Etiqueta: Continental Towers

  • Investigan movimientos financieros de árbitro en disputa por Continental Towers

    Investigan movimientos financieros de árbitro en disputa por Continental Towers

    Una investigación financiera internacional analiza posibles irregularidades relacionadas con la actuación del árbitro estadounidense Marc Goldstein, integrante del tribunal arbitral que emitió en Nueva York los laudos sobre la disputa por la empresa de telecomunicaciones Continental Towers, según información contenida en un expediente de una unidad especializada en delitos financieros conocido por este medio.

    El caso incorpora un nuevo frente a una controversia que ya se extiende por varios países. Además del arbitraje internacional, la disputa mantiene procesos penales y actuaciones judiciales en distintas jurisdicciones relacionadas con operaciones de la compañía, que tiene presencia en El Salvador y otros seis países de América Latina.

    De acuerdo con la información revisada, investigadores y analistas financieros examinan movimientos y depósitos registrados en cuentas vinculadas con Goldstein, algunos de los cuales habrían sido realizados en fechas cercanas a la emisión de laudos o resoluciones dentro del procedimiento arbitral.

    Las diligencias buscan establecer el origen de esos recursos, identificar a sus eventuales beneficiarios finales y determinar si existe alguna relación entre las operaciones financieras bajo análisis y las actuaciones desempeñadas por el árbitro durante el proceso. Hasta el momento, la investigación permanece abierta y las autoridades no han establecido conclusiones sobre la existencia de conductas irregulares.

    Según los antecedentes del expediente, la revisión comprende operaciones bancarias y estructuras financieras relacionadas con distintas jurisdicciones, entre ellas Isla de Man, Islas Caimán, Suiza y Panamá. Como parte de la pesquisa, las autoridades reconstruyen la trazabilidad de determinados depósitos y contrastan sus fechas con el calendario de decisiones adoptadas durante el arbitraje.

    Las investigaciones también contemplan mecanismos de cooperación internacional para obtener información financiera que permita verificar el origen y destino de los recursos analizados, así como establecer si existieron circunstancias que, de acuerdo con las reglas de transparencia aplicables a los árbitros, debieron ser reveladas durante el procedimiento.

    En paralelo, la controversia mantiene abierto otro frente jurídico relacionado con la validez y ejecución de los laudos emitidos en Nueva York. De acuerdo con información vinculada al caso, equipos legales preparan acciones ante los tribunales de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para cuestionar esas resoluciones. La eventual presentación de esos recursos no implica, por sí misma, la pérdida de validez de los laudos, ya que corresponderá a la jurisdicción competente resolver sobre su procedencia.

    La disputa también continúa generando procesos en otras jurisdicciones. En El Salvador permanece en curso un proceso penal por presunta administración fraudulenta, en el que varios sospechosos guardan detención provisional y existen órdenes de captura contra tres ejecutivos estadounidenses.

    Ese procedimiento es independiente de la investigación financiera relacionada con Goldstein y de las acciones que puedan promoverse contra los laudos arbitrales. De acuerdo con la información disponible, el arbitraje aún mantiene asuntos pendientes, incluidas contrademandas y posibles reclamaciones civiles, mientras la evolución de la investigación financiera podría convertirse en un elemento relevante para el desarrollo futuro de esta controversia internacional.

     

     

  • Fiscalía salvadoreña investiga extorsión contra empresa de telecomunicaciones

    Fiscalía salvadoreña investiga extorsión contra empresa de telecomunicaciones

    La Fiscalía General de la República de El Salvador forma parte de una investigación regional contra las empresas estadounidenses Peppertree Capital y AMLQ Holdings, filial de Goldman Sachs, por presuntos delitos vinculados con un conflicto corporativo alrededor de Continental Towers Latam, compañía que opera infraestructura de telecomunicaciones en ocho países, entre ellos El Salvador.

    De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias Infobae, las investigaciones también se desarrollan en Guatemala, Panamá y Costa Rica, debido a que Continental Towers presta servicios considerados estratégicos para las telecomunicaciones de la región mediante una red de aproximadamente 12,000 torres de telefonía móvil.

