Etiqueta: crimen organizado

  • Keiko Fujimori advierte que criminales intentarán asustar, pero su gobierno responderá firme

    Keiko Fujimori advierte que criminales intentarán asustar, pero su gobierno responderá firme

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió este viernes que su gobierno no se dejará intimidar por las organizaciones criminales y aseguró que mantendrá las acciones para recuperar la seguridad en el país, durante una visita al penal El Milagro, ubicado en la ciudad de Trujillo, al norte del territorio peruano.

    La mandataria se trasladó a esa ciudad, situada a más de 500 kilómetros de Lima, para supervisar las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario, donde permanecen recluidos cabecillas de organizaciones criminales vinculadas con la violencia en el norte del país. La inspección ocurrió después de que el gobierno declarara en emergencia cinco cárceles peruanas.
    Fujimori informó que hace dos semanas fueron instalados nuevos equipos de seguridad para controlar el ingreso de visitantes y trabajadores al centro penitenciario, debido a que los dispositivos anteriores permanecieron fuera de funcionamiento durante tres años.

    «Hoy tenemos máquinas funcionando, por donde pasan visitas de internos y todo el personal que ingresa. Yo misma he pasado por esos controles para que no quede duda de que todos cumplimos la ley», manifestó la mandataria.

    La presidenta explicó que, después de implementar los controles, las visitas a los reclusos disminuyeron un 50 %, situación que atribuyó al endurecimiento de las revisiones para impedir el ingreso de objetos prohibidos. Según Fujimori, los visitantes redujeron su asistencia «porque saben que van a ser controlados, (pues) ya no podrán ingresar con nada ilegal».

    Durante el recorrido, la gobernante también señaló los problemas de hacinamiento que enfrenta el penal El Milagro y planteó la necesidad de construir rápidamente entre tres y cuatro pabellones adicionales. Además, reveló que dentro del establecimiento permanecen recluidos «más de 300 internos con tuberculosis (TBC)», una enfermedad pulmonar altamente contagiosa que representa un problema sanitario para la población penitenciaria.

    Fujimori sostuvo que las medidas forman parte de «el inicio de la recuperación de todos los penales a nivel nacional» y lanzó una advertencia a las estructuras criminales que operan en Perú. «Seguramente, las lacras delincuenciales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este gobierno no, estamos firmes, unidos, no vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden en nuestro país», manifestó.

    La mandataria también confirmó el despliegue de «fuerzas de élite» en las zonas consideradas más peligrosas del país para combatir la inseguridad. Asimismo, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y pidió el respaldo de las autoridades judiciales. «Mi reconocimiento al ministro del Interior, César Astudillo; al director de la Policía Nacional, general Freddy López, hoy vemos un cambio, vamos a ir a capturarlos, pero acá también invoco al sistema de justicia para que el esfuerzo de nuestros hombres tenga resultados», añadió la gobernante.

    Como parte de su visita, Fujimori verificó el funcionamiento del Centro de Control del penal El Milagro y recibió los resultados de una requisa efectuada durante la madrugada. La agenda presidencial también contempla su participación en la presentación de las operaciones y resultados del Comando Unificado en Trujillo, una iniciativa que coordina las intervenciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado en el norte de Perú.

  • El expresidente Felipe Calderón ve riesgo de “captura del Estado” mexicano por el crimen organizado

    El expresidente Felipe Calderón ve riesgo de “captura del Estado” mexicano por el crimen organizado

    El expresidente de México Felipe Calderón advirtió el miércoles sobre el riesgo de una “captura del Estado” por parte del crimen organizado y acusó al actual Gobierno de considerar a la oposición política, en lugar de los grupos criminales, como su principal adversario.

    “No estamos hablando (…) de un problema meramente de drogas, es riesgo de captura del Estado, que es la verdadera amenaza. El Gobierno debe entender que es el crimen organizado y no la oposición el mayor enemigo del pueblo mexicano”, afirmó Calderón durante su participación en el cuarto Foro América Libre, celebrado en Ciudad de México.

    El exmandatario, quien gobernó entre 2006 y 2012 y encabezó la llamada “Guerra contra el narco”, que dejó miles de civiles muertos en el país, relacionó su advertencia con lo que considera una creciente intervención del crimen organizado en la política mexicana.

    Calderón citó como ejemplo la acusación presentada en abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. La Fiscalía estadounidense los acusa de presuntamente conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

    El expresidente, quien gobernó México bajo la bandera del opositor Partido Acción Nacional (PAN), también sostuvo que el país está debilitando sus instituciones electorales y judiciales. Además, comparó la situación mexicana con la de gobiernos latinoamericanos que calificó de populistas y que, según él, se han recuperado, como Argentina y Venezuela.

