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  • EE.UU. exige liberar al obispo Abelardo Mata en Nicaragua

    EE.UU. exige liberar al obispo Abelardo Mata en Nicaragua

    Estados Unidos exigió este sábado la liberación «inmediata e incondicional» del obispo emérito de Nicaragua, Juan Abelardo Mata, de 80 años, quien fue detenido días después de oficiar una misa en la que pidió oraciones por la Iglesia católica perseguida en ese país.

    La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado hizo pública su postura a través de la red social X, donde responsabilizó al Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo por la captura del religioso. «Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», señaló la dependencia estadounidense.

    Washington sostuvo que el obispo no representa ningún riesgo para las autoridades nicaragüenses y advirtió que su estado de salud es delicado debido a su edad. Además, reiteró su rechazo a las acciones del Gobierno contra la Iglesia católica. «Condenamos además la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar», agregó el mensaje.

    Según fuentes religiosas, Mata fue retenido por agentes policiales el lunes pasado como represalia por una homilía celebrada el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante esa misa pidió a los fieles orar por la Iglesia católica perseguida y mencionó de forma expresa al obispo Rolando Álvarez, quien fue encarcelado, desnacionalizado y posteriormente enviado al exilio, así como al sacerdote Frutos Valle.

    Tras varias horas bajo custodia, el religioso fue trasladado a su vivienda en Tisma, departamento de Masaya, donde permaneció bajo vigilancia policial. Sin embargo, diversas fuentes indicaron que posteriormente agentes regresaron a la residencia y lo trasladaron nuevamente hacia un destino desconocido.

    Hasta este sábado, la Policía Nacional de Nicaragua no había informado oficialmente sobre las razones de la detención, el paradero del obispo ni la existencia de un proceso judicial en su contra. El silencio de las autoridades ha incrementado la preocupación entre organizaciones religiosas y defensoras de derechos humanos.

    La detención ocurre en medio de la prolongada crisis entre el Gobierno nicaragüense y la Iglesia católica. Las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano permanecen suspendidas y, en marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó al Gobierno de Ortega como una «dictadura grosera», luego de la condena impuesta al obispo Rolando Álvarez por el supuesto delito de «traición a la patria».

    Desde entonces, el Ejecutivo nicaragüense ha intensificado las medidas contra instituciones religiosas. Ortega ordenó la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia católica de «mafia» y antidemocrática. De acuerdo con el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados del país como parte de la persecución contra la Iglesia.

     

  • La Policía de Nicaragua retuvo por varias horas a obispo católico Juan Abelardo Mata

    La Policía de Nicaragua retuvo por varias horas a obispo católico Juan Abelardo Mata

    El obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata, de 80 años, fue retenido durante varias horas por la Policía Nacional de Nicaragua y posteriormente liberado, luego de celebrar una misa en la que pidió orar por la Iglesia católica y por los sacerdotes que han sido desterrados del país, denunciaron este martes fuentes religiosas.

    La detención temporal fue cuestionada por el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien fue desnacionalizado y permanece fuera de Nicaragua desde 2019.

    «Me indigna profundamente y repruebo en modo absoluto la agresión cometida por la policía del régimen contra mi hermano Mons. Juan Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí», escribió Báez en sus redes sociales.

    Báez también condenó el hecho al afirmar que «estas cobardes acciones solo demuestran la debilidad e irracionalidad de una dictadura criminal”, en referencia al régimen que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    De acuerdo con medios nicaragüenses que citaron fuentes cercanas a la Iglesia católica, la retención ocurrió el lunes como represalia por una misa celebrada el pasado 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante la homilía, Mata pidió a los fieles orar por la Iglesia perseguida y mencionó al obispo Rolando Álvarez y al sacerdote Frutos Valle, ambos desterrados del país.

    Las mismas fuentes indicaron que el obispo fue trasladado bajo el argumento de que era objeto de una investigación. Horas después fue liberado, aunque quedó bajo vigilancia en su residencia ubicada en Tisma, departamento de Masaya.