    En el caso salvadoreño, la Fiscalía emitió el 17 de julio de 2025 órdenes de captura internacional contra tres directivos de Peppertree Capital: Howard Mandel, Ryan Lepene y John Ranieri. Las pesquisas incluyen presuntos delitos de fraude, robo agravado, sobornos, lavado de dinero, malversación, extorsión y asociaciones ilícitas, según documentación citada por el medio.

    El conflicto surgió tras la incorporación, en 2015, de Peppertree Capital y AMLQ Holdings como accionistas de Continental Towers, al adquirir el 45.5 % de la empresa. Según la publicación, el empresario español que conserva el 55 % de las acciones denunció que sus socios habrían intentado tomar el control de la compañía mediante presuntas maniobras financieras y presiones para forzar su venta.

    El empresario, nieto de un exembajador de España en Guatemala, asegura haber recibido amenazas contra su vida y la de su familia durante el desarrollo del conflicto, por lo que actualmente permanece bajo estrictas medidas de seguridad, de acuerdo con el reportaje.

    La disputa también llegó a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), con sede en Nueva York. En marzo de 2025, el tribunal ordenó a Continental Towers pagar más de $354 millones en concepto de daños y perjuicios a Peppertree y AMLQ Holdings, decisión que la empresa continúa impugnando.

    Paralelamente, las autoridades de Guatemala investigan presuntos casos de lavado de dinero e intento de soborno relacionados con el caso, donde ya se reportan cinco personas detenidas. En Panamá también se desarrollan investigaciones por supuestos actos de corrupción vinculados al mismo conflicto empresarial.

    Continental Towers mantiene operaciones en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, proporcionando infraestructura para redes de telefonía móvil. Hasta el momento, las empresas señaladas han rechazado en distintas ocasiones las acusaciones relacionadas con actividades ilícitas y el proceso continúa bajo investigación en las jurisdicciones correspondientes.

     

  • Cámara confirma detención a acusados por fraude empresarial millonario

    Cámara confirma detención a acusados por fraude empresarial millonario

    La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó la detención provisional de cuatro personas procesadas por el delito de administración fraudulenta, en una investigación que involucra a sociedades vinculadas al sector de infraestructura de telecomunicaciones en la región.

    La resolución, emitida de forma unánime, dejó firme la decisión adoptada por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, que el 18 de mayo ordenó la medida cautelar contra los imputados mientras continúan las investigaciones del caso.

    Los procesados son Jorge Leonel Gaitán Castro, Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, señalados por la Fiscalía General de la República por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades Maintenance & Services, S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, Ltda. de C.V.

    Los magistrados rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y concluyeron que la jueza de instrucción actuó conforme a la normativa vigente al ordenar la detención provisional. Además, consideraron que la resolución original contiene los elementos suficientes para justificar la medida cautelar.

    Según el fallo, persisten condiciones que hacen necesaria la detención de los acusados para garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar posibles obstáculos en el desarrollo de la investigación penal.

    El caso forma parte de una disputa empresarial con repercusiones en El Salvador y Guatemala, relacionada con la administración y control de activos asociados a Continental Towers, compañía dedicada a la infraestructura para telecomunicaciones en varios países de la región.

    La investigación salvadoreña surgió a partir de denuncias sobre presuntas actuaciones que habrían afectado la gestión de determinadas sociedades vinculadas a esa estructura empresarial, hechos que actualmente son analizados durante la etapa de instrucción.

    De forma paralela, algunos de los procesados permanecen sujetos a medidas judiciales en Guatemala, donde también se desarrollan actuaciones relacionadas con los mismos hechos investigados por las autoridades salvadoreñas.

    Fuentes cercanas al proceso indicaron que aún se encuentran pendientes solicitudes de extradición promovidas por El Salvador para que los imputados comparezcan ante la justicia nacional. Dichos procedimientos deberán ser resueltos por los tribunales guatemaltecos antes de concretarse cualquier eventual traslado.

    Con esta resolución, la Cámara respalda las actuaciones impulsadas por la Fiscalía y mantiene vigente la detención provisional mientras avanzan las diligencias judiciales y se determina si existen elementos suficientes para que el caso sea enviado a juicio.

