Redacción DEM ADMIN HC

Etiqueta: Crisis política

  • Perú sumará hoy su octavo presidente en menos de diez años

    Perú sumará hoy su octavo presidente en menos de diez años

    Perú tendrá este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década de crisis política, luego de que el mandatario interino José Jerí fuera censurado tras apenas cuatro meses en el cargo y a solo dos meses de los nuevos comicios generales. La sucesión constante de jefes de Estado refleja la fragilidad institucional que comenzó tras las elecciones de 2016.

    El primer episodio de esta etapa ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien gobernó 1 año y 236 días. Ganó los comicios frente a Keiko Fujimori, pero enfrentó una férrea oposición del Congreso controlado por el fujimorismo. Aunque superó una primera moción de destitución tras conceder el indulto al expresidente Alberto Fujimori, terminó renunciando ante una segunda moción vinculada al escándalo de Odebrecht.

    Le sucedió Martín Vizcarra (2018-2020), quien permaneció 2 años y 231 días en el poder. Vizcarra disolvió el Congreso y convocó nuevas elecciones legislativas, pero el nuevo Parlamento también le fue adverso y lo destituyó en plena pandemia de la covid-19 por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua.

    Tras su salida asumió Manuel Merino (2020), cuyo mandato duró apenas 5 días. Su gestión se vio truncada por protestas masivas y la muerte de dos jóvenes durante la represión policial, lo que lo llevó a renunciar. Posteriormente, Francisco Sagasti (2020-2021) fue designado como presidente de transición por 252 días, hasta las elecciones que ganó Pedro Castillo.

    Pedro Castillo (2021-2022) gobernó 1 año y 132 días. Enfrentó múltiples intentos de destitución y el 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso en un fallido golpe de Estado para evitar su salida, lo que derivó en su detención y destitución inmediata.

    Dina Boluarte (2022-2025), vicepresidenta de Castillo, asumió el cargo y se mantuvo 2 años y 306 días en el poder, el periodo más largo de esta etapa. Aunque logró sostenerse con apoyo de fuerzas conservadoras, su gestión estuvo marcada por escándalos y una baja popularidad que apenas alcanzaba el 3 %, hasta que perdió el respaldo político antes de las elecciones.

    Finalmente, José Jerí (2025-2026) ejerció 131 días como presidente interino. Su salida se produjo tras revelarse reuniones semisecretas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

    Por lo pronto, los legisladores derechistas María del Carmen Alva y Héctor Acuña, y los izquierdistas Edgar Reymundo y José Balcázar presentaron el martes sus candidaturas para asumir la Presidencia del Congreso y, por ende, la jefatura de Estado de Perú tras la destitución de Jerí de ambos cargos.

    Con este nuevo relevo, Perú continúa atrapado en una espiral de inestabilidad institucional, a la espera de que las próximas elecciones logren devolver estabilidad política y gobernabilidad al país.

  • El Congreso peruano destituye al presidente José Jerí y suma el octavo relevo presidencial en una década

    El Congreso peruano destituye al presidente José Jerí y suma el octavo relevo presidencial en una década

     El Congreso de la República del Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, en lo que representa el octavo cambio presidencial en el país andino en casi una década de inestabilidad política iniciada tras las elecciones de 2016.

    Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento resolvió censurarlo por las investigaciones abiertas en su contra durante sus cuatro meses de gestión, relacionadas con reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente lo visitaron en el Palacio de Gobierno.

    Jerí ejercía la Presidencia de forma interina en su calidad de titular del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) en octubre pasado. Al ser censurado como presidente del Legislativo, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

    En un intento por frenar su salida, el partido Somos Perú planteó suspender el debate y tramitar la destitución bajo la figura de vacancia presidencial, que exige el respaldo de dos tercios del hemiciclo. Sin embargo, la mayoría parlamentaria rechazó esa propuesta y mantuvo el procedimiento de censura.

    Los partidos conservadores que dominan el Congreso, y que inicialmente respaldaron su ascenso, le retiraron su apoyo a pocas semanas de los comicios generales, en medio del desgaste por las revelaciones que motivaron la investigación fiscal por presunto tráfico de influencias. El único bloque que mantuvo su respaldo fue el fujimorismo.

