Etiqueta: crimen organizado

  • Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que se aplicará entre el 17 y el 30 de septiembre como parte de su estrategia para reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales.

    La restricción a la circulación estará vigente diariamente entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana. La medida comenzará durante las primeras horas del 17 de septiembre y finalizará a las 11:59 de la noche del día 30, según lo anunciado por las autoridades.

    El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la intervención tendrá una duración limitada y se concentrará en las cuatro provincias, donde también aumentará la presencia de las fuerzas de seguridad. «El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad», afirmó.

    Las autoridades adelantaron que no entregarán salvoconductos para circular durante las cinco horas de restricción. Las excepciones estarán limitadas a trabajadores de servicios esenciales, personal sanitario y de emergencias, además de fiscales y abogados debidamente acreditados que deban participar en audiencias de flagrancia.

    Los periodistas también podrán movilizarse para realizar coberturas, siempre que estén identificados y acompañen a las fuerzas de seguridad. «Únicamente podrá circular durante esas horas personal de primera respuesta: personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia. En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden», precisó Reimberg.

    El resto de la población deberá permanecer en sus viviendas durante el horario establecido. El Ejecutivo pidió la colaboración de los habitantes y señaló que la medida busca facilitar las operaciones contra las estructuras criminales, además de fortalecer la seguridad en las zonas intervenidas.

    Este será el tercer toque de queda decretado en Ecuador durante 2026. El primero comenzó el 13 de marzo y afectó a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras una segunda restricción fue aprobada el 28 de abril y abarcó un número mayor de provincias y cantones.

    Las medidas anteriores se adoptaron en el contexto de estados de excepción decretados por Noboa. El mandatario renovó el 14 de agosto, por otros 30 días, el estado de excepción por grave conmoción interna en varias provincias y cantones del país. El nuevo toque de queda queda pendiente de ser formalizado mediante el correspondiente decreto ejecutivo.

     

     

  • México despliega 800 militares en la frontera con EEUU para derribar drones del crimen organizado

    México despliega 800 militares en la frontera con EEUU para derribar drones del crimen organizado

    México desplegó cerca de 800 militares en su frontera con Estados Unidos como parte de un operativo destinado a neutralizar drones utilizados por organizaciones del crimen organizado para vigilar a las autoridades y facilitar el tráfico ilegal de migrantes, informó el ministro de Defensa, general Ricardo Trevilla.

    «Se realizan de dos maneras las operaciones: una con personal militar, realizando patrullajes terrestres. Hablamos de alrededor de 800 elementos que están patrullando y también (tienen) equipos antidron, semifijo y móviles», detalló Trevilla durante una conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

    El operativo conjunto, denominado ‘Águila Alta’, cubre un área de cinco kilómetros tomando como punto central el paso fronterizo de Mesa de Otay y alcanza una profundidad de 500 metros. México mantiene tres equipos en el sector con capacidad «para inhibir drones en un área de tres kilómetros», según explicó el funcionario.

    «Las operaciones espejo se implementaron desde el año pasado (…) Tenemos desplegados en toda la frontera 10.000 elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3.000-3.300 del personal militar que ya de por sí están destacamentados en esos estados fronterizos», explicó Trevilla.

    El ministro de Defensa adelantó que autoridades mexicanas y estadounidenses sostendrán una reunión la próxima semana para «intercambiar información» y dar seguimiento al operativo conjunto. Hasta el momento, precisó, «no ha habido resultados del lado mexicano».

    Sheinbaum aclaró que los dispositivos que buscan neutralizar las fuerzas mexicanas son drones «comerciales» y no aparatos equipados con armas de fuego. De acuerdo con la mandataria, son utilizados para obtener información sobre la presencia de las patrullas fronterizas.

    Las organizaciones criminales emplean estos dispositivos para grabar y determinar si existen operativos de vigilancia en determinadas zonas de la frontera, lo que les permitiría identificar momentos y puntos para realizar cruces ilegales, según la explicación ofrecida por la presidenta.

    El despliegue antidrones se suma a los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército que México mantiene en sus estados fronterizos. Las autoridades de ambos países continuarán coordinando el operativo y evaluarán sus resultados mediante el intercambio de información previsto para la próxima semana.