     

  • Acusadas por administración fraudulenta en El Salvador también tienen orden de captura en Guatemala

    Acusadas por administración fraudulenta en El Salvador también tienen orden de captura en Guatemala

    La investigación regional por presunto fraude y extracción irregular de información contra la empresa de telecomunicaciones Terra Towers S.A. escaló esta semana luego de que un tribunal de Guatemala ordenara prisión preventiva contra dos mujeres procesadas también por la justicia salvadoreña.

    El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala revocó las medidas sustitutivas de Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, quienes ahora permanecerán recluidas en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en Ciudad de Guatemala.

    La resolución judicial ocurre días después de que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenara la detención de ambas mujeres por delitos relacionados con presuntos fraudes contra filiales de la misma empresa en El Salvador.

    Las autoridades salvadoreñas iniciarán además un proceso de extradición para que las acusadas enfrenten cargos en territorio nacional.

    El caso tomó relevancia regional debido a que las investigaciones involucran operaciones empresariales vinculadas con Terra Towers S.A. y Continental Towers, compañías relacionadas con infraestructura de telecomunicaciones en distintos países de América Latina.

    Según las investigaciones divulgadas en Guatemala, Jorge Gaitán Paredes —ya fallecido— y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro habrían utilizado estructuras empresariales para autorizar transferencias, emisión de cheques y movimientos financieros sin autorización societaria, provocando supuestas extracciones irregulares superiores a $1 millón.

    Las pesquisas también sostienen que parte del esquema incluía la extracción de información sensible de la compañía para beneficiar a estructuras empresariales rivales y afectar operaciones corporativas.

    Dentro de las investigaciones, las autoridades identificaron presuntos vínculos operativos entre los Gaitán, Carol Echeverría y Marisabel Umaña.

    Las capturas de ambas mujeres ocurrieron en junio de 2025. Carol Echeverría fue detenida por Interpol en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando ingresaba desde Nueva York, mientras Umaña fue capturada en un operativo realizado en Ciudad de Guatemala.

    Ambas eran requeridas inicialmente por delitos de hurto agravado y asociación ilícita.

    El caso evolucionó posteriormente hacia una disputa judicial y empresarial de alcance regional que incluye arbitrajes internacionales y litigios relacionados con el control corporativo de Continental Towers.

    En El Salvador también existen órdenes de captura y solicitudes de extradición contra otros involucrados, incluidos tres ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Pepertree.

    Las investigaciones además derivaron en nuevos procesos penales dentro del sistema penitenciario guatemalteco, luego de que Jorge Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro fueran señalados por utilizar teléfonos celulares dentro de prisión mientras enfrentaban procesos judiciales relacionados con este mismo caso.

    La controversia generó un debate regional sobre el alcance de los arbitrajes internacionales y la interacción entre jurisdicciones penales locales en países como Guatemala y El Salvador, donde continúan abiertos procesos judiciales vinculados a este entramado empresarial.

     

  • Ordenan captura contra tres acusados de administración fraudulenta en San Salvador

    Ordenan captura contra tres acusados de administración fraudulenta en San Salvador

    El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó el jueves la detención provisional de tres personas acusadas del delito de administración fraudulenta en perjuicio de dos sociedades, luego de que no se presentaran a una audiencia especial de revisión de medidas.

    Los procesados son María Isabel Umaña Velásquez, Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Juan Ignacio Berger Giménez, estos dos últimos de nacionalidad guatemalteca.

    Según la resolución judicial, los imputados enfrentaban el proceso sin medidas cautelares; sin embargo, tras ausentarse de la audiencia, el tribunal giró órdenes de captura en su contra. La defensa buscaba declarar «reserva total» en el proceso que se le sigue por una administración fraudulenta, algo que fue rechazado por el juzgado.

    La Fiscalía los acusa de haber participado en el cobro irregular de viáticos y comisiones relacionados con supuestos gastos derivados de cargos de jefatura de operaciones y dirección ejecutiva, en perjuicio de las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.

    De acuerdo con las investigaciones, el monto presuntamente sustraído asciende a $1,284,274.39 entre los años 2016 y 2020.

