Etiqueta: CECOT

  • Venezuela dice que 20 migrantes retornados desde El Salvador eran requeridos por la justicia

    Venezuela dice que 20 migrantes retornados desde El Salvador eran requeridos por la justicia

    El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que 20 de los 252 migrantes venezolanos repatriados desde El Salvador eran requeridos por la justicia del país, y de ellos, siete enfrentan cargos por delitos graves. Así lo informó el funcionario a través de su programa televisivo “Con el mazo dando”.

    “Ahí están a la orden de los tribunales, como corresponde; los demás están en su casa”, señaló Cabello en declaraciones citadas en el sitio web del programa.

    El ministro reiteró que ninguno de los migrantes retornados está vinculado con el grupo criminal Tren de Aragua, una organización nacida en cárceles venezolanas y clasificada como organización terrorista por Estados Unidos. Cabello sostuvo que esa estructura “ya fue desmantelada” por las autoridades de Caracas.

    La repatriación de los 252 migrantes desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel en El Salvador diseñada para albergar pandilleros, se produjo este mes como parte de un intercambio diplomático entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden. El acuerdo también incluyó la liberación de presos políticos venezolanos y diez ciudadanos estadounidenses, en un proceso mediado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

    Los migrantes venezolanos habían sido trasladados a la prisión salvadoreña en marzo pasado como parte de las nuevas políticas migratorias de Washington, que incluyen la expulsión de extranjeros considerados sospechosos o indocumentados. La permanencia de este grupo en el penal de máxima seguridad generó críticas de organizaciones de derechos humanos por la falta de acceso a procesos judiciales y las condiciones de reclusión.

    El caso ha llamado la atención internacional por el uso del Cecot como destino de migrantes y por el complejo intercambio político que facilitó su regreso, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Caracas y Washington. La noticia también ha puesto de nuevo bajo la lupa la situación de los migrantes venezolanos detenidos en terceros países y la forma en que son procesados bajo acuerdos bilaterales.

  • Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Un juez federal en Estados Unidos ordenó este jueves al Gobierno del expresidente Donald Trump abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el juicio del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de transportar personas indocumentadas en territorio estadounidense.

    La medida, adoptada por el magistrado Waverly Crenshaw, busca preservar la imparcialidad del proceso judicial que enfrenta Abrego en Nashville, Tennessee, donde fue trasladado tras haber permanecido por error en una prisión de máxima seguridad en El Salvador durante casi tres meses.

    “Para garantizar un juicio justo, todas las partes y sus representantes están obligados a evitar declaraciones extrajudiciales que interfieran con el derecho constitucional del acusado”, señaló Crenshaw en su resolución.

    El juez recordó que Ábrego debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

    La defensa legal del migrante salvadoreño denunció ante el tribunal las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en una conferencia de prensa lo calificó de “monstruo” y “ser humano horrible”.

    Noem también lo acusó sin juicio previo de haber cometido delitos como tráfico de personas, violencia doméstica y abuso sexual, pese a que Ábrego no ha sido condenado por esos cargos. “Nunca debería ser liberado”, afirmó la funcionaria públicamente, generando preocupación en los abogados sobre una posible contaminación del jurado.

    Críticas por trato a migrantes

    El caso ha generado repercusión internacional, especialmente entre defensores de los derechos humanos y críticos de las políticas migratorias de la administración Trump. Ábrego fue uno de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron deportados sin juicio y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador, lo que organizaciones civiles han denunciado como una forma de “desaparición forzada”.

    Los abogados del migrante salvadoreño aseguraron que la campaña del Gobierno para vincularlo con la pandilla MS-13 carece de fundamento judicial y que ningún tribunal en EE.UU. lo ha acusado formalmente por esos delitos.

    “La intervención del Tribunal es necesaria para proteger el derecho del Sr. Ábrego a un juicio justo, su seguridad personal y la integridad de los procedimientos legales”, indicaron los abogados en un escrito dirigido al juez.

    Ábrego, quien lleva más de una década viviendo en Maryland junto a su familia, se ha convertido en símbolo de las críticas contra las deportaciones masivas y detenciones arbitrarias impulsadas por el Gobierno republicano.