     

  • Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó este miércoles que el narcotráfico logró infiltrarse en el Poder Judicial y en los cuerpos policiales del país, por lo que anunció una rotación de agentes para evitar su arraigo en determinadas comunidades y posibles vínculos con organizaciones criminales.

    «Sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también en las policías del Gobierno. Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo», declaró Fernández durante su conferencia de prensa semanal.

    Las declaraciones se producen después de que en los últimos meses salieran a la luz casos de policías, jueces y fiscales presuntamente relacionados con grupos dedicados al narcotráfico y señalados de realizar acciones para favorecerlos. Fernández ya había formulado críticas similares que provocaron el rechazo de magistrados del Poder Judicial.

    La mandataria planteó que también sería «bonito» que el Poder Judicial aplicara una rotación de jueces y fiscales en el territorio costarricense, similar a la medida anunciada para los agentes policiales, con el objetivo de que «no tengan arraigo y no empiecen a defender intereses del narcotráfico».

    «Flaco favor le hace el Poder Judicial a nuestro país si no reconoce el problema. Tiene el problema del tamaño de un elefante en una cristalería y lo vemos todos, todos los días. Ojalá puedan tomar medidas, estamos a tiempo», expresó Fernández.

    Costa Rica enfrenta actualmente elevados niveles de homicidios relacionados con el narcotráfico y reportes sobre una posible infiltración del crimen organizado en la Policía.

    Fernández prometió durante su campaña aplicar medidas de mano dura contra la delincuencia e incluyó en su plan de Gobierno la posibilidad de impulsar un estado de excepción en zonas «conflictivas» si empeora la situación de seguridad. En agosto también emitió un decreto que declaró secreto de Estado la información, documentos y archivos de organismos de inteligencia y seguridad, incluidos contratos y presupuestos.

    Las autoridades de seguridad señalan que Costa Rica se convirtió en una plataforma logística utilizada por organizaciones narcotraficantes para recibir y almacenar cargamentos procedentes de Suramérica y posteriormente enviarlos hacia Estados Unidos y Europa, principalmente mediante contenedores.

    Según cifras del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), durante 2025 las autoridades decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta registrada en la historia del país. El volumen quedó únicamente por debajo de las 47.1 toneladas incautadas en 2020, en medio del desafío que representa el narcotráfico para la seguridad costarricense.

     

  • Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles en Quito que la Administración del presidente Donald Trump declarará como organización terrorista a Los Tiguerones, una de las bandas criminales vinculadas a la escalada de violencia que atraviesa Ecuador.

    El anuncio ocurrió después de una reunión entre Rubio y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet. Con la designación, Los Tiguerones se sumarán a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, otras tres organizaciones criminales ecuatorianas que Estados Unidos considera terroristas. “No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos», manifestó Rubio.

    Los Tiguerones son señalados de protagonizar distintos hechos violentos, entre ellos la irrupción de hombres armados en las instalaciones del canal TC Televisión durante una transmisión en directo en enero de 2024. La organización tiene como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, quien permanece en libertad después de ser detenido en España sin que se concretara su extradición a Ecuador.

    Rubio sostuvo que enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales requiere una coalición internacional y destacó la iniciativa Escudo de las Américas, promovida por Trump con la participación de gobiernos latinoamericanos aliados de Washington. “Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador», aseveró Rubio. “Nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tantos daño a la región», añadió.

    La visita del jefe de la diplomacia estadounidense ocurre mientras Estados Unidos desarrolla una campaña de bombardeos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que información de inteligencia las vincula con el apoyo a lanchas que presuntamente transportan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica. Durante las últimas dos semanas, seis embarcaciones señaladas por Washington de colaborar con Los Choneros fueron hundidas.

    La presencia militar estadounidense en Ecuador también se hizo visible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey, que participaron en un operativo desarrollado en Alto Punino, enclave de minería ilegal ubicado en la Amazonía ecuatoriana. La zona estaría bajo control de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, Rubio anticipó que la Administración Trump solicitará al Congreso estadounidense autorización para destinar otros $45 millones a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Además, confirmó una partida específica de $10 millones para combatir la minería ilegal, “que se está robando la riqueza del país».

