Etiqueta: conflicto armado

  • EE.UU. intensifica presión sobre Venezuela y evita confirmar acciones militares

    EE.UU. intensifica presión sobre Venezuela y evita confirmar acciones militares

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, evitó confirmar si la Administración Trump busca deponer al presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero advirtió que la estrategia en Venezuela se enfoca en “defender los intereses” de Estados Unidos.

    Durante una rueda de prensa de fin de año, Rubio calificó al gobierno de Maduro como un “régimen ilegítimo” que coopera con grupos terroristas, y afirmó que “no hay nada que impida” bloquear el ingreso y salida de buques petroleros sancionados en puertos venezolanos.

    “Tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, afirmó el funcionario, al referirse a supuestos vínculos del chavismo con Irán, Hizbulá, el narcotráfico y grupos armados colombianos como el ELN y disidencias de las FARC.

    Sin confirmar una guerra, pero tampoco la descarta

    Rubio evitó responder si Washington contempla acciones militares directas contra Venezuela o si sería necesario el aval del Congreso para ejecutar ataques. “No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso”, se limitó a decir.

    Las declaraciones se producen en paralelo a una entrevista publicada por NBC News, en la que el presidente Donald Trump tampoco descartó la posibilidad de un conflicto armado. Cuando se le preguntó si busca derrocar a Maduro, respondió: “Él sabe exactamente lo que quiero… más que nadie”.

    Medidas de presión

    Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados por EE.UU., una medida que se suma a la incautación de un petrolero con crudo venezolano, registrada la semana pasada cerca de las costas del país sudamericano.

    Rubio confirmó que en las últimas horas salieron cuatro embarcaciones, aunque aclaró que sobre estas no pesaban sanciones. Recalcó que “no existe nada que vaya a impedir” la aplicación de la legislación estadounidense sobre los buques sancionados.

    El gobierno de Trump acusa a Maduro de encabezar el denominado “Cartel de los Soles”, lo cual Caracas niega. El aumento de la presión forma parte de una política exterior más agresiva que, según analistas, marca un giro respecto a la campaña electoral de Trump, en la que prometió evitar nuevos conflictos internacionales.

    Sin embargo, desde su regreso al poder, la Casa Blanca ha intensificado su discurso en América Latina, reactivando elementos de la Doctrina Monroe y apostando por un mayor protagonismo en la región. Venezuela y Cuba han sido los blancos principales.

    El debate sobre la legalidad de estas acciones persiste. El Partido Demócrata insiste en que el Ejecutivo necesita la autorización del Congreso para atacar embarcaciones o ejecutar cualquier acción armada fuera del país.

  • Presentan ante Corte IDH caso de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra salvadoreña

    Presentan ante Corte IDH caso de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra salvadoreña

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de una misma familia en 1982, en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), informó este jueves la CIDH.

    De acuerdo con un comunicado del organismo con sede en Washington, publicado en X, se trata del caso Natividad de Jesús Ramírez y familia por «las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de la familia Ramírez cometidas por agentes estatales en 1982, así como por la situación de impunidad de los hechos».

    Describió que «durante el conflicto armado interno, la familia Ramírez, activa en la Iglesia católica y catalogada por el Estado como opositora política, fue víctima de allanamientos, amenazas, detenciones y agresiones por parte de agentes estatales».

    Señaló que la petición, recibida por la CIDH en 2004, «trata sobre la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez y la desaparición de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen desconocidos».

    En un informe, la CIDH, determinó que «el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales contra Rufino y Teresa de Jesús Ramírez fue injustificado, desproporcional y carente de fin legítimo», apuntó.

    La CIDH consideró probada la desaparición forzada de Natividad de Jesús, Salvador, José Elías, Jorge Alberto y Guadalupe Robles Ramírez, «al acreditarse que agentes públicos irrumpieron en sus domicilios, los detuvieron y se negaron a revelar su paradero», indicó.

