Redacción DEM ADMIN HC

Etiqueta: Corte Suprema de Justicia (CSJ)

  • Retrasan hasta el 20 de abril habilitación de paso hacia la Asamblea en el sector de Medicina Legal luego de atraso por lluvias

    Retrasan hasta el 20 de abril habilitación de paso hacia la Asamblea en el sector de Medicina Legal luego de atraso por lluvias

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este lunes que los trabajos de habilitación en el sector de Medicina Legal y el pasaje hacia la Asamblea Legislativa será entregado hasta el próximo lunes 20 de abril.

    De acuerdo con la institución, para dicho lunes se tiene previsto la habilitación de un carril que conduzca hacia el Palacio Judicial y Legislativo, sin embargo, advirtieron que el cumplimiento de esta fecha queda sujeto a condiciones climáticas favorables, ya que argumentaron que la empresa encargada de los trabajos realiza jornadas extendidas para agilizar dicha apertura.

    ¿Por qué ocurrió el retraso?

    Según informó la CSJ, las lluvias reportadas desde el pasado Jueves Santo en gran parte del territorio salvadoreño, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), generaron retrasos en las excavaciones del lugar y daños “fortuitos” de agua potable entre cuatro y seis pulgadas de la tubería de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

    La CSJ aclaró que la empresa encargada trabajará de forma continua para completar las obras, además agradeció a la población, transeúntes y conductores la compresión “ante estos inconvenientes”.

    Hasta este lunes, únicamente la CSJ reportó que los sectores peatonales que rodean la Diagonal Universitaria, con rumbo al estacionamiento de la CSJ y el Centro Judicial Integrado de Derecho son las zonas habilitadas para el ingreso peatonal, junto al acceso hacia Medicina Legal.

    Anteriormente, el Viceministerio de Transporte (VMT) comunicó en sus redes sociales que el cierre en el tramo de la Diagonal Universitaria ubicado frente a la CSJ se mantendría durante un periodo de dos meses, debido a los trabajos.

    A mediados de 2024, la CSJ comenzó la construcción de un edificio de cuatro niveles, el cual fue diseñado para servir como estacionamiento para los vehículos (tanto automóviles como motocicletas) de los empleados de sus oficinas centrales y administrativas, según informó la institución en su momento.

    La CSJ informó previamente que cerraría sus operaciones durante la Semana Santa por vacaciones, reanudando sus labores, al igual que el resto de oficinas estatales, el próximo 7 de abril.

  • VMT anuncia cierre vehicular en tramo de Diagonal Universitaria por trabajos en la CSJ hasta finales de mayo

    VMT anuncia cierre vehicular en tramo de Diagonal Universitaria por trabajos en la CSJ hasta finales de mayo

    El paso vehicular en un tramo de la Diagonal Universitaria, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), permanecerá cerrado a partir de este jueves y durante los próximos dos meses informó el Viceministerio de Transporte (VMT) en redes sociales.

    La institución  informó que esta decisión se debe a trabajos viales frente a la CSJ, por lo que se restringirá el tránsito vehicular en el tramo en sentido norte-sur, entre la 17 calle Poniente (Medicina Legal)  y la 15 calle Poniente (Correos),  justo enfrente de las instalaciones de la Corte.

    En el tramo que conduce de norte a sur, el VMT informó que se establecerá un doble sentido de circulación que proviene de la 13 calle Poniente, viniendo de la intersección con la alameda Juan Pablo II, en la entrada que llega al Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández.

    Las obras están programadas para llevarse a cabo en un periodo de más de dos meses. El inicio de los trabajos está fijado para este jueves 19, extendiéndose las labores de manera continua hasta  el 29 de mayo de este 2026.

     

     

    A mediados del 2024,  la CSJ inició la construcción de un edificio de cuatro niveles para parqueos de empleados judiciales de las oficinas centrales y administrativas de la institución.

    El estacionamiento se diseñó como un edificio de cuatro plantas con espacios destinados tanto para automóviles como para motocicletas, indicó la CSJ en su momento.

    El edificio de parqueos fue anunciado con paneles solares en su cubierta y con un parqueo para aproximadamente 400 vehículos, destinados a los empleados de las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ.

  • Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este martes que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilita la imposición de penas centenarias contra pandilleros, pese a que la Constitución prohíbe la cárcel perpetua.

    “Muchos de los que están ahí (presos) no van a salir, y no van a salir porque el Gobierno no quiera, sino porque ha habido una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a las estructuras criminales hay alguna acumulación de la pena”, indicó Ulloa durante un acto público en San Salvador.

    El funcionario sostuvo que en el país “está prohibida por Constitución la prisión perpetua” y que “nadie puede pasar más de 30 años en prisión por los delitos que ha cometido”, pero afirmó que, tratándose de “estructuras criminales”, se aplica la “acumulación de la pena”, lo que deriva en condenas “para 300 años, para 400 años”.

    “Esas personas no van a salir”, agregó, sin precisar a qué resoluciones o casos concretos se refería.

    Pese a ese señalamiento de un límite de 30 años, el Código Penal contempla penas de hasta 60 años por homicidio agravado.

    El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele tras registrarse el asesinato de más de 80 personas en tres días, según el reporte oficial.

    En ese contexto, el Órgano Legislativo aprobó reformas para incrementar penas y modificar el proceso penal contra supuestos líderes de pandillas y colaboradores, mientras tribunales han impuesto condenas de más de 1,000 años y otras de varios cientos.

    La medida suma más de 91,300 detenciones, recibió apoyo de buena parte de la población y fue señalada por violaciones a derechos humanos: organizaciones humanitarias reportan más de 6,400 denuncias —principalmente por detenciones arbitrarias y torturas— y la muerte de 480 detenidos bajo custodia estatal.

     

  • PDDH ofrece curso básico gratuito de derechos humanos en El Salvador

    PDDH ofrece curso básico gratuito de derechos humanos en El Salvador

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) está ofreciendo inscripciones gratuitas para un “curso básico de derechos humanos” en El Salvador que será impartido los sábados para los ciudadanos interesados.

    La PDDH anunció en sus redes sociales que la participación en el curso de derechos humanos es gratuita y forma parte de las actividades del “Programa permanente” que impulsa la institución.

    El curso se ofrecerá los días sábados desde el 7 hasta el 28 de marzo en horarios de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde. Para solicitar inscripciones, los interesados deben solicitar la información al 2529-5314.

    La convocatoria a inscripciones no detalla si el desarrollo de los cursos será presencial o virtual a través del aula virtual que maneja la institución.

    No es la primera vez que la PDDH ofrece este curso. Consta en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en junio de 2025 se impartió el mismo curso a los facilitadores judiciales y autoridades de Chalatenango.

    En ese momento, la Corte indicó que ese curso estuvo estructurado con cuatro módulos centrados en valores y principios fundamentales sobre derechos humanos; generalidades de los derechos; sistema de protección de los derechos y, Acuerdos de Paz y surgimiento de la PDDH.

    Para ese curso, la procuradora Raquel Caballero dijo que el curso permitiría identificar y analizar “los diferentes derechos que posee toda persona humana en su dimensión civil, política, económica, social, cultural y ambiental.

    Movimientos sociales como la Asociación de Lisiados de Guerra (ALGES) han señalado que la PDDH ha perdido «relevancia y efectividad frente a denuncias de violaciones de derechos humanos». Durante su entrevista para reelegirse en el cargo, la procuradora Raquel Caballero dijo que no había recibido ningún caso de tortura en las cárceles salvadoreñas.

  • CSJ avala conversión de juzgados de San Miguel y envía propuesta a Asamblea Legislativa

    CSJ avala conversión de juzgados de San Miguel y envía propuesta a Asamblea Legislativa

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un anteproyecto que propone la conversión dos juzgados de primera instancia de San Miguel, como parte de un proceso de reorganización del sistema judicial en la zona oriental del país. La iniciativa será remitida a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación.

    La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria de Corte Plena número 82, celebrada el 4 de noviembre de 2025, en la que se avaló la conversión de los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y de Chinameca en los Juzgados 4º y 5º de lo Civil y Mercantil de San Miguel, con el fin de mejorar la distribución de los procesos judiciales y optimizar la carga de trabajo en las instancias judiciales de la ciudad migueleña.

