Etiqueta: Daniel Ortega

  • La dictadura de Nicaragua impone descuento a empleados públicos para financiar al partido oficial

    La dictadura de Nicaragua impone descuento a empleados públicos para financiar al partido oficial

    Empleados públicos de Nicaragua denunciaron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les aplicó descuentos salariales entre el 2 % y el 10 % como “aporte partidario” destinado a financiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    La denuncia fue realizada por maestros, personal de salud y trabajadores de otras instituciones estatales, quienes señalaron que las deducciones se reflejaron en sus salarios de mayo, recibidos el pasado 29 de abril de 2026.

    Los afectados, que pidieron anonimato por temor a represalias, presentaron comprobantes de pago que evidencian el descuento, el cual calificaron como una medida “ilegal” que reduce aún más sus ingresos.

    Según los trabajadores, este recorte se suma a otras deducciones obligatorias como el Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

    Indicaron además que anteriormente el aporte al partido oficialista era voluntario y sin un porcentaje fijo, pero ahora se establece una escala en la que quienes ganan más sufren mayores descuentos.

    El Frente Sandinista, liderado por Ortega, no ha emitido una postura oficial sobre estas denuncias, ni tampoco el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

    El reclamo ocurre en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, en medio de críticas por las condiciones laborales en el país, donde los salarios públicos son considerados entre los más bajos de Centroamérica.

    En ese sentido, el Partido Humanista Social Cristiano expresó desde el exilio su respaldo a los trabajadores y denunció la “opresión” que enfrentan, además de señalar la falta de derechos como la libertad sindical y el derecho a huelga.

    “Y estén seguros de que con la llegada de la democracia volverán a estar vigentes todos sus derechos laborales, tal como están plasmados en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indicó ese colectivo.

    También advirtió que en Nicaragua no se permiten sindicatos independientes ni reclamos salariales, y que los ingresos apenas cubren la alimentación básica de las familias.

    Por su parte, medios independientes en el exilio criticaron la situación laboral en el país, mientras el Gobierno celebró el Primero de Mayo con un mensaje de optimismo.

    “Que tengamos un fin de semana de júbilo, porque con el favor de Dios, vamos bien, vamos mejor, y vamos adelante, siempre más allá, en días buenos, días de alabanza, días de gratitud”.

     

  • La Oposición nicaragüense anuncia acciones para aislar a dictadura de Ortega

    La Oposición nicaragüense anuncia acciones para aislar a dictadura de Ortega

    Decenas de organizaciones nicaragüenses anunciaron una serie de acciones conjuntas orientadas a “aislar a la dictadura” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al cumplirse ocho años de las protestas de abril de 2018.

    En una declaración conjunta, los grupos opositores se comprometieron a coordinar esfuerzos para restituir la soberanía popular mediante iniciativas consensuadas.

    Entre las principales acciones planteadas figura exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y de las personas en condición de desaparición forzada.

    Asimismo, anunciaron el impulso de estrategias cívicas y no violentas que se ejecutarán tanto dentro como fuera de Nicaragua para debilitar al régimen.

    Las organizaciones también destacaron la necesidad de construir una narrativa común que exprese la voluntad de cambio de los nicaragüenses, respetando la diversidad de posturas.

    Las protestas iniciaron el 18 de abril de 2018 tras una reforma a la seguridad social, pero rápidamente se transformaron en una exigencia de salida del presidente Ortega.

    La represión dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 víctimas.

    El gobierno nicaragüense reconoce más de 300 fallecidos y sostiene que los hechos correspondieron a un intento de golpe de Estado.

    Por su parte, el Colectivo Nicaragua Nunca Más aseguró que el régimen no ha logrado eliminar el significado de las protestas.

    “La dictadura fracasó porque no ha podido borrar el significado profundo de abril”, indicó la organización.

    El colectivo rindió homenaje a las víctimas, incluyendo personas asesinadas, detenidas, desaparecidas, exiliadas y despojadas de su nacionalidad.

    En el contexto de este aniversario, Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua por su participación en violaciones a los derechos humanos.