    Estados Unidos también entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies de eslora y cinco interceptores adicionales. Con estos equipos, el número de embarcaciones proporcionadas este año ascenderá a doce, con el objetivo de fortalecer la capacidad marítima ecuatoriana frente a las organizaciones criminales.

     

  • Laura Fernández descarta “bukelización” y defiende mano dura en Costa Rica

    Laura Fernández descarta “bukelización” y defiende mano dura en Costa Rica

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó que su Gobierno avance hacia una “bukelización” del país, aunque defendió mantener una política de mano dura contra el crimen organizado ante el recrudecimiento de la inseguridad y reconoció que replicaron el modelo carcelario impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    “No hay aquí ninguna bukelización; nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención del presidente Nayib Bukele, porque las personas privadas de libertad desde la cárcel [responsabilidad del Ejecutivo] continuaban liderando su negocio, haciendo estafas, ordenando sicariatos…”, afirmó Fernández en una entrevista con el periódico español El País.

    La mandataria aseguró que su política de seguridad mantiene la línea del anterior Gobierno de Rodrigo Chaves.

    “No creo que haya ningún cambio de enfoque, porque el gobierno pasado tuvo uno de mano dura contra la inseguridad, pero el crimen organizado se continúa recrudeciendo en el país y por eso hay que darle continuidad a esa mano dura. Dar continuidad al Cacco [cárcel de máxima seguridad inspirada en El Salvador], al C5 [un centro de control con tecnología], a las nuevas delegaciones policiales, a los operativos, todo lo que estamos haciendo. Lo de legalizar la marihuana, no es para mí una prioridad en este momento, estoy en mil cosas más”, afirmó la mandataria.

    Fernández también defendió su postura crítica hacia el Poder Judicial, al que atribuye problemas de impunidad y mora judicial. La presidenta considera necesaria una reforma de este órgano y planteó que someter los cargos de jueces y magistrados a elección popular “puede ser una buena sugerencia”, aunque negó que busque cerrar o atacar la institución.

    La gobernante también rechazó que Costa Rica tenga un Ejecutivo con dos centros de poder debido a la presencia del expresidente Chaves como ministro de Hacienda y de la Presidencia.

    “La presidente de la República soy yo. Yo gané las elecciones con una amplísima mayoría, con las reglas del juego democrático de nuestro país, y lo hice apegada a la legalidad. Aquí no hay ningún gobierno bicéfalo”, sostuvo.

    Fernández reconoció, sin embargo, la influencia de Chaves dentro de su Administración y aseguró que consideraría una eventual reforma constitucional que le permitiera competir nuevamente por la Presidencia en 2030. Según la mandataria, si la reelección consecutiva hubiera estado permitida en 2026, Chaves habría sido nuevamente elegido por el respaldo con el que terminó su mandato.

    Sobre la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico, Fernández aseguró que ambos países ya desarrollan operaciones terrestres conjuntas y mencionó la presencia de la DEA y el FBI. También se mostró favorable a que la Asamblea Legislativa estudie mecanismos para ampliar la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales, siempre que se respete la soberanía costarricense, los tratados internacionales y la Constitución.

    Fernández cumplió sus primeros 100 días de Gobierno en medio de una crisis de seguridad vinculada al narcotráfico y fuertes tensiones con el Poder Judicial. En ese escenario, la mandataria apuesta por mantener las políticas de seguridad de Chaves y aplicar algunas experiencias salvadoreñas, principalmente en materia penitenciaria, pero rechaza que Costa Rica esté adoptando integralmente el modelo de Bukele.

     

  • Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Ecuador pasó de ocupar una posición marginal a convertirse progresivamente en un protagonista del narcotráfico internacional, producto de un proceso de varias décadas favorecido por el debilitamiento institucional y la expansión de diferentes economías ilícitas, según una investigación publicada recientemente.

    «Hay grupos criminales que han estado vinculados al narco desde finales del siglo XX. Esta vinculación hizo que Ecuador sea un actor marginal dentro del escenario internacional, y poco a poco se convirtió en protagonista», explicó Carla Álvarez, una de las editoras del libro El narcotráfico en Ecuador: orígenes, instituciones y convergencias criminales, publicado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

    La obra reúne investigaciones de 12 especialistas que reconstruyen la transformación del país, que durante años se consideró una «isla de paz», hasta convertirse en una de las naciones con mayores incautaciones de cocaína del mundo y entre las más violentas de América Latina.

