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  • La OEA celebrará «lo antes posible» reunión de cancilleres sobre la crisis en Nicaragua

    La OEA celebrará «lo antes posible» reunión de cancilleres sobre la crisis en Nicaragua

    El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó este jueves su confianza en que la reunión de cancilleres convocada para abordar la situación política de Nicaragua se realice después de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre.

    «En términos de la fecha, esperamos tener esta reunión lo antes posible, poco después de la Asamblea General de Naciones Unidas (de finales de septiembre)», declaró Ramdin durante un encuentro con agencias internacionales de noticias.

    El funcionario explicó que continúan las conversaciones entre Estados Unidos, anfitrión del encuentro, y los demás miembros de la OEA para «materializar una fecha aceptable para todos».

    Ramdin sostuvo que la reunión debe contar con un «número óptimo» de ministros de Exteriores y consideró que el encuentro no debería limitarse a emitir una condena contra el régimen nicaragüense, sino avanzar hacia la adopción de acciones concretas.

    «Lo que está ocurriendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable. Pero una simple condena no es suficiente. Si nos reunimos tiene que ser para tomar medidas», afirmó.

    Entre las posibles acciones mencionó sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra determinadas personas.

    El Consejo Permanente de la OEA aprobó el pasado 19 de agosto convocar una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para analizar la situación de Nicaragua, después de que el presidente Daniel Ortega amenazara con cancelar las elecciones. La convocatoria recibió el respaldo de 26 países, mientras Brasil votó en contra y México se abstuvo.

    La reunión de cancilleres constituye un mecanismo extraordinario que la OEA utiliza excepcionalmente para tratar asuntos considerados de especial relevancia regional. Nicaragua abandonó formalmente el organismo en 2023 después de años de críticas de la organización al dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a su reelección.

    La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el pasado 4 de septiembre el proceso para reformar la Constitución e impedir que opositores considerados «traidores a la patria» participen en los comicios. La medida se produce bajo el régimen de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.

    Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Su administración enfrenta acusaciones de fraude electoral y persecución política contra sus adversarios, mientras la OEA busca definir una fecha para que los cancilleres discutan posibles medidas frente a la situación del país centroamericano.

     

  • Oposición pide sanciones diplomáticas y financieras contra el Gobierno de Ortega-Murillo

    Oposición pide sanciones diplomáticas y financieras contra el Gobierno de Ortega-Murillo

    Movimientos opositores nicaragüenses en el exilio pidieron este jueves a la comunidad internacional pasar a la «acción» con sanciones diplomáticas y medidas financieras contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la reforma constitucional que busca afianzarlos aún más en el poder y restringir la participación de disidentes en las elecciones.

    «Llamamos a la comunidad internacional a pasar de la condena verbal a las acciones individuales y colectivas», abogó la Unidad Nacional Azul y Blanco, que en una declaración demandó «sanciones diplomáticas más contundentes, el aislamiento político del régimen, y medidas financieras que corten el oxígeno económico a la dictadura».

    Por su lado, el partido Ruta del Cambio, liderado por el dirigente opositor desnacionalizado y excarcelado Félix Maradiaga, instó a adoptar en la reunión de consulta de cancilleres de la OEA medidas como la «degradación de relaciones diplomáticas ordinarias, revisión de la participación del régimen en los mecanismos de integración regional, y sanciones dirigidas contra la red de operadores, financistas y beneficiarios que sostiene a la dictadura».

    Asimismo, pidió a la comunidad internacional apoyar activamente una transición democrática ordenada, con condiciones verificables, que devuelva a los nicaragüenses el derecho a elegir y ser electos en comicios libres, observados internacionalmente y con todas las fuerzas políticas habilitadas.

    La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega, que excluye de participar a cargos de elección popular a los «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial. Las nuevas medidas constitucionales deberán ser además aprobadas por la próxima legislatura (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

    Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027. Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, sumando 30 años tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidir por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento y desde 2025 junto con su esposa.

  • Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra la dictadura de Nicaragua tras prohibir participación electoral de opositores

    Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra la dictadura de Nicaragua tras prohibir participación electoral de opositores

    Estados Unidos anunció este miércoles que aplicará nuevas medidas contra Nicaragua a nivel regional, después de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma parcial de la Constitución que limita la participación electoral de opositores y amplía de seis a siete años el período presidencial.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó la reforma impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y anticipó acciones de Washington coincidiendo con una próxima reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

    «La Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años», denunció Rubio en un mensaje publicado en redes sociales tras conocerse la aprobación de los cambios.

    El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Washington «implementará medidas» durante la próxima reunión ministerial de la OEA «para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura».

    La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de manera unánime y en primera legislatura la reforma constitucional que impide participar en procesos electorales a ciudadanos considerados «traidores a la patria» o «golpistas» por el Gobierno nicaragüense.