    Jerí optó por no acudir a la sesión plenaria en su condición de congresista y permaneció en el Palacio de Gobierno, donde encabezó el cambio de guardia mientras se desarrollaba la votación.

    Ahora el Congreso deberá elegir este miércoles a un nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá de inmediato la Presidencia encargada de la República hasta el 28 de julio, fecha en que tomará posesión el mandatario o mandataria que resulte electo en el proceso en marcha.

     

  • Perú podría vivir este martes su octavo relevo presidencial en una década

    Perú podría vivir este martes su octavo relevo presidencial en una década

    El presidente interino de Perú, José Jerí, podría dejar el cargo en las próximas horas si prosperan en el Congreso varias mociones de censura en su contra, lo que abriría paso al octavo cambio presidencial en el país andino en casi una década, en plena recta final hacia los comicios generales.

    Jerí asumió la Presidencia en octubre pasado, en su calidad de presidente del Congreso de la República del Perú, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), con el encargo de conducir el país hasta las nuevas elecciones. Sin embargo, su gestión de apenas cuatro meses se ha visto golpeada por investigaciones fiscales y por el desplome de su popularidad, lo que llevó a partidos conservadores —que inicialmente respaldaron su ascenso— a distanciarse en vísperas de la campaña electoral.

    La Fiscalía le abrió indagaciones por presunto tráfico de influencias, tras revelarse reuniones con empresarios chinos contratistas del Estado. Cámaras de seguridad lo captaron el 26 de diciembre cenando, encapuchado, en un restaurante del empresario Zhihua “Johnny” Yang, y también visitando el local el 6 de enero, horas después de que fuera clausurado por autoridades municipales. Asimismo, salieron a la luz contrataciones de funcionarias que previamente se reunieron con él en el Palacio de Gobierno, incluida una visita que se extendió durante la noche de Halloween, según registros oficiales.

    El mandatario sostiene que para destituirlo se requieren 87 votos, equivalentes a dos tercios del Parlamento, conforme a lo que establece la Constitución para presidentes elegidos por voto popular. No obstante, las mociones plantean censurarlo como presidente del Congreso, lo que automáticamente le haría perder la jefatura del Estado, en virtud de una ley emitida por el propio Legislativo.

    De prosperar la censura, el escenario abre un dilema sobre quién asumiría el mando. El nombre que suena con mayor fuerza es el de la congresista derechista Maricarmen Alva, expresidenta del Parlamento en 2021 y figura destacada en la oposición al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022). El desenlace marcaría un nuevo episodio de inestabilidad política en Perú, cuando restan menos de dos meses para que los ciudadanos vuelvan a las urnas.

     

  • La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemala

    La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemala

    Guatemala atraviesa una férrea pugna por el control del sistema judicial, en un proceso que incluye la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el relevo en la Fiscalía General, decisiones clave para el combate a la corrupción en el país centroamericano.

    Esta semana, la elección de un magistrado titular de la CC por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se vio marcada por la intervención de última hora del Ministerio Público, lo que generó críticas locales e internacionales contra la institución dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

    Pese a ello, la abogada Astrid Lemus fue electa para el período 2026-2031, decisión celebrada por Human Rights Watch (HRW), cuyo subdirector para las Américas, Juan Pappier, afirmó que las “trampas e intimidaciones” no lograron frustrar el proceso.

    En paralelo, el Congreso deberá elegir este semestre a cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral para un período de seis años, a partir de una nómina propuesta por una Comisión de Postulación. Estos magistrados estarán a cargo de organizar las elecciones generales del próximo año, en un contexto donde la credibilidad del organismo ha sido cuestionada por presuntas irregularidades en comicios anteriores.

    La Corte de Constitucionalidad, integrada por cinco magistrados designados por distintos órganos del Estado, es considerada la elección más trascendental, ya que sus fallos pueden definir el rumbo político del país. Analistas señalan que asegurar al menos tres magistrados comprometidos con la lucha contra la impunidad será determinante para el futuro institucional de Guatemala.

    Además, en mayo se definirá el nuevo fiscal general que sustituirá a Consuelo Porras, cuyo mandato de ocho años ha estado marcado por señalamientos de socavar la democracia.

