Etiqueta: conflicto armado

  • Seguridad y salud dominan el debate electoral en Colombia

    Seguridad y salud dominan el debate electoral en Colombia

    Colombia llegará a las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo con varios desafíos acumulados tras cuatro años de Gobierno progresista encabezado por Gustavo Petro, entre ellos el recrudecimiento del conflicto armado, la crisis del sistema de salud y las dificultades para impulsar reformas sociales.

    Las encuestas perfilan una disputa cerrada entre el izquierdista Iván Cepeda, considerado el sucesor político de Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la candidata derechista Paloma Valencia, quienes buscarán capitalizar el descontento y la polarización que vive el país.

    Para la analista política Sandra Borda, el principal reto del próximo mandatario será enfrentar el deterioro de la seguridad en varias regiones de Colombia, donde grupos armados ilegales y organizaciones criminales incrementaron su presencia territorial en los últimos años.

    «El efecto que tuvo el diálogo con grupos insurgentes y criminales fue que esos grupos han crecido en número y en dominio territorial», afirmó Borda al referirse a la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno de Petro desde 2022.

    La administración actual abrió negociaciones con guerrillas, disidencias de las FARC y bandas criminales, pero distintos sectores cuestionan que esos grupos aprovecharon el proceso para fortalecer sus estructuras, ampliar el control territorial y aumentar las disputas armadas en distintas zonas del país.

    Deterioro de seguridad

    El deterioro de la seguridad coincide además con el décimo aniversario del acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC, pacto que redujo la intensidad del conflicto armado, aunque no logró frenar el surgimiento de nuevas organizaciones criminales ni el avance del narcotráfico.

    Borda también advirtió que el próximo Gobierno heredará una agenda social inconclusa, luego de que Petro no consiguiera aprobar varias de las reformas prometidas para combatir la desigualdad. “Somos el segundo país más desigual de América Latina después de Brasil”, recordó la analista.

    La lucha contra el narcotráfico también aparece como otro de los grandes desafíos para el futuro presidente. Según Borda, el aumento de los cultivos ilícitos y el fortalecimiento de grupos armados complicaron tanto la política de seguridad interna como la relación diplomática de Colombia con Estados Unidos.

    La especialista alertó además sobre el crecimiento de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y el auge de discursos antisistema similares a los observados en otros países de América Latina, como Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei.

    Pese al elevado déficit fiscal, Borda considera que gran parte de la población no percibe una crisis económica inmediata, situación que podría beneficiar electoralmente al oficialismo representado por Iván Cepeda. Sin embargo, señaló que la polarización entre derecha e izquierda dificultará la construcción de consensos en el Congreso.

    La experta sostuvo que cualquiera que gane enfrentará un ambiente político altamente conflictivo. Según explicó, un eventual triunfo de la derecha podría provocar movilizaciones sociales, mientras que una victoria de la izquierda mantendría el bloqueo legislativo entre sectores rivales.

    Salud colapsada

    Otro de los problemas más visibles en Colombia es la crisis del sistema de salud, marcada por la escasez de medicamentos, deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), cierre de servicios médicos y aumento de quejas por barreras de acceso a tratamientos.

    «El sistema de salud colombiano está colapsado desde hace algún tiempo», afirmó el director de la Federación Médica Colombiana, Diego Fernando González, quien atribuyó parte de la crisis a la “intermediación financiera de los recursos públicos en salud”.

    Según González, las EPS mantienen millonarias deudas con hospitales, clínicas y laboratorios, situación que generó un “efecto dominó” que afecta directamente a miles de pacientes que necesitan atención médica y tratamientos especializados.

    El dirigente gremial lamentó además que ningún candidato presidencial haya presentado una propuesta concreta para resolver la crisis sanitaria. “No he leído ni una propuesta seria de ningún candidato frente al tema de la salud”, aseguró.

    González señaló que el colapso del sistema sanitario no es exclusivo del Gobierno de Petro, sino el resultado de problemas estructurales acumulados desde las administraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque, periodos en los que también se registró el cierre de varias EPS por problemas financieros.