    Detalló que la Comisión identificó «omisiones graves, tales como la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de autopsias, la inexistencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después, sin resultados verificables».

    El Estado, concluyó, «tampoco aportó información sobre diligencias realizadas, razones para el archivo, ni evidencia de un análisis con perspectiva de género, respecto a la ejecución de Teresa de Jesús Ramírez.

    En conclusión, añadió, la Comisión estableció que «el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho de niñez y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

    La CIDH solicita a la CorteIDH que, entre otras medidas, «ordene al Estado reparar integralmente las violaciones, incluyendo compensación y medidas de satisfacción».

    Además, «investigar y localizar a las personas desaparecidas, identificar y entregar sus restos, y acordar un plan de búsqueda y «garantizar atención en salud física y mental para los familiares, con enfoque diferencial» y «adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral».

  • TikTok, principal herramienta de reclutamiento forzado de menores por grupos en Colombia

    TikTok, principal herramienta de reclutamiento forzado de menores por grupos en Colombia

    TikTok se convirtió en la principal herramienta de reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia por parte de los grupos armados ilegales, con videos que alcanzan las 200.000 visitas y registran más de 76.000 interacciones, reveló un estudio publicado este miércoles por la ONG Vivamos Humanos.

    El reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo a través de plataformas como TikTok, que es la principal red social para captarlos, así como por Facebook, Telegram, Instagram e incluso aplicaciones de videojuegos como Roblox, dice el estudio de reclutamiento digital ‘El algoritmo en el conflicto armado’.

    TikTok fue la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión «masiva» de los videos en esta aplicación, las «pocas restricciones» en el contenido y la facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.

    El estudio también identificó 40 casos documentados con «evidencia directa» en TikTok, así como 70 cuentas presuntamente relacionadas con estas organizaciones criminales, «inferidas a partir de las interacciones en los comentarios».

    La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la organización, Lina Mejía, afirmó, al presentar el estudio, que identificaron «falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia» para este tipo de casos.

    La experta añadió que en muchos casos, aunque el contenido sea reportado, este «continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más».

    Los grupos que más utilizan las redes sociales para reclutar menores son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

    En cuanto a las regiones más afectadas por esta modalidad de reclutamiento, la organización, que no precisó cifras, indicó que la mayoría de casos suceden en zonas de conflicto como los departamentos de Norte de Santander, ubicado en el noreste del país y fronterizo con Venezuela, y Putumayo, Nariño y Cauca, en el suroeste.

    Esta modalidad también es utilizada en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.

     Liderazgos perdidos

    En la presentación también intervino el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, quien afirmó que «los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos» del Gobierno contra los grupos armados.

    Por otra parte, la organización apuntó que esta «nueva forma de violencia (el reclutamiento), que opera en silencio», se ha convertido en «uno de los retos humanitarios más urgentes del país».

    «La pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales», añadió Vivamos Humanos.

    El estudio detectó dos modalidades principales de reclutamiento a través de las redes sociales: la primera, mediante ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, y la segunda, que se desarrolla a través de «engaños y otras formas de captación», como la utilización de correos humanos para efectuar esta «vinculación forzada».

    Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por los grupos armados.

  • Se reactiva juicio contra exmilitares acusados por ser parte de Escuadrones de la Muerte

    Se reactiva juicio contra exmilitares acusados por ser parte de Escuadrones de la Muerte

    El Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel ordenó el lunes que cuatro exmilitares acusados de pertenecer a los Escuadrones de la Muerte enfrenten juicio por su presunta participación en crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

    La Fiscalía General de la República les imputa los delitos de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y violaciones a las leyes o costumbres de guerra.

    Los acusados han sido identificados como José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, actualmente detenidos; y José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polio, quienes enfrentan el proceso en libertad, bajo medidas sustitutivas.

    Las víctimas fueron identificadas como Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña.

    El proceso fue retomado luego de que el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel anulara parcialmente la audiencia preliminar celebrada el 30 de mayo de 2025. Como resultado, el caso regresó al Juzgado Primero de Instrucción, donde se celebró una audiencia especial que concluyó con la decisión de enviar a los exmilitares a juicio.

