Etiqueta: crimen organizado

  • El candidato hondureño Salvador Nasralla ya se ve ganador y apuesta por retomar las relaciones con Israel y Taiwán

    El candidato hondureño Salvador Nasralla ya se ve ganador y apuesta por retomar las relaciones con Israel y Taiwán

    El candidato presidencial hondureño, Salvador Nasralla, está convencido de que ganará las elecciones del 30 de noviembre y la mayoría parlamentaria a pesar, apunta, de tener todas las estructuras estatales y la «clase corrupta» en contra, no así el clamor popular. «Soy la persona que más quiere la gente», dijo.

    «No es una tarea fácil en la que me estoy metiendo. Me estoy metiendo en un país donde lo normal es ir contra la ley», afirmó el  miércoles desde Madrid en una entrevista para Europa Press en la que ha asegurado que está en política por la «presión popular» que provoca no ser corrupto en un país acostumbrado a serlo.

    «Tengo las manos limpias, no tengo ningún antecedente, ni personal ni familiar, nada con ninguna cosa, y en Honduras encontrar a alguien que no tenga relación con la delincuencia es muy difícil», dijo quien durante cuatro décadas fue uno de los rostros por no decir el más reconocible de la televisión de su país.

    Esta es la tercera vez que se presenta a las elecciones, después de las de 2013 y 2017, en las que ha insistido haber sido víctima de fraude electoral. En 2021 participó como compañero de fórmula de la actual presidenta Xiomara Castro. «Ayudé a que ganará», afirmó quien fue luego su primer vicepresidente durante dos años.

    Para esta cita se ve claro favorito, a pesar de que dice no tener más remedio que fiarse de un sistema electoral donde el fraude no se puede descartar y cita algunas encuestas que le sitúan con ventajas de hasta 18 puntos por delante de la propuesta del oficialismo, Rixi Moncada.

    «Es cuando mejor estoy, lo encaro con mucho optimismo porque por primera vez Honduras puede tener un presidente técnico», añadió.

    «Aunque no confiemos, la diferencia es enorme y son cantidades enormes de gente las que van a ir a votar, eso debe eliminar cualquier posibilidad de fraude», confió el candidato por el histórico Partido Liberal, uno de las formaciones políticas tradicionales que en su día cuestionó.

    Nasralla ha asegurado que incluso cuenta con el amplio favor de los votantes indecisos. «Esos electores normalmente son míos, son los que han votado por mí. Sin tomarlos en cuenta estoy ganando, lo que significa que la diferencia a mi favor va a ser abismal», vaticinó.

    ¿Habrá elecciones?

    Nasralla denunció también haber sido el blanco de los ataques de todos los candidatos durante la campaña. «Yo soy el antisistema. Los demás son todos políticos tradicionales que tienen deudas con la justicia entonces se trata de eliminarme a mí», dijo.

    Es por ello, y a tenor de las encuestas que le sitúan muy por delante en la intención de voto y a la posibilidad de que el estado de excepción que rige en Honduras se amplíe incluso durante la jornada electoral, que no descarta que el Gobierno de Castro urde alguna maniobra para impedir que se celebren los comicios.

    Así, ha deslizado que se podría generar «caos» durante ese 20 de noviembre, o «inventar algún tipo de actividad echándole la culpa a la gente de la oposición para atemorizar a la gente para que no acuda a votar».

    «En nuestros países, cuando la Justicia está en manos de delincuentes, puede pasar cualquier cosa», ha dicho el candidato, quien también ha aprovechado para apuntar hacia las «cúpulas corruptas» de la magistratura, la Policía y el Ejército.

    «Han sido comprados por el Gobierno», ha señalado. «Son las personas que están ligadas muchas veces al crimen organizado, a la extorsión», ha dicho Nasralla, asegurando incluso que en muchas ocasiones abogadas y juezas se han llegado a convertir en «amantes» de los delincuentes y los «caudillos» del crimen organizado.