    «Era necesario reconstruir el rompecabezas de la historia del narcotráfico en Ecuador. Queríamos hacer una cronología, pero no es una historia lineal que sigue año a año una serie de acontecimientos, sino son convergencias que era necesario narrar», afirmó Álvarez.

    La investigadora sostiene que no existe un único punto de inflexión que explique la actual crisis de violencia. Entre las transformaciones ocurridas durante décadas mencionó el cambio en la concepción de las drogas, que a comienzos de los años 90 pasaron de considerarse un asunto de salud pública a uno de seguridad, además de la dolarización y la posterior reducción de instituciones y capacidades estatales.

    Ese deterioro institucional comenzó a «abrir espacios en los que el narcotráfico se infiltró», mientras las condiciones del mercado internacional favorecieron simultáneamente otras economías ilegales, entre ellas la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas.

    Álvarez explicó que durante años Ecuador consideró que la problemática del narcotráfico que enfrentaba Colombia no terminaría afectándolo con la misma intensidad.

    El libro también examina la cooperación de Estados Unidos en el combate contra las drogas, caracterizada por operaciones militares y estrategias de corto plazo vinculadas a la agenda estadounidense de seguridad.

    «Ha sido un error asumir una agenda internacional de lucha contra el narcotráfico sin establecer prioridades nacionales. Eso nos ha hecho desatender otros problemas locales como el consumo de drogas», explicó Álvarez.

    Según la académica, esa estrategia también provocó que los esfuerzos se concentren en perseguir a narcotraficantes que pueden ser reemplazados dentro de las organizaciones, en lugar de alcanzar a quienes controlan los recursos económicos, mientras persisten debilidades en el sistema de Inteligencia. Aunque considera necesaria la «mano dura», sostiene que aplicarla de manera aislada no permite enfrentar las causas estructurales de la crisis que atraviesa Ecuador.

    Álvarez planteó que las estrategias regionales contra el crimen también deben incorporar políticas para la construcción de paz y prevención del reclutamiento de menores.

    «Necesitamos darles alternativas a niños y adolescentes para que no sean reclutados por el crimen. Hay que reconstruir el tejido social, fortalecer las prácticas de convivencia», sostuvo.

     

  • La seguridad domina el inicio de campaña de Lula y Bolsonaro en Brasil

    La seguridad domina el inicio de campaña de Lula y Bolsonaro en Brasil

    La seguridad pública marcó este domingo el inicio de las campañas electorales del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador Flávio Bolsonaro, principales rivales de cara a las elecciones de octubre, durante actos celebrados en sus respectivos bastiones políticos de São Paulo y Río de Janeiro.

    Lula, quien parte como favorito en las encuestas, anunció durante su acto en el estadio Vila Euclides de São Bernardo do Campo que impulsará la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública para aumentar la coordinación del Gobierno federal con los estados en el combate contra la delincuencia.

    El mandatario prometió una estrategia más contundente para recuperar territorios afectados por grupos criminales. La nueva institución servirá «para compartir responsabilidades con los estados y liberar al pueblo arrestando a todo aquel que crea ser dueño de una favela o un barrio pobre», aseguró ante sus simpatizantes.

    Lula también utilizó su primer discurso de campaña para reforzar su posición como referente de la izquierda brasileña y arremetió contra sus adversarios políticos.

    «No permitiré que la derecha llegue al poder, una derecha que solía reírse de los niños que morían por falta de medicinas», manifestó. «No sé qué futuro se imagina esta gente para el pueblo brasileño».

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a su llegada al lanzamiento de campaña para su reelección el 16 de agosto, en el Estadio Primero de Mayo en São Bernardo do Campo, Brasil. EFE/ Sebastiao Moreira

    Flávio Bolsonaro, por su parte, abrió su campaña en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde cuestionó la política de seguridad de Lula y acusó al actual gobierno de no responder con suficiente contundencia frente a la delincuencia.

    El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por golpe de Estado, cuestionó que Lula mantenga disputas internacionales mientras, a su juicio, no enfrenta con la misma intensidad a los delincuentes dentro del país.

