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  • Kilmar Ábrego García vuelve a los tribunales para frenar nuevo intento de deportación

    Kilmar Ábrego García vuelve a los tribunales para frenar nuevo intento de deportación

    El salvadoreño Kilmar Ábrego García regresará este martes a una corte federal de Maryland para continuar su batalla contra una nueva deportación, después de que en marzo de 2025 fue enviado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, pese a una orden judicial de 2019 que impidió su expulsión hacia ese país.

    Ábrego García, quien vivía en Maryland con su esposa e hijos, fue deportado después de que la administración del presidente Donald Trump afirmara que pertenecía a la MS-13, acusación que él niega. Funcionarios de inmigración reconocieron posteriormente en documentos judiciales que su envío a El Salvador fue producto de un “error administrativo”.

    Tras una decisión de la Corte Suprema que respaldó un fallo para que fuera retornado a Estados Unidos, Ábrego García regresó en junio de 2025 para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee. Posteriormente, la jueza federal Paula Xinis ordenó que fuera liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras esperaba el juicio.

    En mayo de 2026, un juez federal desestimó la acusación penal al concluir que la investigación del Gobierno estuvo contaminada «con un motivo vengativo». El Gobierno apeló esa decisión.

    La administración Trump, sin embargo, mantiene sus esfuerzos para deportar al salvadoreño hacia un tercer país y anteriormente mencionó a Esuatini, Liberia y Uganda como posibles destinos. Los abogados de Ábrego García sostienen que, en caso de ser expulsado, su opción preferida es Costa Rica, cuyas autoridades han manifestado que podrían ofrecerle estatus de refugiado y una eventual residencia.

    «Lo que es inconstitucional es la insistencia del Gobierno en expulsarlo punitivamente a un país africano, con el que no tiene conexión y ha manifestado temor de persecución o tortura, incluso por futura devolución, en lugar del país que designó válidamente, Costa Rica, en represalia por ejercer sus derechos constitucionales y estatutarios», dijeron sus abogados en un expediente judicial en julio.

    El caso de Ábrego García se convirtió en uno de los puntos centrales del debate migratorio en Estados Unidos tras su deportación a El Salvador. Todd Lyons, exdirector interino de ICE, sostuvo en un memorando de marzo de 2026 que enviarlo a Costa Rica sería “perjudicial para los Estados Unidos», debido a los recursos y capital político que Estados Unidos había invertido en negociaciones con Liberia para que aceptara ciudadanos de terceros países.

    Los esfuerzos para deportarlo a Liberia continuarán incluso después de que Washington alcance un acuerdo con Costa Rica para recibir personas que no pueden ser devueltas legalmente a sus países de origen.

    «El gobierno está liderando el mismo rodeo que muchas veces antes. Enviar a Kilmar a Costa Rica está sobre la mesa. Sin embargo, el gobierno continúa castigándolo por ejercer sus derechos constitucionales y busca enviarlo a Liberia», dijo Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicaciones de We Are CASA, un grupo activista que ha apoyado a Ábrego García y su familia y tiene intención de estar en el tribunal.

    «Kilmar se ha convertido en un símbolo internacional del debido proceso, un símbolo que la administración Trump quiere silenciar». Sapunar agregó que la familia merece privacidad, ya sea en Maryland o Costa Rica.

    Ábrego García, de 31 años, tiene esposa e hijo estadounidenses y vivió durante años en Maryland, aunque ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente.

    En 2019, un juez de inmigración importado que no podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba el peligro de una pandilla que había amenazado a su familia. En marzo de 2025 fue detenido en Baltimore después de recoger de la casa de su abuela a su hijo, quien entonces tenía cinco años, según documentos judiciales, y posteriormente fue enviado a Cecot. La administración Trump lo regresó a Estados Unidos en junio de 2025 después de una orden judicial y en medio de presión pública.

     

  • Fujimori visitará El Salvador entre el 28 y el 31 de octubre

    Fujimori visitará El Salvador entre el 28 y el 31 de octubre

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitará El Salvador entre el 28 y el 31 de octubre próximo y sostendrá una reunión privada con el presidente Nayib Bukele, quien invitó personalmente a su homóloga sudamericana.

    La mandataria peruana también tiene programados encuentros con ministros de las áreas de Seguridad, Salud y Educación.

