Dos abogados salvadoreños presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores una protesta formal contra las actuaciones del juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, a quien señalan de emitir resoluciones que interfieren con procesos judiciales penales desarrollados en El Salvador.
Los escritos fueron presentados por los apoderados de Terra Towers Corp. y TBS Management, subsidiarias salvadoreñas de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada a proveer infraestructura para telecomunicaciones en ocho países latinoamericanos.
Continental Towers se encuentra en medio de una disputa entre socios por el control de la empresa, principalmente con la compañía estadounidense TPG Peppertree, conflicto que llegó a un arbitraje en Nueva York.
Los abogados sostienen que las resoluciones de Kaplan, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, constituyen actos de injerencia en asuntos internos de El Salvador. Por ello, solicitaron comunicar la situación al Gobierno estadounidense y evaluar la presentación de una protesta diplomática.
La controversia tiene su origen en un arbitraje promovido en Nueva York por Telecom Business Solution LLC y Latam Towers LLC, identificadas en los escritos como Peppertree, y AMLQ Holdings (Cay), Ltd., vinculada en los documentos con Goldman Sachs. Los representantes salvadoreños aseguran que las subsidiarias en El Salvador no participaron en ese arbitraje, pero posteriormente resultaron afectadas por distintas resoluciones estadounidenses.
Una de las decisiones cuestionadas fue emitida el 21 de abril de 2025. Según la denuncia, Kaplan ordenó desistir de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y revocar un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
El incumplimiento podía provocar multas coercitivas desde $10,000 diarios para personas de la empresa que solicitaba el amparo, con incrementos cada 14 días. Los representantes aseguran que esa presión económica llevó a la representante legal de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
Posteriormente, mediante una resolución del 21 de enero de 2026, Kaplan autorizó la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings. El 7 de mayo, el juez declaró en desacato a ambas sociedades y concedió dos días para efectuar el traspaso. Ante el incumplimiento, el secretario del tribunal estadounidense habría firmado los documentos para transferir las acciones a compañías relacionadas con Peppertree y Goldman Sachs, procedimiento que, según los denunciantes, no es reconocido en El Salvador.
Los abogados sostienen que estas actuaciones afectan un proceso penal activo en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, donde se atribuyen delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas a cinco personas vinculadas con el conflicto empresarial, contra quienes se decretaron órdenes de arresto.
Entre los procesados figuran tres ejecutivos estadounidenses de Peppertree, considerados fugitivos en El Salvador y de quienes se espera la difusión roja de detención por parte de INTERPOL.
Terra Towers y TBS Management aparecen como víctimas dentro de ese proceso penal. Los denunciantes sostienen que las decisiones del tribunal estadounidense produjeron efectos sobre bienes relacionados con un proceso judicial salvadoreño y sobre sociedades que, según su planteamiento, no participaron en el arbitraje desarrollado en Nueva York.
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