     

  • Un migrante venezolano presenta un querella civil en EEUU por haberlo enviado al CECOT

    Un migrante venezolano presenta un querella civil en EEUU por haberlo enviado al CECOT

    Uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador presentó este jueves una demanda civil contra el Gobierno, alegando que fue detenido y expulsado sin el debido proceso legal.

    Neyiyerver Adrián León Rengel, quien fue liberado la semana pasada y llevado de vuelta a Venezuela tras pasar más de 4 meses detenido en el CECOT, denuncia haber sufrido abuso «físico, verbal y psicológico» y pide $1.3 millones en retribución por daños.

    La demanda, interpuesta con el respaldo de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), es la primera que presenta uno de los venezolanos que fueron expulsados a El Salvador.

    «Los funcionarios federales le mintieron a Rengel, diciéndole que sería enviado a su país de origen, Venezuela. Sin embargo, pasó más de cuatro meses en El Salvador –un país que no es su lugar de origen ni donde tiene vínculos personales–, donde sufrió abusos», lee el documento.

    El venezolano, de 27 años, trabaja como barbero en Irving, a las afueras de Dallas (Texas) y fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el parqueadero de su apartamento.

    Entró en EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa impulsado por el Gobierno de Joe Biden (2017-2021) para que los migrantes pudieran presentarse en la frontera sur y había solicitado también un Estatus de Protección Temporal (TPS).

    Las autoridades, detalla el documento, lo identificaron «erróneamente» como miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para expulsar a los venezolanos acusados de formar parte de este grupo criminal.

    En el CECOT, Rengel soportó condiciones «inhumanas y deplorables», de acuerdo con la denuncia: «fue recluido junto a 18 o 19 detenidos venezolanos más en una celda de apenas tres por tres metros. La mayoría de los días permanecían allí las 24 horas, con pocas o ninguna oportunidad de salir».

    Los guardias de seguridad de la prisión le golpearon «en su pecho y su estómago» con puños y bastones y, en una ocasión, lo llevaron a una zona de prisión sin cámaras donde fue «brutalmente agredido», continúa la denuncia.

    Desde LULAC, el director ejecutivo Juan Proaño, asegura que la historia de Rengel es un «llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa de la Constitución y el estado de derecho.

    «El caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional”, indicó Proaño en un comunicado.

    Washington y Caracas anunciaron el viernes pasado un acuerdo para enviar a los más de 250 venezolanos de vuelta a su país, a cambio de la excarcelación de diez ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses detenidos en Venezuela.

    Los migrantes, quienes en su mayoría no contaban con antecedentes penales, pasaron meses incomunicados, en lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron como «desapariciones forzadas».

    El Gobierno de Donald Trump los acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua y llegó a un acuerdo con El Salvador para pagar alrededor de seis millones de dólares al año por su detención.

  • Venezuela dice que "ni uno solo" de los que estaban en El Salvador es del Tren de Aragua

    Venezuela dice que «ni uno solo» de los que estaban en El Salvador es del Tren de Aragua

    El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que «ni uno solo» de los 252 migrantes que estuvieron detenidos en El Salvador desde marzo hasta el pasado viernes pertenece o tiene vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, como dijeron EE.UU. y el país centroamericano.

    «No hay ninguno del Tren de Aragua, por cierto, ni uno solo del Tren de Aragua ni vinculaciones con el Tren de Aragua, ni uno solo, (…) cero vínculos», insistió el funcionario durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.

    Cabello indicó que siete tienen registros de «delitos graves cometidos en sus vidas, pero ningún vínculo con el Tren de Aragua», una banda señalada por la Administración de Donald Trump como terrorista.

    A juicio del también número dos del chavismo, estos jóvenes fueron «estigmatizados porque tenían un tatuaje y porque tenían pinta (aspecto) de latinos».

    «Estaban sometidos a vejámenes, a persecuciones, a malos tratos de todo tipo en un campo de concentración moderno creado por un nazi, un sionista, un miserable como (el presidente salvadoreño) Nayib Bukele».
    Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela.

    Señaló que la «gran mayoría» de los 252 «ya están con sus familias, en sus casas», con «historias vividas y por documentar».