    El presidente Bernardo Arévalo de León elegirá al sucesor de una lista de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación, una decisión que marcará la orientación de la política criminal del país. La disputa por estos cargos ha elevado la tensión política, especialmente tras el allanamiento a las elecciones del CANG, recordando episodios similares ocurridos en 2023.

     

  • El Congreso peruano reúne firmas para destituir al presidente interino José Jerí

    El Congreso peruano reúne firmas para destituir al presidente interino José Jerí

    El Congreso de Perú reunió este jueves las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción destinada a destituir al presidente interino, José Jerí, quien asumió como jefe de Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte y en su condición de titular del Parlamento.

    La iniciativa avanza en un contexto de múltiples mociones de censura contra Jerí por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por contrataciones de jóvenes funcionarias luego de reuniones sostenidas con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Aunque el Legislativo permanece en receso hasta marzo, la normativa permite citar a un pleno extraordinario con el respaldo de 78 congresistas, requisito que —según legisladores— ya fue cumplido.

    El único bloque que rechazó apoyar la convocatoria es el fujimorismo, que siguió la línea de su lideresa y candidata presidencial por cuarta vez, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien optó por respaldar a Jerí. Una vez que la mesa directiva del Congreso, presidida interinamente por el fujimorista Fernando Rospigliosi, reciba la solicitud formal, tendrá un plazo de quince días para convocar la sesión.

    Existe además un debate sobre el número de votos requeridos para remover al mandatario interino. Algunos sostienen que bastarían 66 votos, es decir, la mitad más uno de los 130 congresistas, cifra necesaria para censurarlo como presidente del Congreso, lo que implicaría automáticamente la pérdida de la jefatura del Estado. Sin embargo, Rospigliosi defiende que, al ejercer la Presidencia de la República, Jerí debe ser destituido bajo los parámetros constitucionales aplicables a un jefe de Estado elegido por voto popular, lo que exige 87 votos, equivalentes a los dos tercios del hemiciclo.

    Jerí, de 39 años, asumió el poder bajo la figura de “incapacidad moral permanente” tras la destitución de Boluarte el pasado 10 de octubre, en medio de una creciente crisis de seguridad. Desde entonces ha impulsado medidas para enfrentar la criminalidad, replicando intervenciones carcelarias similares a las aplicadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele y en Ecuador por Daniel Noboa, además de decretar estado de emergencia en Lima y el Callao.

    No obstante, su imagen se debilitó en las últimas semanas tras revelarse reuniones semiclandestinas, incluida una cita en la que acudió encapuchado a un restaurante. Perú, que ha tenido siete presidentes en la última década, se encamina a nuevas elecciones generales en el segundo trimestre de este año, con 35 candidatos presidenciales en contienda.

     

  • Diosdado Cabello pide unión y apoyo «constante» para Delcy Rodríguez en Venezuela

    Diosdado Cabello pide unión y apoyo «constante» para Delcy Rodríguez en Venezuela

    El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó este viernes a la unión dentro del chavismo y pidió apoyo «constante» para la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

    «Hay que darle un apoyo constante, permanente, ya ha estado al frente dando la cara. Ella no buscaba esa responsabilidad. (…) Pero ahí está Delcy luchando por la patria. Le pedimos mucha confianza en la dirigencia», manifestó Cabello durante una marcha en Caracas en conmemoración al 68 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

    En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que el chavismo permanece en las calles para manifestar lealtad a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, también capturada por Estados Unidos, y dijo que la lucha terminará cuando ambos regresen a Venezuela.

    El también ministro de Interior indicó que la captura de la pareja presidencial «fue un duro golpe» de «tristeza, rabia, dolor y frustración», pero -agregó- el proyecto del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) «nada ni nadie» lo va a «detener».

    «Que el secuestro de Nicolás y de Cilia y el dolor que nosotros sentimos se convierta en la fuerza para seguir luchando, siempre unidos, para defender la patria. El que crea que esto es una batalla de tres días está viendo otra película», subrayó el número dos del chavismo.

    La marcha de hoy se dio con motivo al 68 aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez y se conmemora en medio de una crisis política desatada tras la captura de Maduro y su esposa durante un ataque de EE.UU. a Caracas y tres regiones cercanas.

    El chavismo ha convocado distintas movilizaciones para exigir su liberación, como este jueves, cuando marcharon hasta la ONU en Caracas para pedir que ese organismo medie a favor de la pareja presidencial.