    Horas antes de su intervención, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ironizó durante su conferencia matutina sobre la participación de Calderón en el encuentro, que reúne a organizaciones y dirigentes de la derecha latinoamericana.

    “El espurio Calderón hablando de democracia. Así está la derecha mexicana”, afirmó la mandataria.

    Durante su discurso, Calderón también pidió a los partidos opositores abrir sus estructuras a una mayor participación ciudadana y reconoció que no atendieron propuestas que planteó antes de las elecciones de 2024 para fortalecer su organización territorial.

    “La libertad política no solo puede ser cancelada por el Gobierno, también los partidos, cuando cierran sus puertas a la participación de ciudadanos de buena voluntad”, sostuvo.

    Mientras el expresidente participaba en el foro, extrabajadores de la extinta empresa pública Luz y Fuerza del Centro protestaron frente al hotel de Paseo de la Reforma donde se desarrollaba el encuentro. Otros exempleados se manifestaron en el Complejo Cultural Los Pinos, antigua residencia oficial de los presidentes mexicanos, donde decapitaron una estatua de Calderón en rechazo al decreto con el que su Gobierno extinguió la empresa pública en 2009.

     

  • Ecuador aplica nuevo toque de queda contra violencia criminal

    Ecuador aplica nuevo toque de queda contra violencia criminal

    Ecuador inició el jueves un nuevo período de toques de queda nocturnos durante 15 días en cuatro provincias, como parte de las medidas del Gobierno del presidente Daniel Noboa para contener la violencia vinculada con el crimen organizado. Es la tercera ocasión durante 2026 en que el Ejecutivo recurre a este tipo de restricciones.

    El toque de queda estará vigente entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana. Durante esas horas, la Policía y las Fuerzas Armadas realizan controles en las calles y allanamientos en zonas consideradas críticas por las autoridades, donde buscan a integrantes de organizaciones criminales.

    Noboa recurrió reiteradamente a estados de excepción y restricciones de movilidad desde enero de 2024, cuando declaró la «guerra» al crimen y calificó como «terroristas» a organizaciones criminales. Aunque los homicidios disminuyeron durante ese año, Ecuador cerró 2025 con un récord de 9,283 asesinatos, pese a que también fueron implementados al menos dos períodos de toques de queda relacionados con la inseguridad.

    La persistencia de la violencia llevó al Gobierno a establecer nuevas restricciones en marzo, mayo y septiembre de 2026, principalmente en provincias costeras con fuerte presencia de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. La consultora política en seguridad pública de Estado Katherine Herrera considera que sus resultados son principalmente temporales.

    «Temporalmente puede haber una baja que te sirve para que las Fuerzas Armadas o las autoridades de seguridad y control puedan realizar otras acciones, pero eso no es una solución sostenible y que afecta realmente al crimen organizado, pero, sobre todo, que te ayude a bajar los homicidios», explicó Herrera.

    Las cifras del Ministerio del Interior muestran que después del toque de queda aplicado en mayo en nueve provincias y cuatro municipios, los homicidios disminuyeron ligeramente de 697 en mayo a 693 en junio, pero aumentaron nuevamente hasta 704 durante julio.

    Según Herrera, las organizaciones criminales pueden desplazarse hacia otras provincias o reanudar sus operaciones una vez terminadas las restricciones.

    La especialista sostuvo que los operativos deben complementarse con inteligencia criminal y penitenciaria, investigaciones patrimoniales, control de armas y acciones focalizadas territorialmente.

    «Los homicidios van a reducirse siempre y cuando tú desarticules la estructura criminal, atiendas las necesidades que tiene la ciudadanía, fortalezcas mucho más la presencia del Estado de forma eficiente y eficaz, y garantices el cumplimiento de la pena. Para acabar con el crimen organizado, también hay que combatir impunidad y corrupción», resaltó.

    Herrera consideró que algunas acciones impulsadas por el Gobierno todavía no conforman una estrategia integral contra las estructuras criminales.

    «Están generando una guerra táctica, pero no una guerra estratégica», concluyó. La especialista advirtió que, sin políticas sostenidas que acompañen las restricciones de movilidad, sus efectos sobre los niveles de violencia pueden limitarse al período en que permanecen vigentes.