    El comienzo de este juicio -que en principio estaba programado para mayo de 2023- ha sido suspendido en cuatro ocasiones.

    Según la Fiscalía, Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, residían en el cantón San Andrés de San Miguel, en 1981, y en la noche fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

    Una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa “pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado”, indicó la Fiscalía en su momento.

    Supuestamente un «oreja» dio información sobre ellos al S2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato, el 7 de abril de 1981.

    Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.

     

  • Presidente colombiano bajo presión tras muerte de siete menores en bombardeo

    Presidente colombiano bajo presión tras muerte de siete menores en bombardeo

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos por el agravamiento de la violencia en el país, tras un atentado con explosivos en Cauca y la confirmación de que siete menores de edad murieron durante un reciente bombardeo militar en la región selvática del Guaviare.

    El ataque en Cauca, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado y las disputas del narcotráfico, fue ejecutado con drones y ráfagas de fusil contra una estación policial en Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao. Aunque no hubo víctimas, el hecho dejó daños en viviendas y comercios, y fue atribuido por Petro al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más fuerte de las FARC.

    Ante este repunte de violencia, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, pidió al gobierno una “respuesta con toda la capacidad del Estado” y una “militarización total” de la Vía Panamericana, principal arteria del suroeste del país.

    “Estos hechos violentos evidencian que las medidas actuales no están generando resultados efectivos (…) Lo que está ocurriendo desborda completamente nuestras capacidades institucionales y operativas”, advirtió Guzmán en sus redes sociales.

    La polémica se intensificó cuando Medicina Legal confirmó que siete menores de edad murieron entre los 20 disidentes abatidos en el bombardeo ordenado por Petro en Guaviare.

    “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, justificó el mandatario.

    Petro, quien en 2022 prometió retomar los diálogos de paz con los grupos armados, ha sido criticado por sectores que le reprochan haber condenado acciones similares en gobiernos anteriores.

    “No es un crimen de guerra, no teníamos otro método para defender la vida de los soldados”, respondió a quienes compararon el operativo con el bombardeo de 2019 durante la gestión de Iván Duque, cuando también murieron siete menores y renunció el entonces ministro de Defensa.

     

  • Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido veinte embarcaciones y 75 vidas, además de dejar una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de varios ataques, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

    Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un «conflicto armado directo» que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

    El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

    Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. La ONU aseguró que se tratan de violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos ponerles fin.

    Esta es una cronología de los ataques:

    2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación y asegura que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia Estados Unidos. La Administración Trump difundió el video del supuesto ataque, pero no aportó más pruebas del vínculo de la lancha con el narcotráfico.

    15 de septiembre: un segundo ataque contra una embarcación mata a tres venezolanos, según Trump, que aseguró que también estaban transportando drogas.

    19 de septiembre: Trump publica en redes información sobre un tercer ataque contra una lancha, esta vez sin precisar el origen de la travesía, aunque República Dominicana incautó parte de la droga que presuntamente transportaba. Tres personas murieron.

    3 de octubre: esta vez es Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, quien anuncia el cuarto ataque contra una embarcación también en aguas del Caribe y la muerte de sus cuatro tripulantes.

    14 de octubre: se produce, según Estados Unidos, el quinto ataque contra un bote cerca de las costas venezolanas, con un saldo de seis víctimas mortales.

    16 de octubre: esta vez es un submarino el atacado por el Ejército estadounidense. De sus cuatro tripulantes, dos mueren y dos sobreviven la explosión. Los dos supervivientes son trasladados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, sin ningún proceso legal a pesar de que la Administración Trump los tacha de narcotraficantes.

    17 de octubre: Estados Unidos anuncia el 19 de octubre que dos días antes ha hundido una séptima lancha y la vincula con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las organizaciones designadas como terroristas por la Administración Trump. Mueren tres personas, según Washington.

