Las fuerzas de seguridad de Guatemala han incautado casi cinco toneladas de cocaína valoradas en 86,4 millones de dólares en un operativo efectuado el fin de semana en Puerto Quetzal, el mayor decomiso bajo la administración de Bernardo Arévalo de León.
El operativo, liderado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), se ha extendido desde el pasado fin de semana en las instalaciones de Puerto Quetzal, ubicadas a unos 100 kilómetros al sur de la capital, donde se llevó a cabo el operativo antidrogas.
Las autoridades destacaron que solo este miércoles se localizaron 1.566 paquetes ocultos en tres contenedores, los cuales fueron inspeccionados exhaustivamente por los agentes. Según el Ministerio de Gobernación (Interior), la droga fue hallada en sacos de harina distribuidos en un total de siete contenedores procedentes de Costa Rica.
El cargamento total, que suma 4.169 paquetes (4.927 kilogramos) contabilizados hasta el momento, ha sido trasladado vía aérea por helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio (UNAGOB) hacia bodegas de seguridad en la capital guatemalteca para su posterior incineración bajo control judicial.
Este decomiso representa el mayor cargamento de droga interceptado bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo en enero de 2024.
El año pasado, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 9,8 toneladas de cocaína y capturaron a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Dicha cifra fue menor a las 18,2 toneladas que las autoridades incautaron durante 2024.
Guatemala es utilizada por su posición geográfica como puente para el traslado de estupefacientes desde Suramérica hacia Estados Unidos.
El actor mexicano Damián Alcázar encabeza la nueva serie El Mochaorejas, inspirada en el caso real de Daniel Arizmendi, un temido secuestrador de los años 90. La producción, estrenada este viernes en la plataforma Vix, retrata con crudeza un periodo marcado por la violencia que, según Alcázar, aún persiste en México.
En entrevista con EFE, Alcázar aseguró que la serie no glorifica el crimen, ni recurre al melodrama, sino que ofrece una visión “muy objetiva e imparcial” de una etapa oscura en la historia reciente del país. “Habla del México que empezó a oscurecerse unos años antes y que todavía no nos quitamos de encima esa terrible capa oscura y violenta”, declaró el actor.
Con una trama de ocho episodios, El Mochaorejas reconstruye la historia de Arizmendi, quien mutilaba a sus víctimas para presionar el pago de rescates. Alcázar destacó el enfoque humano de la producción, al señalar que más allá del horror, la serie ofrece una reflexión sobre las consecuencias sociales del abandono familiar y la exposición a la violencia. “Si no hay amor, si hacemos que nuestros niños vean violencia, abandono y carencias, van a ser inseguros, y entonces podemos tener muchas psicopatías”, advirtió.
El protagonista de La ley de Herodes y La dictadura perfecta explicó que su interpretación requirió una extensa investigación basada en crónicas periodísticas de la época. Aprovechó también para señalar que durante los años 90, los gobiernos “tecnócratas neoliberales” causaron un deterioro económico que alimentó la violencia. “Acabaron con muchas empresas y bajaron los sueldos de manera miserable. Eso genera corrupción, impunidad y hambre. Y esas tres cosas hacen violencia”, argumentó.
Alcázar consideró que El Mochaorejas representa un esfuerzo por rescatar la memoria histórica de un periodo que, advirtió, no debe ser olvidado. “No se puede guardar en un baúl”, dijo, e instó a analizar el pasado para evitar repetir errores.
Aunque reconoció que la violencia que se retrata en la serie corresponde a una época pasada, afirmó que los problemas de inseguridad no han desaparecido. Mencionó al narcotráfico como una de las amenazas actuales más graves y criticó la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón. “Un señor les hizo la guerra y lo único que llegó a hacer es apalear el avispero”, señaló.
En contraste, elogió el modelo de “humanismo mexicano” impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, al que definió como “una nueva manera de ver la sociedad”. Según Alcázar, este enfoque promueve la justicia y la distribución de la riqueza para erradicar la corrupción. “Muchos van a querer ser así”, concluyó.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó este viernes que el narcotraficante y exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países.
«La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación», expuso el embajador en un comunicado.
Johnson destacó que el caso representa un avance «concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los carteles y los narcoterroristas», y subrayó el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump de perseguir a quienes «envenenan» las comunidades «con drogas y las amenazan con violencia».
El embajador añadió que la entrega de Wedding da cuenta de la colaboración entre el gobierno estadounidense y la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum «para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen».
Finalmente, Johnson reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como del Departamento de Justicia estadounidense y el FBI, al considerar el caso como un ejemplo de cooperación bilateral en materia de seguridad.
«Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos», zanjó la nota.
Previamente, el FBI informó que Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México y será extraditado a Estados Unidos.
Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.
Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.
Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego (EE.UU.).
Tras cumplir su condena, fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cartel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’.
Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso una pena de 15 años de prisión a Moris Alexander Bercián Manchón, alias “Barney”, identificado como financista y líder de la pandilla MS-13, por el delito de lavado de dinero y activos, en perjuicio del orden socioeconómico del país.
La sentencia se basó en una investigación desarrollada entre los años 2003 y 2015, en la cual se comprobó que Bercián Manchón registró un incremento patrimonial injustificado. Durante ese período, adquirió al menos ocho vehículos, 21 inmuebles y realizó múltiples transacciones financieras de alto valor.
Según la pericia técnica presentada en el juicio, el mayor movimiento económico ocurrió entre 2004 y 2009, cuando el acusado aumentó su patrimonio en $656,585.93. A pesar de estas cifras, sus registros en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan un salario mensual que oscilaba entre $158 y $198 entre los años 2005 y 2008, sin capacidad demostrada para justificar ese volumen de adquisiciones.
La condena fue aplicada bajo el marco del Código Penal anterior, y se dictó en ausencia del imputado, conforme a reformas recientes que permiten juzgar a procesados ausentes.
Un reportaje de Diario El Mundo de junio de 2013 relata la incautación de droga a «Barney».
Figura clave del crimen organizado
Bercián Machón fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su papel como operador financiero de estructuras criminales en junio de 2013.
Bercián Manchón formaba parte entonces de una célula conocida como La Normandia y era señalado desde 2013 como jefe de las operaciones pandilleriles en Santa Tecla, Puerto La Libertad, Ateos, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Quezaltepeque y Lourdes.
También era considerado como el líder en mover la droga por todo el corredor del Pacífico hasta la frontera con Guatemala y de recibir drogas por botes.
En junio del año 2007, Moris Alexander Bercián Machón fue señalado por un testigo criteriado en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate como el responsable de haber ordenado el homicidio de 19 personas en ese departamento, pero no fue procesado y en cambio, 15 de sus aliados fueron condenados a penas de hasta 60 años. A pesar del señalamiento, la Fiscalía de entonces nunca lo procesó.
Dos años más tarde, en 2009 fue detenido por tráfico ilícito de seis kilos de cocaína, (el caso recién absuelto en 2023) y en 2010 enfrentó un juicio por ese caso, donde fue absuelto por un tecnicismo jurídico, debido a que la droga no fue embalada; la Fiscalía presentó un recurso de casación en la Sala de lo Penal y ésta ordenó un nuevo juicio.
Bercián Machón tenía medidas sustitutivas pero el 25 de septiembre de 2015 no llegó a firmar y el tribunal le giró una orden de captura que hasta el momento sigue vigente. Alias Barney es uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil, y mantiene una orden de captura internacional.
En El Salvador, también enfrenta procesos judiciales por delitos vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.
Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.
Su figura tomó más relevancia este fin de semana después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.
Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.
Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’ en el sur del país después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha’.
Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque este domingo donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a nueve policías en distintos puntos de Ciudad de Guatemala.
«Tenemos que analizar y tomar una decisión para determinar cuál va a ser la situación de él o cómo vamos a proceder. De momento está en Renovación I y ahí seguirá hasta que tomemos una decisión», subrayó el fin de semana Villeda, en relación a Ochoa Mejía.
Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de la pandilla Barrio 18 en Guatemala. Foto Mingob
Señalado por nexos políticos
Los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, han denunicado públicamente los nexos políticos de Ochoa Mejía. Específicamente, lo han señalado por ser la pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres Casanova (del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), quien perdió las elecciones de 2023 contra el actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.
Castañeda Torres está detenida y vinculada a un proceso penal por varios casos penales en su contra y de acuerdo a algunos diputados del partido Semilla, hay vinculación por intereses en común entre Torres Casanova y su sobrina, además de la hija de la excandidata, la diputada Nadia de León.
Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a ‘Renovación I’.
Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado «El Limón».
Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.
El ingreso a prisión del «Lobo» fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.
La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.
En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.
La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.
Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.
Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.
“Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.
El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.
Las autoridades mexicanas capturaron este sábado a Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez criminales más buscados por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), durante un operativo realizado en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo.
La detención fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de labores de inteligencia y cooperación internacional con el FBI.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó el arresto a través de sus redes sociales. “Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de SSPC y FGR realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro N., quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”, publicó el funcionario.
García Harfuch recordó que el FBI ofrecía una recompensa de $250,000 por información que condujera a la captura de Rosales Castillo, quien es requerido por las autoridades del estado de Carolina del Norte.