    El anteproyecto también contempla la ampliación de trabajo de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, así como del Juzgado de lo Laboral de San Miguel y de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción de la ciudad migueleña.

    Durante la sesión plenaria, la Gerencia General de Asuntos Jurídicos presentó un análisis comparativo del ingreso y egreso de procesos judiciales en distintas sedes del país. El informe señaló que la productividad de los juzgados de Santa Ana y San Salvador son mayores que en San Miguel, motivo por el que se busca redistribuir la carga laboral de las instancias judiciales del oriente del país.

    Los magistrados tambien señalaron la necesidad de fortalecer los sistemas informáticos, realizar inventarios físicos de expedientes y establecer indicadores de desempeño del personal judicial, así como avanzar hacia una asignación de casos por especialidad para mejorar la eficiencia en la tramitación de los procesos.

    En ese sentido, se estableció que los cinco Juzgados de lo Civil y Mercantil de San Miguel conocerán procesos de todo el departamento. Mientras que el Juzgado de lo Laboral de San Miguel asumirá la competencia en materia laboral que actualmente ejercen los juzgados de Ciudad Barrios y Chinameca, una vez entre en vigencia el decreto legislativo.

    El anteproyecto fue aprobado con 13 votos del pleno de magistrados. La propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa, quien deberá decidir sobre la aprobación del decreto legislativo y las reformas a la Ley Orgánica Judicial.

  • Gana dice presentará su propio candidato presidencial para buscar una magistratura en el TSE

    Gana dice presentará su propio candidato presidencial para buscar una magistratura en el TSE

    El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) aseguró a Diario El Mundo que presentará un candidato presidencial en las elecciones del 28 de febrero de 2027 para buscar los votos necesarios para ser considerado para proponer una terna para la elección del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    El vicepresidente de Gana, Guillermo Gallegos, dijo a El Mundo que presentarán candidatos para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, pero señala que el objetivo de participar en las presidenciales es que puedan «buscar una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral».

    Aseguró que la elección de su candidato a presidente la harán con base a un perfil interno que desarrollarán, pero señaló que buscan a una persona «que logre y que tenga la capacidad de traer los votos necesarios para lograr ese objetivo del Tribunal Supremo Electoral «.

    «Lo que buscamos es poder lograr un segundo, tercer lugar, en la elección presidencial como objetivo de buscar  una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral. Y quien nos represente debe ser una persona que logre y que tenga la capacidad de traer los votos necesarios». Guillermo Gallegos, vicepresidente de Gana.

    El dirigente partido mencionó que «no importa que sea hombre o mujer» el candidato pero que aún están buscando a la persona que los representará en la próxima contienda presidencial.

    La Constitución de la República establece que tres de las cinco ternas de candidatos a magistrados del TSE son propuestas por los partidos con más votos en la última elección presidencial.

    Con las elecciones de 2024, la presidencia del Tribunal fue propuesta por Nuevas Ideas y otras dos magistraturas por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Las restantes dos magistraturas son propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    Hasta ese año, la administración de los magistrados duraba 5 años y habría concluido en 2029 pero, con el adelanto de elecciones presidenciales a 2027, la Asamblea Legislativa adelantó también la elección de magistrados para ese mismo año. Además, homologó los plazos para que tanto el cargo de presidente como las magistraturas del TSE duren seis años.

    Los institutos políticos Arena y FMLN ya anunciaron también que presentarán candidaturas presidenciales para febrero de 2027.

    En El Salvador se realizarán elecciones presidenciales en 2027 debido a que una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida alargó el periodo presidencial a seis años con el fin de hacer coincidir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas.

  • Estas son las faltas éticas que más cometieron los empleados públicos durante 2025

    Estas son las faltas éticas que más cometieron los empleados públicos durante 2025

    Seis son las faltas éticas que más han cometido los empleados públicos durante el 2025 según los datos del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG): una fue cometida 10 veces e implicó que trabajadores fueran multados.