    Los cambios también amplían de seis a siete años el mandato presidencial, además de modificar las condiciones para acceder a cargos de elección popular. La reforma todavía necesita una segunda aprobación legislativa durante 2027 para entrar oficialmente en vigencia.

    El anuncio estadounidense eleva la presión internacional sobre la dictadura de Ortega y Murillo, mientras la OEA se prepara para abordar la situación política nicaragüense. Según las declaraciones de Rubio, las próximas acciones buscarán involucrar al resto de países del continente en la respuesta hacia Managua.

    Washington no detalló en la información divulgada cuáles serán las medidas específicas ni contra quiénes estarán dirigidas. Su implementación, de acuerdo con Rubio, coincidirá con la próxima reunión de cancilleres de la OEA y responderá directamente a las recientes modificaciones constitucionales aprobadas en Nicaragua.

     

  • La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó el martes en primera legislatura una reforma constitucional que amplía a siete años los mandatos de cargos de elección popular y excluye de las candidaturas y puestos públicos a las personas calificadas como “traidores a la patria”, en referencia a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    La enmienda fue respaldada por unanimidad mediante votación a mano alzada durante una sesión especial celebrada en León, al noroeste del país. El artículo 47 establece que no podrán competir por puestos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», denominación utilizada por el Gobierno contra opositores y críticos.

    Según la información proporcionada, al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados han sido incluidos bajo esa calificación, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La prohibición también alcanza a quienes hayan tenido algún tipo de vinculación con la planificación, financiamiento, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o uno consumado.

    La reforma también impedirá ocupar cargos públicos a quienes sean señalados de menoscabar la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua, promover una intervención extranjera, recibir financiamiento del exterior o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado, sus instituciones o ciudadanos.

    Las personas comprendidas en estas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. Para entrar en vigor, la reforma impulsada por Daniel Ortega deberá recibir una segunda aprobación durante la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027.

    La modificación constitucional establece además períodos de siete años para los «copresidentes» de la República (la pareja Ortega-Murillo), diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, así como para el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y de la Policía.

    Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y anteriormente coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidió el país entre 1985 y 1990. Desde una reforma constitucional aprobada en 2025, dirige el Ejecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, bajo la figura de copresidentes.

    Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero las modificaciones constitucionales ampliaron el período presidencial y trasladaron los comicios hacia noviembre de 2027. La nueva reforma fue aprobada después de que Ortega afirmara el pasado 19 de julio que en su país «no volverá a haber elecciones».

     

  • Nicaragua avanza hacia una reforma constitucional que excluye de elecciones a «traidores»

    Nicaragua avanza hacia una reforma constitucional que excluye de elecciones a «traidores»

    La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial.

    La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León (noroeste), establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», el término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

    Tampoco «quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado».

    Asimismo, «los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua, la seguridad y la paz, que insisten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento proveniente del extranjero, propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros, y sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos».

    También quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la Constitución Política, según el texto.

    Además, las personas que incurran en las prohibiciones descritas no podrán integrar junta directiva de partido u organización política alguna.

    Esta nueva reforma constitucional impulsada por el copresidente Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

    Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

    El octogenario exguerrillero retornó al poder en 2007 gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán (1997-2002), que conllevó a reformar la Constitución y bajar al 35 % el mínimo para ganar unas elecciones presidenciales.

    La reforma parcial a la Constitución también establece que el período establecido para los cargos de elección popular será de siete años, lo cual aplicará para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y al jefe del Ejército y de la Policía.

    El Parlamento de Nicaragua aprobó esas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país «no volverá a haber elecciones».

    Desde 2017, Ortega dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo como copresidenta gracias a una reforma constitucional de 2025.

    Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

  • Oposición nicaragüense pide aumentar presión regional contra Ortega y Murillo

    Oposición nicaragüense pide aumentar presión regional contra Ortega y Murillo

    La opositora Unidad Nacional nicaragüense pidió el miércoles a los ministros de Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptar medidas frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que el gobernante anunciara que no habrá más elecciones en Nicaragua.

    La organización, cuyos principales dirigentes se encuentran en el exilio, respaldó la resolución del Consejo Permanente de la OEA para convocar de forma urgente una reunión de consulta de cancilleres que aborde la situación política nicaragüense. El encuentro todavía no tiene fecha.

    La convocatoria recibió el respaldo de 29 países miembros de la organización continental. «Es una muestra contundente que no se permitirá una monarquía familiar en la región», valoró la Unidad Nacional tras conocerse el resultado de la votación.

    «Esperamos que se apliquen todas las medidas políticas, económicas y diplomáticas para forzar una transición democrática en Nicaragua», agregó el grupo opositor en su declaración.

