Etiqueta: conflicto armado

  • Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido veinte embarcaciones y 75 vidas, además de dejar una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de varios ataques, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

    Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un «conflicto armado directo» que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

    El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

    Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. La ONU aseguró que se tratan de violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos ponerles fin.

    Esta es una cronología de los ataques:

    2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación y asegura que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia Estados Unidos. La Administración Trump difundió el video del supuesto ataque, pero no aportó más pruebas del vínculo de la lancha con el narcotráfico.

    15 de septiembre: un segundo ataque contra una embarcación mata a tres venezolanos, según Trump, que aseguró que también estaban transportando drogas.

    19 de septiembre: Trump publica en redes información sobre un tercer ataque contra una lancha, esta vez sin precisar el origen de la travesía, aunque República Dominicana incautó parte de la droga que presuntamente transportaba. Tres personas murieron.

    3 de octubre: esta vez es Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, quien anuncia el cuarto ataque contra una embarcación también en aguas del Caribe y la muerte de sus cuatro tripulantes.

    14 de octubre: se produce, según Estados Unidos, el quinto ataque contra un bote cerca de las costas venezolanas, con un saldo de seis víctimas mortales.

    16 de octubre: esta vez es un submarino el atacado por el Ejército estadounidense. De sus cuatro tripulantes, dos mueren y dos sobreviven la explosión. Los dos supervivientes son trasladados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, sin ningún proceso legal a pesar de que la Administración Trump los tacha de narcotraficantes.

    17 de octubre: Estados Unidos anuncia el 19 de octubre que dos días antes ha hundido una séptima lancha y la vincula con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las organizaciones designadas como terroristas por la Administración Trump. Mueren tres personas, según Washington.

    21 de octubre: se trata del octavo ataque contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico pero es el primero que sucede en aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia, que mata a dos personas.

    22 de octubre: Hegseth publica el noveno ataque contra una embarcación, que mata a tres personas otra vez en el Pacífico y cerca de aguas colombianas.

    24 de octubre: la Administración Trump anuncia el décimo ataque contra una lancha que, según afirma, era operada por el Tren de Aragua y transportaba a seis personas que murieron. El disparo se produjo «en aguas internacionales» del Caribe.

    28 de octubre: Estados Unidos anuncia el ataque más mortífero hasta la fecha. Catorce personas mueren por el ataque de Washington a cuatro lanchas en aguas internacionales del océano Pacífico, mientras que uno sobrevive y la marina mexicana lanza una operación humanitaria para encontrarlo. Días después, la operación se suspende al no lograr encontrar al superviviente.

    29 de octubre: este ataque, siempre según la información del Gobierno de Estados Unidos, se dirigió a una sola lancha y mató a cuatro personas. Se produjo también en el Pacífico.

    1 de noviembre: Hegseth anuncia un nuevo «ataque letal» contra una embarcación en el Caribe que, según él, «transportaba estupefacientes». El bombardeo mató a las tres personas que iban a bordo.

    4 de noviembre: el titular del Departamento de Guerra asegura que Estados Unidos hundió una nueva lancha en el Pacífico Oriental y mató a sus dos tripulantes, a quienes acusó de narcotraficantes.

    6 de noviembre: un nuevo anuncio habla esta vez de una lancha atacada y tres tripulantes muertos en aguas del caribe.

    9 de noviembre: Estados Unidos asegura el 10 de noviembre que hundió dos lanchas en el Pacífico el día anterior, en dos operaciones en las que murieron seis personas supuestamente «vinculadas al contrabando de narcóticos».

  • Trump declara conflicto armado contra carteles del narcotráfico en el Caribe

    Trump declara conflicto armado contra carteles del narcotráfico en el Caribe

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los carteles de la droga y que los miembros de esos grupos son «combatientes ilegales», según un aviso confidencial que su Administración remitió esta semana al Congreso y que fue divulgado por medios locales.

    El documento ofrece una justificación legal para considerar como acciones legítimas —y no como asesinatos— los tres ataques militares ordenados por Trump contra embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado, operaciones que dejaron 17 muertos. Al menos dos de esas intervenciones se produjeron contra botes procedentes de Venezuela, añade la notificación.

    Especialistas legales consultados por The New York Times afirman que la decisión de reconocer formalmente la campaña contra los carteles como un conflicto armado activo refuerza el uso por parte del Ejecutivo de poderes extraordinarios propios de tiempos de guerra y amplía la justificación para operaciones militares sin las mismas limitaciones del derecho penal ordinario.

