La condena en primera instancia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, remeció el escenario político colombiano justo en vísperas de un año electoral clave, en el que se renovará el Congreso y se elegirá al nuevo presidente del país.
La sentencia, leída por la jueza Sandra Heredia, convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y podría representar un golpe significativo para su partido, el Centro Democrático, aunque también podría reavivar su base de apoyo más fiel. Figuras como la senadora Paloma Valencia aseguraron que esta es “una batalla que ganaremos en 2026 con la ayuda de los colombianos y de Dios”.
Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales el 31 de mayo. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se desarrollará el 21 de junio.
Según el analista político Yann Basset, el impacto electoral de la condena será limitado. A pesar de su relevancia histórica y simbólica, Uribe ya no ocupa el centro del debate público como lo hacía en décadas anteriores, y la derecha colombiana ha diversificado sus liderazgos más allá del Centro Democrático.
Uribe enfrenta una posible sentencia de entre cuatro y ocho años de prisión, probablemente en modalidad de detención domiciliaria, aunque la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, ha solicitado que la pena sea mayor: nueve años. La defensa apelará el fallo el próximo 11 de agosto y el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.
Por otro lado, la condena ha puesto en el foco al senador de izquierda Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso y señalado como posible aspirante presidencial por sectores que celebran la decisión judicial. Cepeda, sin embargo, afirmó que una eventual candidatura suya sería independiente del fallo: “El juicio fue una decisión en derecho y debe analizarse como tal”, indicó en entrevista.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, el caso se volvió en su contra, en un efecto búmeran que terminó por involucrarlo en delitos relacionados con el intento de manipulación de testigos y el uso indebido del sistema judicial.