    Hasta el cierre de esta información, la Policía Nacional de Nicaragua no había emitido una explicación oficial sobre la retención del religioso ni había informado sobre la apertura de un proceso judicial en su contra.

    Las relaciones entre el Gobierno nicaragüense y el Vaticano continúan marcadas por fuertes tensiones. En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó al gobierno de Daniel Ortega como una «dictadura grosera», un mes después de que el obispo Rolando Álvarez fuera condenado por traición a la patria a 26 años y cuatro meses de prisión. Posteriormente fue excarcelado, expulsado del país y despojado de su nacionalidad.

    Según el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos han sido desterrados de Nicaragua, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera. La dictadura de Ortega y Murillo también disolvió y confiscó los bienes de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia católica como una «mafia» y una institución antidemocrática.

     

  • Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, enfrenta una ola de críticas tras afirmar que los nicaragüenses tienen “la forma de Gobierno que han elegido tener”, una declaración que generó rechazo entre dirigentes políticos, exmandatarios y organizaciones defensoras de derechos humanos.

    Las declaraciones fueron brindadas el pasado 13 de junio al medio internacional NTN24 y contrastan con las posiciones sostenidas por organismos internacionales y diversos gobiernos que han denunciado al Ejecutivo de Daniel Ortega por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por la realización de procesos electorales cuestionados.

    El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís calificó este martes las palabras de Fernández como “desafortunadas”, “muy graves” e “insólitas”, al considerar que desconocen la situación política que atraviesa Nicaragua. Según afirmó, las denuncias sobre abusos y restricciones a las libertades fundamentales han sido ampliamente documentadas por organismos independientes y por Naciones Unidas.

    “Pareciera desconocer o por lo menos minusvalorar las condiciones del régimen político que impera en Nicaragua. Pasa por encima de la dictadura sin reconocer la naturaleza despótica, violenta, violatoria de todos los derechos humanos; que ha perseguido, matado y torturado, en fin, todas las barbaridades imaginables incluidas las desapariciones y la eliminación de la ciudadanía”, dijo Solís a EFE.

    El exmandatario agregó que “Pretender que el Gobierno actual de Nicaragua es un Gobierno escogido por los nicaragüenses, como ella lo dice, no es de recibo” y sostuvo que las elecciones realizadas bajo la administración de Ortega han sido señaladas reiteradamente por presuntas irregularidades y falta de garantías democráticas.

    Las declaraciones también fueron rechazadas por el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, que emitió un comunicado en el que señaló que las palabras de Fernández contradicen la realidad documentada por organismos internacionales y la experiencia de miles de personas que han abandonado Nicaragua en los últimos años.

    “Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado”, expresó la organización. Además, sostuvo que “minimizar la crisis nicaragüense no es neutralidad ni pragmatismo” y representa una contradicción con los principios democráticos que históricamente ha promovido Costa Rica.

    Por su parte, el abogado Salvador Marenco, representante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 se han registrado restricciones constantes a los derechos humanos y denunció que los procesos electorales celebrados desde 2008 han sido cuestionados por falta de transparencia. También señaló que, tras las protestas de 2018, las violaciones a derechos humanos se agravaron y derivaron en un amplio éxodo de ciudadanos nicaragüenses.

    Las críticas también fueron respaldadas por la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, quien recordó que la administración de Ortega ha sido señalada por la muerte de centenares de personas durante la crisis política, miles de detenciones, cierres masivos de organizaciones civiles y universidades, así como por acciones de persecución contra opositores dentro y fuera de Nicaragua.

     

  • Exiliados nicaragüenses recuerdan masacre del Día de las Madres

    Exiliados nicaragüenses recuerdan masacre del Día de las Madres

    Nicaragüenses exiliados en Costa Rica conmemoraron este domingo el octavo aniversario de la denominada Masacre del Día de las Madres, una de las jornadas más violentas registradas durante la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en 2018.

    La actividad fue organizada por la Asociación Madres de Abril (AMA) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), quienes reunieron a familiares de víctimas, exiliados y defensores de derechos humanos en la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en Goicoechea, San José.

