reforma constitucional que establece la prisión perpetua para delitos considerados de extrema gravedad.
Entre estos delitos se incluyen el homicidio simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas formas y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría bajo la cual se tipifica ahora a las pandillas.
Con esta reforma, la cadena perpetua se convierte en la única pena aplicable para quienes sean condenados por estos delitos, ya sean autores o cómplices, incluyendo personas entre 12 y 18 años de edad.
Antes de estos cambios, los pandilleros eran procesados por el delito de “agrupaciones ilícitas”, con penas que oscilaban entre 20 y 30 años, y de 40 a 45 años para cabecillas. Ahora, este delito se aplicará a grupos delictivos no pandilleriles con condenas de entre 10 y 20 años.
La reforma también establece que los jueces de lo criminal, anteriormente jueces de menores, deberán realizar revisiones obligatorias de las penas perpetuas para evaluar la posibilidad de un régimen de libertad controlada.
Estas revisiones se efectuarán cada cinco años, una vez cumplidos al menos 25 años de prisión en el caso de menores, 30 años para adultos, 35 años en casos de múltiples delitos y 40 años cuando existan agravantes.
El oficialismo, liderado por el partido Nuevas Ideas, defendió la medida al asegurar que la cadena perpetua mantiene “compatibilidad con estándares constitucionales internacionales”, al incluir mecanismos de revisión periódica de las condenas.
Sin embargo, organismos internacionales han cuestionado la reforma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que “la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”.
En la misma línea, Human Rights Watch ha señalado que la medida contraviene estándares internacionales de derechos humanos.
Estas reformas se aprobaron en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una política de seguridad que ha dejado más de 91,000 detenidos y una drástica reducción de homicidios. Sin embargo, organizaciones críticas han denunciado 6,400 presuntas violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertes bajo custodia estatal.