    Nasralla ha adelantado que su política de seguridad cuenta también con un plan al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con cárceles de máxima seguridad en las que los «delincuentes» cumplan verdaderamente sus penas, aunque ha incidido en que su eventual gobierno apostará por políticas de prevención.

    «La gente tiene que tener la oportunidad de hacer algo, si tienes un 75 por ciento de la gente pobre, ¿de qué comen? ¿De qué viven?», se ha preguntado Nasralla, señalando la pobreza y la desigualdad como factores que hacen posible este aumento de la inseguridad.

    «Lo que se tiene que hacer en Honduras es generar empleo», ha dicho, y por eso, ha explicado, se encuentra estos días en Madrid, hablando con empresarios sobre el desarrollo de proyectos de creación de puestos de trabajo, pero también de formación y de intercambio de trabajadores para sectores como el agrícola.

    «Queremos desarrollar el mercado europeo», ha dicho quien dice contar en su plan de gobierno con programas de desarrollo agrario, de infraestructuras, o educativos, con proyectos deportivos y alimentarios para que los niños se alejen de las calles. «Honduras es un país rico que no tiene por qué estar sufriendo», ha remarcado.

    Romper con China y Venezuela

    En lo que respecta al plano internacional, Nasralla apuesta por mirar a Europa, destino, ha asegurado, de otros muchos productos hondureños más allá del café, y hacia aquellos países que «pueden dan un beneficio» al país.

    No es el caso de Venezuela, a cuyo Gobierno ha acusado de intentar meter en Honduras «una ideología de pobreza»; o de China, por haber «eliminado a un montón de pequeños productores hondureños».

    «Los chinos están metiendo productos muy baratos que me distorsionan el mercado (…) Mi postura es volver a Taiwán, porque Taiwán me garantiza las cosas que me dio por 60 años», ha dicho Nasralla, que también se ha mostrado partidario de retomar las relaciones Israel.

    «Israel ha sido un aliado de Honduras y nosotros vamos a continuar con eso», ha adelantado, evitando valorar la situación en Oriente Próximo.

    «Yo no me meto en eso porque yo soy un técnico (…) Tengo que favorecer lo que le va a favorecer al bienestar de mi gente», se ha defendido.

    «Los israelíes son expertos en riego por goteo. En Honduras llueve mucho, pero no están los sistemas para poder agarrar el agua (…) y hay otras técnicas que ellos implementan que a nosotros no sirven y que se han detenido (…) se han ido como 50 empresas y necesitamos mantener eso», ha justificado.

    Nasralla también ha deslizado que los hondureños que han sido expulsados por las agresivas políticas migratorias de la Administración de Donald Trump es una respuesta a las «políticas anti-Estados Unidos del actual Gobierno».

    «Este gobierno no ha hecho una política de amigo con Estados Unidos», ha excusado a Washington el candidato presidencial que ha respondido con un «sí, totalmente», a la pregunta de si el Gobierno de Xiomara Castro tiene culpa de las deportaciones de hondureños de Estados Unidos.

    Así, Nasralla ha acusado a Castro de «prácticamente ir a provocar» a Estados Unidos cuando habló en favor de Nicaragua, Venezuela y Palestina en la última Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el mes pasado en Nueva York.

    «No lo justifico», ha matizado, y apunta, «cuando alguien quiere ser país y tomar sus propias decisiones de forma independiente tiene que tener con qué defenderse, como Venezuela», que «pueden jugar a ser comunistas y tienen petróleo, pero yo en Honduras no tengo petróleo».

  • El presidente de Guatemala cambia a su gabinete de seguridad tras fuga de 20 pandilleros

    El presidente de Guatemala cambia a su gabinete de seguridad tras fuga de 20 pandilleros

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este miércoles una renovación en el gabinete de seguridad tras la fuga de 20 reclusos, presuntamente miembros de la pandilla Barrio 18, considerada organización terrorista internacional por el Gobierno de Estados Unidos.