     

  • Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    Ecuador aplicará toque de queda en cuatro provincias hasta el 30 de septiembre

    El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que se aplicará entre el 17 y el 30 de septiembre como parte de su estrategia para reforzar las operaciones contra las organizaciones criminales.

    La restricción a la circulación estará vigente diariamente entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana. La medida comenzará durante las primeras horas del 17 de septiembre y finalizará a las 11:59 de la noche del día 30, según lo anunciado por las autoridades.

    El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la intervención tendrá una duración limitada y se concentrará en las cuatro provincias, donde también aumentará la presencia de las fuerzas de seguridad. «El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad», afirmó.

    Las autoridades adelantaron que no entregarán salvoconductos para circular durante las cinco horas de restricción. Las excepciones estarán limitadas a trabajadores de servicios esenciales, personal sanitario y de emergencias, además de fiscales y abogados debidamente acreditados que deban participar en audiencias de flagrancia.

    Los periodistas también podrán movilizarse para realizar coberturas, siempre que estén identificados y acompañen a las fuerzas de seguridad. «Únicamente podrá circular durante esas horas personal de primera respuesta: personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia. En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden», precisó Reimberg.

    El resto de la población deberá permanecer en sus viviendas durante el horario establecido. El Ejecutivo pidió la colaboración de los habitantes y señaló que la medida busca facilitar las operaciones contra las estructuras criminales, además de fortalecer la seguridad en las zonas intervenidas.

    Este será el tercer toque de queda decretado en Ecuador durante 2026. El primero comenzó el 13 de marzo y afectó a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras una segunda restricción fue aprobada el 28 de abril y abarcó un número mayor de provincias y cantones.

    Las medidas anteriores se adoptaron en el contexto de estados de excepción decretados por Noboa. El mandatario renovó el 14 de agosto, por otros 30 días, el estado de excepción por grave conmoción interna en varias provincias y cantones del país. El nuevo toque de queda queda pendiente de ser formalizado mediante el correspondiente decreto ejecutivo.

     

     

  • México despliega 800 militares en la frontera con EEUU para derribar drones del crimen organizado

    México despliega 800 militares en la frontera con EEUU para derribar drones del crimen organizado

    México desplegó cerca de 800 militares en su frontera con Estados Unidos como parte de un operativo destinado a neutralizar drones utilizados por organizaciones del crimen organizado para vigilar a las autoridades y facilitar el tráfico ilegal de migrantes, informó el ministro de Defensa, general Ricardo Trevilla.

    «Se realizan de dos maneras las operaciones: una con personal militar, realizando patrullajes terrestres. Hablamos de alrededor de 800 elementos que están patrullando y también (tienen) equipos antidron, semifijo y móviles», detalló Trevilla durante una conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

    El operativo conjunto, denominado ‘Águila Alta’, cubre un área de cinco kilómetros tomando como punto central el paso fronterizo de Mesa de Otay y alcanza una profundidad de 500 metros. México mantiene tres equipos en el sector con capacidad «para inhibir drones en un área de tres kilómetros», según explicó el funcionario.

    «Las operaciones espejo se implementaron desde el año pasado (…) Tenemos desplegados en toda la frontera 10.000 elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3.000-3.300 del personal militar que ya de por sí están destacamentados en esos estados fronterizos», explicó Trevilla.

    El ministro de Defensa adelantó que autoridades mexicanas y estadounidenses sostendrán una reunión la próxima semana para «intercambiar información» y dar seguimiento al operativo conjunto. Hasta el momento, precisó, «no ha habido resultados del lado mexicano».

    Sheinbaum aclaró que los dispositivos que buscan neutralizar las fuerzas mexicanas son drones «comerciales» y no aparatos equipados con armas de fuego. De acuerdo con la mandataria, son utilizados para obtener información sobre la presencia de las patrullas fronterizas.

    Las organizaciones criminales emplean estos dispositivos para grabar y determinar si existen operativos de vigilancia en determinadas zonas de la frontera, lo que les permitiría identificar momentos y puntos para realizar cruces ilegales, según la explicación ofrecida por la presidenta.

    El despliegue antidrones se suma a los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército que México mantiene en sus estados fronterizos. Las autoridades de ambos países continuarán coordinando el operativo y evaluarán sus resultados mediante el intercambio de información previsto para la próxima semana.

     

  • Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    Presidenta costarricense denuncia infiltración del narcotráfico en instituciones  

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó este miércoles que el narcotráfico logró infiltrarse en el Poder Judicial y en los cuerpos policiales del país, por lo que anunció una rotación de agentes para evitar su arraigo en determinadas comunidades y posibles vínculos con organizaciones criminales.