    El Tribunal de Ética indicó en una base de datos compartida vía acceso con Diario El Mundo que la falta ética más cometida durante este año fue la contenida en el artículo 6, literal e de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) sobre realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo.

    Las faltas a esta regla conllevaron a que el TEG impusiera 10 sanciones empleados públicos a quienes se le comprobó que cometieron estos actos sin contar con permisos de sus superiores para ausentarse del trabajo para realizar actividades privadas.

    Otras cuatro sanciones fueron impuestas a empleados por no cumplir con el deber de utilizar los bienes, fondos o recursos y servicios contratados solo para los fines institucionales. Además, otras tres multas se emitieron para empleados que recibían más de un salario proveniente del presupuesto del Estado.

    Dos multas más se impusieron por trabajadores que desempeñaban dos o más cargos en el sector público. Una multa más fue dictada por no excusarse e intervenir en la contratación de un familiar en su institución y una más por promover familiares o socios.

    En total, el Tribunal impuso 21 multas que sumaron $18,133.13 hasta el 25 de noviembre de 2025. Hasta esa fecha, solo $6,017.50 había sido cancelado, por lo que, se mantenía pendiente de pago más de $12,000. Las multas iban desde los $273.75 hasta los $3,650.

    Los empleados sancionados provienen de instituciones como:

    • Municipalidades.
    • Policía Nacional Civil (PNC).
    • Ministerio de Salud.
    • Ministerio de Educación.
    • Corte de Cuentas de la República (CCR).
    • Ministerio de la Defensa Nacional.
    • Corte Suprema de Justicia (CSJ).
    • Fiscalía General de la República (FGR).
  • Solo el 10 % de los casos iniciados por el TEG terminaron en sanciones por infracciones éticas en 2025

    Solo el 10 % de los casos iniciados por el TEG terminaron en sanciones por infracciones éticas en 2025

    Solo el 10 % de los casos que inició el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) concluyeron en sanciones por haber cometido infracciones a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) durante 2025, detalla un informe compartido vía acceso a la información pública a Diario El Mundo.

    El informe señala que, de 206 casos que fueron iniciados desde el 1 de enero hasta el 25 noviembre de 2025, solo se impusieron 21 sanciones a 18 empleados públicos por haber cometido al menos seis faltas. Solo uno de los sancionados fue investigado a partir de denuncia y el resto luego de avisos.

    A partir de las 21 sanciones impuestas, el Tribunal impuso $18,133.13 en multas que deben pagar los empleados públicos encontrados culpables de incumplir la Ley de Ética. De ese monto, los sanciones solo han cancelado $6,017.50, es decir, se mantiene pendiente el pago de $12,115.63.

    La sanción más elevada fue de $3,650, impuesta solo una vez. La multa más impuesta fue de $365, a ocho empleados.

    También fueron impuestas multas de $1,460 a dos empleados; otra de $1,368.75 a otros dos empleados, otra de $1,095 a uno; $730 a cuatro empleados; $501.88 y $273.75, impuestas una vez cada una.

    El TEG indicó en el informe que, de los 206 casos iniciados, al menos 85 fueron notificados por avisos, 65 por denuncias y 56 fueron investigaciones de oficio.

    La mayoría de sancionados de alcaldías

    Los reportes del Tribunal de Ética señalan que del total de sancionados la mayoría trabajan en alcaldías siendo nueve. El resto de sancionados proviene de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

    Además, entre los sancionados, hay trabajadores del Ministerio de la Defensa Nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

    Entre las faltas cometidas por los empleados públicos, se encuentran: no haber utilizado los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para los fines institucionales para los que debían ser destinados y que no se excusaron de participar en asuntos en que familiares o socios estuvieran involucrados y que conllevarán un conflicto de interés.

    Asimismo, algunos percibieron más de una remuneración con fondos del presupuesto del Estado, se desempeñaron en más de dos cargos públicos, realizaron actividades privadas durante su jornada de trabajo y ascendieron en sus instituciones a familiares o socios.

    En total, la entidad investigó a 253 empleados públicos de los que sancionó a solo 18. De igual forma, la mayoría fueron investigados a partir de avisos, denuncias y por último por oficio de la institución.

