El gobierno de Ecuador confirmó la deportación de 1,000 presos colombianos como parte de un proceso para reforzar la seguridad interna y descongestionar su sistema penitenciario. Según las autoridades ecuatorianas, 700 personas privadas de libertad ya han sido repatriadas a Colombia a través del Puente Internacional de Rumichaca, en medio de estrictos protocolos de seguridad.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) explicó que la medida se ejecuta en el marco de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reforma por la Ley de Integridad Pública, además del artículo 61.1 del Código Penal ecuatoriano. El proceso se inició oficialmente el 2 de julio con un acuerdo entre la Subsecretaría de Migración y la Dirección de Control Migratorio.
Durante julio, se realizaron alrededor de 1,000 audiencias individuales con internos colombianos, cuyas resoluciones fueron enviadas a los jueces competentes. Estos emitieron boletas de excarcelación en un plazo máximo de 24 horas. Una vez liberados, los repatriados fueron deportados a través del paso fronterizo con Colombia.
El Ejecutivo de Ecuador afirmó que el proceso ha sido ejecutado bajo «estrictos protocolos de seguridad» y en «irrestricto respeto a los derechos humanos», protegiendo la privacidad y garantizando los derechos fundamentales de los repatriados.
Colombia denuncia falta de coordinación
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su inconformidad por la falta de aviso previo sobre la deportación masiva, señalando que el proceso fue improvisado y sin protocolo definido. Hasta ahora, 603 colombianos han sido recibidos por las autoridades del país: 543 hombres y 60 mujeres, según cifras oficiales.
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio criticó la ausencia de coordinación bilateral, aunque destacó la respuesta institucional frente a la situación: “Las personas han sido atendidas con dignidad y empatía. Recibieron orientación sobre sus derechos y deberes como retornados”.
Colombia insistió en la necesidad de establecer un protocolo binacional con calendario definido, para evitar situaciones imprevistas que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos repatriados y afectar la estabilidad fronteriza.