    «Sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también en las policías del Gobierno. Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo», declaró Fernández durante su conferencia de prensa semanal.

    Las declaraciones se producen después de que en los últimos meses salieran a la luz casos de policías, jueces y fiscales presuntamente relacionados con grupos dedicados al narcotráfico y señalados de realizar acciones para favorecerlos. Fernández ya había formulado críticas similares que provocaron el rechazo de magistrados del Poder Judicial.

    La mandataria planteó que también sería «bonito» que el Poder Judicial aplicara una rotación de jueces y fiscales en el territorio costarricense, similar a la medida anunciada para los agentes policiales, con el objetivo de que «no tengan arraigo y no empiecen a defender intereses del narcotráfico».

    «Flaco favor le hace el Poder Judicial a nuestro país si no reconoce el problema. Tiene el problema del tamaño de un elefante en una cristalería y lo vemos todos, todos los días. Ojalá puedan tomar medidas, estamos a tiempo», expresó Fernández.

    Costa Rica enfrenta actualmente elevados niveles de homicidios relacionados con el narcotráfico y reportes sobre una posible infiltración del crimen organizado en la Policía.

    Fernández prometió durante su campaña aplicar medidas de mano dura contra la delincuencia e incluyó en su plan de Gobierno la posibilidad de impulsar un estado de excepción en zonas «conflictivas» si empeora la situación de seguridad. En agosto también emitió un decreto que declaró secreto de Estado la información, documentos y archivos de organismos de inteligencia y seguridad, incluidos contratos y presupuestos.

    Las autoridades de seguridad señalan que Costa Rica se convirtió en una plataforma logística utilizada por organizaciones narcotraficantes para recibir y almacenar cargamentos procedentes de Suramérica y posteriormente enviarlos hacia Estados Unidos y Europa, principalmente mediante contenedores.

    Según cifras del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), durante 2025 las autoridades decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta registrada en la historia del país. El volumen quedó únicamente por debajo de las 47.1 toneladas incautadas en 2020, en medio del desafío que representa el narcotráfico para la seguridad costarricense.

     

  • Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    Rubio anuncia que EE.UU. declarará terroristas a Los Tiguerones

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles en Quito que la Administración del presidente Donald Trump declarará como organización terrorista a Los Tiguerones, una de las bandas criminales vinculadas a la escalada de violencia que atraviesa Ecuador.

    El anuncio ocurrió después de una reunión entre Rubio y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet. Con la designación, Los Tiguerones se sumarán a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, otras tres organizaciones criminales ecuatorianas que Estados Unidos considera terroristas. “No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista, y hay que derrotarlos», manifestó Rubio.

    Los Tiguerones son señalados de protagonizar distintos hechos violentos, entre ellos la irrupción de hombres armados en las instalaciones del canal TC Televisión durante una transmisión en directo en enero de 2024. La organización tiene como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, quien permanece en libertad después de ser detenido en España sin que se concretara su extradición a Ecuador.

    Rubio sostuvo que enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales requiere una coalición internacional y destacó la iniciativa Escudo de las Américas, promovida por Trump con la participación de gobiernos latinoamericanos aliados de Washington. “Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador», aseveró Rubio. “Nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tantos daño a la región», añadió.

    La visita del jefe de la diplomacia estadounidense ocurre mientras Estados Unidos desarrolla una campaña de bombardeos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que información de inteligencia las vincula con el apoyo a lanchas que presuntamente transportan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica. Durante las últimas dos semanas, seis embarcaciones señaladas por Washington de colaborar con Los Choneros fueron hundidas.

    La presencia militar estadounidense en Ecuador también se hizo visible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey, que participaron en un operativo desarrollado en Alto Punino, enclave de minería ilegal ubicado en la Amazonía ecuatoriana. La zona estaría bajo control de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, Rubio anticipó que la Administración Trump solicitará al Congreso estadounidense autorización para destinar otros $45 millones a la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Además, confirmó una partida específica de $10 millones para combatir la minería ilegal, “que se está robando la riqueza del país».

    Estados Unidos también entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies de eslora y cinco interceptores adicionales. Con estos equipos, el número de embarcaciones proporcionadas este año ascenderá a doce, con el objetivo de fortalecer la capacidad marítima ecuatoriana frente a las organizaciones criminales.