    Estos venezolanos, que estuvieron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, llegaron a su país el pasado viernes cuando el Gobierno de Nicolás Maduro liberó a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, como parte de una negociación en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

    Al respecto, Cabello dijo que «si alguien no ha descansado en esto del diálogo» es Rodríguez Zapatero, quien «ha insistido y llama y siempre está en contacto».

    El ministro agregó que continúan las «diligencias» para concretar el retorno de los niños que, según Caracas, están «secuestrados» en EE.UU., tras haber sido separados de sus padres deportados.

    El pasado viernes también llegaron a Venezuela siete de los 31 menores de edad que el Ejecutivo chavista asegura que siguen en territorio estadounidense.

    El lunes, el mandatario Nicolás Maduro acusó a Bukele de haber intentado obstaculizar la salida del segundo avión que trasladó a una parte de los repatriados.

    El fiscal general, Tarek William Saab, anunció ese mismo día una investigación contra Bukele por los presuntos delitos de tortura y tratos crueles contra los migrantes.

  • La Justicia de EE.UU. ordena la liberación de Kilmar Ábrego e impide a migración detenerlo

    La Justicia de EE.UU. ordena la liberación de Kilmar Ábrego e impide a migración detenerlo

    Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue enviado por error a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, y prohibió que las autoridades migratorias lo detengan de inmediato tras su excarcelación.

    Ábrego García, residente legal en Maryland desde hace más de una década, fue repatriado a EE.UU. en junio de 2025 tras permanecer varios meses encarcelado en El Salvador.

    El salvadoreño fue uno de los más de 200 migrantes deportados sin derecho a audiencia bajo el plan de expulsiones masivas impulsado por el presidente Donald Trump. Su caso se convirtió en un símbolo de los abusos denunciados por organizaciones de derechos humanos.

    El juez Waverly Crenshaw, del estado de Tennessee, determinó que el gobierno federal no demostró que Ábrego represente un “peligro para la comunidad” y ordenó su liberación. No obstante, una corte superior accedió a una solicitud de su defensa para aplazar su salida por 30 días, ante el riesgo de una deportación inmediata.

    En paralelo, la jueza Paula Xinis, en Maryland, dictó otra resolución que obliga al gobierno estadounidense a trasladar a Ábrego de vuelta a su residencia y notificarse con 72 horas de anticipación en caso de intentar deportarlo nuevamente.

    “Comparto la preocupación de que el Gobierno pueda deportarlo una vez más sin el debido proceso”, advirtió la jueza Xinis en su resolución.

    Ábrego fue detenido en marzo y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de contar con un estatus migratorio que le brindaba protección contra la deportación. Según su defensa, el salvadoreño huyó de su país hace más de una década tras recibir amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18.

    En respuesta a las críticas, el Gobierno estadounidense intentó vincularlo con la pandilla MS-13, pese a que no existían cargos en su contra en ese momento. Posteriormente, fue trasladado a Tennessee para enfrentar acusaciones por presuntamente transportar a personas indocumentadas, aunque su defensa sostiene que estas acusaciones buscan justificar su expulsión ilegal.

    El caso de Ábrego ha generado una ola de reacciones por parte de defensores de derechos humanos, quienes califican este tipo de acciones como una forma de “desaparición forzada”, sin acceso a defensa legal y en violación del debido proceso migratorio.

     

     

  • Un venezolano liberado de cárcel en El Salvador pide "castigo" para Bukele y Trump

    Un venezolano liberado de cárcel en El Salvador pide «castigo» para Bukele y Trump

    Mervin Yamarte, uno de los 252 venezolanos liberados de una cárcel de El Salvador, donde llegó tras ser enviado por Estados Unidos el pasado marzo, pidió este martes «castigo» para el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y para el estadounidense, Donald Trump, al asegurar que sufrió «torturas».

    «Tiene que haber castigo para las personas que hicieron esto, tanto como para Bukele, el presidente Trump. Hasta para (la opositora venezolana) María Corina (Machado), que por ahí también escuchamos que anda apoyando a ese sinvergüenza. El que está apoyando a ese sinvergüenza tiene que pagar también», indicó tras llegar a su ciudad, Maracaibo, en el estado Zulia (noroeste).