    El movimiento opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) también agradeció el respaldo de los 29 países que votaron a favor de convocar a los cancilleres. «Este gesto de solidaridad internacional reafirma nuestro compromiso inquebrantable de seguir luchando por una Nicaragua con democracia, libertad y justicia», señaló la organización.

    La resolución fue aprobada con 29 votos favorables, mientras México se abstuvo y Brasil votó en contra. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó que la convocatoria representa «el nivel más alto de consulta diplomática al alcance» de la OEA y pidió al organismo mostrar «más que palabras en un papel».

    Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien inicialmente ocupó la Vicepresidencia. Una reforma constitucional aprobada en 2025 estableció la figura de la copresidencia. Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, mandato ni legitimidad.

    Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las reformas constitucionales ampliaron el período presidencial y trasladaron los comicios a noviembre de 2027.

    Sin embargo, Ortega afirmó el pasado 19 de julio, durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista: «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

     

  • Opositores piden a la OEA una respuesta coordinada ante escalada de la crisis en Nicaragua

    Opositores piden a la OEA una respuesta coordinada ante escalada de la crisis en Nicaragua

    Una decena de organizaciones de nicaragüenses en el exilio informaron este martes que enviaron una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos acorde con la magnitud de la destrucción de los derechos en ese país.

    La misiva fue enviada a propósito del anuncio de la organización hemisférica de que estudia convocar a una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación en Nicaragua, después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más elecciones en su país.

    «Esta acción (de enviar la carta a la OEA) responde, entre otros hechos, a las recientes declaraciones de Daniel Ortega en las que afirmó que en Nicaragua no habrá elecciones», señalaron esas organizaciones.

    Para los grupos opositores la postura de Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, «confirma el cierre definitivo de cualquier posibilidad de alternancia democrática y representa una ruptura frontal con los principios esenciales del sistema interamericano; en particular, el respeto a la voluntad popular, la soberanía ciudadana y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades».

    La carta expone que la crisis nicaragüense ha pasado de una falta de legitimidad democrática a una usurpación sostenida del poder mediante la eliminación de garantías fundamentales, la persecución política, el exilio forzado, la desnacionalización arbitraria, la persecución religiosa, el cierre de los espacios de participación ciudadana y la represión incluyendo a los pueblos del Caribe nicaragüense.

    En la misiva, las organizaciones alertaron que existen millones de nicaragüenses sometidos a la vigilancia, el terror y el silencio; familias fragmentadas por el destierro, presos políticos en condiciones inhumanas y ciudadanos despojados de su propia identidad y patrimonio.

    «No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo», abogan en el documento.

    La oposición subrayó, además, que esta situación no puede ser tratada como un asunto exclusivamente interno.

    Argumentaron que «Nicaragua representa hoy un desafío para la seguridad hemisférica debido a sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución transnacional, debilitamiento del Estado de derecho, alianzas con países autoritarios y con vínculos terroristas, desprotección jurídica de miles de ciudadanos y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes».

    Asimismo, la misiva reconoce la importancia de la convocatoria de Cancilleres y de la respuesta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) haciendo un llamado a fortalecer el seguimiento político y diplomático sobre el país.

    También enfatiza que la acción multilateral debe complementarse con decisiones individuales de los Estados miembros mediante medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas proporcionales a la gravedad de la situación.

  • Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    Exdiplomático estadounidense dice que Daniel Ortega busca mantenerse indefinidamente en el poder

    El exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin Michael O’Reilly, afirmó este jueves que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no tiene intención de abandonar el poder y que, junto con la copresidenta Rosario Murillo, buscará mantenerse al frente del Gobierno de forma indefinida.

    En un análisis difundido tras las recientes reformas promovidas por el oficialismo, el diplomático estadounidense sostuvo que «Ortega regresó a la Presidencia el 10 de enero de 2007, y él y su esposa (la copresidenta Rosario Murillo) claramente harán todo lo posible para salir del poder solo con los pies por delante. No se someterán a ningún proceso sin un resultado predeterminado a su favor».

    Las declaraciones se producen luego de que Ortega manifestara el pasado 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

    A esa declaración se suma una iniciativa de reforma parcial a la Constitución presentada esta semana por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que propone ampliar el mandato presidencial de seis a siete años, con posibilidad de prórroga, y excluir de la participación política a opositores señalados por el Gobierno como «golpistas» o «traidores a la patria».