    Bolsonaro acusó al mandatario de «pelearse con países a 10.000 kilómetros de Brasil», en referencia a Israel, «pero no se pelea con el ladrón, narcotraficante, violador, asaltante y asesino que tenemos al lado».

    El candidato opositor elevó sus críticas al Gobierno y planteó dos posibles explicaciones para lo que considera una deficiente respuesta contra la criminalidad.

    «O este gobierno está confabulado con el crimen organizado o son unos incompetentes», añadió Bolsonaro, según declaraciones recogidas por el diario ‘O Globo’.

    Los primeros actos de Lula y Flávio Bolsonaro anticipan que la seguridad pública ocupará un lugar central en la disputa electoral de octubre, con el presidente prometiendo una mayor intervención federal y su rival utilizando el combate contra el crimen como uno de sus principales argumentos para cuestionar la gestión del actual gobierno.

     

  • Flávio Bolsonaro propone cárceles inspiradas en El Salvador y acercamiento a EEUU

    Flávio Bolsonaro propone cárceles inspiradas en El Salvador y acercamiento a EEUU

    El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro presentó el jueves su programa de gobierno, que propone construir cinco cárceles federales de máxima seguridad bajo el modelo aplicado en El Salvador, además de endurecer las medidas contra el crimen organizado, reformar el Poder Judicial y recomponer las relaciones con Estados Unidos.

    El documento, de 76 páginas y titulado “Para que Brasil venza el atraso”, agrupa sus propuestas en nueve grandes directrices. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro plantea reestructurar los servicios públicos, ajustar el gasto gubernamental y endurecer el Código Penal como parte de su estrategia para “rescatar el país”.

    En seguridad, una de las principales apuestas de su candidatura, Bolsonaro propone catalogar como “organizaciones narcoterroristas” a grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Su programa también contempla reducir de 18 a 16 años la mayoría de edad penal y aplicar sanciones desde los 14 años para delitos graves.

    El plan incluye además implementar la castración química para violadores de menores y levantar cinco centros penitenciarios federales de máxima seguridad siguiendo el modelo aplicado en El Salvador. La propuesta incorpora así la experiencia salvadoreña dentro de las medidas con las que Bolsonaro pretende reforzar el combate contra las organizaciones criminales en Brasil.

    En política exterior, el candidato propone recomponer las relaciones de Brasil con socios considerados estratégicos e históricos, entre ellos Estados Unidos, Israel y Argentina. Al mismo tiempo, plantea mantener relaciones comerciales con China y la Unión Europea independientemente de los gobiernos de esos países, bajo una estrategia de “soberanía con profesionalismo, no con ideología”.

    La reforma del Poder Judicial constituye otro de los ejes del programa. Bolsonaro considera que el Tribunal Supremo brasileño acumuló demasiadas funciones y propone eliminar sus competencias penales originarias para juzgar a parlamentarios, quienes pasarían a instancias inferiores. También plantea establecer una cuarentena de un año antes de que ministros del Gobierno puedan ser postulados al alto tribunal.

    En economía, el candidato promete recortar el gasto público, reducir impuestos, impulsar la apertura comercial y retomar “con criterio” el Programa Nacional de Privatizaciones. Su propuesta contempla evaluar individualmente empresas estatales para determinar en cuáles la presencia gubernamental “ha dejado de tener sentido”, además de reactivar inmediatamente el proceso para incorporar a Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Bolsonaro también promete acabar con la deforestación ilegal en 2029, un año antes de la meta establecida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para la Amazonía. Sin embargo, plantea permitir a los pueblos indígenas explotar económicamente sus tierras y acelerar las licencias ambientales para proyectos de infraestructura.

    Las últimas encuestas citadas sitúan a Bolsonaro cinco puntos por debajo de Lula, quien alcanza un 44 % de intención de voto ante una eventual segunda vuelta electoral.

     

  • Estados Unidos pide a los países latinoamericanos aumentar el gasto en defensa y seguridad

    Estados Unidos pide a los países latinoamericanos aumentar el gasto en defensa y seguridad

    La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles a los países de América Latina incrementar la inversión en defensa y seguridad para enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado y las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

    El llamado fue realizado por el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, en un artículo publicado en la revista Americas Quarterly, donde sostuvo que los gobiernos de la región deben asumir una mayor responsabilidad en la protección de sus territorios.