    21 de octubre: se trata del octavo ataque contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico pero es el primero que sucede en aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia, que mata a dos personas.

    22 de octubre: Hegseth publica el noveno ataque contra una embarcación, que mata a tres personas otra vez en el Pacífico y cerca de aguas colombianas.

    24 de octubre: la Administración Trump anuncia el décimo ataque contra una lancha que, según afirma, era operada por el Tren de Aragua y transportaba a seis personas que murieron. El disparo se produjo «en aguas internacionales» del Caribe.

    28 de octubre: Estados Unidos anuncia el ataque más mortífero hasta la fecha. Catorce personas mueren por el ataque de Washington a cuatro lanchas en aguas internacionales del océano Pacífico, mientras que uno sobrevive y la marina mexicana lanza una operación humanitaria para encontrarlo. Días después, la operación se suspende al no lograr encontrar al superviviente.

    29 de octubre: este ataque, siempre según la información del Gobierno de Estados Unidos, se dirigió a una sola lancha y mató a cuatro personas. Se produjo también en el Pacífico.

    1 de noviembre: Hegseth anuncia un nuevo «ataque letal» contra una embarcación en el Caribe que, según él, «transportaba estupefacientes». El bombardeo mató a las tres personas que iban a bordo.

    4 de noviembre: el titular del Departamento de Guerra asegura que Estados Unidos hundió una nueva lancha en el Pacífico Oriental y mató a sus dos tripulantes, a quienes acusó de narcotraficantes.

    6 de noviembre: un nuevo anuncio habla esta vez de una lancha atacada y tres tripulantes muertos en aguas del caribe.

    9 de noviembre: Estados Unidos asegura el 10 de noviembre que hundió dos lanchas en el Pacífico el día anterior, en dos operaciones en las que murieron seis personas supuestamente «vinculadas al contrabando de narcóticos».

  • Trump declara conflicto armado contra carteles del narcotráfico en el Caribe

    Trump declara conflicto armado contra carteles del narcotráfico en el Caribe

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los carteles de la droga y que los miembros de esos grupos son «combatientes ilegales», según un aviso confidencial que su Administración remitió esta semana al Congreso y que fue divulgado por medios locales.

    El documento ofrece una justificación legal para considerar como acciones legítimas —y no como asesinatos— los tres ataques militares ordenados por Trump contra embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado, operaciones que dejaron 17 muertos. Al menos dos de esas intervenciones se produjeron contra botes procedentes de Venezuela, añade la notificación.

    Especialistas legales consultados por The New York Times afirman que la decisión de reconocer formalmente la campaña contra los carteles como un conflicto armado activo refuerza el uso por parte del Ejecutivo de poderes extraordinarios propios de tiempos de guerra y amplía la justificación para operaciones militares sin las mismas limitaciones del derecho penal ordinario.

    La notificación al Congreso precisa que el presdiente «determinó» que los carteles implicados en el tráfico de drogas son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».

    Además, el texto señala: «Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas».

    Como parte de la respuesta en la región, Washington desplegó al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, además del envío de cazas F‑35B a Puerto Rico.

    El Gobierno estadounidense acusa al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado Cartel de los Soles —una presunta organización vinculada al narcotráfico que EE. UU. ha señalado como terrorista—, acusación que Caracas rechaza; la medida abre un intenso debate legal y político sobre el alcance de la acción militar y el control del Congreso sobre estas operaciones.

     

     

  • Por esta duda el tribunal absolvió a todos los acusados del caso de Santa Marta

    Por esta duda el tribunal absolvió a todos los acusados del caso de Santa Marta

    El Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió el miércoles a los ocho acusados en el caso Santa Marta, una resolución que, según los jueces, fue una duda razonable relacionada a las pruebas y la confiabilidad de los testimonios presentados durante la vista pública.