    Las autoridades indicaron que los tres imputados son procesados junto con otras cuatro personas vinculadas al mismo caso.

    Entre los otros acusados figuran Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien falleció; Jorge Alberto Gaitán Castro; Jeni Celina Torres Zepeda; y Selvin Martín Torres Andrade.

    Para estos últimos procesados no se solicitó audiencia especial en esta fecha, según informó el juzgado.

    El delito de administración fraudulenta está relacionado con el manejo indebido de bienes o recursos de una sociedad, causando perjuicio económico a la entidad afectada.

    El expediente es parte de la guerra corporativa entre Terra Towers y la gigante estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers. Mientras el proceso avanza en este tribunal de El Salvador, en otros tribunales salvadoreños hay procesos paralelos y órdenes de arresto, al igual en tribunales de Guatemala en donde ya pesan capturas contra varios ejecutivos de la misma red.

    Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan ejecutar las órdenes de captura emitidas por el tribunal capitalino.

     

     

  • Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    La Fiscalía General de Guatemala abrió una investigación por presuntos actos de corrupción interna relacionados con la filtración de información y la manipulación de procesos judiciales en un caso de lavado de dinero con conexiones internacionales.

    El caso está vinculado a una disputa empresarial entre la firma guatemalteca Terra Towers y la estadounidense TPG Peppertree por el control de Continental Towers, una compañía de telecomunicaciones con operaciones en varios países de América Latina, incluyendo El Salvador.

    La investigación se originó tras una denuncia presentada por fiscales guatemaltecos, quienes aportaron pruebas como videos, mensajes y registros de comunicaciones que apuntan a irregularidades dentro del sistema judicial.

    Según el documento, se habrían manipulado procesos penales en Guatemala contra Jorge Alberto Castro Gaitán, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger. Además, se señala que un fiscal habría “vendido” información confidencial a representantes de la defensa. Los primeros dos señalados son parte de un proceso judicial en El Salvador donde hay también varios estadounidenses procesados.

    El caso también encendió alertas en El Salvador, donde las autoridades procesan a los mismos implicados junto a tres ciudadanos estadounidenses. Según medios guatemaltecos, en El Salvador, se identificó a un abogado que habría intentado influir en el proceso mediante ofrecimientos de dinero, fabricación de pruebas y contratación de testigos.

    Entre las evidencias en Guatemala figura un video grabado dentro de la Fiscalía Número Cuatro, en el que, según la denuncia, un agente fiscal revela debilidades del caso a abogados particulares, lo que podría constituir una “colusión” para favorecer a la defensa.

    Asimismo, se incorporaron registros de comunicaciones que evidenciarían el uso de códigos como “la compra del vehículo” para coordinar supuestos pagos ilícitos a cambio de acceso a información reservada del expediente.

    El Ministerio Público también investiga si estas acciones forman parte de una estrategia ligada a un arbitraje internacional en Nueva York, donde se disputa el control de Continental Towers. Según la denuncia, se habrían intentado influir en los procesos judiciales para beneficiar posiciones en ese litigio.

    La denuncia solicita indagar delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva, asociación ilícita y encubrimiento, entre otros. Además, advierte sobre una posible estructura criminal orientada a manipular procesos mediante fraude, ocultamiento de pruebas y uso de testigos falsos.

    Las autoridades confirmaron que la investigación se encuentra en fase inicial y bajo reserva, mientras verifican la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas en este caso con ramificaciones regionales.

  • El conflicto por el control de Terra Towers: Disputa entre Goldman Sachs y Terra llega a tribunales de Centroamérica

    El conflicto por el control de Terra Towers: Disputa entre Goldman Sachs y Terra llega a tribunales de Centroamérica

    Una disputa internacional por el control de Continental Towers, una red clave de infraestructura en telecomunicaciones, ha escalado a juicios penales en El Salvador, Guatemala y Panamá, tras un prolongado arbitraje iniciado en Nueva York entre Terra Towers y el fondo estadounidense Peppertree Capital Management, vinculado a Goldman Sachs, según un amplio reportaje del medio independiente estadounidense Sarawak Report.