    Con ese escenario marcado por inseguridad, polarización y crisis institucional, los colombianos acudirán a las urnas en unas elecciones decisivas para definir el rumbo político, económico y social del país en los próximos años.

     

     

  • Irán asegura estar listo para una guerra prolongada

    Irán asegura estar listo para una guerra prolongada

    Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y asesor en materia de seguridad del ayatolá Alí Jamenei, afirmó este lunes que su país “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”, en medio de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

    En un mensaje difundido en redes sociales, Lariyani sostuvo que Irán está listo para un conflicto prolongado y acusó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “arrastrar a toda la región a una guerra innecesaria”. Agregó que el mandatario estadounidense “ahora está preocupado, con razón, de más bajas estadounidenses”.

    El funcionario iraní también criticó la postura de Washington frente a Israel. “Es realmente muy triste que esté sacrificando el tesoro y la sangre estadounidenses para impulsar las ilegítimas ambiciones expansionistas de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu”, manifestó. Además, aseguró que “Trump ha traicionado el ‘Estados Unidos, primero’ para adoptar ‘Israel, primero’”.

    La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel deja hasta ahora más de 550 muertos en Irán, según confirmó este lunes la Media Luna Roja. Entre las víctimas figuran el ayatolá Jamenei, varios ministros y altos mandos del Ejército iraní.

    Tras los ataques, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo, lo que eleva la tensión en la región y aumenta el riesgo de una escalada militar de mayores proporciones.

     

  • La ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán y pide frenar escalada

    La ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán y pide frenar escalada

    El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado  los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, así como las represalias ejecutadas por Irán, y alertó sobre el impacto devastador en la población civil.

    “Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”, expresó Türk en un mensaje publicado en su cuenta oficial en X.

    El funcionario austríaco subrayó que en cualquier conflicto armado son los civiles quienes terminan pagando el precio más alto y llamó a todas las partes a actuar con responsabilidad para evitar una escalada mayor en Oriente Medio.

    Asimismo, hizo un llamado urgente a la contención y exhortó a regresar a las negociaciones diplomáticas.

    “Actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución. Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen”, sostuvo.

    Türk advirtió que ignorar esta vía puede desencadenar “un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio”.

    El alto comisionado recordó además que el derecho internacional humanitario establece como principio fundamental la protección de los civiles en conflictos armados y enfatizó que todas las partes deben respetar estas normas.

    “Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables”, puntualizó.

    La declaración se produce en medio de una creciente tensión regional tras la ofensiva militar y los ataques cruzados que han encendido las alarmas de la comunidad internacional.

     

  • Habitantes de San Vicente presentan amparo a Corte Suprema por construcción de relleno en comunidad

    Habitantes de San Vicente presentan amparo a Corte Suprema por construcción de relleno en comunidad

    Representantes del Bloque de Resistencia Popular (BRP) y habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente, presentaron este lunes una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener la construcción de un basurero que consideran ilegal y lesivo para sus derechos fundamentales.

    “Hemos presentado una demanda de amparo y en esta demanda estamos describiendo una serie de hechos que están violentando los derechos fundamentales de las personas habitantes de San Francisco Angulo”, expresó Francisco Parada, representante del BRP.

    Parada recordó que en 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el sitio no era apto para la construcción de un relleno sanitario. A pesar de ello, las obras del llamado «Relleno Sanitario de Los Nonualcos» continúan, lo cual, según Parada, representa un acto de irrespeto a la ley y a la Constitución.

    El dirigente comunal denunció también que los habitantes han sido víctimas de “amenazas e intimidaciones”, al señalar que recientemente aparecieron carteles en maquinaria de construcción con mensajes que advertían que “iban a meter presos” a quienes se opusieran al proyecto.

    En su momento, la PDDH emitió medidas cautelares para detener las obras, con el objetivo de evitar que obstaculizaran diligencias de la Fiscalía relacionadas con exhumaciones pendientes por una masacre atribuida al Ejército durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

    Según consta en el expediente público, los habitantes advierten que el proyecto amenaza con destruir 24 manzanas de bosque natural, impactar la fauna silvestre y contaminar el río Salamar, fuente hídrica que abastece a los cantones San Francisco Angulo, Canta Rana y la colonia El Milagro. Además, podría poner en riesgo la salud de al menos 86 familias.

