Etiqueta: Daniel Ortega

  • Opositores piden a la OEA una respuesta coordinada ante escalada de la crisis en Nicaragua

    Opositores piden a la OEA una respuesta coordinada ante escalada de la crisis en Nicaragua

    Una decena de organizaciones de nicaragüenses en el exilio informaron este martes que enviaron una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos acorde con la magnitud de la destrucción de los derechos en ese país.

    La misiva fue enviada a propósito del anuncio de la organización hemisférica de que estudia convocar a una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación en Nicaragua, después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más elecciones en su país.

    «Esta acción (de enviar la carta a la OEA) responde, entre otros hechos, a las recientes declaraciones de Daniel Ortega en las que afirmó que en Nicaragua no habrá elecciones», señalaron esas organizaciones.

    Para los grupos opositores la postura de Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, «confirma el cierre definitivo de cualquier posibilidad de alternancia democrática y representa una ruptura frontal con los principios esenciales del sistema interamericano; en particular, el respeto a la voluntad popular, la soberanía ciudadana y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades».

    La carta expone que la crisis nicaragüense ha pasado de una falta de legitimidad democrática a una usurpación sostenida del poder mediante la eliminación de garantías fundamentales, la persecución política, el exilio forzado, la desnacionalización arbitraria, la persecución religiosa, el cierre de los espacios de participación ciudadana y la represión incluyendo a los pueblos del Caribe nicaragüense.

    En la misiva, las organizaciones alertaron que existen millones de nicaragüenses sometidos a la vigilancia, el terror y el silencio; familias fragmentadas por el destierro, presos políticos en condiciones inhumanas y ciudadanos despojados de su propia identidad y patrimonio.

    «No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo», abogan en el documento.

    La oposición subrayó, además, que esta situación no puede ser tratada como un asunto exclusivamente interno.

    Argumentaron que «Nicaragua representa hoy un desafío para la seguridad hemisférica debido a sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución transnacional, debilitamiento del Estado de derecho, alianzas con países autoritarios y con vínculos terroristas, desprotección jurídica de miles de ciudadanos y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes».

    Asimismo, la misiva reconoce la importancia de la convocatoria de Cancilleres y de la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) haciendo un llamado a fortalecer el seguimiento político y diplomático sobre el país.

    También enfatiza que la acción multilateral debe complementarse con decisiones individuales de los Estados miembros mediante medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas proporcionales a la gravedad de la situación.

  • Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    El exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin Michael O’Reilly, afirmó este jueves que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no tiene intención de abandonar el poder y que, junto con la copresidenta Rosario Murillo, buscará mantenerse al frente del Gobierno de forma indefinida.

    En un análisis difundido tras las recientes reformas promovidas por el oficialismo, el diplomático estadounidense sostuvo que «Ortega regresó a la Presidencia el 10 de enero de 2007, y él y su esposa (la copresidenta Rosario Murillo) claramente harán todo lo posible para salir del poder solo con los pies por delante. No se someterán a ningún proceso sin un resultado predeterminado a su favor».

    Las declaraciones se producen luego de que Ortega manifestara el pasado 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

    A esa declaración se suma una iniciativa de reforma parcial a la Constitución presentada esta semana por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que propone ampliar el mandato presidencial de seis a siete años, con posibilidad de prórroga, y excluir de la participación política a opositores señalados por el Gobierno como «golpistas» o «traidores a la patria».

    O’Reilly consideró que la intención del sandinismo de mantenerse en el poder no representa una novedad y señaló que la derrota electoral sufrida por Ortega frente a Violeta Chamorro en 1990 sigue siendo un episodio que marcó al mandatario. También sostuvo que las protestas de 2018 evidenciaron un amplio rechazo ciudadano hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    El exdiplomático aseguró que los procesos electorales celebrados en los últimos años han carecido de garantías democráticas y afirmó que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 consolidaron el control del Poder Ejecutivo sobre las demás instituciones del Estado, además de posponer las elecciones presidenciales hasta 2027.

    En ese contexto, advirtió que la ampliación de los mandatos a siete años renovables permitiría consolidar una permanencia indefinida en el poder. Recordó que Ortega cumplirá 81 años en noviembre y que Murillo tiene 75 años, por lo que interpretó las reformas como un mecanismo para garantizar la continuidad del actual liderazgo político.

    Finalmente, O’Reilly cuestionó la postura de varios gobiernos latinoamericanos, a los que acusó de guardar silencio frente a la situación política en Nicaragua.

    «Al hacerlo, pueden descubrir que -como en Venezuela- no han hecho nada para proteger los derechos de un pueblo vecino, ni la integridad del sistema interamericano, ni siquiera la práctica y los principios de la no intervención. Simplemente han cedido terreno y agencia a los actores más imprudentes de nuestro hemisferio. La paz deriva del respeto al ajeno, no de ignorar su calvario», concluyó.