     

  • Laura Fernández descarta “bukelización” y defiende mano dura en Costa Rica

    Laura Fernández descarta “bukelización” y defiende mano dura en Costa Rica

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó que su Gobierno avance hacia una “bukelización” del país, aunque defendió mantener una política de mano dura contra el crimen organizado ante el recrudecimiento de la inseguridad y reconoció que replicaron el modelo carcelario impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    “No hay aquí ninguna bukelización; nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención del presidente Nayib Bukele, porque las personas privadas de libertad desde la cárcel [responsabilidad del Ejecutivo] continuaban liderando su negocio, haciendo estafas, ordenando sicariatos…”, afirmó Fernández en una entrevista con el periódico español El País.

    La mandataria aseguró que su política de seguridad mantiene la línea del anterior Gobierno de Rodrigo Chaves.

    “No creo que haya ningún cambio de enfoque, porque el gobierno pasado tuvo uno de mano dura contra la inseguridad, pero el crimen organizado se continúa recrudeciendo en el país y por eso hay que darle continuidad a esa mano dura. Dar continuidad al Cacco [cárcel de máxima seguridad inspirada en El Salvador], al C5 [un centro de control con tecnología], a las nuevas delegaciones policiales, a los operativos, todo lo que estamos haciendo. Lo de legalizar la marihuana, no es para mí una prioridad en este momento, estoy en mil cosas más”, afirmó la mandataria.

    Fernández también defendió su postura crítica hacia el Poder Judicial, al que atribuye problemas de impunidad y mora judicial. La presidenta considera necesaria una reforma de este órgano y planteó que someter los cargos de jueces y magistrados a elección popular “puede ser una buena sugerencia”, aunque negó que busque cerrar o atacar la institución.

    La gobernante también rechazó que Costa Rica tenga un Ejecutivo con dos centros de poder debido a la presencia del expresidente Chaves como ministro de Hacienda y de la Presidencia.

    “La presidente de la República soy yo. Yo gané las elecciones con una amplísima mayoría, con las reglas del juego democrático de nuestro país, y lo hice apegada a la legalidad. Aquí no hay ningún gobierno bicéfalo”, sostuvo.

    Fernández reconoció, sin embargo, la influencia de Chaves dentro de su Administración y aseguró que consideraría una eventual reforma constitucional que le permitiera competir nuevamente por la Presidencia en 2030. Según la mandataria, si la reelección consecutiva hubiera estado permitida en 2026, Chaves habría sido nuevamente elegido por el respaldo con el que terminó su mandato.

    Sobre la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico, Fernández aseguró que ambos países ya desarrollan operaciones terrestres conjuntas y mencionó la presencia de la DEA y el FBI. También se mostró favorable a que la Asamblea Legislativa estudie mecanismos para ampliar la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales, siempre que se respete la soberanía costarricense, los tratados internacionales y la Constitución.

    Fernández cumplió sus primeros 100 días de Gobierno en medio de una crisis de seguridad vinculada al narcotráfico y fuertes tensiones con el Poder Judicial. En ese escenario, la mandataria apuesta por mantener las políticas de seguridad de Chaves y aplicar algunas experiencias salvadoreñas, principalmente en materia penitenciaria, pero rechaza que Costa Rica esté adoptando integralmente el modelo de Bukele.

     

  • Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Cómo Ecuador se convirtió gradualmente en plataforma del narcotráfico

    Ecuador pasó de ocupar una posición marginal a convertirse progresivamente en un protagonista del narcotráfico internacional, producto de un proceso de varias décadas favorecido por el debilitamiento institucional y la expansión de diferentes economías ilícitas, según una investigación publicada recientemente.

    «Hay grupos criminales que han estado vinculados al narco desde finales del siglo XX. Esta vinculación hizo que Ecuador sea un actor marginal dentro del escenario internacional, y poco a poco se convirtió en protagonista», explicó Carla Álvarez, una de las editoras del libro El narcotráfico en Ecuador: orígenes, instituciones y convergencias criminales, publicado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

    La obra reúne investigaciones de 12 especialistas que reconstruyen la transformación del país, que durante años se consideró una «isla de paz», hasta convertirse en una de las naciones con mayores incautaciones de cocaína del mundo y entre las más violentas de América Latina.

    «Era necesario reconstruir el rompecabezas de la historia del narcotráfico en Ecuador. Queríamos hacer una cronología, pero no es una historia lineal que sigue año a año una serie de acontecimientos, sino son convergencias que era necesario narrar», afirmó Álvarez.