    También alertan que la obra entorpece la recuperación de restos humanos vinculados a crímenes de guerra. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en septiembre de 2018 se realizaron exhumaciones por petición de familiares de víctimas, pero para diciembre de 2021 no se habían recuperado todas las osamentas.

    La comunidad exige la suspensión inmediata del proyecto y respeto a los derechos ambientales, históricos y humanos de los habitantes.

     

  • PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió el viernes a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de justicia transicional integral que garantice reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), a propósito del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

    La institución subrayó que esta normativa debe tener como prioridad a las víctimas y no debe incluir “amnistías de facto ni encubiertas, ni obstáculos procesales que perpetúen la impunidad”, según expresó en un comunicado publicado en redes sociales.

    Además, la PDDH insistió en que la futura ley debe crear las condiciones necesarias para la investigación de crímenes de guerra, sancionar a los responsables, garantizar reparación integral y promover medidas para evitar que estos hechos se repitan.

    En octubre de 2024, sobrevivientes del conflicto y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional, con el fin de establecer un marco legal que reconozca los derechos de las víctimas y genere mecanismos efectivos de reparación.

    La iniciativa representó el tercer intento por legislar en esta materia. La primera propuesta fue archivada en 2021 por la Asamblea dominada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele. Una segunda iniciativa tampoco fue discutida durante el período legislativo siguiente.

    Hasta el momento, se desconoce si la Asamblea Legislativa estudia el anteproyecto presentado el año pasado. La falta de información ha generado preocupación entre víctimas y organizaciones sociales que denuncian la ausencia de voluntad política para avanzar en el tema.

    Durante el conflicto armado salvadoreño se registraron al menos 75,000 muertes, 8,000 desapariciones y cientos de masacres, incluyendo las de El Mozote y la de cuatro periodistas holandeses.

    La PDDH destacó que avances judiciales como la condena por el asesinato de los periodistas y el proceso contra ex altos mandos por la masacre de El Mozote “demuestran que cuando existe voluntad judicial, debida diligencia reforzada y respeto, la impunidad puede ser enfrentada”. Añadió que “estos procesos confirman que la justicia es posible, aún después de décadas”.

     

  • EE.UU. intensifica presión sobre Venezuela y evita confirmar acciones militares

    EE.UU. intensifica presión sobre Venezuela y evita confirmar acciones militares

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, evitó confirmar si la Administración Trump busca deponer al presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero advirtió que la estrategia en Venezuela se enfoca en “defender los intereses” de Estados Unidos.

    Durante una rueda de prensa de fin de año, Rubio calificó al gobierno de Maduro como un “régimen ilegítimo” que coopera con grupos terroristas, y afirmó que “no hay nada que impida” bloquear el ingreso y salida de buques petroleros sancionados en puertos venezolanos.

    “Tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, afirmó el funcionario, al referirse a supuestos vínculos del chavismo con Irán, Hizbulá, el narcotráfico y grupos armados colombianos como el ELN y disidencias de las FARC.

    Sin confirmar una guerra, pero tampoco la descarta

    Rubio evitó responder si Washington contempla acciones militares directas contra Venezuela o si sería necesario el aval del Congreso para ejecutar ataques. “No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso”, se limitó a decir.

    Las declaraciones se producen en paralelo a una entrevista publicada por NBC News, en la que el presidente Donald Trump tampoco descartó la posibilidad de un conflicto armado. Cuando se le preguntó si busca derrocar a Maduro, respondió: “Él sabe exactamente lo que quiero… más que nadie”.

    Medidas de presión

    Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados por EE.UU., una medida que se suma a la incautación de un petrolero con crudo venezolano, registrada la semana pasada cerca de las costas del país sudamericano.

    Rubio confirmó que en las últimas horas salieron cuatro embarcaciones, aunque aclaró que sobre estas no pesaban sanciones. Recalcó que “no existe nada que vaya a impedir” la aplicación de la legislación estadounidense sobre los buques sancionados.

