La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $2.4 millones para la adquisición de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).
La licitación de compra se lanzó el 21 de julio de 2025, la cual, contempla la adquisición de 153 vehículos, entre ellos, motocicletas, microbuses, unidades tipo sedán y camionetas que permitirán mejorar el desplazamiento del personal judicial.
En detalle, entre los tipos de automotor a comprar están:
68 vehículos de tipo sedán con un precio de unidad de $19,404 y un total de $1,319,472.
19 pick up doble cabina 4×4 a un precio individual de $28,549.22 que suman $542,435.26.
10 pick up doble cabina 4×4 con cámper a un precio unitario de $29,041.06 y un total de $290,410.56.
2 microbuses tipo panel a un costo de $15,048 por unidad, que suman $30,096.
5 microbuses con capacidad para 14 o 15 pasajeros a un costo unitario de $29,041.06 por un total de $145,205.28.
49 motocicletas a un precio por unidad de $2,376 y total de $116,424.
El monto total asciende a $2,444,043.10 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.
De igual forma, la Corte plantea la contratación de servicio de transporte para el personal del Órgano Judicial por $339,637.86, también finaciados por el Estado.
En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.
La compra de 4,572 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880 y otros $54,741 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.
Asimismo, la oferta para la compra para suministros de medicamentos para abastecer las clínicas empresariales del órgano judicial, para este año, por un valor total de $231,101.97 y la compra de suministros de equipos médicos y de laboratorio para el Instituto de Medicina Legal por $628,259.47.
A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,222.90, financiados con fondos del Estado.
Y la compra de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1,855,743.
Al menos 188 abogados y notarios han sido suspendidos del ejercicio de la profesión por la Corte Suprema Justicia (CSJ) en los primeros cinco meses del año 2025, según consta en los informes de la Corte Plena.
Las suspensiones se recopilan desde el mes de enero hasta el 22 de mayo del presente, fecha que figura en el acta número 37, que corresponde a la última publicada en el sitio web del Órgano Judicial.
Las sanciones impuestas en la Sesión de Investigación Profesional de la CSJ, responden a diversas faltas disciplinarias cometidas, entre ellas, mala conducta profesional, ignorancia grave e incumplimiento de obligaciones notariales.
Entre los sancionados figuran Diego Balmore Escobar Portillo, suspendido en el ejercicio de la abogacía por el término de un año y cuatro meses por la infracción calificada como mala conducta profesional, luego de haber sido declarado responsable de la comisión del delito conforme al artículo 324 del Código Penal, según se expone en el acta número 5 de la Corte Plena.
El referido artículo señala que “el funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.
Escobar Portillo recibió en el año 2022 una condena de un año y cuatro meses con la suspensión condicional de la ejecución de la pena por haber divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), considerado un documento en reserva.
Otro caso fue José Tomás Mejía Castillo, exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) durante el periodo 2000-2006, por el partido Partido Acción Nacional (Pan). De acuerdo con el informe, el exlegislador fue suspendido del ejercicio del notariado por un año. La CSJ lo sancionó por incurrir en «ignorancia grave», al no haber dado audiencia al Registrador Nacional de las Personas Naturales en un proceso de establecimiento subsidiario del estado familiar de casada.
También fue suspendido por un año el notario Rodrigo Alejandro Escobar Bolaños, exdirector de Actas y Acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena) del patido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
La sanción se estableció debido a que Escobar Bolaños cometió incumplimiento de obligaciones por elaborar una escritura de rectificación de dación en pago y no presentarse al acto de otorgamiento, de modo que el instrumento no fue leído por el mismo, ni firmado en su presencia, según el acta número 7 de la Corte Plena, del 23 de enero de 2025.
A ellos se agrega el notario Jaime Ramírez Ortega, quien fue sancionado con un año de suspensión notarial tras ser declarado responsable de ignorancia grave por autorizar un instrumento sin la presencia de los testigos requeridos, según el acta número 36.
Aplicar una suspensión implica que los abogados no pueden realizar ninguna autentificación de firmas, tampoco actos notariales durante el tiempo por el que fue sancionado.