    Además, en días recientes se anunciaron sanciones contra familiares del círculo presidencial y otros funcionarios vinculados al gobierno.

     

  • La dictadura nicaragüense «se desmorona poco a poco», advierte analista y exasesor sandinista

    La dictadura nicaragüense «se desmorona poco a poco», advierte analista y exasesor sandinista

    El sociólogo y analista político Óscar René Vargas afirmó que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, muestra señales de debilitamiento progresivo tras años en el poder.

    En un análisis titulado “Nicaragua, ocho años después: el régimen se desmorona”, Vargas sostuvo que la administración actual carece de dirección clara y enfrenta dificultades para resolver los problemas del país.

    “El gobierno avanza como en un proceso aleatorio: sin rumbo, sin dirección y sin acumulación. Sin conducción, las decisiones se dispersan. Sin crítica, no se corrigen. Lo que queda es un gobierno que administra problemas en lugar de resolverlos”, dice Vargas.

    El también exasesor del Frente Sandinista y exiliado en Costa Rica advirtió que dentro del oficialismo existen tensiones y temores ante posibles divisiones internas, especialmente en torno a la sucesión del poder.

    Según el analista, hay preocupación en el entorno gubernamental sobre la capacidad de Rosario Murillo para mantener el control político en caso de la ausencia de Ortega.

    Vargas aseguró que, por primera vez desde 2007, se perciben señales de disidencia entre sectores que antes respaldaban al Gobierno, debido a decisiones consideradas erráticas.

    “Los indicios de la fragmentación y disidencia en su base social marcan que Murillo ya no está en control de sus bases, del partido y del poder casi absoluto que estaba consolidando”.

    El experto también señaló que la imagen de la vicepresidenta ha sufrido un deterioro entre antiguos aliados, lo que ha generado tensiones dentro de los círculos de poder.

    Finalmente, advirtió que el proyecto político enfrenta un desgaste acelerado. “Este proceso ocurre cuando la dictadura no tiene mucho tiempo para alargar su hegemonía sin contratiempo, ya que el régimen se desmorona poco a poco”.

     

  • Nicaragua tiene 47 presos políticos, 11 desaparecidos, según mecanismo avalado por la CIDH

    Nicaragua tiene 47 presos políticos, 11 desaparecidos, según mecanismo avalado por la CIDH

    Al menos 47 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 11 en condición de desaparición forzada, denunció este viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    Hasta el 31 de marzo pasado, en Nicaragua había 47 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 14 son adultos mayores y 11 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Sobre las 11 personas que están en desaparición forzada, sus familias no conocen su paradero ni su estado, alertó el informe.

    «Exigimos pruebas de vida para las 11 personas desaparecidas, atención médica urgente y liberación incondicional de todos los presos políticos», ordenó ese organismo.

    Uno de esos casos es el del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el 29 de septiembre de 2023.

    Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), antiguo aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento) y detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024, «lleva 914 días sin que el Estado confirme que está vivo», advirtió.

    A mediados de marzo pasado, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció la «crueldad del régimen» sandinista «hacia quienes se atreven a alzar la voz», y criticó que «la dictadura Murillo-Ortega» mantenga detenidas a personas ancianas y enfermas, y como ejemplo usó el caso del exdiputado indígena miskito.

    Esta vez la lista de presos políticos no incluye al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, pero sí a Henry Ruiz, otro histórico comandante que se encuentra en casa por cárcel acusado de delitos considerados «traición a la patria».

    Arce, exasesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia de Nicaragua, fue hallado a finales de enero pasado culpable de estafar al Estado nicaragüense por 4.961,9 millones de dólares, según la Procuraduría General de Justicia.

    De las 47 personas privadas de libertad por razones políticas, 3 son mujeres y 44 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), continuó ese organismo, que ha documentado 1.491 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

  • CIDH otorga medidas cautelares al excomandante sandinista Bayardo Arce, exasesor de Daniel Ortega

    CIDH otorga medidas cautelares al excomandante sandinista Bayardo Arce, exasesor de Daniel Ortega

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del excomandante sandinista Bayardo Arce, quien permanece detenido desde julio de 2025 en Nicaragua, tras considerar que enfrenta una situación de riesgo grave.