    Durante la visita, la comitiva oficial peruana tiene previsto conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el Hospital Rosales, considerado el principal hospital público salvadoreño, y una escuela pública emblemática de El Salvador.

    Los detalles se conocieron este lunes cuando Fujimori solicitó autorización al Senado para viajar a El Salvador y posteriormente trasladarse a España, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid.

    Fujimori envió la solicitud al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres. El documento fue aprobado por el Consejo de Ministros y también lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien quedará encargado del despacho durante la ausencia de la mandataria por ser también vicepresidente de Perú.

    Después de su estadía en territorio salvadoreño, Fujimori planea viajar a España del 2 al 6 de noviembre para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que conmemorará los 35 años de la Declaración de Guadalajara y reunirá a los 22 países que integran esta comunidad.

    La cumbre se desarrollará el 4 y 5 de noviembre y tendrá entre sus temas la cooperación bilateral frente a la delincuencia organizada transnacional y la gestión del riesgo de desastres relacionada con el fenómeno climatológico de El Niño. También está prevista la firma de la Declaración de Madrid.

    El Senado peruano prevé votar esta semana la autorización para que Fujimori pueda salir del país en ambos viajes. La aprobación legislativa es un requisito obligatorio establecido por la legislación de Perú cada vez que el presidente debe trasladarse al extranjero.

    Desde que juró como presidenta el pasado 28 de julio, Fujimori únicamente realizó un viaje fuera de Perú, entre el 21 y el 25 de septiembre, cuando estuvo en Nueva York para participar en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y sostuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado, empresarios y representantes de instituciones.

     

  • Costa Rica inaugurará el 14 de octubre su megacárcel inspirada en el Cecot

    Costa Rica inaugurará el 14 de octubre su megacárcel inspirada en el Cecot

    El Gobierno de Costa Rica anunció este lunes que inaugurará el próximo 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una “megacárcel” con capacidad para 5,100 privados de libertad e inspirada en el modelo implementado en El Salvador durante la administración del presidente Nayib Bukele.

    «Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano contra los delincuentes. Por eso lo prometimos y hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) está listo», expresó la presidenta costarricense, Laura Fernández, en un video durante una inspección de las instalaciones.

    Las obras comenzaron oficialmente en enero pasado, cuando el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, participaron en un acto para marcar el inicio de la construcción. El centro penitenciario se encuentra junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.

    La nueva prisión está valorada en unos $35 millones y toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la megacárcel para pandilleros que se convirtió en uno de los símbolos de la estrategia del Gobierno de Bukele contra estas estructuras. Fernández considera al gobernante salvadoreño un referente en materia de seguridad.

    El CACCO forma parte de la estrategia prometida por Fernández y por el gobierno anterior de su mentor y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, para combatir con mano dura al crimen organizado y restringir los denominados “privilegios” de los privados de libertad. A estas medidas se suman las críticas gubernamentales al trabajo del Poder Judicial.

    La administración de Fernández también implementó programas para que los privados de libertad realicen labores como limpieza de maleza en carreteras. Además, redujo las visitas conyugales y restringió la cantidad de recipientes con alimentos y ropa que los familiares pueden ingresar a los centros penitenciarios.

    El Gobierno también retiró enchufes y cables eléctricos de las celdas y cerró establecimientos ubicados dentro de las prisiones donde los reclusos podían adquirir diversos artículos. La construcción del CACCO ocurre mientras Costa Rica registra alrededor de 900 homicidios anuales, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 % al narcotráfico.

    En diciembre pasado, Chaves visitó El Salvador, se reunió con Bukele y recorrió el CECOT. El mandatario salvadoreño, por su parte, había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y recorrió la principal cárcel de ese país, donde advirtió sobre “síntomas” de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

     

     

  • Embajador nominado de EEUU elogia cambios en El Salvador y promete revisar derechos humanos

    Embajador nominado de EEUU elogia cambios en El Salvador y promete revisar derechos humanos

    Mark Abreu, nominado por el presidente Donald Trump para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en El Salvador, elogió este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado los cambios experimentados por el país en materia de seguridad y defendió la relación estratégica entre ambas naciones.

    Durante su declaración de apertura, Abreu sostuvo que la política exterior de Trump busca que las relaciones internacionales hagan a Estados Unidos más fuerte, seguro y próspero, y consideró que la alianza con El Salvador cumple con esos tres objetivos. “Nuestra relación estratégica con El Salvador cumple con los tres estándares”, aseguró.