    O’Reilly consideró que la intención del sandinismo de mantenerse en el poder no representa una novedad y señaló que la derrota electoral sufrida por Ortega frente a Violeta Chamorro en 1990 sigue siendo un episodio que marcó al mandatario. También sostuvo que las protestas de 2018 evidenciaron un amplio rechazo ciudadano hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    El exdiplomático aseguró que los procesos electorales celebrados en los últimos años han carecido de garantías democráticas y afirmó que las reformas constitucionales aprobadas en 2025 consolidaron el control del Poder Ejecutivo sobre las demás instituciones del Estado, además de posponer las elecciones presidenciales hasta 2027.

    En ese contexto, advirtió que la ampliación de los mandatos a siete años renovables permitiría consolidar una permanencia indefinida en el poder. Recordó que Ortega cumplirá 81 años en noviembre y que Murillo tiene 75 años, por lo que interpretó las reformas como un mecanismo para garantizar la continuidad del actual liderazgo político.

    Finalmente, O’Reilly cuestionó la postura de varios gobiernos latinoamericanos, a los que acusó de guardar silencio frente a la situación política en Nicaragua.

    «Al hacerlo, pueden descubrir que -como en Venezuela- no han hecho nada para proteger los derechos de un pueblo vecino, ni la integridad del sistema interamericano, ni siquiera la práctica y los principios de la no intervención. Simplemente han cedido terreno y agencia a los actores más imprudentes de nuestro hemisferio. La paz deriva del respeto al ajeno, no de ignorar su calvario», concluyó.

     

  • La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea (UE) reiteró este viernes su condena a la represión ejercida por las autoridades de Nicaragua y manifestó su preocupación por el continuo deterioro de los derechos fundamentales y la situación política que atraviesa el país centroamericano.

    En un comunicado divulgado en nombre de los 27 Estados miembros por la Alta Representante de la Unión Europea, el bloque instó nuevamente al régimen nicaragüense a liberar a todos los presos políticos, restablecer plenamente el Estado de derecho y permitir el regreso de las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

    La UE también respaldó la apertura de un proceso de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición con el propósito de alcanzar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis política que enfrenta Nicaragua.

    Asimismo, el bloque comunitario subrayó la necesidad de impulsar reformas electorales que garanticen un proceso con transparencia, inclusión y credibilidad, de acuerdo con los estándares internacionales.

    Bruselas pidió además a las autoridades nicaragüenses convocar las elecciones previstas y asegurar que los comicios se desarrollen conforme al calendario establecido y con las garantías necesarias para fortalecer la confianza ciudadana en el proceso democrático.

    La Unión Europea reafirmó su apoyo al pueblo nicaragüense en su aspiración de consolidar un sistema democrático sustentado en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. También expresó su disposición de mantener el diálogo político con Managua a través de los canales diplomáticos y en coordinación con los actores regionales, siempre bajo el principio del respeto mutuo.

    El pronunciamiento de la UE coincide con el emitido esta semana por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acusó a las autoridades nicaragüenses de «reprimir las libertades civiles y políticas del país» y obstaculizar el «pleno ejercicio de los derechos» de la población.

    Además, el funcionario de la ONU instó al Gobierno de Nicaragua a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos que han sido privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de Derechos Humanos».

     

  • Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    Cinco hechos explican por qué Daniel Ortega quiere eliminar las elecciones en Nicaragua

    El dictador nicaragüense Daniel Ortega, anunció que en su país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza la concentración del poder que ha construido desde su regreso a la Presidencia en 2007 y que ha sido cuestionada por organismos internacionales y la oposición.

    El mandatario, de 80 años, hizo el anuncio durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, al afirmar que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional.

    El regreso de Ortega al poder fue posible después de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta, lo que le permitió imponerse en las elecciones de 2006 con el 37.99 % de los votos.

    Otro momento clave ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon «inaplicable» el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esa resolución abrió el camino para que Ortega buscara un nuevo mandato en 2011, proceso que posteriormente fue cuestionado por denuncias de irregularidades. En enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció su reelección.

    Fraudes electorales

    Las elecciones de 2016 también fueron objeto de críticas internacionales. Los comicios se realizaron sin la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter. Además, el principal bloque opositor fue excluido de la contienda por decisiones de instituciones controladas por el oficialismo, facilitando un nuevo triunfo de Ortega.

    En las elecciones de 2021, el mandatario obtuvo un nuevo mandato después de que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueran detenidos antes de los comicios bajo acusaciones de «traición a la patria». La OEA declaró posteriormente que esas elecciones «no fueron libres, justas ni transparentes» y carecían de legitimidad democrática.

    Con el anuncio de eliminar definitivamente las elecciones, Ortega consolida un modelo político sin alternancia en el poder. Diversos sectores opositores sostienen que la medida busca garantizar la permanencia del gobernante y su círculo familiar al frente del Estado, mientras organismos internacionales y varios gobiernos han advertido que la decisión representa un grave retroceso para la democracia y los derechos políticos en Nicaragua.