    En su resolución, el organismo señaló que Arce, de 77 años, y su núcleo familiar están expuestos a posibles daños irreparables en sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

    El exasesor presidencial fue declarado culpable en enero por una supuesta estafa al Estado valorada en aproximadamente $5,000 millones, según la Procuraduría, en medio de cuestionamientos y denuncias contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    La CIDH indicó que Arce se encuentra recluido en condiciones de aislamiento, sin acceso adecuado a atención médica pese a padecimientos crónicos, lo que agrava su estado de salud.

    Asimismo, el organismo advirtió que sus familiares han sido objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de persecución por parte de agentes estatales, sin que el Estado haya brindado información sobre el caso.

    «Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo y podría estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de persona mayor y privada de libertad», indicó la resolución.

    Ante este escenario, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de Arce, incluyendo garantizar condiciones de detención adecuadas conforme a estándares internacionales.

    También pidió realizar una evaluación médica integral inmediata, asegurar acceso a tratamiento especializado y medicamentos, así como permitir la comunicación regular con sus familiares y representantes.

    El organismo instó además a que se detengan las acciones de hostigamiento contra su familia, en un contexto donde al menos siete opositores han fallecido bajo custodia estatal en los últimos años.

    Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde 2018, profundizada tras las elecciones de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un nuevo mandato en medio de fuertes críticas internacionales.

  • EEUU denuncia crueldad de la dictadura nicaragüense contra disidentes

    EEUU denuncia crueldad de la dictadura nicaragüense contra disidentes

    La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció el sábado la “crueldad del régimen” sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los disidentes de su Gobierno.

    En un mensaje difundido en redes sociales, la delegación diplomática estadounidense reprochó el trato contra quienes expresan críticas al oficialismo. “La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable”, señaló.

    La sede diplomática también criticó que la “dictadura Murillo-Ortega” mantenga detenidas a personas ancianas y enfermas, y puso como ejemplo el caso del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, preso desde el 29 de septiembre de 2023.

    Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, Yatama, que significa Hijos de la Madre Tierra en lengua miskita, fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional y fue capturado antes de las elecciones regionales de marzo de 2024.

    Después de su detención, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, controlado por el oficialismo, canceló la personalidad jurídica de Yatama, al argumentar que incurrió en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, además de promover injerencia extranjera en asuntos internos.

    La Embajada estadounidense sostuvo que los detenidos de avanzada edad y con enfermedades permanecen presos por razones políticas. “Estas personas -ancianos y enfermos- fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos fundamentales y de atención médica”.

    De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua hay 46 personas detenidas por motivaciones políticas. De ese total, 15 son adultos mayores, entre ellos Bayardo Arce y Henry Ruiz, antiguos comandantes de la revolución sandinista.

    En esa lista también figuran el exasesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero; los dirigentes indígenas Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez; así como los militares retirados Carlos Brenes, Víctor Boitano y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros. Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales rivales en prisión.

     

  • La ONU acusa a la dictadura de Nicaragua de financiar la represión y hacer espionaje transnacional con fondos públicos

    La ONU acusa a la dictadura de Nicaragua de financiar la represión y hacer espionaje transnacional con fondos públicos

    Un grupo especial de la ONU acusó este martes a la dictadura de Nicaragua de desviar fondos públicos para financiar la represión de la oposición, tanto dentro como fuera del país, logrando esto último a través de una «red transnacional» de espionaje e inteligencia.

    “La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen” ha señalado mediante una declaración el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon.

    Este grupo ha elaborado un nuevo informe, que presenta hoy a la prensa, sobre la situación en el país centroamericano, gobernado por el dúo formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, en el poder de forma consecutiva desde 2007.

    Con base en decenas de entrevistas y una amplia evidencia documental, el informe sostiene que desde 2018 (año del estallido de protestas estudiantiles sofocadas con violencia armada) se han desviados fondos públicos para financiar la represión, incluidos los destinados a la asistencia social o a proyectos de limpieza.