La mayoría de las suspensiones registradas por la CSJ son por falta de entrega de los libros como se regula en la Ley de Notariado, los cuales deben ser entregados dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que termina el año de su vigencia a la Sección de Notariado de la CSJ o al Juzgado de Primera Instancia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, en abril, enviar a juicio civil por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa, tres de Arena y dos de GANA, junto a sus respectivos grupos familiares, tras determinar la existencia de indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados.
La decisión de los magistrados se tomó con base a los informes de la Sección de Probidad, la cual fue discutida y votada en la sesión del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.
Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito, con montos observados que van desde los $200,000 hasta más de $3 millones. Cada caso fue remitido a la cámara competente, según la jurisdicción correspondiente, para la continuación del proceso legal.
Silvia Ostorga, exdiputada de Arena. /Archivo DEM
El primer caso corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar y su esposo, a quienes se le atribuyen indicios de enriquecimiento ilícito por $3,822,778.28. El acta expone que la Sección de Probidad encontró 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a tres períodos legislativos entre los años de 2012 y 2021.
Entre las irregularidades señaladas figuran depósitos bancarios sin origen comprobable, adquisición de inmuebles y vehículos, así como pagos de deudas sin respaldo documental. Incluso se incluyó una transferencia de $2,000a favor de su hija, quien no contaba con ingresos propios, aunque finalmente se decidió imputar ese monto directamente a la madre.
«Acerca de los depósitos a las cuentas de la declarante, se observaron porque se desconoce el origen de los fondos, no hay documento de soporte» Acta No. 30 de la Corte Plena
En el documento se expone que Ostorga argumentó que sus ingresos corresponden a un negocio de su propiedad y presentó como prueba de descargo documentos de impuesto a la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el pago a cuenta y estados financieros de los años investigados, «pero la documentación no es idónea para desvanecer los movimientos observados», resolvieron los magistrados.
Con 15 votos, los magistrados resolvió enviar el caso a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador y dictar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía General de la República (FGR).
Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, exdiputado de Arena.
El segundo se trata de Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, quien ocupó una curul en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2012-2015 por el patido Arena, la Sección de Probidad detectó un incremento patrimonial no justificado por un total de $214,683.22, atribuible tanto a él como a su cónyuge.
La investigación identificó nueve inconsistencias financieras, entre las que destacan depósitos en cuentas bancarias y transferencias internacionales sin respaldo documental. Señalar que, aunque su esposa presentó pruebas de descargo, estas consistieron en declaraciones juradas que señalan como origen de los fondos un negocio informal de lotería, sin documentación contable que permitiera verificar los ingresos.
Por su parte, el exlegislador no presentó justificación ante las observaciones ni ofreció pruebas que sustentaran su defensa. Tras descontar un superávit de ingresos personales por $26,897.04, el monto final sin justificar fue confirmado por la Corte Suprema. Con base en estos hallazgos, la Corte Plena resolvió, con 14 votos a favor, remitir el caso a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, decretar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía.
Manuel Rigoberto Soto Lazo, exdiputado de Gana. Cortesía canal 21.
El siguiente es Manuel Rigoberto Soto Lazo, quien también fue diputado del partido Gana entre 2012 y 2015, enfrentará juicio civil junto a su esposa por enriquecimiento ilícito de $392,989.62. La Sección de Probidad detectó 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin origen identificado, compra de vehículos sin justificación y pagos de deudas.
El análisis expuso que se reportaron déficit entre sus ingresos y egresos, y con base a esa información, la CSJ decidió enviar el expediente de Soto Lazo a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, según el domicilio declarado por el exfuncionario. También se decretaron medidas sobre bienes y se notificó a la Fiscalía.
Jesús Grande, exdiputado de Gana./ Archivo DEM
El cuarto exdiputado es Jesús Grande, quien deberá responder ante la justicia civil por un presunto enriquecimiento no justificado de $352,119.41, mientras ocupo un puesto en la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015.
La Sección de Probidad reportó 24 inconsistencias en sus finanzas personales y familiares, que incluían depósitos, compra de inmuebles, adquisición de vehículos y pagos de préstamos sin documentación válida. El caso será conocido por la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente, y se ordenó la inmovilización de sus cuentas e inscripción preventiva de inmuebles.