     

  • La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea (UE) reiteró este viernes su condena a la represión ejercida por las autoridades de Nicaragua y manifestó su preocupación por el continuo deterioro de los derechos fundamentales y la situación política que atraviesa el país centroamericano.

    En un comunicado divulgado en nombre de los 27 Estados miembros por la Alta Representante de la Unión Europea, el bloque instó nuevamente al régimen nicaragüense a liberar a todos los presos políticos, restablecer plenamente el Estado de derecho y permitir el regreso de las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

    La UE también respaldó la apertura de un proceso de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición con el propósito de alcanzar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis política que enfrenta Nicaragua.

    Asimismo, el bloque comunitario subrayó la necesidad de impulsar reformas electorales que garanticen un proceso con transparencia, inclusión y credibilidad, de acuerdo con los estándares internacionales.

    Bruselas pidió además a las autoridades nicaragüenses convocar las elecciones previstas y asegurar que los comicios se desarrollen conforme al calendario establecido y con las garantías necesarias para fortalecer la confianza ciudadana en el proceso democrático.

    La Unión Europea reafirmó su apoyo al pueblo nicaragüense en su aspiración de consolidar un sistema democrático sustentado en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. También expresó su disposición de mantener el diálogo político con Managua a través de los canales diplomáticos y en coordinación con los actores regionales, siempre bajo el principio del respeto mutuo.

    El pronunciamiento de la UE coincide con el emitido esta semana por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acusó a las autoridades nicaragüenses de «reprimir las libertades civiles y políticas del país» y obstaculizar el «pleno ejercicio de los derechos» de la población.

    Además, el funcionario de la ONU instó al Gobierno de Nicaragua a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos que han sido privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de Derechos Humanos».

     

  • Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    El dictador nicaragüense Daniel Ortega, anunció que en su país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza la concentración del poder que ha construido desde su regreso a la Presidencia en 2007 y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y la oposición.

    El mandatario, de 80 años, hizo el anuncio durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, al afirmar que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional.

    El regreso de Ortega al poder fue posible después de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta, lo que le permitió imponerse en las elecciones de 2006 con el 37.99 % de los votos.

    Otro momento clave ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon «inaplicable» el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esa resolución abrió el camino para que Ortega buscara un nuevo mandato en 2011, proceso que posteriormente fue cuestionado por denuncias de irregularidades. En enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció su reelección.

    Fraudes electorales

    Las elecciones de 2016 también fueron objeto de críticas internacionales. Los comicios se realizaron sin la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter. Además, el principal bloque opositor fue excluido de la contienda por decisiones de instituciones controladas por el oficialismo, facilitando un nuevo triunfo de Ortega.

    En las elecciones de 2021, el mandatario obtuvo un nuevo mandato después de que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueran detenidos antes de los comicios bajo acusaciones de «traición a la patria». La OEA declaró posteriormente que esas elecciones «no fueron libres, justas ni transparentes» y carecían de legitimidad democrática.

    Con el anuncio de eliminar definitivamente las elecciones, Ortega consolida un modelo político sin alternancia en el poder. Diversos sectores opositores sostienen que la medida busca garantizar la permanencia del gobernante y su círculo familiar al frente del Estado, mientras organismos internacionales y varios gobiernos han advertido que la decisión representa un grave retroceso para la democracia y los derechos políticos en Nicaragua.

     

  • Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    Parlamento de Nicaragua inicia reformas para eliminar las elecciones generales

    La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes que inició el análisis de las reformas necesarias para cumplir las orientaciones del dictador Daniel Ortega, quien anunció que el país dejará de celebrar elecciones generales.

    En un pronunciamiento, el Parlamento, controlado por el oficialismo, explicó que comenzó a elaborar un plan de trabajo para implementar las directrices del mandatario, con el argumento de preservar la paz, la estabilidad y la continuidad de las políticas impulsadas por su Gobierno.

    La decisión surge después de que Ortega afirmara, durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la permanencia del oficialismo en el poder.

    Como parte del proceso, la Asamblea indicó que sostendrá sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir las reformas constitucionales y legales que respalden las nuevas disposiciones sobre el sistema político y electoral del país.

    «La soberanía de nuestro pueblo, y de nuestro país, es asunto propio de los nicaragüenses», sostuvo el Parlamento, al asegurar que trabaja para cumplir los lineamientos recibidos del Ejecutivo.

    Las declaraciones de Ortega generaron una nueva ola de reacciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el mandatario nicaragüense dejó al descubierto «su verdadera naturaleza autoritaria» y aseguró que él y la copresidenta Rosario Murillo «han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular».

    Por su parte, el Gobierno de Costa Rica reiteró su preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua y denunció el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes. A esas críticas se sumó la oposición nicaragüense, que pidió a la comunidad internacional incrementar la presión política y diplomática para restablecer la ruta democrática en el país.

    Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.

     

  • Marco Rubio acusa a Daniel Ortega de consolidar una dictadura en Nicaragua

    Marco Rubio acusa a Daniel Ortega de consolidar una dictadura en Nicaragua

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al dictador nicaragüense Daniel Ortega, de evidenciar su carácter autoritario luego de afirmar que en el país centroamericano no volverán a celebrarse elecciones que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.

    En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio sostuvo que las declaraciones del gobernante nicaragüense confirman el rumbo que ha tomado su administración y el de la copresidenta Rosario Murillo.

    «Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria», afirmó Rubio.

    El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Ortega y Murillo han renunciado incluso a mantener la apariencia de contar con el respaldo popular y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes mediante procesos electorales democráticos.

    «Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático», agregó el funcionario.

    El pronunciamiento de Washington se produjo después de que Ortega declarara, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá elecciones que puedan facilitar el regreso de la oposición al poder.

    «No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», expresó el gobernante nicaragüense durante el acto celebrado el pasado domingo en Managua.

    Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral, persecución política contra opositores y restricciones a la competencia democrática. Desde febrero de 2025 comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.

     

  • Costa Rica cuestiona a Ortega por cerrar opción de elecciones libres en Nicaragua

    Costa Rica cuestiona a Ortega por cerrar opción de elecciones libres en Nicaragua

    El Gobierno de Costa Rica reiteró este lunes su preocupación por el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes en Nicaragua, después de que el dictador nicaragüense Daniel Ortega asegurara que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo.

    En un comunicado, la Cancillería costarricense recordó que no reconoció las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 2021 por la ausencia de condiciones y garantías democráticas. Asimismo, reafirmó que continuará respaldando la realización de comicios libres, transparentes, plurales y democráticos en el país vecino.

    San José también recordó que, durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en junio, el canciller Manuel Tovar expresó la preocupación de Costa Rica por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, al citar denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a las libertades fundamentales y hostigamiento contra líderes religiosos.

    Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen limitadas al nivel consular desde 2018, cuando el entonces presidente costarricense, Carlos Alvarado, decidió no nombrar embajador en Managua debido a la represión contra opositores y manifestantes por parte del Gobierno nicaragüense.

    El pronunciamiento costarricense surgió un día después de que Ortega descartara públicamente cualquier posibilidad de alternancia democrática durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua.

    «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder», afirmó el mandatario, quien gobierna el país desde 2007 en medio de reiteradas denuncias de fraude electoral y persecución contra la oposición.

    Desde febrero de 2025, la esposa de Ortega, Rosario Murillo, ejerce como copresidenta de Nicaragua tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo, reorganizó la estructura del Estado y legalizó la apatridia. Además, las reformas extendieron el período presidencial, por lo que las elecciones generales previstas para 2026 fueron trasladadas, en teoría, hasta noviembre de 2027.

    En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó la designación de Murillo como copresidenta al afirmar que asumió el cargo «sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad», y sostuvo que el oficialismo evita someterse a un proceso electoral competitivo.

     

  • Ortega sentencia que no volverá a haber elecciones en Nicaragua 

    Ortega sentencia que no volverá a haber elecciones en Nicaragua 

    El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró la noche del domingo que su régimen no permitirá la realización de elecciones que puedan facilitar la llegada de la oposición al poder, durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

    En su discurso, el mandatario sostuvo que los grupos opositores, muchos de ellos en el exilio, buscan recuperar el control del país mediante procesos electorales.

    «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró ante miles de simpatizantes.

    Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y enfrenta constantes señalamientos de organismos internacionales y sectores opositores por presuntos fraudes electorales y por eliminar la competencia política. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la Vicepresidencia y, desde febrero de 2025, ejerce como «copresidenta» tras una reforma constitucional.

    Durante el acto, el mandatario calificó a los opositores como «golpistas» y «vendepatrias», y anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional para impedir que esos sectores puedan recuperar espacios políticos.

    «Y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán», afirmó.

    La reforma constitucional, que entró en vigor en febrero de 2025, modificó de forma profunda la estructura del Estado nicaragüense. Entre los principales cambios amplió de cinco a seis años el período presidencial, creó la figura de la copresidenta, otorgó al Ejecutivo facultades para coordinar los demás órganos del Estado y legalizó la apatridia.

    Las modificaciones también alteraron el calendario electoral. Aunque las elecciones generales estaban previstas para noviembre de 2026, la ampliación del período presidencial trasladó, en teoría, los próximos comicios hasta noviembre de 2027.

    La reforma ha sido cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones opositoras, que consideran que concentra aún más el poder en Ortega y Murillo y elimina los contrapesos institucionales.

    En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de asumir el cargo de copresidenta sin haber sido elegida en un proceso democrático y sostuvo que el Gobierno nicaragüense ha privado a la población de su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, al mantener el poder mediante la represión y cambios constitucionales.