    Abreu destacó particularmente la reducción de la violencia y atribuyó esa transformación al presidente Nayib Bukele.

    “Hace una década, era la capital mundial de los asesinatos. Hoy, El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio occidental”, afirmó Abreu, quien recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Bukele como el líder de seguridad más fuerte de la región.

    Abreu también destacó la cooperación salvadoreña contra la MS-13, Barrio 18 y otras estructuras que la administración Trump considera amenazas para sus comunidades.

    En materia económica, aseguró que, si es confirmado, buscará que los equipos de la embajada identifiquen oportunidades de inversión y adquisición para compañías estadounidenses, especialmente mediante licitaciones gubernamentales.

    «De ser confirmado, me comprometo a liderar la Misión de los Estados Unidos en El Salvador con honor y firmeza, representando fielmente la política exterior de «Estados Unidos primero» del presidente Trump. Me comprometo a trabajar en colaboración con el Congreso y nuestros aliados salvadoreños, respetando su soberanía y consolidando los avances logrados en materia de seguridad; a aprovechar este éxito y establecer un modelo que el resto de Centroamérica pueda seguir. La prosperidad que construyamos juntos atraerá aún más inversión estadounidense y generará una prosperidad duradera para ambas naciones», dijo Abreu en su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores.

    Abreu sostuvo además que la prosperidad de El Salvador puede reducir la migración hacia Estados Unidos al generar oportunidades dentro del país. También señaló que pretende trabajar con el Congreso y las autoridades salvadoreñas, respetando la soberanía nacional y consolidando los avances alcanzados en seguridad para que estos puedan servir como referencia en Centroamérica.

    Por ley, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos tiene que hacer audiencias públicas de los embajadores propuestos o nominados por el Ejecutivo estadounidense para evaluar públicamente la idoneidad, experiencia y postura política del candidato antes de decidir si se aprueba o rechaza su designación.

    Senadores cuestionan sobre derechos humanos

    Sin embargo, durante la audiencia Abreu recibió cuestionamientos de los senadores demócratas Tim Kaine, Chris Van Hollen y Jacky Rosen sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en El Salvador, la detención de la abogada Ruth López, las condiciones de los privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y la situación de los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

    Ante esas preguntas, Abreu aseguró que, de ser confirmado, tomará seriamente las denuncias contra el Gobierno salvadoreño.

    “Les aseguro que, si soy confirmado, como una cuestión de deber, tomaré muy en serio cada una de las denuncias, no solo las individuales, sino cada una de las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte del Gobierno. Y facultaré a mi equipo para investigar fielmente todos los hechos hasta sus últimas consecuencias, de modo que podamos informar de manera segura a ustedes y al comité en el informe anual de Derechos Humanos, tal como lo exige la ley”, sostuvo Abreu.

    Sobre el Cecot, Abreu dijo estar familiarizado con los señalamientos formulados alrededor de la prisión y aseguró haber visto documentales y leído informes sobre el centro penitenciario. No obstante, sostuvo que necesitaría encontrarse en El Salvador y revisar la información junto con su equipo antes de pronunciarse sobre la validez de esas denuncias.

    “Mi compromiso con usted es darle una nueva mirada, si soy confirmado, una vez que llegue allí”, respondió Abreu ante los cuestionamientos del senador Van Hollen, un acérrimo crítico de Bukele.

    El nominado también hizo referencia al más reciente informe de derechos humanos disponible para él y reconoció que integrantes del comité cuestionan su credibilidad frente a otras evidencias independientes que sugieren la existencia de violaciones.

    Abreu se comprometió además a actuar en aquellos casos en los que se determine que existen personas detenidas injustamente. “Senador, mi compromiso con usted es que si determinamos, como una cuestión de hecho, que hay personas detenidas injustamente, facultaré a todo mi equipo para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para liberarlas y cumplir ese compromiso con nuestros ciudadanos”, respondió.

    Sobre el TPS, Abreu señaló que su definición corresponde exclusivamente al Departamento de Seguridad Nacional y a su titular, por lo que consideró que no le correspondía intervenir en esa decisión mientras permanece como nominado. Añadió que, de ser confirmado como embajador, buscará que el equipo de la misión estadounidense apoye el proceso de retorno a El Salvador y fortalezca la coordinación con las instituciones salvadoreñas.