    El conflicto comenzó en 2021, cuando Peppertree —que adquirió un 32 % de participación en la firma— junto a Goldman Sachs (13 %), recurrieron a un tribunal arbitral neoyorquino alegando parálisis en la junta directiva. Terra denunció entonces un intento de adquisición hostil, respaldado por tácticas para desvalorizar la empresa y forzar su venta a un tercero afín a los inversionistas estadounidenses.

    El conflicto involucra directamente a Continental Towers, con operaciones en El Salvador, Guatemala, Panamá y otros mercados de la región. La pugna enfrenta a Terra Towers y al fondo TPG Peppertree, respaldado por Goldman Sachs, una de las firmas financieras más poderosas de Estados Unidos.

    Lo que inicialmente fue una alianza estratégica para desarrollar infraestructura de telecomunicaciones clave en la región —con una inversión de $125 millones— evolucionó en una compleja disputa societaria por el control accionario de Continental Towers. El diferendo fue llevado a arbitraje en Nueva York, pese a la existencia de procesos penales abiertos en los países donde opera la empresa.

    En El Salvador, los tribunales emitieron órdenes de captura internacional contra tres ejecutivos de Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri, acusados de estafa agravada, asociaciones ilícitas y extorsión. Mientras tanto, en Guatemala, ya se registran detenciones por delitos similares.

    Pese a la gravedad de los señalamientos locales, el tribunal arbitral estadounidense avanzó con el proceso sin considerar los casos judiciales activos en Centroamérica. En Guatemala, un juez rechazó la imposición del laudo arbitral, defendiendo la soberanía legal del país. En paralelo, se ha reportado la llegada de lobistas estadounidenses a El Salvador, con el aparente objetivo de influir en el proceso penal contra los directivos extranjeros.

    El Salvador enfrenta un contexto estratégico en su esfuerzo por atraer inversión extranjera, especialmente en sectores de alto valor como telecomunicaciones, energía y tecnología. En este entorno, la seguridad jurídica es un factor clave, tanto para inversionistas como para la institucionalidad local.

    El guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes (derecha, falleció el pasado 19 de enero en un hospital de Santa Ana. Su hijo, Jorge Alberto Gaitán Castro (izquierda), también es acusado en un sonado caso de fraude.

    Contradicciones

    Uno de los elementos más polémicos es el respaldo que el tribunal arbitral de Nueva York otorgó a las declaraciones de Jorge Gaitán y Carol Echeverría, excolaboradora suya, quienes denunciaron amenazas de secuestro. Sin embargo, cortes centroamericanas señalan contradicciones en sus versiones respaldadas por evidencias fotográficas y testigos que los vinculan con la malversación de más de $1.2 millones mediante gastos irregulares.

    A pesar de ello, el tribunal estadounidense falló en 2023 a favor de Peppertree y Goldman Sachs, ordenando a Terra Towers el pago de $354 millones en daños, desatando críticas por presunta imposición legal extranjera. Voceros de Terra calificaron el fallo como una muestra de “colonialismo legal”, al no considerar los procesos abiertos en jurisdicciones centroamericanas.

    La disputa ha escalado hasta las Islas Vírgenes Británicas, donde Peppertree y Goldman Sachs intentan forzar la transferencia de acciones de Terra Towers, lo que intensifica el debate sobre los límites del arbitraje internacional y el respeto a la soberanía jurídica de los Estados.

    El análisis del portal Sarawak Report, especializado en investigaciones financieras internacionales, ha sido utilizado por expertos como referencia para ilustrar el conflicto de fondo: la tensión entre grandes fondos de inversión globales y las jurisdicciones judiciales de países latinoamericanos.

    Centroamérica enfrenta así un desafío mayor: garantizar un entorno amigable para los negocios sin comprometer la soberanía judicial de sus Estados. En este contexto, el caso Terra-Peppertree se convierte en un precedente clave para evaluar el equilibrio entre protección de inversiones y respeto a la ley local.

     

  • Continental Towers anuncia inversión de $512 millones en red 5G en El Salvador

    Continental Towers anuncia inversión de $512 millones en red 5G en El Salvador

    La compañía internacional Continental Towers anunció el martes una inversión de $512 millones en El Salvador para desplegar una red nacional de infraestructura digital y tecnología 5G, uno de los proyectos más ambiciosos en conectividad de la región centroamericana en los próximos cinco años.