    La notificación al Congreso precisa que el presdiente «determinó» que los carteles implicados en el tráfico de drogas son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».

    Además, el texto señala: «Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas».

    Como parte de la respuesta en la región, Washington desplegó al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, además del envío de cazas F‑35B a Puerto Rico.

    El Gobierno estadounidense acusa al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado Cartel de los Soles —una presunta organización vinculada al narcotráfico que EE. UU. ha señalado como terrorista—, acusación que Caracas rechaza; la medida abre un intenso debate legal y político sobre el alcance de la acción militar y el control del Congreso sobre estas operaciones.

     

     

  • Por esta duda el tribunal absolvió a todos los acusados del caso de Santa Marta

    Por esta duda el tribunal absolvió a todos los acusados del caso de Santa Marta

    El Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió el miércoles a los ocho acusados en el caso Santa Marta, una resolución que, según los jueces, fue una duda razonable relacionada a las pruebas y la confiabilidad de los testimonios presentados durante la vista pública.

    Según el fallo leído por el tribunal, la declaración del testigo protegido con nombre clave «Soriano», no fue suficiente para establecer de forma clara la participación directa de los acusados en el asesinato de María Inés Alvarenga. El testigo afirmó haber presenciado la captura, tortura y posterior asesinato de la víctima en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta, pero su versión entró en contradicción con documentos y otros testimonios.

    Sin embargo, los jueces explicaron que una certificación de defunción emitida por el Juzgado de Familia de Sensuntepeque, Cabañas a solicitud de la familia de la víctima, establecía que María Alvarenga murió el 22 de agosto de 1989, en el cantón Santa Marta. En ese sentido, dicho documento contradice lo expuesto por «Soriano», quien aseguró que la víctima fue sacada de su vivienda y 15 días fue asesinada por un disparo.

    «Entonces, ¿cómo pudo ‘Soriano’ observar el hecho de que sacan de la casa a la víctima hacia la hacienda Guayabal y después quedarse cerca de 15 días siendo torturada y posteriormente escuchar un disparo cuando ella ya se encontraba fallecida?», cuestionó el juez.

    El tribunal destacó que, aunque el testigo con régimen de protección habló de al menos 100 asesinatos cometidos en la Hacienda Guayabal, ocho excavaciones arqueológicas autorizadas y realizadas en el lugar no arrojaron ningún hallazgo, por lo que la Fiscalía no logró presentar evidencias físicas o pruebas documentales que respaldarán dichos casos.

    «Entonces, esa versión de ‘Soriano’ de haber presenciado algo sistemático y cinco muertes en ese lugar no pudo ser corroborada. Era obligación de la representación fiscal corroborar y no se hizo, y por esa razón viene a reforzar esa duda en la credibilidad», expusieron los jueces.

    A raíz de estas contradicciones, el tribunal consideró que no se podía establecer la participación directa de los acusados en los hechos, por lo que decidió absolver de manera unánime a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría por el delito de asesinato.

    «Esto no concuerda y entonces esto genera duda y esa duda a estos juzgadores es insuperable y por ello se va a emitir una sentencia de absolución en ese sentido», declaró el juez.

    Ante ello, los jueces del tribunal ordenaron retirar de forma inmediata todas las órdenes de captura en contra de los ocho procesados.

    Asociaciones ilícitas

    Con respecto al delito de asociaciones ilícitas, por el cual los imputados eran acusados de integrar estructuras delictivas durante el conflicto armado, el tribunal determinó que la sola pertenencia a la Resistencia Nacional, que era parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no puede considerarse un delito en sí mismo.

    «Para este tribunal esas circunstancias de pertenecer a la Resistencia Nacional y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no puede ser considerada por sí, una asociación civil, porque se trataba de grupos comunicantes de reconocidos en circunstancias que se oponían a ciertas políticas estructurales del sistema político de El Salvador y ellos no pueden estar considerados como sociedades civiles», argumentó el juez.

    En consecuencia, los jueces también absolvieron por unanimidad a los imputados por este cargo, reiterando que no existía suficiente prueba para configurar el proceso de tipo penal.

    No obstante, en el ámbito civil, los jueces sí establecieron que existe responsabilidad abstracta en los hechos. Por ello, las víctimas deberán acudir al juzgado civil competente para determinar el monto de una eventual indemnización por daños y perjuicios.

    Asimismo, como medida de justicia restaurativa, el tribunal también ordenó que los ofendidos Abel Antonio y Sandra Luz Alvarenga reciban atención psicológica especializada, la cual deberá ser proporcionada por la Secretaría Nacional de la Mujer.