  • El régimen venezolano libera al yerno del opositor Edmundo González tras más de un año encarcelado

    El régimen venezolano libera al yerno del opositor Edmundo González tras más de un año encarcelado

    Las autoridades de Venezuela liberaron en las últimas horas a Rafael Tudares, yerno del líder opositor y candidato presidencial en 2024, Edmundo González, tras permanecer más de un año privado de libertad, según confirmó su esposa Mariana González de Tudares, quien denunció una “injusta detención arbitraria”.

    “Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, escribió González de Tudares en un mensaje publicado en redes sociales.

    La esposa del opositor calificó el proceso como “una lucha estoica y muy dura por más de un año” y expresó que, aunque se logró la excarcelación, su familia aspira a que Tudares alcance “su libertad plena, a la que tiene derecho”.

    Agradecimientos y denuncia internacional
    González de Tudares agradeció el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al señalar que el organismo “siempre hizo seguimiento e incidente de este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”. También reconoció el respaldo de su familia y de quienes la apoyaron “humanamente, sin miedo y con muchos sacrificios”.

    “Finalmente, un agradecimiento especial a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos”, expresó, al solidarizarse con quienes continúan en esa situación.

    Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado oficialmente sobre la excarcelación.

    González: la liberación no borra lo ocurrido
    Por su parte, Edmundo González afirmó que la liberación de su yerno no debe verse como un hecho aislado. “Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar”, indicó.

    “La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”, subrayó el dirigente opositor.

    González reiteró que continuará trabajando por quienes permanecen detenidos por motivos políticos. “Mi compromiso es con la verdad, con la justicia y con una Venezuela donde la libertad no sea una concesión, sino un derecho efectivo para todos”, sostuvo.

    Tudares fue detenido pocos días antes de la investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para un tercer mandato. Junto a él también fueron arrestados el activista Carlos Correa y el excandidato presidencial Enrique Márquez, quienes ya han sido liberados.

     

  • La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por vínculos con empresario chino

    La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por vínculos con empresario chino

    El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía General por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, luego de revelarse una serie de reuniones no oficiales con Zhihua Yang, un empresario chino que mantiene contratos vigentes con el Estado peruano.

    Jerí, quien asumió la presidencia hace apenas tres meses, fue captado por la prensa local ingresando de manera discreta, con capucha y gafas de sol, a un local clausurado propiedad de Yang en Lima. El encuentro, que no formaba parte de su agenda oficial, se realizó en un vehículo del Estado y ocurrió a finales de diciembre.

    En un primer momento, el mandatario intentó justificar la visita asegurando que había acudido a comprar “caramelos chinos”, pero posteriormente reconoció que fue un “error”, que atribuyó a su estilo de hacer política “en las calles”. Sin embargo, los registros oficiales indican que Yang visitó el Palacio de Gobierno al menos en tres ocasiones entre diciembre y enero, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible relación privilegiada.

    La polémica se intensificó cuando diversos medios sacaron a la luz la constante presencia de Jerí en actividades organizadas por grupos empresariales chinos durante su etapa como congresista, incluyendo cenas, foros y actos públicos.

    Ante la presión mediática y política, el presidente declaró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Congreso para esclarecer los hechos.

    “Me pongo a disposición para responder ante todas las instancias”, expresó en un mensaje oficial. No obstante, la oposición ya prepara una moción de censura por “incapacidad moral”, mecanismo legal con el que se ha destituido a varios mandatarios peruanos en los últimos años.

    Las críticas también han surgido dentro de su propio partido. El diputado Héctor Valer, de Somos Perú —colectivo político conservador del que Jerí es vicepresidente—, lo acusó de formar parte “de un engranaje de corrupción”, marcando un fuerte distanciamiento interno en el oficialismo.

    El caso pone en jaque la estabilidad política del país andino, que en los últimos años ha atravesado una fuerte crisis institucional marcada por la sucesiva salida de presidentes envueltos en escándalos similares.

     

  • ONG y oposición venezolanas registran más de 130 excarcelaciones de presos políticos

    ONG y oposición venezolanas registran más de 130 excarcelaciones de presos políticos

    La ONG Foro Penal y la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportaron este sábado que más de 130 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, aunque ambos grupos instan a acelerar los procesos de liberación ante la persistencia de detenciones arbitrarias y sufrimiento de familiares.