    «Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa», afirmó Colby.

    El funcionario calificó de «absurdo» que algunos países latinoamericanos dediquen menos del 1 % de su Producto Interno Bruto (PIB) a la defensa nacional, aunque evitó mencionar cuáles son esas naciones. En contraste, destacó que los países europeos miembros de la OTAN incrementan su gasto hasta alcanzar un 3.5 % del PIB en defensa y un 1.5 % adicional en áreas relacionadas con la seguridad.

    Colby, quien participó a principios de julio en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Cusco, Perú, aseguró que existe «una oportunidad histórica para que Estados Unidos y sus vecinos regionales colaboren» en la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

    El funcionario también defendió la creación del Escudo de las Américas, una alianza militar impulsada por la Administración Trump para combatir el crimen organizado y conformada por gobiernos conservadores de la región. La iniciativa no incluye a Brasil ni a México.

    Asimismo, señaló que la estrategia de seguridad del actual Gobierno estadounidense contempla una actualización de la Doctrina Monroe, principio de la política exterior de Estados Unidos que situó históricamente a América Latina dentro de su esfera de influencia. «Por supuesto, reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete», expresó.

    Colby aseguró que el objetivo de Washington «no radica en la explotación, la subordinación ni la dependencia», sino en promover una región con mayor prosperidad, estabilidad y seguridad.

    Además, afirmó que Estados Unidos utilizará «todos los recursos», incluidas las Fuerzas Armadas, para enfrentar el tráfico de drogas y los flujos migratorios irregulares, al tiempo que destacó las operaciones antidrogas desarrolladas en el Caribe, pese a las críticas de organizaciones que cuestionan esos operativos por presuntas ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.

  • Keiko Fujimori anuncia despliegue militar para combatir el crimen organizado en Perú

    Keiko Fujimori anuncia despliegue militar para combatir el crimen organizado en Perú

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y el control del orden interno en las zonas declaradas bajo estado de emergencia, como parte de la estrategia de su Gobierno para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Durante su primer mensaje ante el Congreso, tras asumir la Presidencia para el período 2026-2031, la mandataria explicó que los militares trabajarán en coordinación con la Policía Nacional hasta restablecer la seguridad.

    «Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional», afirmó. Fujimori aseguró que su administración buscará recuperar los territorios donde las organizaciones criminales han ganado presencia.

    «Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas», sostuvo, al advertir que utilizará todas las herramientas que permite la Constitución para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

    Como parte de su estrategia, la gobernante anunció el fortalecimiento de la Policía Nacional mediante mejoras en equipamiento, respaldo institucional y modernización tecnológica. Entre las medidas planteadas figuran la instalación de sistemas nacionales de videovigilancia, plataformas de inteligencia artificial para anticipar el delito, nuevos sistemas de comunicación y centros de comando para responder con mayor rapidez a las emergencias.

    La presidenta también informó que reforzará los sistemas de inteligencia para desarticular mafias nacionales e internacionales vinculadas con la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Asimismo, advirtió que actuará con firmeza contra los agentes policiales involucrados en actividades ilícitas y anunció que solicitará al Congreso facultades delegadas para impulsar reformas operativas, procesales y penitenciarias.

    Plan de contingencia ante El Niño

    En materia de prevención de desastres, Fujimori anunció un plan de contingencia nacional ante la llegada del fenómeno de El Niño, para el que destinará recursos extraordinarios. La estrategia contempla obras de mitigación, como la limpieza de cauces y la protección de riberas, además de asistencia técnica y financiera para los agricultores que resulten afectados por las lluvias e inundaciones.

    Durante su discurso de investidura, la mandataria aseguró que gobernará únicamente durante el período para el que fue electa y descartó cualquier intento de prolongar su mandato.

    «Empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años, ni un día más», expresó. También afirmó que recibe un país «marcado por el abandono» y un Estado debilitado por la corrupción, la improvisación y la falta de una visión estratégica para atender las necesidades de la población. Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú tras imponerse en la segunda vuelta electoral por un estrecho margen frente al candidato izquierdista Roberto Sánchez. Con su llegada al poder, el fujimorismo regresa al Gobierno casi 26 años después de la salida del expresidente Alberto Fujimori, quien renunció en el año 2000 en medio de un escándalo de corrupción.