    Yamarte anticipó que varios de los que estuvieron detenidos en El Salvador tienen pensado presentar una denuncia, ya que -según dijo- «la mayoría de los 252» eran inocentes y fueron acusados por Estados Unidos de pertenecer a la banda transnacional venezolana Tren de Aragua, designada como organización terrorista por el Gobierno de Trump, aunque el Ejecutivo de Nicolás Maduro asegura que fue desarticulada.

    «Fuimos solamente a ese país (Estados Unidos) a buscar un mejor porvenir para nuestras familias. No fuimos ni a robar ni a matar, ni somos nada de lo que nos dicen, que somos delincuentes».
    Mervin Yamarte, venezolano excarcelado del CECOT.

    Durante su tiempo en el país centroamericano, denunció Yamarte, sufrió maltratos y calificó como un «infierno» las condiciones de reclusión, ya que él y sus compañeros -contó- comían «como animales, con las manos» y el personal de prisión no les daba artículos de higiene, como jabón.

    «Nos paraban a las 12 de la noche, nos arrodillaban, nos daban patadas en las canillas (piernas). Tengo muchas marcas. Las esposas las tengo marcadas, tanto en las manos como en los pies porque nos encadenaban», describió.

    Por su parte, Edward Hernández, otro de los 252 venezolanos detenidos en El Salvador, dijo que él y sus compañeros sufrieron heridas y cuando los llevaban a la enfermería a recuperación los «golpeaban».

    Incluso, personal médico del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada en El Salvador contra las pandillas y donde permanecían los venezolanos, los golpeó, según el testimonio de Andy Perozo, otro de los liberados.

    «Hubo una (médica) en especial que (…) nos golpeaba», agregó Perozo, quien denunció que recibió disparos con perdigones.

    Los tres detenidos se reencontraron este martes con sus familias, después de haber aterrizado en su país el viernes pasado.

    El lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho comenzará una investigación contra Bukele por la presunta tortura y tratos crueles contra los 252 migrantes venezolanos.

    Asimismo, señaló que se investigará al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, y al viceministro y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza.

    Saab indicó que estos tres funcionarios serán investigados por los presuntos delitos de «tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir».

    El viernes, el Gobierno de Venezuela confirmó la excarcelación de un grupo de presos políticos, como parte de una negociación en la que participó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

    La Administración de Maduro recibió a 252 migrantes a cambio de liberar a un grupo de presos políticos en el país y a diez estadounidenses.

  • Bukele: régimen de Maduro se quedó "sin rehenes del país más poderoso del mundo"

    Bukele: régimen de Maduro se quedó «sin rehenes del país más poderoso del mundo»

    El presidente Nayib Bukele reaccionó a los señalamientos hechos desde Venezuela, por supuestos maltratos cometidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) contra los ciudadanos venezolanos que fueron enviados a su país el 18 de julio, como parte de un intercambio en el que también se liberaron a ciudadanos estadounidenses.

    Tras la llegada de los venezolanos a su país, el gobierno de Maduro aseguró que los detenidos fueron víctimas de torturas y violaciones de Derechos Humanos.

    «El régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo de intercambio; por eso lo aceptaron», manifestó Bukele en la red social X, en respuesta a las acusaciones de maltrato y violaciones.

    «Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo», señaló el presidente salvadoreño en una nueva confrontación con el régimen de Maduro.

    El canje consistió en enviar a 252 venezolanos que guardaban en prisión en la megacárcel, a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y otro número de presos políticos en el país sudamericano.

    Acusaciones de Maduro contra Bukele

    El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, acusó anoche a Bukele, de haber intentado frenar el despegue de dos aviones que trasladaron de regreso a su país a 252 migrantes que permanecieron recluidos en una cárcel de máxima seguridad de esa nación centroamericana tras ser deportados de EE.UU.

    «Sabemos de primera fuente, Bukele, lo sabemos todo de ti: la ira, la locura y la desesperación en la que estabas», dijo el gobernante durante su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Según Maduro, el presidente salvadoreño intentó obstaculizar la salida del segundo avión al poner vehículos en la pista de despegue, lo que describió como un intento «para provocar o un accidente o evitar que saliera».