    Según el fallo leído por el tribunal, la declaración del testigo protegido con nombre clave «Soriano», no fue suficiente para establecer de forma clara la participación directa de los acusados en el asesinato de María Inés Alvarenga. El testigo afirmó haber presenciado la captura, tortura y posterior asesinato de la víctima en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta, pero su versión entró en contradicción con documentos y otros testimonios.

    Sin embargo, los jueces explicaron que una certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, Cabañas a solicitud de la familia de la víctima, establecía que María Alvarenga murió el 22 de agosto de 1989, en el cantón Santa Marta. En ese sentido, dicho documento contradice lo expuesto por «Soriano», quien aseguró que la víctima fue sacada de su vivienda y 15 días fue asesinada por un disparo.

    «Entonces, ¿cómo pudo ‘Soriano’ observar el hecho de que sacan de la casa a la víctima hacia la hacienda Guayabal y después quedarse cerca de 15 días siendo torturada y posteriormente escuchar un disparo cuando ella ya se encontraba fallecida?», cuestionó el juez.

    El tribunal destacó que, aunque el testigo con régimen de protección habló de al menos 100 asesinatos cometidos en la Hacienda Guayabal, ocho excavaciones arqueológicas autorizadas y realizadas en el lugar no arrojaron ningún hallazgo, por lo que la Fiscalía no logró presentar evidencias físicas o pruebas documentales que respaldarán dichos casos.

    «Entonces, esa versión de ‘Soriano’ de haber presenciado algo sistemático y cinco muertes en ese lugar no pudo ser corroborada. Era obligación de la representación fiscal corroborar y no se hizo, y por esa razón viene a reforzar esa duda en la credibilidad», expusieron los jueces.

    A raíz de estas contradicciones, el tribunal consideró que no se podía establecer la participación directa de los acusados en los hechos, por lo que decidió absolver de manera unánime a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría por el delito de asesinato.

    «Esto no concuerda y entonces esto genera duda y esa duda a estos juzgadores es insuperable y por ello se va a emitir una sentencia de absolución en ese sentido», declaró el juez.

    Ante ello, los jueces del tribunal ordenaron retirar de forma inmediata todas las órdenes de captura en contra de los ocho procesados.

    Asociaciones ilícitas

    Con respecto al delito de asociaciones ilícitas, por el cual los imputados eran acusados de integrar estructuras delictivas durante el conflicto armado, el tribunal determinó que la sola pertenencia a la Resistencia Nacional, que era parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no puede considerarse un delito en sí mismo.

    «Para este tribunal esas circunstancias de pertenecer a la Resistencia Nacional y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no puede ser considerada por sí, una asociación civil, porque se trataba de grupos comunicantes de reconocidos en circunstancias que se oponían a ciertas políticas estructurales del sistema político de El Salvador y ellos no pueden estar considerados como sociedades civiles», argumentó el juez.

    En consecuencia, los jueces también absolvieron por unanimidad a los imputados por este cargo, reiterando que no existía suficiente prueba para configurar el proceso de tipo penal.

    No obstante, en el ámbito civil, los jueces sí establecieron que existe responsabilidad abstracta en los hechos. Por ello, las víctimas deberán acudir al juzgado civil competente para determinar el monto de una eventual indemnización por daños y perjuicios.

    Asimismo, como medida de justicia restaurativa, el tribunal también ordenó que los ofendidos Abel Antonio y Sandra Luz Alvarenga reciban atención psicológica especializada, la cual deberá ser proporcionada por la Secretaría Nacional de la Mujer.

    Esta es la segunda vez que los acusados del caso Santa Marta son absueltos por el sistema de justicia salvadoreño, luego que en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso.

  • Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    La resolución del segundo juicio contra los cinco exguerrilleros del FMLN, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga en 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, en el caso conocido como Santa Marta, prevista originalmente para hoy, fue reprogramada para el 24 de septiembre, informaron fuentes de la defensa.

    La resolución habría sido pospuesta debido a que uno de los abogados defensores tiene prevista una audiencia de otro caso que coincidía con la del proceso de Santa Marta.

    Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes ya habían sido absueltos en 2024 junto a otros tres excomandantes por delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas. En este nuevo proceso también fueron señalados en ausencia Fidel Recinos, Eduardo Sancho (alias Fermán Cienfuegos, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992) y Arturo Serrano Ascencio.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, vinculados a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habrían ordenado y ejecutado el secuestro de Alvarenga en su vivienda del cantón Santa Marta, en Cabañas, para trasladarla a un campamento donde fue torturada y asesinada. Según la acusación, todos tenían algún grado de mando en la estructura insurgente.

    María Inés Alvarenga, asesinada en 1989.

    La defensa de los acusados y organizaciones sociales sostienen que ellos son cinco líderes comunitarios ambientalistas de la remota comunidad de Santa Marta, en  Cabañas, perseguidos injustamente por su oposición a la minería metálica.

    Los señalados fueron capturados el 11 de enero de 2023, pero pasaron a arresto domiciliario en agosto de ese año. En octubre de 2024 enfrentaron un primer juicio que concluyó con un sobreseimiento definitivo, decisión que fue revertida en noviembre por una corte de apelaciones, que ordenó repetir la vista pública.

    El nuevo proceso se realizó entre el 29 y el 31 de julio de 2025, aunque los acusados no se presentaron y fueron declarados rebeldes, por lo que fueron juzgados en ausencia. El Tribunal de Sentencia de San Vicente ordenó su captura, aunque la medida no se ha ejecutado.

    En un comunicado, los líderes comunitarios aseguraron que no asistieron porque “no existen garantías de un juicio justo” y denunciaron que el caso es “una maniobra política para silenciar sus voces”.

     

  • La política de paz y la política de seguridad de Colombia han fracasado, dice senador opositor

    La política de paz y la política de seguridad de Colombia han fracasado, dice senador opositor

    Los atentados contra un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y contra la Escuela Militar de Aviación en Cali, que dejaron 20 muertos y más de 70 heridos la semana pasada en Colombia, evidencian el fracaso de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, según el senador Ariel Ávila, uno de los mayores expertos en el conflicto armado colombiano.

    “Yo creo que la política de paz ha fracasado, pero el problema no es la política de paz, es la política de seguridad que también está fracasando”, dijo Ávila en una entrevista con EFE.

    El legislador de la Alianza Verde advirtió que las Fuerzas Militares enfrentan una crisis presupuestal y de personal, lo que ha generado parálisis operativa en medio de la creciente violencia.

    Aunque reconoció que Colombia no vive una situación como la de los años 90 o inicios de los 2000, cuando la guerrilla y los carteles golpeaban con mayor fuerza, Ávila subrayó que la seguridad “está peor que hace diez años”.

    Agregó que los próximos ocho meses serán difíciles y llamó a fortalecer la brigada de inteligencia militar, reformar la vigilancia policial y aumentar en al menos 20,000 efectivos la fuerza pública.

    El senador y analista político colombiano Ariel Ávila. EFE

    El senador también criticó la estrategia de paz total impulsada por Petro, que buscaba negociar con el ELN, las disidencias de las FARC y someter judicialmente al Clan del Golfo. Señaló que los ceses al fuego sin protocolos fueron un error y que la bonanza de economías ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de migrantes, incentiva la expansión de los grupos armados.

    Ávila ilustró el crecimiento criminal con datos: al final del gobierno de Juan Manuel Santos las disidencias de las FARC estaban en 56 municipios; tras la gestión de Iván Duque llegaron a 123 y hoy alcanzan unos 180. El ELN pasó de 99 municipios con Santos a 163 con Duque y actualmente opera en más de 220. El Clan del Golfo, en cambio, ya tiene presencia en casi 300 de los 1,104 municipios del país.

    “Se juntó el hambre con las ganas de comer: errores del Gobierno y bonanza criminal. Ningún grupo tiene interés en negociar en medio de tanto dinero ilegal. Esa es la vida real de esto”, concluyó Ávila.