  • CSJ ha usado más de $372,000 en seguros de vida y hospitalarios desde 2022

    CSJ ha usado más de $372,000 en seguros de vida y hospitalarios desde 2022

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha usado $372,583.85 en seguros de vida y hospitalarios desde 2022 hasta septiembre de 2025 según reporta el reporte de siniestralidad divulgado por la institución. El mayor gasto reportado es de seguros de vida por más de $200,000.

    La institución reporta que el año con mayor gasto fue 2023 con $130,722.72; le sigue el 2025 sin haber concluido con $128,252.71; luego se encuentra el 2024 con $87,829.45 y por último el 2022 con la menor cifra de $25,778.97. Solo en 2022 y 2024 no se reportó gasto por seguros de vida.

    Solo en 2023 y en 2025, la Corte ha gastado $220,000 pues en cada año erogó $110,000 en seguros de vida para los 15 magistrados que instalan las Salas de lo Constitucional, Civil, Penal y de lo Contencioso Administrativo. El reporte de siniestralidad fue anexado a la oferta de compra de seguros para 2026.

    Sin embargo, desde el 14 de abril de 2020 hasta enero de 2025, la Corte registró en los mismos reportes de seguros un gasto de $29,735,319.95 en seguros de vida y hospitalarios. El rango de edades de los magistrados asegurados por la Corte es de 41 y de más de 70 años.

    La Corte publicó la semana pasada, en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), una oferta de compra de servicios para pólizas de vida y hospitalaria para 14 magistrados por $209,287.96 para el período que iniciará el 1 de enero y que concluirá el 31 de diciembre de 2026.

    Para el seguro de vida, la CSJ propone una erogación de $119,000 y para el seguro hospitalario otros $90,287.96 y los fondos provendrían de fondos del gobierno central. Cada seguro otorga a cada magistrado una póliza de vida y una hospitalaria por $100,000 con cobertura mundial.

    El seguro médico cubre:

    • Tratamiento médico o quirúrgico relacionado con insuficiencia venosa.
    • Ambulancia aérea y terrestre.
    • Transplante de órganos por máximo $100,000.
    • Cirugía ambulatoria.
    • Hospitalización.
    • Cobertura dermatológica.
    • Cirugía de cataratas.
    • Citología y mamografías.
    • Prostatectomías e histerectomías.
    • Cateterismo.
    • Insuficiencia renal.
    • Brazos y piernas artificiales.
  • Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores judiciales fueron capacitados sobre la protección internacional como asilo y refugio y, desplazamiento forzado en El Salvador por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en El Salvador.

    El taller «protección internacional y desplazamiento forzado» fue inaugurado esta semana por la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, y por la oficial de Operaciones de Acnur, Luz Ariadna García. Los capacitados deberían aplicar los aprendidos en las comunidades en las que laboran.

    La magistrada Elsy Dueñas dijo durante su intervención que estas formaciones permiten a los empleados judiciales ofrecer atención técnica, oportuna y humana en las comunidades para las personas que aspiran a obtener protección internacional en El Salvador o que son víctimas de desplazamiento forzado.

    «Como facilitadores les invito a aprovechar al máximo los contenidos que se desarrollarán en el transcurso de esta jornada formativa, ya que van a potenciar aún más su capacidad de respuesta». Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

    Los jueces de Paz y facilitadores participantes del taller ejercen sus labores en Apopa, Tamanique, Puerto de La Libertad y en Zaragoza. La capacitación incluyó fortalecimiento de conocimientos técnicos, abordaje de conceptos, análisis de movimientos mixtos y estudio del marco jurídico.

    Los participantes también conocieron el proceso para identificar el mecanismo adecuado para atender y remitir casos de personas que requieren de asilo político, refugio o que son víctimas de desplazamiento forzado de sus comunidades o países.

    Por su parte, la oficial de Operaciones de Acnur dijo que esta formación tendría que permitir que las personas desplazadas forzosamente puedan encontrar apoyo y oportunidades para desarrollarse en un nuevo lugar, tomando en cuenta que los facilitadores son quienes «impulsan soluciones en sus territorios y generan confianza, tranquilidad y esperanza” en las comunidades.