    Más temprano, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que abrirían una investigación en contra de Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y el director general de Centros Penales, Osiris Luna por las supuestas violaciones a Derechos Humanos en contra de los ciudadanos venezolanos.

    Saab señaló que los migrantes venezolanos recibieron «tratos inhumanos y degradantes», tuvieron que permanecer durante horas «arrodillados en pisos ásperos y los mantenían con exposición permanente a luz artificial intensa». «Bukele ordenó que migrantes venezolanos sufrieran maltratos, golpizas y violaciones», aseguró.

  • Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    Abogados piden frenar liberación de Kilmar Ábrego para evitar su deportación

    La defensa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño acusado de tráfico humano en Estados Unidos, pidió a un juez federal en Tennessee frenar su liberación de prisión para evitar que sea deportado de inmediato por el gobierno del presidente Donald Trump.

    La solicitud fue presentada el domingo ante el juez Waverly D. Crenshaw, quien decidirá en los próximos días si permite que Ábrego, residente de Maryland, afronte en libertad su proceso judicial. Aunque una jueza anterior había determinado que no representa riesgo de fuga, las autoridades migratorias han advertido que, si es liberado, será detenido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y puesto en proceso de deportación.

    Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial de 2019 que le protegía de ser enviado a su país natal debido a amenazas de violencia por parte de pandillas. Su caso generó controversia al evidenciar una posible violación al debido proceso en las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

    El gobierno estadounidense lo ha vinculado con la pandilla MS-13, aunque nunca ha sido acusado formalmente ni se han presentado pruebas. Tras presiones legales y una orden de la Corte Suprema, fue devuelto a EE.UU. el mes pasado para enfrentar cargos federales relacionados con un supuesto caso de tráfico humano ocurrido en 2022 en Tennessee.

    La defensa de Ábrego calificó los cargos como “absurdos” y ahora busca ganar tiempo para evitar que sea deportado antes del juicio programado para enero. El domingo, sus abogados y fiscales federales solicitaron conjuntamente una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, con el fin de que el acusado “evalúe sus opciones y determine si requiere medidas adicionales”.

    El caso ha escalado también a una corte federal en Maryland, donde su esposa estadounidense, Jennifer Vasquez Sura, demandó al gobierno de Trump por la expulsión ilegal de marzo y busca frenar cualquier nuevo intento de deportación. Ábrego estuvo bajo supervisión federal durante años, con permiso de trabajo vigente y presentándose regularmente ante ICE, hasta que recientemente se revocó esa supervisión.

    Los abogados también han pedido a la jueza de Maryland, Paula Xinis, que ordene su traslado a ese estado y emita al menos una suspensión de 72 horas que evite su deportación inmediata si es liberado en Tennessee. Mientras tanto, la administración Trump insiste en que puede expulsarlo a un tercer país, como México o Sudán del Sur, argumentando que representa un peligro para la comunidad.

    El caso Ábrego Garcia sigue siendo un símbolo del debate migratorio en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las deportaciones y acusaciones de violaciones al debido proceso por parte de la administración del presidente Donald Trump. 

  • Político británico propone enviar criminales violentos de su país al CECOT en El Salvador

    Político británico propone enviar criminales violentos de su país al CECOT en El Salvador

    El reconocido político populista británico Nigel Farage, líder del partido Reform UK, propuso enviar a delincuentes violentos británicos a prisiones fuera del país, incluyendo a El Salvador como posible destino, para reducir los costos carcelarios y enfrentar el aumento de la criminalidad en el Reino Unido.

    Durante un discurso sobre orden público, Farage cuestionó el alto costo del sistema penitenciario británico. 

    “Es asombroso que mantener a un preso en el Reino Unido cueste casi £52,000 al año (unos $70 mil). Puedes enviar a un niño a Eton (un prestigioso internado británico) con ese dinero”, afirmó. 