    Durante la jornada se celebró una misa en memoria de las personas fallecidas en la represión ocurrida el 30 de mayo de 2018, cuando una multitudinaria marcha opositora fue atacada a tiros en Managua y otras ciudades del país, dejando 19 fallecidos, de los cuales 15 murieron en la capital nicaragüense.

    Entre los asistentes estuvo Candelaria Díaz, madre del activista Carlos Manuel Díaz, quien perdió la vida durante aquella manifestación. Ocho años después, reiteró el reclamo de justicia para las familias afectadas.

    “Lo que seguimos pidiendo es justicia. Justicia porque ahí eran unos jóvenes con un futuro por delante. Tenían su familia, tenían sus hijas”, expresó Díaz durante el acto conmemorativo.

    Por su parte, Azucena López, representante de la Asociación Madres de Abril, aseguró que la fecha continúa siendo un símbolo de dolor para las familias que perdieron a sus seres queridos durante la represión.

    “No celebramos el Día de las Madres, sino que conmemoramos el día en que nos asesinaron a nuestros hijos”, declaró López, quien insistió en la necesidad de poner fin a la impunidad y esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis.

    Asimismo, añadió: “Las Madres de Abril seguimos exigiendo justicia. Esa es la esperanza que tenemos, que se haga justicia por cada hijo asesinado, por cada hijo desaparecido y por cada hijo que está en las mazmorras de la dictadura”.

    Durante la homilía, el sacerdote Daniel Antonio Monge manifestó su solidaridad con los nicaragüenses exiliados y afirmó que Nicaragua aún enfrenta profundas divisiones que dificultan la reconciliación nacional.

    “No podemos dejar de pensar en esta familia vecina, en nuestro país vecino Nicaragua, porque ellos están en esta lucha de búsqueda de esta armonía, de esta comunión que todavía no logran alcanzar”, expresó el religioso.

    La actividad concluyó con presentaciones culturales, bailes folclóricos, recitales de poesía y mensajes de solidaridad dirigidos a las madres de las víctimas, en un esfuerzo por mantener viva la memoria de quienes fallecieron durante las protestas que marcaron uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de Nicaragua.

    La crisis política y social iniciada en abril de 2018 provocó miles de exilios y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos. Organismos internacionales, opositores y familiares de víctimas continúan responsabilizando a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la represión desatada tras las manifestaciones ciudadanas.

  • Muere líder indígena Brooklyn Rivera tras tres años detenido por la dictadura nicaragüense

    Muere líder indígena Brooklyn Rivera tras tres años detenido por la dictadura nicaragüense

    . El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció este domingo en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó el Ministerio de Salud de Nicaragua.

    Rivera Bryan, de 73 años, era fundador del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), organización política que históricamente ha representado a comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense. El dirigente permanecía ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital debido a complicaciones respiratorias.

    Mediante un comunicado, la dictadura de Nicaragua señaló que el fallecimiento ocurrió pese a los esfuerzos médicos realizados para recuperar su salud. Las autoridades atribuyeron el deterioro físico y neurológico del dirigente a complicaciones derivadas de una bacteria relacionada con secuelas de una infección por covid-19.

    La nota oficial indicó además que Rivera Bryan estuvo acompañado por familiares cercanos durante sus últimos días de vida y expresó condolencias a sus allegados y comunidades indígenas de la Costa Caribe.

    Sin embargo, días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente al dictador Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo por el estado de salud de su padre, quien permanecía detenido desde septiembre de 2023.

    «Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre», expresó en una carta difundida desde el exilio.

    La hija del dirigente también cuestionó la versión oficial sobre las condiciones de salud de Rivera Bryan y aseguró que al momento de su captura se encontraba en óptimas condiciones físicas. Además, denunció que las imágenes difundidas recientemente por el Gobierno mostraban condiciones de detención que calificó como indignas e inhumanas.