David Reyes, exdiputado de Arena. /Archivo DEM
Por último, se ordenó enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a David Ernesto Reyes Molina, exdiputado de Arena, quien ocupó un escaño en los periodos 2012 y 2021, periodos que le fueron identificados con un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, correspondiente a él y su esposa. En total, se encontraron 33 inconsistencias en sus tres períodos, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.
El acta indica que el exdiputado alegó que los fondos provenían de donaciones y ayuda familiar, pero no presentó documentación válida. Según la Sección de Probidad, algunos recibos habían sido elaborados por el propio investigado.
El informe también señala que el exfuncionario habría salido del país y se deshizo de algunos bienes, por lo que no se logró imponer medidas cautelares en su contra. Su caso fue enviado a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador con 15 votos del Pleno.
La información expuesta sobre dichos casos fue dada a conocer hasta esta semana, debido a que la Corte Suprema de Justicia publica en su sitio web las actas con varios meses de retraso.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación del Sistema de Información de Gestión Penal (SIGIP), una herramienta que permitirá mejorar recolección y el procesamiento de la información para el seguimiento de casos relacionados con los delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción.
El proyecto presentado por la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, forma parte de una estrategia integral que permitirá, ademas de la recopilación de información, facilitar el acceso controlado y dar seguimiento técnico a los casos judiciales y mejorar la transparencia en el manejo de procesos penales vinculados a delitos financieros, regulados en la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos, según consta en el acta número 34 de la Corte Plena, con fecha del 13 de mayo de 2025.
«Se ha contemplado una etapa de monitoreo y evaluación, a fin de realizar ajustes al sistema de acuerdo a las necesidades de las sedes judiciales a medida que el sistema se alimente con información», se expone en el acta.
Según explicaron los magistrados, el plan aprobado contempla el diseño e implementación escalonada del sistema SIGIP, el cual se desarrollará en tres etapas, iniciando con una prueba piloto en las sedes judiciales de los departamentos de San Salvador y La Libertad y con ello, la capacitación para sus usuarios.
La primera etapa dio inicio el 6 de junio de 2025 y finalizará el 15 de enero de 2026 e incluirá los Juzgados de Paz, Tribunales de Sentencia y Tribunales contra el Crimen Organizado. Mientras que la segunda etapa, se prevé del 12 de febrero al 18 de septiembre de 2026, que abarcará los Juzgados de Menores, Cámaras de lo Penal, Cámaras contra el Crimen Organizado, así como las Cámaras con competencia para conocer los procesos civiles de enriquecimiento ilícito y el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.
Por ultimo, la tercera fase, daría inicio el 3 de noviembre de 2026 para finalizar el 21 de junio de 2027, que incluirá los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena y Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor.
Orientación
Por otra parte, los magistrados de la Corte Plena señalaron que el nuevo sistema contempla las capacitaciones para el personal judicial a través de Microsoft Teams, así como la elaboración de guías y videos pedagógicos que faciliten el uso del SIGIP. Además, que las sedes judiciales deberán designar personal para asumir los roles de encargado y digitador del sistema, previa notificación mediante memorándum institucional.
«Se establece que Corte en Pleno acuerda el plan de trabajo del SIGIP, su respectivo cronograma de trabajo en las sedes judiciales correspondientes, así como ordenar a la Secretaría General emitir circular dirigida a las sedes judiciales involucradas informándoles sobre la aprobación del SIGIP, las disposiciones para su funcionamiento y el cronograma del plan de trabajo para su ejecución», indica el acta.
De igual forma, se determinó que la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción realizará el control de calidad de la información, mientras que la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información estará a cargo de la evaluación de riesgos, con participación de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
El proceso se contempla una etapa de monitoreo y evaluación constante para ajustar el sistema según las necesidades reales que surjan en las sedes judiciales conforme se avance en su implementación.
El nuevo proyecto se aprobó con el voto de 13 magistrados que conforman la Corte Plena, el 13 de mayo del presente año. Sin embargo, dicha información fue conocida recientemente debido a que la CSJ publica las actas con varios meses de retraso.