    En ese contexto, sugirió que prisioneros de alta peligrosidad como Ian Huntley podrían ser enviados a instalaciones como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad en El Salvador conocida por albergar a miembros de pandillas. Ian Huntley es un criminal británico conocido por el secuestro y asesinato de las niñas de 10 años Holly Wells y Jessica Chapman en agosto de 2002 en Inglaterra.

    Aunque Farage reconoció que no ha tenido conversaciones formales con el gobierno salvadoreño, señaló que dicho país ya ha aceptado deportaciones similares desde Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump, quien en marzo pasado envió más de 250 venezolanos al CECOT, los que recientemente fueron repatriados a su país tras una negociación a tres bandas que incluyó a Estados Unidos.

    Desde el Gobierno británico, se descartó tajantemente la posibilidad de trasladar prisioneros al extranjero. Un portavoz del primer ministro sostuvo que las ideas de Farage están “sin financiamiento y carecen de detalle”, añadiendo que la prioridad es invertir y mejorar el sistema penitenciario nacional.

    Un grupo de reos rodeados de custodios en el CECOT. DEM

    El plan de Farage

    El plan de Reform UK contempla la creación de 10,000 plazas carcelarias adicionales en países aliados, mediante el alquiler de celdas por un costo estimado de £250 millones anuales (unos $337 millones), lo que incluiría acuerdos con “múltiples socios”, entre ellos El Salvador.

    Farage también delineó una estrategia más amplia contra el crimen, que incluye contratar 30,000 nuevos agentes policiales, implementar cero tolerancia al hurto y restaurar registros e inspecciones en áreas de alto índice de violencia con cuchillo.

    Además, propuso liberar otras 10,000 plazas carcelarias mediante la deportación de reos extranjeros a sus países de origen. Ya ha entablado conversaciones con el primer ministro de Albania, Edi Rama, para facilitar este proceso. A cambio, estaría dispuesto a aceptar ciudadanos británicos encarcelados en el extranjero.

    El político populista no detalló completamente el financiamiento, pero indicó que su plan costaría £17.4 mil millones (unos $23,478 millones) en un período de cinco años, y prometió cubrirlo con recortes masivos al gasto público, eliminando proyectos como HS2 y políticas relacionadas con cero emisiones netas.

    Mientras tanto, Farage insiste en que sus políticas son necesarias para evitar lo que describe como un “colapso social” en algunas regiones del país a causa de los índices de criminalidad en alza.

     

  • ONG confirma la excarcelación de al menos 28 presos políticos en Venezuela

    ONG confirma la excarcelación de al menos 28 presos políticos en Venezuela

    Al menos 28 ciudadanos que, según allegados y oenegés, estaban detenidos en Venezuela por motivos políticos, han sido liberados en las últimas horas, anunció una organización local que aboga por los derechos de estas personas.

    En un mensaje en X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) informó que entre «los liberados con medidas cautelares» se encuentran personas detenidas en el contexto de la crisis posterior a las elecciones de julio de 2024, en las que el ente comicial adjudicó la victoria al presidente Nicolás Maduro en medio de los cuestionamientos de la oposición, y que estaban recluidas en la cárcel de Tocorón (estado Aragua, norte), en El Helicoide, en Caracas, «y otros centros de detención».

    Dicha organización detalló que 20 personas fueron excarceladas en Tocorón.

    Otros siete hombres, incluidos los activistas políticos del partido antichavista Primero Justicia (PJ) Gregorio Graterol, Manuel Chiquito y José Granadillo, detenidos a finales de diciembre pasado en Punto Fijo, estado Falcón (noroeste), recuperaron su libertad después de permanecer en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

    También salió de la prisión el activista del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Monagas (este), Ángel Aristimuño, quien se encontraba recluido en un «comando» de esa región.

    «Esta noticia es un aliento para muchas familias, pero la libertad debe ser para todos. No podemos hablar de justicia mientras siga habiendo presos políticos en Venezuela», manifestó la ONG.

    El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes la excarcelación de un grupo de personas consideradas por sus allegados y ONG como presos políticos, como parte de una negociación en la que participó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

    Estas excarcelaciones se dan junto con el retorno a Venezuela de los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador en marzo pasado, además del «rescate» de siete de los 31 niños que, según denuncia la Administración de Maduro, están «secuestrados» en el país norteamericano.