    Tininiska Rivera solicitó en reiteradas ocasiones la liberación de su padre, el acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como la posibilidad de que recibiera tratamiento especializado fuera del país.

    Brooklyn Rivera fue una de las figuras políticas más influyentes de la Costa Caribe nicaragüense y dedicó gran parte de su trayectoria a la defensa de los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos indígenas miskitos.

    Su detención ocurrió antes de las elecciones regionales celebradas en marzo de 2024, cuando aún ejercía funciones como legislador. El arresto provocó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y sectores opositores, que denunciaron irregularidades en el proceso y exigieron información sobre su situación.

    La muerte del dirigente indígena vuelve a colocar bajo atención internacional las condiciones de detención de opositores y líderes sociales en Nicaragua, así como las denuncias relacionadas con derechos humanos formuladas por organizaciones nacionales e internacionales.

     

     

  • EE.UU. mantendrá presión contra la dictadura Ortega-Murillo, asegura análisis

    EE.UU. mantendrá presión contra la dictadura Ortega-Murillo, asegura análisis

    La Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantendrá la presión política y económica contra el Gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a sus alianzas con Rusia, China e Irán, según un análisis divulgado este lunes por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).

    El informe sostiene que las tensiones entre Washington y Managua aumentaron desde el inicio del segundo mandato de Trump y podrían agravarse por el contexto político regional, especialmente ante la situación en Venezuela y Cuba.

    Los investigadores del Cetcam señalaron que desde la segunda mitad de 2025 el Gobierno estadounidense intensificó mensajes críticos contra la administración sandinista, principalmente sobre presos políticos, derechos humanos, libertad religiosa y el modelo autoritario instaurado por Ortega y Murillo.

    «Con esos antecedentes es posible prever que Washington mantendrá las presiones, incluidas las sanciones, en contra de la dictadura de los Ortega-Murillo», indicó el centro de pensamiento centroamericano en su análisis.

    El estudio advierte además que uno de los factores que más preocupa a Estados Unidos es el fortalecimiento de las relaciones entre Managua y potencias consideradas rivales estratégicas de Washington, como Rusia, China e Irán.

    Entre los hechos señalados figura la reciente ratificación por parte del Senado ruso de un acuerdo militar con Nicaragua firmado en 2025, que permitirá fortalecer la coordinación estratégica y presencia rusa en Centroamérica durante un período inicial de cinco años. Según Cetcam, este movimiento “difícilmente será ignorado” por Estados Unidos.

    El informe también destaca el creciente peso económico de China en Nicaragua, especialmente en el sector minero. Cetcam asegura que el país centroamericano cedió más del 8.5 % de su territorio a empresas chinas vinculadas a actividades extractivas.

    En este contexto, los analistas consideran que Washington podría impulsar la aprobación de la denominada Ley Nica 2.0, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes estadounidense, la cual contempla nuevas sanciones económicas contra el régimen nicaragüense.

    El Cetcam incluso plantea que, una vez Estados Unidos defina sus estrategias frente a Venezuela y Cuba, Nicaragua podría convertirse en una de las principales prioridades de Washington en América Latina.

     

     

  • La dictadura de Nicaragua impone descuento a empleados públicos para financiar al partido oficial

    La dictadura de Nicaragua impone descuento a empleados públicos para financiar al partido oficial

    Empleados públicos de Nicaragua denunciaron que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les aplicó descuentos salariales entre el 2 % y el 10 % como “aporte partidario” destinado a financiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

    La denuncia fue realizada por maestros, personal de salud y trabajadores de otras instituciones estatales, quienes señalaron que las deducciones se reflejaron en sus salarios de mayo, recibidos el pasado 29 de abril de 2026.

    Los afectados, que pidieron anonimato por temor a represalias, presentaron comprobantes de pago que evidencian el descuento, el cual calificaron como una medida “ilegal” que reduce aún más sus ingresos.

    Según los trabajadores, este recorte se suma a otras deducciones obligatorias como el Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

    Indicaron además que anteriormente el aporte al partido oficialista era voluntario y sin un porcentaje fijo, pero ahora se establece una escala en la que quienes ganan más sufren mayores descuentos.