    Para ello se creó «una estructura paralela» dentro del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que sirve para canalizar el dinero utilizado hacia «operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias», señala el informe, elaborado por encargo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

    El otro elemento central del informe está formado por las evidencias reunidas sobre la existencia de una red de vigilancia e inteligencia que va mucho más allá de las fronteras de Nicaragua y que es utilizada para vigilar, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero.

    Al respecto, el informe documenta una estructura de inteligencia integrada por el ejército, la policía, las autoridades migratorias, la entidad reguladora de las telecomunicaciones TELCOR, las misiones diplomáticas y operadores del FSLN.

    «La vigilancia y el acoso digital, el hackeo y la divulgación de datos personales (doxing) han sido utilizados para silenciar a personas críticas», se denuncia.

    Asimismo, señala que el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke Whitaker, formó presuntamente parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar acciones de represión transnacional en varios países mientras ocupaba cargos diplomáticos en el exterior entre 2021 y 2023.

    Frente a tal situación, los expertos de la ONU piden al conjunto de países que pongan en marcha un sistema que haga posible la rendición de cuentas, que consideran irreal de otro modo en vista de que Nicaragua se ha retirado de varios órganos de Naciones Unidas y suspendido cualquier colaboración con el Consejo de Derechos Humanos.

    El sistema por el que abogan debería incluir la jurisdicción universal (principio que permite a los tribunales nacionales juzgar crímenes internacionales independientemente del lugar donde ocurrieron o la nacionalidad de las víctimas o autores), una fuerte protección de la población exiliada y sanciones selectivas.

    La dictadura Ortega-Murillo ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses y ha dejado a miles de exiliados como apátridias al negarse a renovarles o proporcionales documentos de identidad, además de impedir que muchos regresen a Nicaragua.

  • Fallece en El Salvador excandidato opositor nicaragüense Saturnino Cerrato

    Fallece en El Salvador excandidato opositor nicaragüense Saturnino Cerrato

    El reverendo Saturnino Cerrato Hodgson, ex candidato presidencial nicaragüense y dirigente político opositor, falleció el jueves a los 76 años en El Salvador, país donde permanecía exiliado desde hace tres años, informaron sus familiares.

    Cerrato fue durante 20 años presidente de las Asambleas de Dios y lideraba el Partido Restauración Democrática, cuya personalidad jurídica fue cancelada el 18 de mayo de 2021 por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, controlado por magistrados sandinistas, en medio del proceso electoral de ese año.

    Originario de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, participó como candidato presidencial en las elecciones de 2016 cuando su partido integró una coalición con la Alianza Liberal Nicaragüense. Tras esos comicios, en los que las autoridades también ilegalizaron al principal partido opositor, reconoció la reelección del dictador Daniel Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007.

    “La familia Cerrato Torres anuncia el sensible fallecimiento de nuestro querido padre: Saturnino Cerrato Hodgson”, publicaron sus hijos en redes sociales. También informaron que este día se realizará un homenaje en la capilla Maquilishualt, en Auxiliadora, San Salvador, lugar donde residía desde 2023.

    En abril de 2023, la dictadura de Nicaragua, dirigido por Ortega junto a su esposa y copresidenta Rosario Murillo, le negó el ingreso al país cuando intentaba regresar desde El Salvador junto a su familia tras un viaje.

    Cerrato se convirtió entonces en el primer pastor evangélico al que el Ejecutivo sandinista prohibió el ingreso a Nicaragua. Durante 45 años ejerció como pastor de las Asambleas de Dios, una de las congregaciones protestantes más grandes del país.

    “Al reverendo Saturnino Cerrato, fallecido hoy en el exilio, lo recordaré como un buen hombre que siempre quiso encontrar diálogos y acuerdos. Ofreció su partido para que fuera casilla en la elección de 2021 y por ello se lo quitaron. Hombre de Dios y amable. Que en paz descanse”, escribió el opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro en la red social X. La organización Unión Democrática Renovadora también expresó sus condolencias y destacó que el reverendo dedicó gran parte de su vida al servicio espiritual y a la búsqueda de una Nicaragua democrática.