    “La evasión de la justicia de 20 criminales peligrosos no es un simple fallo operativo. Es una falta grave contra cada guatemalteco que confía en el Estado para protegerlo”, afirmó Arévalo en un mensaje dirigido a la nación, luego de varios días sin pronunciarse debido a un viaje oficial a Europa.

    El mandatario aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, así como de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y el viceministro de Seguridad, José Portillo. Los nombres de sus sustitutos serán anunciados “próximamente”, indicó.

    Como parte de las medidas para enfrentar la crisis carcelaria, Arévalo anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad para 2,000 reclusos, que estará listo en un plazo de doce meses. Además, se reforzarán las capacidades de las cárceles existentes para evitar que el control caiga en manos de los criminales.

    El gobierno guatemalteco también iniciará un censo nacional de la población penitenciaria, y pondrá en marcha una fuerza de tarea especial para revisar procesos administrativos, combatir la corrupción interna y corregir fallos en la Policía Nacional y el sistema penitenciario.

    Arévalo aseguró que estas acciones contarán con el respaldo del FBI y otras agencias de seguridad estadounidenses, en una colaboración directa para desarticular redes del crimen organizado y evitar nuevas fugas.

    Fuga durante viaje oficial

    La fuga masiva ocurrió durante el fin de semana, mientras el presidente se encontraba de gira en Europa, lo que retrasó su respuesta ante un hecho que ha generado fuertes cuestionamientos a su administración. En su mensaje, denunció la existencia de actores políticos “oportunistas” vinculados a redes delincuenciales, que estarían buscando aprovecharse de la crisis.

    El caso ha generado gran preocupación en la población guatemalteca, que demanda respuestas contundentes ante la creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

     

  • Costa Rica espera concluir en junio de 2026 una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño

    Costa Rica espera concluir en junio de 2026 una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño

    El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles la construcción de un nuevo centro penitenciario de alta contención, inspirado en el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con capacidad para 5,100 reclusos. Las autoridades esperan que esté listo en junio de 2026.

    “Esperamos que para junio (la cárcel) ya esté lista”, afirmó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, durante la conferencia de prensa semanal junto al presidente Rodrigo Chaves.

    El Ministerio de Justicia publicó este miércoles el concurso público para adjudicar la construcción y equipamiento del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), que se ubicará junto a la cárcel La Reforma, en la provincia de Alajuela, la principal prisión del país.

    El costo de la obra asciende a $35 millones y contempla la edificación de cinco módulos, cada uno con capacidad para aproximadamente 1,200 personas, lo que permitirá alojar a más de cinco mil internos. El gobierno espera adjudicar el contrato en un mes e iniciar las obras inmediatamente.

    Apoyo de El Salvador y lucha contra el crimen

    El proyecto forma parte de una estrategia nacional contra el crimen organizado, que ha provocado niveles históricos de violencia en el país. Según datos oficiales, un 70 % de los homicidios —que ya rondan los 900 anuales— están vinculados a disputas entre bandas de narcotraficantes.

    Costa Rica ha contado con el apoyo de El Salvador en aspectos técnicos, de diseño y construcción, como parte de un plan anunciado en abril pasado. La administración de Chaves ha reiterado su crítica al Poder Judicial, al que acusa de liberar a delincuentes peligrosos, y también ha señalado al Congreso por mantener leyes “garantistas” y “suaves”.

    El sistema penitenciario costarricense enfrenta una crisis de sobrepoblación. De acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el país tiene una densidad carcelaria de 129,5 %, lo que significa que, aunque la capacidad oficial es de 13,666 personas, actualmente hay 17,692 privados de libertad.

    El hacinamiento más severo se presenta en las cárceles masculinas, donde alcanza un 42.9 %, mientras que en las femeninas es del 6.6 %, según el reporte más reciente del MNPT.

    La futura megacárcel busca aliviar esta situación, contener el auge del crimen organizado y fortalecer la infraestructura de seguridad penitenciaria del país.