    Ante los cuestionamientos de la senadora Rosen, Abreu reiteró su postura sobre las denuncias relacionadas con derechos humanos.

    “Me tomo extremadamente en serio todas las denuncias de abusos contra los derechos humanos en cualquier lugar. También creo que nosotros, en Estados Unidos, seguimos siendo un faro de libertad y democracia y de protección de los derechos humanos”, respondió, aunque puntualizó que los señalamientos planteados durante la audiencia continúan siendo denuncias que, a su juicio, deben ser examinadas.

    ¿Quién es Mark Abreu?

    El futuro embajador estadounidense en El Salvador, Mark Joseph Abreu, tiene acumula casi tres décadas de trayectoria en los ámbitos de inteligencia, seguridad nacional, asuntos internacionales y liderazgo estratégico, según el “Certificado de Competencia Demostrada” remitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el proceso de confirmación del funcionario.

    Según Departamento de Estado, una parte importante de su carrera transcurrió en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde ejerció como jefe de estación en varios países de América Latina.

    Abreu, de origen puertorriqueño, ha trabajado en América Latina, Europa Occidental, el norte de África, Asia Oriental y Medio Oriente, coordinando esfuerzos entre organismos de inteligencia, fuerzas militares, agencias de seguridad, empresas tecnológicas y actores del sector privado para respaldar los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

    Abreu también posee experiencia en el ámbito legislativo. Fue designado como oficial de enlace de la CIA con el Congreso y posteriormente fue Congressional Fellow en la oficina del entonces senador Marco Rubio. Además sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) y como comisionado oficial. Además, desarrolló parte de su carrera en el sector privado como consultor de gestión en la firma Booz Allen Hamilton.

     

  • Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    Jueza de EEUU condena a DHS a pagar $164,527 por deportación de venezolano al Cecot

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) deberá pagar $164,527.70 en honorarios y gastos legales por la deportación indebida de un migrante venezolano hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador en marzo de 2025, según resolvió el martes la jueza federal Stephanie Gallagher, del Distrito de Maryland.

    La jueza ordenó al DHS cubrir los costos derivados del litigio después de concluir que la deportación del joven, identificado en los documentos judiciales con el seudónimo “Cristian”, incumplió un acuerdo alcanzado dentro de una demanda colectiva.

    Gallagher consideró que el Gobierno no estuvo “sustancialmente justificado” al señalarlo como integrante del Tren de Aragua y expulsarlo antes de que pudiera resolverse su solicitud de asilo.

    Cristian forma parte de una demanda colectiva presentada hace siete años en representación de menores migrantes no acompañados que carecen de estatus legal y tutores. Su pertenencia a ese grupo impedía que fuera deportado antes de que concluya el proceso relacionado con su petición de asilo.

    El venezolano fue enviado en marzo de 2025 al Cecot, un día después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión de venezolanos acusados ​​de pertenecer al Tren de Aragua. El Departamento de Estado había designado recientemente a esa organización como “organización terrorista extranjera”.

    Gallagher determinó en abril de 2025 que la deportación del entonces joven de 20 años fue indebida y ordenó al DHS “facilitar” su regreso.

    Después de permanecer varios meses en El Salvador, Cristian fue trasladado a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Sus abogados perdieron temporalmente el contacto con él y, cuando consiguieron comunicarse nuevamente, el joven “nunca comunicó su deseo de regresar a los Estados Unidos para recibir su adjudicación de asilo”.

    El Gobierno estadounidense argumentó que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros lo eximía de cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo de la demanda colectiva, pero Gallagher rechazó ese planteamiento.

    “La decisión de los acusados ​​de expulsar a Cristian sin previo aviso, incluso después de que el abogado de inmigración de Cristian les había notificado de su pertenencia al grupo, fue injustificada y no razonable”, escribió la jueza.

    La resolución establece el pago de $160,823.09 en honorarios de abogados y otros $3,704.61 en gastos, para un total de $164,527.70.

    “Si consideramos la totalidad de las circunstancias, incluso si algunas de las posiciones del gobierno hubieran sido razonables, su posición general en el litigio no ha estado sustancialmente justificada”, señaló Gallagher.