  • La dictadura de Ortega enfrenta su mayor aislamiento internacional y caerá, asegura líder opositor

    La dictadura de Ortega enfrenta su mayor aislamiento internacional y caerá, asegura líder opositor

    El dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga aseguró este martes que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega desde 2007 en medio de señalamientos de fraudes electorales y eliminación de la oposición, atraviesa su momento de mayor aislamiento internacional por apostar “a un anti-americanismo anacrónico y a alianzas con regímenes fallidos”.

    En una declaración titulada “El colapso del eje autoritario: Ortega y Murillo más aislados que nunca”, Maradiaga afirmó que “El colapso del régimen iraní y la captura de (Nicolás) Maduro representan golpes demoledores al eje que la pareja dictatorial de los Ortega-Murillo construyó por puro oportunismo ideológico”.

    El opositor, desterrado hace tres años junto a otros 222 presos políticos hacia Estados Unidos y despojado de su nacionalidad y bienes, consideró que la caída de esos aliados deja sin respaldo geopolítico al mandatario y a su esposa y copresidenta Rosario Murillo.

    El también presidente del partido Ruta del Cambio, que dirige desde el exilio, sostuvo que la alianza con Irán “nunca trajo desarrollo real a Nicaragua”, sino que “fue siempre una relación vacía, sustentada únicamente en el profundo anti-americanismo obsesivo de Ortega, quien prefirió alinearse con regímenes parias internacionales antes que buscar el bienestar del pueblo nicaragüense”.

    Félix Maradiaga, dirigente opositor nicaragüense.

    Añadió que “Ahora esa apuesta les explota en la cara. Ortega y Murillo se están quedando sin aliados, y los que les quedan son meros espejismos”.

    Según Maradiaga, con Venezuela bajo el tutelaje de Estados Unidos, Cuba explorando canales de comunicación con Washington e Irán colapsado, “el cerco se cierra” para Nicaragua.

    “Hoy enfrentan la realidad: están solos. Nadie va a rescatar a Ortega y Murillo”, enfatizó.

    A su juicio, el modelo de aislamiento internacional y represión interna ha convertido al oficialismo en “un régimen zombi, sin futuro y sin amigos”.

    El opositor advirtió que la falta de aliados profundizará la presión económica y diplomática contra Managua y podría intensificar la represión interna, lo que abriría “ventanas de oportunidad para la comunidad internacional de intensificar sanciones y presiones coordinadas”.

    Concluyó que “el régimen de los Ortega-Murillo está en un callejón sin salida por culpa de dos tiranos que sacrificaron el futuro de Nicaragua por su delirio de poder”, y sostuvo que su desenlace es inevitable.

     

  • EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    Estados Unidos anunció este 26 de febrero sanciones contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, a quienes señala de incitar a la “inestabilidad regional” mediante la consolidación del poder de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como por mantener abusos sistemáticos contra la población.

    El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que “desde 2018, la dictadura de Murillo-Ortega ha reprimido violentamente protestas pacíficas, ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos”. Además, sostuvo que el régimen nicaragüense ha perseguido al clero católico y ha optado por “silenciar” y “desterrar” a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.

    Los sancionados son el director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el general retirado Denis Membreño Rivas y el comisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa; la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez;  la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) Celia Margarita Reyes Ochoa y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército, general Leonel José Gutiérrez López.

    Según Washington, la reforma a la Constitución impulsada por el oficialismo permitió asegurar que las instituciones castiguen a adversarios políticos y habiliten la supervisión y control de los sistemas de telecomunicaciones. La Administración estadounidense considera que estas medidas fortalecen el aparato de vigilancia y el control sobre la disidencia.

    “La dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Las personas sancionadas lideran agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión”, agregó Pigott.

    El funcionario reiteró que la Administración Trump “utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas” disponibles para enfrentar a quienes, a su juicio, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio. Asimismo, insistió en el llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos en Nicaragua.

    Con estas sanciones, Washington eleva la presión sobre Managua en medio de crecientes tensiones diplomáticas y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.