    Esta es la segunda vez que los acusados del caso Santa Marta son absueltos por el sistema de justicia salvadoreño, luego que en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso.

  • Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    La resolución del segundo juicio contra los cinco exguerrilleros del FMLN, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga en 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, en el caso conocido como Santa Marta, prevista originalmente para hoy, fue reprogramada para el 24 de septiembre, informaron fuentes de la defensa.

    La resolución habría sido pospuesta debido a que uno de los abogados defensores tiene prevista una audiencia de otro caso que coincidía con la del proceso de Santa Marta.

    Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes ya habían sido absueltos en 2024 junto a otros tres excomandantes por delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas. En este nuevo proceso también fueron señalados en ausencia Fidel Recinos, Eduardo Sancho (alias Fermán Cienfuegos, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992) y Arturo Serrano Ascencio.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, vinculados a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habrían ordenado y ejecutado el secuestro de Alvarenga en su vivienda del cantón Santa Marta, en Cabañas, para trasladarla a un campamento donde fue torturada y asesinada. Según la acusación, todos tenían algún grado de mando en la estructura insurgente.

    María Inés Alvarenga, asesinada en 1989.

    La defensa de los acusados y organizaciones sociales sostienen que ellos son cinco líderes comunitarios ambientalistas de la remota comunidad de Santa Marta, en  Cabañas, perseguidos injustamente por su oposición a la minería metálica.

    Los señalados fueron capturados el 11 de enero de 2023, pero pasaron a arresto domiciliario en agosto de ese año. En octubre de 2024 enfrentaron un primer juicio que concluyó con un sobreseimiento definitivo, decisión que fue revertida en noviembre por una corte de apelaciones, que ordenó repetir la vista pública.

    El nuevo proceso se realizó entre el 29 y el 31 de julio de 2025, aunque los acusados no se presentaron y fueron declarados rebeldes, por lo que fueron juzgados en ausencia. El Tribunal de Sentencia de San Vicente ordenó su captura, aunque la medida no se ha ejecutado.

    En un comunicado, los líderes comunitarios aseguraron que no asistieron porque “no existen garantías de un juicio justo” y denunciaron que el caso es “una maniobra política para silenciar sus voces”.

     

  • La política de paz y la política de seguridad de Colombia han fracasado, dice senador opositor

    La política de paz y la política de seguridad de Colombia han fracasado, dice senador opositor

    Los atentados contra un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y contra la Escuela Militar de Aviación en Cali, que dejaron 20 muertos y más de 70 heridos la semana pasada en Colombia, evidencian el fracaso de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, según el senador Ariel Ávila, uno de los mayores expertos en el conflicto armado colombiano.

    “Yo creo que la política de paz ha fracasado, pero el problema no es la política de paz, es la política de seguridad que también está fracasando”, dijo Ávila en una entrevista con EFE.

    El legislador de la Alianza Verde advirtió que las Fuerzas Militares enfrentan una crisis presupuestal y de personal, lo que ha generado parálisis operativa en medio de la creciente violencia.

    Aunque reconoció que Colombia no vive una situación como la de los años 90 o inicios de los 2000, cuando la guerrilla y los carteles golpeaban con mayor fuerza, Ávila subrayó que la seguridad “está peor que hace diez años”.

    Agregó que los próximos ocho meses serán difíciles y llamó a fortalecer la brigada de inteligencia militar, reformar la vigilancia policial y aumentar en al menos 20,000 efectivos la fuerza pública.

    El senador y analista político colombiano Ariel Ávila. EFE

    El senador también criticó la estrategia de paz total impulsada por Petro, que buscaba negociar con el ELN, las disidencias de las FARC y someter judicialmente al Clan del Golfo. Señaló que los ceses al fuego sin protocolos fueron un error y que la bonanza de economías ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de migrantes, incentiva la expansión de los grupos armados.

    Ávila ilustró el crecimiento criminal con datos: al final del gobierno de Juan Manuel Santos las disidencias de las FARC estaban en 56 municipios; tras la gestión de Iván Duque llegaron a 123 y hoy alcanzan unos 180. El ELN pasó de 99 municipios con Santos a 163 con Duque y actualmente opera en más de 220. El Clan del Golfo, en cambio, ya tiene presencia en casi 300 de los 1,104 municipios del país.

    “Se juntó el hambre con las ganas de comer: errores del Gobierno y bonanza criminal. Ningún grupo tiene interés en negociar en medio de tanto dinero ilegal. Esa es la vida real de esto”, concluyó Ávila.