     

     

  • Flávio Bolsonaro promete 500,000 cupos carcelarios en Brasil tras reunión con Villatoro

    Flávio Bolsonaro promete 500,000 cupos carcelarios en Brasil tras reunión con Villatoro

    El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, anunció que su programa de Gobierno contempla crear 500,000 nuevos cupos en las cárceles, entre otras medidas inspiradas en la política de seguridad implementada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    «Tenemos que abrir presidios. Hay pocos presos en Brasil. Tenemos que encarcelar a más, pero no lo conseguimos porque la legislación es frágil», afirmó Bolsonaro después de reunirse en São Paulo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.

    El hijo del expresidente Jair Bolsonaro explicó que su propuesta contempla construir nuevos centros penitenciarios y ampliar los existentes hasta alcanzar al menos medio millón de espacios adicionales. El senador considera necesario incrementar la capacidad debido a que propone endurecer las penas, incluso para delitos como el robo de teléfonos celulares, cuyos responsables plantea que reciban condenas mínimas de ocho años.

    Su programa también busca restringir beneficios que permitan a los reclusos obtener la libertad condicional y establecer condiciones para mantener incomunicados a determinados presos. Bolsonaro señaló que buscará conseguir una mayoría en el Congreso para aprobar modificaciones legales dirigidas a limitar las salidas de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios se conviertan en «escuelas del crimen».

    «De esa forma el preso sabrá que tendrá que permanecer preso, que tendrá que pagar por los crímenes que cometió, y eso, sin duda, desincentivará a mucha gente a continuar practicando crímenes», dijo el aspirante presidencial al explicar los objetivos de su propuesta.

    Brasil cuenta actualmente con cerca de 965,000 reclusos, la tercera mayor población penitenciaria del mundo después de Estados Unidos y China, según los datos citados. La cantidad de privados de libertad crece a un ritmo anual de 3.3 % y supera en 28 % la capacidad disponible en las cárceles brasileñas, que enfrentan problemas de hacinamiento.

    Entre las principales propuestas de Bolsonaro figura la construcción de al menos cinco grandes cárceles federales de máxima seguridad inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido durante el Gobierno de Bukele para recluir a personas detenidas en el marco de su política contra las pandillas.

    Bolsonaro calificó como provechosa su conversación con Villatoro y lo señaló como uno de los responsables de implementar «una de las mayores y más eficaces operaciones de rescate de la soberanía al devolver seguridad pública para la población salvadoreña».

    El senador afirmó que la experiencia de El Salvador constituye una referencia para su propuesta de seguridad en Brasil y destacó como objetivo garantizar a los ciudadanos el derecho de movilizarse con seguridad.

     

  • Laura Fernández descarta “bukelización” y defiende mano dura en Costa Rica

    Laura Fernández descarta “bukelización” y defiende mano dura en Costa Rica

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó que su Gobierno avance hacia una “bukelización” del país, aunque defendió mantener una política de mano dura contra el crimen organizado ante el recrudecimiento de la inseguridad y reconoció que replicaron el modelo carcelario impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    “No hay aquí ninguna bukelización; nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención del presidente Nayib Bukele, porque las personas privadas de libertad desde la cárcel [responsabilidad del Ejecutivo] continuaban liderando su negocio, haciendo estafas, ordenando sicariatos…”, afirmó Fernández en una entrevista con el periódico español El País.

    La mandataria aseguró que su política de seguridad mantiene la línea del anterior Gobierno de Rodrigo Chaves.

    “No creo que haya ningún cambio de enfoque, porque el gobierno pasado tuvo uno de mano dura contra la inseguridad, pero el crimen organizado se continúa recrudeciendo en el país y por eso hay que darle continuidad a esa mano dura. Dar continuidad al Cacco [cárcel de máxima seguridad inspirada en El Salvador], al C5 [un centro de control con tecnología], a las nuevas delegaciones policiales, a los operativos, todo lo que estamos haciendo. Lo de legalizar la marihuana, no es para mí una prioridad en este momento, estoy en mil cosas más”, afirmó la mandataria.

    Fernández también defendió su postura crítica hacia el Poder Judicial, al que atribuye problemas de impunidad y mora judicial. La presidenta considera necesaria una reforma de este órgano y planteó que someter los cargos de jueces y magistrados a elección popular “puede ser una buena sugerencia”, aunque negó que busque cerrar o atacar la institución.

    La gobernante también rechazó que Costa Rica tenga un Ejecutivo con dos centros de poder debido a la presencia del expresidente Chaves como ministro de Hacienda y de la Presidencia.