    El plan contempla la construcción de aproximadamente 3,000 sitios de telecomunicaciones, lo que permitirá una cobertura del 98% de la población, incluyendo zonas urbanas, suburbanas y rurales. Esta red moderna busca habilitar una transformación digital integral en sectores como educación, salud, industria, comercio, logística y servicios públicos.

    “Esta inversión refleja nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico sostenible en El Salvador. Apostamos por una infraestructura robusta que acompañe el crecimiento digital del país”, destacó Ximena Suárez, vocera de Continental Towers en Guatemala.

    Razones para invertir en El Salvador

    La empresa destacó que la decisión de establecer este proyecto en El Salvador responde a un entorno atractivo para inversionistas internacionales, con mejores condiciones de seguridad, certeza jurídica y estabilidad política, aspectos impulsados por las políticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

    “El país hoy ofrece las condiciones necesarias para impulsar proyectos de largo plazo. La confianza ha sido clave para consolidar esta expansión”, explicó Suárez.

    La red se desarrollará en distintas fases e incluirá infraestructura 5G, sistemas avanzados de transmisión, plataformas de gestión inteligente de red y soluciones energéticas eficientes, preparadas para responder a las demandas digitales de la próxima década.

    Según Continental Towewrs, la inversión impactará transversalmente en la economía salvadoreña al fortalecer la infraestructura digital del país, promover la innovación tecnológica, fomentar la competitividad de empresas locales, reducir la brecha digital en áreas rurales y generar empleos e incentivar la economía digital.

    “Una conectividad más rápida y estable permitirá que más salvadoreños accedan a oportunidades económicas y educativas en un entorno cada vez más globalizado”, añadió la vocera.

    Visión de largo plazo

    Continental Towers reafirmó su compromiso de permanencia en El Salvador, señalando que esta es solo la primera fase de una alianza estratégica de largo plazo.

    “Queremos ser socios en el proceso de modernización tecnológica de El Salvador. Nuestra visión es acompañar su transformación digital con soluciones de clase mundial”, concluyó Suárez.
     

  • Finaliza polémico arbitraje por control de empresa que opera en El Salvador

    Finaliza polémico arbitraje por control de empresa que opera en El Salvador

    El conflicto internacional por el control de Continental Towers, empresa con presencia en El Salvador, Guatemala y otros países latinoamericanos, llegó a su fin tras más de cuatro años de arbitraje sin que ninguna de las partes resultara vencedora. La disputa, ventilada en Nueva York, deja abierta la posibilidad para que Terra Towers, socio mayoritario, interponga contrademandas por daños y perjuicios contra los accionistas minoritarios TPG Peppertree y AMLQ.

    Aunque el fallo no otorgó razón definitiva a ninguna de las partes, su contenido ha provocado polémica en Centroamérica. El tribunal arbitral emitió valoraciones severas sobre los sistemas judiciales de El Salvador y Guatemala, lo que generó rechazo por parte de autoridades judiciales en ambos países y abrió un nuevo capítulo de debate sobre la soberanía jurídica regional.

    En El Salvador, la disputa también derivó en un proceso penal activo. Un tribunal contra el Crimen Organizado emitió órdenes de captura contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, acusados de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. También figuran como imputados los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro, exejecutivos de la firma.

    Gaitán Paredes fue extraditado a El Salvador en septiembre pasado y Gaitán Castro guarda prisión en Guatemala, donde se ha denunciado que goza de privilegios y un inusual sistema de protección.

    Los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes (derecha, ya extraditado a El Salvador) y Jorge Alberto Gaitán Castro (izquierda, en prisión en Guatemala), padre e hijo, acusados junto a tres estadounidenses de un sonado caso de fraude.

    Por su parte, Guatemala mantiene procesos penales en curso, algunos con personas detenidas y otras en investigación. Las causas se centran en presuntos delitos financieros y estructuración fraudulenta en el manejo de la empresa de telecomunicaciones. Las investigaciones incluyen auditorías forenses, órdenes judiciales y alertas a INTERPOL.