    La investigadora sostiene que no existe un único punto de inflexión que explique la actual crisis de violencia. Entre las transformaciones ocurridas durante décadas mencionó el cambio en la concepción de las drogas, que a comienzos de los años 90 pasaron de considerarse un asunto de salud pública a uno de seguridad, además de la dolarización y la posterior reducción de instituciones y capacidades estatales.

    Ese deterioro institucional comenzó a «abrir espacios en los que el narcotráfico se infiltró», mientras las condiciones del mercado internacional favorecieron simultáneamente otras economías ilegales, entre ellas la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas.

    Álvarez explicó que durante años Ecuador consideró que la problemática del narcotráfico que enfrentaba Colombia no terminaría afectándolo con la misma intensidad.

    El libro también examina la cooperación de Estados Unidos en el combate contra las drogas, caracterizada por operaciones militares y estrategias de corto plazo vinculadas a la agenda estadounidense de seguridad.

    «Ha sido un error asumir una agenda internacional de lucha contra el narcotráfico sin establecer prioridades nacionales. Eso nos ha hecho desatender otros problemas locales como el consumo de drogas», explicó Álvarez.

    Según la académica, esa estrategia también provocó que los esfuerzos se concentren en perseguir a narcotraficantes que pueden ser reemplazados dentro de las organizaciones, en lugar de alcanzar a quienes controlan los recursos económicos, mientras persisten debilidades en el sistema de Inteligencia. Aunque considera necesaria la «mano dura», sostiene que aplicarla de manera aislada no permite enfrentar las causas estructurales de la crisis que atraviesa Ecuador.

    Álvarez planteó que las estrategias regionales contra el crimen también deben incorporar políticas para la construcción de paz y prevención del reclutamiento de menores.

    «Necesitamos darles alternativas a niños y adolescentes para que no sean reclutados por el crimen. Hay que reconstruir el tejido social, fortalecer las prácticas de convivencia», sostuvo.

     

  • La seguridad domina el inicio de campaña de Lula y Bolsonaro en Brasil

    La seguridad domina el inicio de campaña de Lula y Bolsonaro en Brasil

    La seguridad pública marcó este domingo el inicio de las campañas electorales del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador Flávio Bolsonaro, principales rivales de cara a las elecciones de octubre, durante actos celebrados en sus respectivos bastiones políticos de São Paulo y Río de Janeiro.

    Lula, quien parte como favorito en las encuestas, anunció durante su acto en el estadio Vila Euclides de São Bernardo do Campo que impulsará la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública para aumentar la coordinación del Gobierno federal con los estados en el combate contra la delincuencia.

    El mandatario prometió una estrategia más contundente para recuperar territorios afectados por grupos criminales. La nueva institución servirá «para compartir responsabilidades con los estados y liberar al pueblo arrestando a todo aquel que crea ser dueño de una favela o un barrio pobre», aseguró ante sus simpatizantes.

    Lula también utilizó su primer discurso de campaña para reforzar su posición como referente de la izquierda brasileña y arremetió contra sus adversarios políticos.

    «No permitiré que la derecha llegue al poder, una derecha que solía reírse de los niños que morían por falta de medicinas», manifestó. «No sé qué futuro se imagina esta gente para el pueblo brasileño».

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a su llegada al lanzamiento de campaña para su reelección el 16 de agosto, en el Estadio Primero de Mayo en São Bernardo do Campo, Brasil. EFE/ Sebastiao Moreira

    Flávio Bolsonaro, por su parte, abrió su campaña en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde cuestionó la política de seguridad de Lula y acusó al actual gobierno de no responder con suficiente contundencia frente a la delincuencia.

    El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por golpe de Estado, cuestionó que Lula mantenga disputas internacionales mientras, a su juicio, no enfrenta con la misma intensidad a los delincuentes dentro del país.

    Bolsonaro acusó al mandatario de «pelearse con países a 10.000 kilómetros de Brasil», en referencia a Israel, «pero no se pelea con el ladrón, narcotraficante, violador, asaltante y asesino que tenemos al lado».

    El candidato opositor elevó sus críticas al Gobierno y planteó dos posibles explicaciones para lo que considera una deficiente respuesta contra la criminalidad.

    «O este gobierno está confabulado con el crimen organizado o son unos incompetentes», añadió Bolsonaro, según declaraciones recogidas por el diario ‘O Globo’.

    Los primeros actos de Lula y Flávio Bolsonaro anticipan que la seguridad pública ocupará un lugar central en la disputa electoral de octubre, con el presidente prometiendo una mayor intervención federal y su rival utilizando el combate contra el crimen como uno de sus principales argumentos para cuestionar la gestión del actual gobierno.