    “La presidente de la República soy yo. Yo gané las elecciones con una amplísima mayoría, con las reglas del juego democrático de nuestro país, y lo hice apegada a la legalidad. Aquí no hay ningún gobierno bicéfalo”, sostuvo.

    Fernández reconoció, sin embargo, la influencia de Chaves dentro de su Administración y aseguró que consideraría una eventual reforma constitucional que le permitiera competir nuevamente por la Presidencia en 2030. Según la mandataria, si la reelección consecutiva hubiera estado permitida en 2026, Chaves habría sido nuevamente elegido por el respaldo con el que terminó su mandato.

    Sobre la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico, Fernández aseguró que ambos países ya desarrollan operaciones terrestres conjuntas y mencionó la presencia de la DEA y el FBI. También se mostró favorable a que la Asamblea Legislativa estudie mecanismos para ampliar la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales, siempre que se respete la soberanía costarricense, los tratados internacionales y la Constitución.

    Fernández cumplió sus primeros 100 días de Gobierno en medio de una crisis de seguridad vinculada al narcotráfico y fuertes tensiones con el Poder Judicial. En ese escenario, la mandataria apuesta por mantener las políticas de seguridad de Chaves y aplicar algunas experiencias salvadoreñas, principalmente en materia penitenciaria, pero rechaza que Costa Rica esté adoptando integralmente el modelo de Bukele.

     

  • Venezolanos demandan a aerolíneas por vuelos al Cecot salvadoreño

    Venezolanos demandan a aerolíneas por vuelos al Cecot salvadoreño

    Un grupo de hombres venezolanos deportados a El Salvador por la administración del presidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda federal contra las empresas de aviación CSI Aviation y GlobalX, a las que señala de participar en su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y de violar sus derechos civiles.

    La demanda fue presentada el 17 de julio ante un tribunal federal en Washington D. C. y sostiene que ambas compañías incurrieron en detención ilegal, negligencia, daño emocional intencional y otras violaciones por su participación en los tres vuelos que trasladaron a más de 230 venezolanos hacia la prisión de máxima seguridad salvadoreña.

    Según el documento judicial, el 15 de marzo del año pasado Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a cientos de inmigrantes venezolanos, a quienes su administración vinculó con la organización criminal Tren de Aragua, aunque, de acuerdo con la demanda, esas acusaciones nunca fueron demostradas.

    Los demandantes aseguran que GlobalX, por instrucciones de CSI Aviation, movilizó tres aeronaves desde un aeropuerto de Texas para ejecutar las deportaciones. Afirman que, una vez iniciados los vuelos, un juez federal ordenó su regreso, pero tanto el Gobierno estadounidense como las compañías ignoraron esa resolución y continuaron el viaje hasta El Salvador.

    La acción judicial también sostiene que las empresas conocían las condiciones del Cecot y, aun así, colaboraron con el traslado de los deportados. Los demandantes argumentan que, sin la participación de ambas compañías, el envío de los venezolanos al penal no habría sido posible.

    Los tres principales demandantes permanecieron durante cuatro meses en el Cecot y afirman haber sufrido lesiones físicas y secuelas psicológicas, algo que el gobierno salvadoreño ha negado.

    El proceso judicial cita además informes de organizaciones de derechos humanos que documentan denuncias de malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas durante el tiempo que los venezolanos permanecieron recluidos. En julio de 2025, el grupo fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre los gobiernos involucrados.

    La demanda también expone que CSI Aviation mantiene contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para coordinar vuelos de deportación y que el juez federal James Boasberg, quien conoció el caso original relacionado con los traslados al Cecot, será el encargado de determinar si todos los venezolanos deportados podrán incorporarse a la acción colectiva.

     

  • El modelo de seguridad de Bukele gana terreno en campaña electoral de Brasil

    El modelo de seguridad de Bukele gana terreno en campaña electoral de Brasil

    El modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha convertido en una de las principales referencias de los candidatos conservadores que competirán en las elecciones generales de Brasil previstas para octubre, en un contexto donde la seguridad pública domina el debate político.

    Figuras de la derecha brasileña como el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Nikolas Ferreira y el exgobernador Romeu Zema han expresado públicamente su intención de aplicar medidas similares a las implementadas en El Salvador, incluyendo la construcción de cárceles de máxima seguridad y el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado.