De acuerdo con la información oficial, el detenido enfrenta cargos por asesinato en primer grado, robo a mano armada, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, delitos por los cuales será sometido a un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense incluyó a Rosales Castillo en 2017 en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y su peligrosidad.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala, con el apoyo del Ejército, activaron este sábado protocolos de emergencia para restablecer el orden en al menos tres centros carcelarios del país, tras reportarse disturbios, columnas de humo y bloqueos en los accesos a los recintos penitenciarios.
El Ministerio de Gobernación informó que las alteraciones ocurrieron de manera simultánea en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de la capital, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala.
Según la cartera del Interior, los disturbios responden a una “reacción directa” de las estructuras criminales ante la decisión del Gobierno de retirar privilegios a líderes de organizaciones delictivas y negarse a ceder ante sus presiones. “En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado”, enfatizó el Ministerio en un comunicado oficial.
Las autoridades aseguraron que mantienen un control perimetral total en los centros penitenciarios afectados y que ejecutan operaciones para recuperar el dominio interno de las cárceles y garantizar la seguridad.
En los alrededores de Renovación I se reportó el incendio de un vehículo en la ruta de acceso, además de la presencia de supuestos familiares de reos que bloquearon el paso de las fuerzas de seguridad, complicando las labores de control.
Cuerpos de socorro y unidades de emergencia también se mantienen en alerta en las cárceles de Fraijanes y Cantel, esta última situada en el occidente del país, ante el riesgo de que los disturbios se extiendan a otros centros penitenciarios.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana declaró culpables el viernes a 32 personas por integrar una red dedicada al tráfico ilegal de personas y a las agrupaciones ilícitas, tras comprobarse que operaban en coordinación para trasladar migrantes de forma irregular hacia Estados Unidos.
Las estructuras criminales, compuestas por ocho células delictivas, fueron responsabilizadas de organizar y ejecutar el tráfico de al menos 152 personas —salvadoreñas y extranjeras— entre octubre de 2021 y abril de 2022. Fueron detenidos en junio de 2022.
La red utilizaba rutas terrestres que cruzaban Guatemala y México, evadiendo controles migratorios hasta llegar a la frontera estadounidense.
Por la gravedad de los delitos y el nivel de participación, el tribunal impuso penas ejemplares. Mario Ernesto Acosta Morán, identificado como uno de los principales cabecillas, fue condenado a 170 años de prisión, la pena más alta del fallo.
A José Elías Ortiz Hernández se le impusieron 52 años, mientras que Ana de la Cruz Flores Márquez y Pedro Arias Castillo fueron sentenciados a 38 años de cárcel cada uno.
Otros miembros de la estructura recibieron condenas significativas: Nelson Mauricio Fuentes Ayala, Hugo Fredys Amaya Arévalo y Maximiliano Rodríguez Lizano cumplirán 26 años de prisión, mientras que Franclin Omar Corrales Rivera fue condenado a 24 años.
Las penas para el resto de los implicados oscilan entre 19 y 77 años de cárcel, según el grado de responsabilidad en los delitos.
Las autoridades fiscales señalaron que esta red criminal lucraba con el tráfico de personas, utilizando medios de transporte terrestre, rutas clandestinas y enlaces en países vecinos, poniendo en riesgo la vida de las víctimas en cada etapa del trayecto.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó este lunes a Luis David Moncada, ciudadano venezolano, por un presunto delito de agresión con arma mortífera o peligrosa contra un agente federal, luego de que supuestamente intentara atropellar a un oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo en Portland, Oregón.
Moncada fue uno de los dos venezolanos heridos de bala el pasado jueves por agentes del ICE, en un hecho que las autoridades relacionan con actividades del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que ha sido catalogada como terrorista por organismos de seguridad estadounidenses.
El pliego de cargos también incluye una acusación por daños a propiedad federal valorados en más de $1,000. El acusado debía comparecer este mismo lunes por la tarde ante un tribunal federal, según informaron fuentes oficiales.
Según la versión ofrecida por las autoridades, los dos venezolanos fueron detenidos durante un control de tráfico rutinario. Durante el procedimiento, el conductor del vehículo —identificado como Moncada— habría intentado embestir a uno de los agentes, lo que provocó que otro oficial abriera fuego.
Tanto Moncada como su acompañante, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, fueron trasladados a un hospital cercano, donde permanecen ingresados en condición estable.
Este caso ocurre pocos días después de otro incidente similar en Minneapolis, donde una ciudadana estadounidense identificada como Renee Nicole Good murió tras ser tiroteada por un agente del ICE durante otro operativo.