     

  • El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una creciente ola de violencia criminal y con apenas seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026.

    La decisión fue aprobada por 122 votos de un total de 130 congresistas, superando ampliamente los 87 requeridos para proceder con la vacancia. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su derecho de defensa, lo que precipitó el proceso parlamentario.

    Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convirtió en la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, según encuestas recientes. Su salida fue impulsada por agrupaciones que anteriormente la respaldaron, como Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales.

    El Congreso aprobó en bloque cuatro mociones de vacancia, alegando su incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. La situación se agravó tras un ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, que dejó varios heridos durante un concierto en Lima.

    En reemplazo de Boluarte, asumió como presidente interino el titular del Congreso, José Jerí, quien juró “con humildad, empatía y reconciliación nacional”, comprometiéndose a declarar la guerra a las bandas criminales y garantizar un proceso electoral limpio.

    Jerí, de 38 años, se convierte así en el séptimo presidente del país desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.

    Investigaciones en su contra

    Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Entre ellas, destaca el caso “Rolexgate”, por el uso de relojes y joyas no declaradas, así como el presunto favorecimiento en la fuga del exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

    Además, fue señalada por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas mientras no informaba su inhabilitación al Congreso. También es investigada por reuniones irregulares con la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.

    A pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente las investigaciones por su fuero presidencial, su destitución reactiva todos los procesos penales pendientes.

    Una gestión sin respaldo popular

    Sin bancada propia ni partido político, Boluarte sobrevivió políticamente gracias al respaldo de partidos conservadores que le permitieron gobernar durante casi tres años. Sin embargo, las más de 50 muertes en protestas sociales tras su llegada al poder, y su falta de respuesta efectiva ante la violencia criminal, terminaron por erosionar ese apoyo.

    La ahora expresidenta asumió en 2022 tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad institucional en Perú, donde siete presidentes han sido removidos o reemplazados en menos de una década.

     

  • Costa Rica aprueba extradición de exministro a EE.UU. por narcotráfico

    Costa Rica aprueba extradición de exministro a EE.UU. por narcotráfico

    El Tribunal Penal de San José ordenó este martes la extradición del exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense, Celso Gamboa, hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico junto a otros dos sospechosos. La defensa aún tiene un plazo de tres días para apelar la decisión.

    De acuerdo con los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo, la extradición fue autorizada por el tribunal, aunque aún podría retrasarse debido a juicios pendientes que Gamboa enfrenta en Costa Rica. Si se presenta una apelación, será evaluada por un Tribunal de Apelaciones, sin un plazo definido para emitir resolución.

    Celso Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad entre 2014 y 2015, director de Inteligencia Nacional (2013-2014) y magistrado de la Sala Tercera en 2016. Sin embargo, fue suspendido año y medio después, tras verse envuelto en un escándalo de corrupción.

    Además de Gamboa, Estados Unidos solicita la extradición de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, de 48 años, y Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Profe”, por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de drogas. Los tres permanecen detenidos desde hace varios meses.

    Esta sería la primera extradición de ciudadanos costarricenses tras la reforma constitucional aprobada en mayo pasado por el Congreso, que permite la entrega de nacionales únicamente en casos de terrorismo y narcotráfico.

    Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., Gamboa lideraba una red criminal que facilitaba el envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, usando Costa Rica como punto clave. Se le acusa de utilizar sus contactos dentro del Gobierno para obtener y vender información sobre investigaciones antidrogas a otros narcotraficantes, como Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

    También se le atribuye el lavado de dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que militaba en la segunda división del país. La Fiscalía del Distrito Este de Texas lo requiere por asociación ilícita y distribución internacional de cocaína en grandes cantidades.

    En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a Gamboa, López y a otros dos costarricenses: Alejandro James Wilson, alias “Turesky”, y Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $500,000 por información que lleve a su captura.