    Flavio Bolsonaro, considerado uno de los aspirantes conservadores con mayor respaldo en las encuestas presidenciales, presentó recientemente un plan de seguridad que contempla la construcción de cinco nuevas prisiones de máxima seguridad inspiradas en el modelo salvadoreño.

    «Más cárceles, menos criminales en libertad», afirmó el senador durante la presentación de su propuesta, retomando el discurso de mano dura que caracterizó el mandato de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

    Como parte de ese acercamiento, Flavio Bolsonaro y su hermano Eduardo Bolsonaro visitaron El Salvador el año pasado, donde sostuvieron reuniones con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y recorrieron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el Gobierno salvadoreño para albergar a cabecillas de pandillas.

    El diputado Nikolas Ferreira también realizó una visita al país centroamericano para conocer de cerca la estrategia de seguridad, mientras que Romeu Zema elogió el enfoque adoptado por Bukele y lo calificó como una respuesta «pragmática» frente a la delincuencia.

    El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, también ha citado el caso salvadoreño como un ejemplo de las políticas que podrían adaptarse a Brasil para combatir el crimen organizado.

    El modelo implementado por Bukele combina un régimen de excepción, detenciones masivas, despliegue militar y el funcionamiento del CECOT. Según el Gobierno salvadoreño, estas medidas permitieron reducir de forma histórica los homicidios y debilitar el control territorial que ejercían las pandillas.

    No obstante, organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado la estrategia al señalar presuntas detenciones arbitrarias, restricciones a derechos constitucionales y afectaciones a la independencia judicial y la libertad de prensa. El Gobierno salvadoreño rechaza esas acusaciones y sostiene que las medidas extraordinarias fueron necesarias para recuperar la seguridad del país.

    Todas las encuestas recientes en El Salvador dan un amplio apoyo al modelo de seguridad de Bukele.

    La influencia del denominado «modelo Bukele» también se ha extendido a otros países de América Latina. En Costa Rica, la presidenta Laura Fernández inauguró este año una prisión construida con asesoría salvadoreña, mientras que en Perú y Colombia varios candidatos presidenciales incorporaron propuestas similares durante sus campañas electorales.

    Flavio Bolsonaro ha puesto el modelo salvadoreño en su plan de gobierno.

     

  • Ministros costarricenses visitan el CECOT para replicar el modelo en cárcel de su país

    Ministros costarricenses visitan el CECOT para replicar el modelo en cárcel de su país

    Los ministros costarricenses Gerald Campos Valverde, de Seguridad Pública, y Gabriel Aguilar Vargas, de Justicia y Paz, realizan este miércoles una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador para conocer el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño y evaluar su posible aplicación en Costa Rica.

    Aguilar explicó en un vídeo difundido por el gobierno costarricense que el propósito de esta visita es conocer la gestión de privados de libertad en El Salvador y aplicar estos conocimientos en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que se encuentra en fase de construcción en la región de San Rafael de Alajuela, en el centro de Costa Rica.

    “Por instrucción de la señora presidente Laura Fernández y iré a El Salvador junto con el ministro de seguridad pública Don Gerald Campos, en donde conoceremos de propia mano la experiencia que está aplicando El Salvador en temas de trabajo para personas privadas de libertad mediante el Programa ‘Cero Ocio’ y asimismo visitaremos el CECOT para conocer cuáles son todas las características, todos los procesos y además todos los retos que han encontrado para traerlos a Costa Rica y aplicarlos en el nuevo centro penitenciario”, expresó Aguilar en el vídeo.

    Además agregó: “Repito, no más al alcahueterías y no más tolerancia. No queremos prisioneros de libertad ociosos, queremos prisioneros de libertad que cumplan con sus condenas y que también sean productivos para el país”.

    Según las declaraciones de Aguilar, el CACCO se concibe, según su criterio, como un centro penal que goza de la aceptación y el deseo de la población, y que está destinado a proporcionar un nivel significativamente mayor de seguridad a los ciudadanos de su país.

    El ministro Campos ya estuvo de visita en El Salvador, como parte de una gira oficial, se efectuó en 2025. Durante su estadía, fue recibido y guiado por autoridades penitenciarias salvadoreñas.

    Campos visitó entonces las instalaciones del CECOT, situado en Tecoluca, San Vicente, en compañía de la entonces embajadora de Costa Rica en El Salvador, Lina Ajoy, y el viceministro costarricense de Justicia de ese momento, Juan Carlos Arias. El recorrido duró cerca de dos horas.