     

  • Informe de Reporteros sin Fronteras señala tendencia de usar seguridad nacional para criminalizar el periodismo

    Informe de Reporteros sin Fronteras señala tendencia de usar seguridad nacional para criminalizar el periodismo

    Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que existe una tendencia global que usa la “seguridad nacional como una herramienta para criminalizar el periodismo” por parte de regímenes autoritarios y democracias en el mundo.

    Según el informe, los gobiernos usan leyes contra el terrorismo y de espionaje para perseguir a reporteros, silenciar fuentes y expandir la vigilancia digital contra los mismos.

    El informe menciona a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú. Pero también mencionan a países como Afganistán, Camboya, China, Filipinas, Inda, Myanmar, Pakistán y Vietnam, así mismo, Azerbaiyán, Bielorrusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungruía, Kirguistán, Reino Unido, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, entre otros.

    En el caso de El Salvador, señala que el estado de excepción aprobado en 2022 para controlar y capturar a las pandillas ha servido para reducir el acceso a periodistas en tribunales, procedimientos legales e instituciones del sector público.

    También, sostiene que hay un clima de intimidación, vigilancia y amenazas contra la prensa independiente, y vigilancia a familiares de periodistas en el exilio, así como obstáculos para coberturas de hechos judiciales reportados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

    El informe menciona el caso de Nicaragua, en donde el 15.2 % de los periodistas nicaragüenses exiliados han perdido su ciudadanía, el régimen de Daniel Ortega ha usado la Ley 1055 para calificar a periodistas de “traidores a la patria”, ha usado la ley de “agentes extranjeros” para controlar a medios que reciben financiamiento internacional y la ley especial de ciberdelitos para criminalizar la difusión de lo que el gobierno considera “noticias falsas” o “amenazas a la estabilidad”.

    La organización señala el cierre de medios contra casi todas las redacciones independientes, que han sido clausuradas o confiscadas, así como vigilancia, amenazas de procesamiento y vigilancia digital.

  • Nicaragua devuelve a obispo Mata tras presión de Estados Unidos

    Nicaragua devuelve a obispo Mata tras presión de Estados Unidos

    El Gobierno de Nicaragua informó este sábado que el obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, regresó a su residencia luego de permanecer retenido por las autoridades, pocas horas después de que Estados Unidos exigiera su liberación «inmediata e incondicional» y denunciara la persecución contra la Iglesia católica en ese país.

    En un comunicado, el Ministerio del Interior explicó que el religioso fue sometido a una investigación relacionada con el origen de sus bienes y vínculos familiares. «Luego de una necesaria indagación sobre origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del señor obispo emérito Abelardo Mata, este ha retornado a su vivienda, donde permanece en perfectas condiciones», indicó la institución.

    La cartera de Estado también afirmó que el obispo proporcionó información durante las investigaciones. Según el comunicado, «ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las leyes nacionales, que el pueblo nicaragüense ha conocido en diferentes momentos y tiempos», aunque no precisó cuáles serían esos hechos. Además, sostuvo que «Al retornar a su lugar de residencia, el obispo Mata ha reconocido que en todo momento ha sido tratado con respeto y la consideración que caracteriza a los organismos de investigación de nuestra Nicaragua».

    Horas antes, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos había exigido la liberación del religioso y condenó «la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega». Washington también instó al Gobierno nicaragüense a poner fin a «los ataques contra la libertad religiosa».

    El obispo Mata fue detenido el lunes pasado, según fuentes religiosas y organismos humanitarios, después de celebrar una misa el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante la homilía pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó al obispo Rolando Álvarez, actualmente exiliado y desnacionalizado, así como al sacerdote Frutos Valle.

    De acuerdo con esas versiones, el religioso fue trasladado inicialmente bajo el argumento de que era objeto de una investigación. Tras varias horas de interrogatorio permaneció bajo vigilancia policial en su residencia de Tisma, en el departamento de Masaya, pero posteriormente agentes regresaron al inmueble y lo condujeron nuevamente a un destino desconocido antes de que el Gobierno confirmara su retorno al hogar.

    La detención ocurre en medio del deterioro de las relaciones entre el Vaticano y Managua, suspendidas oficialmente desde marzo de 2023. Ese mismo año, el fallecido papa Francisco calificó al Gobierno de Daniel Ortega como una «dictadura grosera», luego de la condena impuesta al obispo Rolando Álvarez por el supuesto delito de «traición a la patria», sentencia que derivó en su exilio y desnacionalización.

    La confrontación entre el Ejecutivo nicaragüense y la Iglesia católica se ha intensificado en los últimos años. Ortega ordenó la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia de «mafia» y antidemocrática. Según el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido expulsados del país como parte de la persecución contra la Iglesia católica.