    En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado un fuerte aumento en la violencia homicida, atribuida en más del 70 % a disputas entre grupos de narcotráfico. En 2024, el país reportó 880 homicidios, la segunda cifra más alta en su historia, con una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes. En 2023, se registraron 905 asesinatos, un aumento del 38 % respecto a 2022.

     

  • Claudia Sheinbaum cumple un año con retos de seguridad y presión de EE.UU.

    Claudia Sheinbaum cumple un año con retos de seguridad y presión de EE.UU.

    A un año de asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum se mantiene con una aprobación superior al 70 %, según encuestas, pero su administración enfrenta retos significativos: desde la persistente violencia vinculada al crimen organizado hasta las crecientes presiones del Gobierno de Estados Unidos.

    “Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo”, expresó la mandataria durante su primer informe de Gobierno, realizado a inicios de septiembre.

    La primera mujer en gobernar México ha impulsado avances en programas sociales y logrado estabilidad económica, sin embargo, su estrategia en materia de seguridad genera dudas. A esto se suma un escenario internacional complicado, particularmente con Washington.

    Según el analista en seguridad David Saucedo, la gestión de Sheinbaum puede evaluarse desde distintas ópticas.

    “Si nos basamos en promesas de campaña, queda a deber, pues ofreció reducir los homicidios en un 50 %, algo que aún está lejos de cumplirse”, señaló Saucedo.

    Aunque cifras oficiales reportan una reducción del 25 % en homicidios durante los primeros 11 meses de su mandato, el promedio diario aún ronda los 65 asesinatos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que más del 63 % de los ciudadanos consideran la inseguridad como el principal problema del país.

    “La narrativa oficial habla de un país más seguro, pero el ciudadano de a pie no lo percibe. Incluso las encuestas oficiales muestran una percepción reprobatoria hacia las instituciones de seguridad”, explicó Saucedo.

    A pesar de estos contrastes, Sheinbaum mantiene altos niveles de popularidad, similar a los que tuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

    “A la presidenta se le percibe como bien intencionada, austera, luchando contra los cárteles, y esa imagen compensa el mal desempeño en seguridad”, añadió el experto.

    Otro eje crítico es la relación con Estados Unidos. Saucedo indicó que la Casa Blanca percibe al Gobierno mexicano como temeroso ante los cárteles y lo acusa de maquillar cifras.

    “Washington ejerce una presión constante mediante amenazas arancelarias para obligar a México a frenar la migración y el tráfico de drogas”, comentó.

    Entre las exigencias están el aumento en decomisos, extradiciones y presencia de la Guardia Nacional en las fronteras, además de sanciones como la cancelación de visas a funcionarios mexicanos.

    Durante este primer año, el mapa criminal también se ha reconfigurado. La división interna del Cártel de Sinaloa provocó nuevas alianzas: los ‘Chapitos’ se acercaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que Ismael “El Mayo” Zambada consolidó una coalición con otros grupos regionales.

    “Hoy hay dos grandes bandos en pugna, además de cárteles medianos e independientes como la Familia Michoacana, que aprovechan la coyuntura. Esto ha desatado una especie de guerra civil en el mundo criminal, con violencia extendida en varias regiones del país”, indicó Saucedo.

    Entre los mayores desafíos del Gobierno están el “narcoterrorismo”, es decir, ataques del crimen organizado contra civiles para sembrar terror y presionar al Estado, y la “narcopolítica”, que implica la infiltración de los cárteles en procesos electorales mediante amenazas o financiamiento.

     

  • Claudia Sheinbaum llega a su primer año de gobierno con 73% de aprobación

    Claudia Sheinbaum llega a su primer año de gobierno con 73% de aprobación

    Siete de cada diez mexicanos —el 73 %— respaldan la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este miércoles cumple su primer año al frente del Ejecutivo, según reveló la más reciente encuesta nacional del diario El Financiero.