    El gobierno de Trump acusa a Maduro de encabezar el denominado “Cartel de los Soles”, lo cual Caracas niega. El aumento de la presión forma parte de una política exterior más agresiva que, según analistas, marca un giro respecto a la campaña electoral de Trump, en la que prometió evitar nuevos conflictos internacionales.

    Sin embargo, desde su regreso al poder, la Casa Blanca ha intensificado su discurso en América Latina, reactivando elementos de la Doctrina Monroe y apostando por un mayor protagonismo en la región. Venezuela y Cuba han sido los blancos principales.

    El debate sobre la legalidad de estas acciones persiste. El Partido Demócrata insiste en que el Ejecutivo necesita la autorización del Congreso para atacar embarcaciones o ejecutar cualquier acción armada fuera del país.

  • Presentan ante Corte IDH caso de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra salvadoreña

    Presentan ante Corte IDH caso de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra salvadoreña

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de una misma familia en 1982, en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), informó este jueves la CIDH.

    De acuerdo con un comunicado del organismo con sede en Washington, publicado en X, se trata del caso Natividad de Jesús Ramírez y familia por «las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de la familia Ramírez cometidas por agentes estatales en 1982, así como por la situación de impunidad de los hechos».

    Describió que «durante el conflicto armado interno, la familia Ramírez, activa en la Iglesia católica y catalogada por el Estado como opositora política, fue víctima de allanamientos, amenazas, detenciones y agresiones por parte de agentes estatales».

    Señaló que la petición, recibida por la CIDH en 2004, «trata sobre la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez y la desaparición de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen desconocidos».

    En un informe, la CIDH, determinó que «el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales contra Rufino y Teresa de Jesús Ramírez fue injustificado, desproporcional y carente de fin legítimo», apuntó.

    La CIDH consideró probada la desaparición forzada de Natividad de Jesús, Salvador, José Elías, Jorge Alberto y Guadalupe Robles Ramírez, «al acreditarse que agentes públicos irrumpieron en sus domicilios, los detuvieron y se negaron a revelar su paradero», indicó.

    Detalló que la Comisión identificó «omisiones graves, tales como la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de autopsias, la inexistencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después, sin resultados verificables».

    El Estado, concluyó, «tampoco aportó información sobre diligencias realizadas, razones para el archivo, ni evidencia de un análisis con perspectiva de género, respecto a la ejecución de Teresa de Jesús Ramírez.

    En conclusión, añadió, la Comisión estableció que «el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho de niñez y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

    La CIDH solicita a la CorteIDH que, entre otras medidas, «ordene al Estado reparar integralmente las violaciones, incluyendo compensación y medidas de satisfacción».

    Además, «investigar y localizar a las personas desaparecidas, identificar y entregar sus restos, y acordar un plan de búsqueda y «garantizar atención en salud física y mental para los familiares, con enfoque diferencial» y «adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral».

  • TikTok, principal herramienta de reclutamiento forzado de menores por grupos en Colombia

    TikTok, principal herramienta de reclutamiento forzado de menores por grupos en Colombia

    TikTok se convirtió en la principal herramienta de reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia por parte de los grupos armados ilegales, con videos que alcanzan las 200.000 visitas y registran más de 76.000 interacciones, reveló un estudio publicado este miércoles por la ONG Vivamos Humanos.

    El reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo a través de plataformas como TikTok, que es la principal red social para captarlos, así como por Facebook, Telegram, Instagram e incluso aplicaciones de videojuegos como Roblox, dice el estudio de reclutamiento digital ‘El algoritmo en el conflicto armado’.

    TikTok fue la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión «masiva» de los videos en esta aplicación, las «pocas restricciones» en el contenido y la facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.

    El estudio también identificó 40 casos documentados con «evidencia directa» en TikTok, así como 70 cuentas presuntamente relacionadas con estas organizaciones criminales, «inferidas a partir de las interacciones en los comentarios».

    La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la organización, Lina Mejía, afirmó, al presentar el estudio, que identificaron «falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia» para este tipo de casos.

    La experta añadió que en muchos casos, aunque el contenido sea reportado, este «continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más».