    Sin embargo, los árbitros del tribunal internacional descalificaron reiteradamente la labor de los sistemas de justicia centroamericanos. Uno de los integrantes del panel, el abogado Marc Goldstein, declaró durante una audiencia que “no tengo conocimiento de las leyes de Perú o Guatemala, pero son una broma”, lo que ha sido calificado como una muestra de prejuicio e ignorancia jurídica.

    Los laudos arbitrales cuestionaron la legitimidad de las acusaciones fiscales y judiciales en ambos países, calificando como “falsos” los cargos penales, “manipulados” los fiscales y “fabricadas” las decisiones judiciales. Las expresiones generaron reacciones inmediatas de figuras del ámbito jurídico centroamericano, al considerar que se trató de una intromisión inaceptable en asuntos soberanos.

    En contraste, el juez federal Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha sostenido que la justicia estadounidense no tiene autoridad para invalidar procesos penales activos en países soberanos, postura que contrasta con el enfoque adoptado por el panel arbitral.

    La reacción más contundente vino de Guatemala, donde un juez calificó el fallo como un acto de “colonialismo judicial”, denunciando que un grupo privado de árbitros estadounidenses intentó influir sobre decisiones de cortes nacionales legítimas. “Aceptar este precedente comprometería la independencia judicial en América Latina”, opinan analistas legales.

    El tribunal incluso describió como “pretextuales” las denuncias penales que motivaron las investigaciones en El Salvador y Guatemala, aunque estas ya han generado diligencias oficiales, cooperación internacional y solicitudes de extradición. En territorio salvadoreño, el proceso judicial continúa en desarrollo, con expectativas sobre una posible difusión roja de INTERPOL para capturar a los ejecutivos estadounidenses.

  • Denuncian en Guatemala una red de protección y plan de fuga de reo pedido en extradición por El Salvador

    Denuncian en Guatemala una red de protección y plan de fuga de reo pedido en extradición por El Salvador

    Las alarmas se han encendido en el sistema penitenciario guatemalteco ante nuevas denuncias que revelan presuntos privilegios ilegales y un plan de fuga en favor de Jorge Alberto Gaitán Castro, recluido en el Centro Preventivo Mariscal Zavala, y requerido en extradición por El Salvador por delitos de corrupción y fraude financiero transnacional.

    Según informes recientes, Gaitán Castro se encuentra en condiciones que distan de las de un reo común. Reportes citados por medios guatemaltecos apuntan a que ha tenido acceso a dispositivos electrónicos, reuniones familiares privadas, e incluso uso de teléfonos celulares prohibidos por la normativa penitenciaria, a pesar de que su traslado al penal de Pavoncito fue ordenado por distintas resoluciones judiciales emitidas en mayo, agosto y septiembre de 2025, las cuales no han sido ejecutadas.

    Jorge Alberto Gaitán Castro es hijo de Jorge Leonel Gaitán Paredes, extraditado a El Salvador en septiembre pasado. Ambos figuran como parte de una estructura criminal junto a los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri. Esta organización es investigada por un millonario fraude contra empresas del sector de telecomunicaciones, como Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en seis países latinoamericanos.

    La Fiscalía General de la República de El Salvador sostiene que los implicados formaron una red dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas a precios por debajo del mercado. Según el expediente judicial, el boicot fue articulado por ejecutivos ligados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.

    Plan de fuga y red de protección

    Las denuncias también señalan que Gaitán Castro contaría con respaldo institucional y una red de protección que habría evitado su traslado a Pavoncito, a pesar de reiteradas órdenes judiciales. Durante una requisa realizada en mayo de 2025, las autoridades habrían encontrado un teléfono celular que el interno utilizaba para comunicarse con estructuras criminales, lo que agrava las sospechas sobre un plan de fuga en marcha.

    Parte de esa red estaría vinculada a actores ligados a TPG Peppertree, lo cual explicaría la resistencia institucional para cumplir las resoluciones emitidas por los tribunales guatemaltecos. En este contexto, también se menciona la participación de abogados que representarían los intereses de la estructura delictiva.