    El respaldo ciudadano refleja una leve disminución respecto a meses anteriores: en agosto la aprobación fue del 74 %, en julio del 75 % y en febrero alcanzó su punto más alto con 85 %. A pesar de esta tendencia, Sheinbaum mantiene una imagen sólida entre la ciudadanía, incluso superando por cinco puntos a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en su primer año de mandato.

    La encuesta, elaborada a partir de una muestra representativa de 1,000 ciudadanos, también reveló que el 48 % considera que el país ha mejorado en áreas como pobreza, desigualdad, educación y el sistema escolar. Por otra parte, el 44 % percibe avances en el sistema de salud pública y los servicios médicos.

    En materia energética, el 39 % opinó que ha habido mejoras en el combate al robo de combustible, mientras que el 36 % destacó avances en la gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex).

    Sin embargo, la inseguridad se mantiene como la principal preocupación para los mexicanos (52 %), seguida por la corrupción (21 %) y la economía o el desempleo (18 %).

    Sobre la gestión de Sheinbaum en seguridad pública, el 42 % la califica como positiva, mientras que el 53 % la percibe negativamente. Las cifras son más críticas en cuanto al combate al crimen organizado, donde el 74 % valora su labor como deficiente frente a un 20 % que la considera buena o muy buena.

    El tema de la corrupción también refleja un reto importante: el 75 % evalúa negativamente su lucha contra este problema, frente a un 19 % que tiene una opinión favorable. Este es el nivel más bajo de aprobación en esta área desde abril.

    Uno de los eventos más destacados de septiembre fue su participación en la ceremonia del Grito de Independencia, que recibió un 70 % de opiniones favorables. “Su imagen de liderazgo subió seis puntos, a 66 % de opinión favorable, en parte por su desempeño en la ceremonia patria”, destacó el informe.

    En temas de política exterior y comercio, el 51 % de los encuestados se mostró de acuerdo con la imposición de aranceles a China, mientras que un 45 % expresó su desacuerdo.

    El estudio fue realizado del 11 al 15 y del 18 al 22 de septiembre, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±3.1 %, según detalló El Financiero.

     

  • EEUU declara a la pandilla Barrio 18 «Organización Terrorista» y «Entidad Terrorista Global»

    EEUU declara a la pandilla Barrio 18 «Organización Terrorista» y «Entidad Terrorista Global»

    El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la designación de la pandilla Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Entidad Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

    “Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

    Con esta medida, el gobierno estadounidense busca cortar las fuentes de financiamiento y limitar los movimientos de sus integrantes en el ámbito internacional. 

    «Los Estados Unidos continuarán protegiendo a nuestra nación manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo los flujos de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de bandas viciosas y cárteles de la droga. La acción tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra aún más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de desmantelar cárteles y pandillas y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense», agregó el comunicado del Departamento de Estado.

    La decisión fue adoptada bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, y entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal de EEUU.

    El Barrio 18 ha sido una de las pandillas más activas en El Salvador y junto a la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron señaladas como responsables de miles de homicidios, extorsiones y otros delitos. El gobierno de Nayib Bukele ha impuesto un régimen de excepción desde marzo de 2022 y más de 80 mil pandilleros y presuntos colaboradores han sido encarcelados desde entonces provocando una reducción drástica de homicidios.

    En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ya había declarado en 2015 como grupos terroristas a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18, al considerar que “cualquier organización criminal que busque arrogarse potestades propias del Estado” constituye una amenaza a la soberanía y al orden democrático.

    En febrero de 2025, la administración estadounidense extendió medidas similares contra la Mara Salvatrucha (MS-13), el grupo criminal venezolano Tren de Aragua y varios de los cárteles más violentos de México, entre ellos el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste (antes Los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y “Cárteles Unidos”.

    El Departamento de Estado aseguró que estas acciones reflejan el “compromiso inquebrantable de la administración Trump de desmantelar carteles y pandillas, y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

    Con esta nueva clasificación internacional, los miembros y colaboradores de estas pandillas y cárteles enfrentarán sanciones financieras y restricciones de viaje. Washington busca con ello reforzar su estrategia para frenar el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que generan violencia en Centroamérica y México.