    Los grupos que más utilizan las redes sociales para reclutar menores son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

    En cuanto a las regiones más afectadas por esta modalidad de reclutamiento, la organización, que no precisó cifras, indicó que la mayoría de casos suceden en zonas de conflicto como los departamentos de Norte de Santander, ubicado en el noreste del país y fronterizo con Venezuela, y Putumayo, Nariño y Cauca, en el suroeste.

    Esta modalidad también es utilizada en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.

     Liderazgos perdidos

    En la presentación también intervino el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, quien afirmó que «los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos» del Gobierno contra los grupos armados.

    Por otra parte, la organización apuntó que esta «nueva forma de violencia (el reclutamiento), que opera en silencio», se ha convertido en «uno de los retos humanitarios más urgentes del país».

    «La pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales», añadió Vivamos Humanos.

    El estudio detectó dos modalidades principales de reclutamiento a través de las redes sociales: la primera, mediante ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, y la segunda, que se desarrolla a través de «engaños y otras formas de captación», como la utilización de correos humanos para efectuar esta «vinculación forzada».

    Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por los grupos armados.

  • Se reactiva juicio contra exmilitares acusados por ser parte de Escuadrones de la Muerte

    Se reactiva juicio contra exmilitares acusados por ser parte de Escuadrones de la Muerte

    El Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel ordenó el lunes que cuatro exmilitares acusados de pertenecer a los Escuadrones de la Muerte enfrenten juicio por su presunta participación en crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

    La Fiscalía General de la República les imputa los delitos de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y violaciones a las leyes o costumbres de guerra.

    Los acusados han sido identificados como José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, actualmente detenidos; y José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polio, quienes enfrentan el proceso en libertad, bajo medidas sustitutivas.

    Las víctimas fueron identificadas como Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña.

    El proceso fue retomado luego de que el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel anulara parcialmente la audiencia preliminar celebrada el 30 de mayo de 2025. Como resultado, el caso regresó al Juzgado Primero de Instrucción, donde se celebró una audiencia especial que concluyó con la decisión de enviar a los exmilitares a juicio.

    El comienzo de este juicio -que en principio estaba programado para mayo de 2023- ha sido suspendido en cuatro ocasiones.

    Según la Fiscalía, Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, residían en el cantón San Andrés de San Miguel, en 1981, y en la noche fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

    Una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa “pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado”, indicó la Fiscalía en su momento.

    Supuestamente un «oreja» dio información sobre ellos al S2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato, el 7 de abril de 1981.

    Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.

     

  • Presidente colombiano bajo presión tras muerte de siete menores en bombardeo

    Presidente colombiano bajo presión tras muerte de siete menores en bombardeo

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos por el agravamiento de la violencia en el país, tras un atentado con explosivos en Cauca y la confirmación de que siete menores de edad murieron durante un reciente bombardeo militar en la región selvática del Guaviare.

    El ataque en Cauca, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado y las disputas del narcotráfico, fue ejecutado con drones y ráfagas de fusil contra una estación policial en Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao. Aunque no hubo víctimas, el hecho dejó daños en viviendas y comercios, y fue atribuido por Petro al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más fuerte de las FARC.

    Ante este repunte de violencia, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, pidió al gobierno una “respuesta con toda la capacidad del Estado” y una “militarización total” de la Vía Panamericana, principal arteria del suroeste del país.

    “Estos hechos violentos evidencian que las medidas actuales no están generando resultados efectivos (…) Lo que está ocurriendo desborda completamente nuestras capacidades institucionales y operativas”, advirtió Guzmán en sus redes sociales.

    La polémica se intensificó cuando Medicina Legal confirmó que siete menores de edad murieron entre los 20 disidentes abatidos en el bombardeo ordenado por Petro en Guaviare.

    “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, justificó el mandatario.

    Petro, quien en 2022 prometió retomar los diálogos de paz con los grupos armados, ha sido criticado por sectores que le reprochan haber condenado acciones similares en gobiernos anteriores.

    “No es un crimen de guerra, no teníamos otro método para defender la vida de los soldados”, respondió a quienes compararon el operativo con el bombardeo de 2019 durante la gestión de Iván Duque, cuando también murieron siete menores y renunció el entonces ministro de Defensa.