    Foro Penal, organización que documenta casos de detenciones por motivos políticos, confirmó que alrededor de 100 casos han sido verificados, entre ellos liberaciones registradas en los últimos días. Por su parte, la PUD contabilizó 130 excarcelaciones hasta la noche del 16 de enero, y señaló que aún existe un número significativo de personas privadas de libertad por razones políticas.

    El pasado 8 de enero, autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de un “número importante” de personas detenidas por motivos políticos, generando expectativas entre familiares que desde entonces realizan vigilias frente a cárceles del país.

    Según Foro Penal, más de 700 personas siguen privadas de libertad por razones políticas, basándose en listados previos al 8 de enero.

    Organizaciones de derechos humanos han denunciado que algunas de las personas liberadas siguen bajo condiciones restrictivas y vigilancia, lo que limita su libertad de expresión y movilidad. Expertos señalan que las autoridades venezolanas han sido poco transparentes en la publicación de cifras oficiales y en la verificación del estatus real de cada excarcelado.

    Mientras que el Gobierno ha difundido cifras más altas y describe las liberaciones como parte de gestos de reconciliación, los grupos opositores y organismos civiles enfatizan la necesidad de acelerar el proceso de excarcelación, asegurar mecanismos jurídicos claros y garantizar la libertad plena sin restricciones adicionales que puedan equivaler a detenciones de facto.

    Las excarcelaciones se dan en un contexto de fuerte presión internacional por la situación de derechos humanos en Venezuela, donde, según estimaciones de organizaciones civiles, hay alrededor de 800 personas consideradas presos políticos y miles de familias afectadas por detenciones arbitrarias en los últimos años.

     

  • En Honduras «solo falta que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral», dice consejera

    En Honduras «solo falta que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral», dice consejera

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras enfrenta una profunda crisis tras el retraso en el inicio del escrutinio especial de 2,792 actas con inconsistencias, correspondiente a las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. La consejera Cossette López declaró que la institución está siendo “asfixiada” por intereses políticos y denunció que la situación ha escalado a niveles peligrosos.

    “Lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral”, advirtió López en una entrevista televisiva, en la que también señaló que el órgano electoral está “secuestrado” por dos partidos políticos y que incluso las fuerzas del orden están obedeciendo instrucciones para no colaborar con el proceso ni garantizar el orden público.

    El retraso en el conteo especial se atribuye a múltiples obstáculos, entre ellos problemas administrativos, falta de acreditaciones para miembros de los partidos políticos y demoras en trámites tecnológicos. A esto se suman las amenazas e intimidaciones que han denunciado tanto López como la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

    Partidos como el Partido Liberal, liderado por Salvador Nasralla, y el oficialista Libre, que postula a Rixi Moncada, han solicitado un conteo “voto por voto”, aunque en el caso del partido de izquierda, únicamente para la fórmula presidencial. La situación ha generado tensión, especialmente por la falta de resultados oficiales a casi tres semanas de los comicios.

    Según Cossette López, más del 80 % de los datos publicados en la plataforma del CNE corresponden a información procesada directamente por las Juntas Receptoras de Votos el mismo día de las elecciones. Subrayó que la empresa colombiana contratada solo brinda infraestructura para divulgar los resultados, sin intervenir en la elaboración de las actas.

    El CNE explicó que esta etapa del proceso electoral debe ser ejecutada por Juntas Especiales de Verificación y Recuento, integradas por los partidos que participaron en los comicios. Aunque el ente electoral proporciona la infraestructura necesaria, el cumplimiento del proceso depende en gran medida de la participación activa de los partidos.

    “La única intervención directa del CNE se limita al proceso de contingencia 2 y la verificación visual de las actas”, puntualizó López. También advirtió que si los partidos no sustituyen o integran a sus miembros para continuar con el proceso, el CNE deberá actuar conforme a la ley para garantizar su desarrollo.

    Hasta ahora, el cómputo preliminar del CNE posiciona al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, como líder con el 40.54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.19 %. En tercer lugar se ubica Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, con el 19.29 %, quien no reconoce los resultados oficiales difundidos por el ente electoral.