     

  • Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, trasladado a prisión en Nueva York por cargos de tráfico sexual y crimen organizado

    Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, trasladado a prisión en Nueva York por cargos de tráfico sexual y crimen organizado

    Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo (LLDM), fue ingresado el viernes al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras ser acusado formalmente en una corte federal de conspiración para crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de su congregación.

    Según el Buró Federal de Prisiones (BOP), el autodenominado “Apóstol de Jesucristo” aparece bajo el número de interno 05584-512. El Departamento de Justicia (DOJ) detalló que Joaquín García, de 56 años, habría creado una red paralela a la iglesia con el fin de encubrir un sistema de abuso sexual sistemático de menores, iniciado durante el liderazgo de su padre, Samuel Joaquín, fallecido en 2014.

    El líder de La Luz del Mundo fue detenido la semana pasada y trasladado a custodia federal en Nueva York, donde ahora comparte prisión con reconocidos capos como Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

    Además de Joaquín García, fueron arrestadas otras dos personas en Los Ángeles y Chicago, mientras que tres presuntos cómplices permanecen prófugos.

    El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, señaló que el líder religioso y sus colaboradores “usaron su posición y los recursos de La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres durante décadas, aprovechando su influencia espiritual y poder económico para silenciar a las víctimas”.

    Naasón Joaquín García enfrenta ahora cargos federales por tráfico sexual, crimen organizado y delitos financieros en Nueva York, además de la sentencia de más de 16 años de prisión en California, donde se declaró culpable en 2022 de dos cargos estatales relacionados con abusos sexuales.

     

  • Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    En un paso clave hacia las elecciones generales de noviembre de 2025, cuatro candidatos presidenciales de Honduras firmaron este martes un compromiso para impulsar una agenda nacional anticorrupción, que incluye la creación de una comisión internacional, el restablecimiento del tratado de extradición con Estados Unidos, y la implementación de un sistema integral de prevención de la corrupción.

    La única candidata que no suscribió la declaración fue Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). En contraste, firmaron el pacto Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD). La iniciativa fue promovida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) bajo el lema “Honduras primero: una promesa que se exige, un deber que se cumple”.

    Durante el acto, el liberal Salvador Nasralla prometió establecer en su primer año de gobierno la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), dotada de autonomía e independencia. “Honduras pierde 100,000 millones de lempiras —$3,813.6 millones— anuales por robo. Un gobierno se roba hasta $15,254 millones. Eso lo voy a detener”, aseguró Nasralla.

    Mario Rivera, de Democracia Cristiana, calificó la declaración como un “pacto moral” y una “declaratoria de guerra contra los corruptos y sinvergüenzas que han saqueado el país”. Por su parte, Nelson Ávila, del PINU-SD, instó a construir un gobierno de integración nacional y advirtió contra el riesgo de imponer “actitudes dictatoriales o excluyentes”.

    El acuerdo también plantea reactivar el tratado de extradición con EE.UU., suspendido temporalmente, como una herramienta clave contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Asimismo, propone implementar una estrategia nacional anticorrupción, desde la raíz del diseño estatal, con acciones concretas orientadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

    La directora del CNA, Gabriela Castellanos, calificó este compromiso como un “punto de inflexión” y advirtió que el próximo gobierno “no tendrá margen para el error ni la indiferencia”. Castellanos afirmó que liderar Honduras requerirá “valentía moral para desmantelar redes de poder que perpetúan el saqueo y la impunidad”, más allá de la capacidad técnica.

    “El discurso anticorrupción no puede ser una excusa para justificar la ineficiencia en gobernar”, subrayó, y aseguró que el CNA continuará señalando y fiscalizando con nombre, rostro y cifras “el saqueo de los recursos públicos”.

    En las elecciones generales de noviembre, los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, veinte representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes municipales.