    El Frente Sandinista, liderado por Ortega, no ha emitido una postura oficial sobre estas denuncias, ni tampoco el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

    El reclamo ocurre en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, en medio de críticas por las condiciones laborales en el país, donde los salarios públicos son considerados entre los más bajos de Centroamérica.

    En ese sentido, el Partido Humanista Social Cristiano expresó desde el exilio su respaldo a los trabajadores y denunció la “opresión” que enfrentan, además de señalar la falta de derechos como la libertad sindical y el derecho a huelga.

    “Y estén seguros de que con la llegada de la democracia volverán a estar vigentes todos sus derechos laborales, tal como están plasmados en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, indicó ese colectivo.

    También advirtió que en Nicaragua no se permiten sindicatos independientes ni reclamos salariales, y que los ingresos apenas cubren la alimentación básica de las familias.

    Por su parte, medios independientes en el exilio criticaron la situación laboral en el país, mientras el Gobierno celebró el Primero de Mayo con un mensaje de optimismo.

    “Que tengamos un fin de semana de júbilo, porque con el favor de Dios, vamos bien, vamos mejor, y vamos adelante, siempre más allá, en días buenos, días de alabanza, días de gratitud”.

     

  • La Oposición nicaragüense anuncia acciones para aislar a dictadura de Ortega

    La Oposición nicaragüense anuncia acciones para aislar a dictadura de Ortega

    Decenas de organizaciones nicaragüenses anunciaron una serie de acciones conjuntas orientadas a “aislar a la dictadura” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al cumplirse ocho años de las protestas de abril de 2018.

    En una declaración conjunta, los grupos opositores se comprometieron a coordinar esfuerzos para restituir la soberanía popular mediante iniciativas consensuadas.

    Entre las principales acciones planteadas figura exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y de las personas en condición de desaparición forzada.

    Asimismo, anunciaron el impulso de estrategias cívicas y no violentas que se ejecutarán tanto dentro como fuera de Nicaragua para debilitar al régimen.

    Las organizaciones también destacaron la necesidad de construir una narrativa común que exprese la voluntad de cambio de los nicaragüenses, respetando la diversidad de posturas.

    Las protestas iniciaron el 18 de abril de 2018 tras una reforma a la seguridad social, pero rápidamente se transformaron en una exigencia de salida del presidente Ortega.

    La represión dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 víctimas.

    El gobierno nicaragüense reconoce más de 300 fallecidos y sostiene que los hechos correspondieron a un intento de golpe de Estado.

    Por su parte, el Colectivo Nicaragua Nunca Más aseguró que el régimen no ha logrado eliminar el significado de las protestas.

    “La dictadura fracasó porque no ha podido borrar el significado profundo de abril”, indicó la organización.

    El colectivo rindió homenaje a las víctimas, incluyendo personas asesinadas, detenidas, desaparecidas, exiliadas y despojadas de su nacionalidad.

    En el contexto de este aniversario, Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua por su participación en violaciones a los derechos humanos.

    Además, en días recientes se anunciaron sanciones contra familiares del círculo presidencial y otros funcionarios vinculados al gobierno.

     

  • La dictadura nicaragüense «se desmorona poco a poco», advierte analista y exasesor sandinista

    La dictadura nicaragüense «se desmorona poco a poco», advierte analista y exasesor sandinista

    El sociólogo y analista político Óscar René Vargas afirmó que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, muestra señales de debilitamiento progresivo tras años en el poder.

    En un análisis titulado “Nicaragua, ocho años después: el régimen se desmorona”, Vargas sostuvo que la administración actual carece de dirección clara y enfrenta dificultades para resolver los problemas del país.

    “El gobierno avanza como en un proceso aleatorio: sin rumbo, sin dirección y sin acumulación. Sin conducción, las decisiones se dispersan. Sin crítica, no se corrigen. Lo que queda es un gobierno que administra problemas en lugar de resolverlos”, dice Vargas.

    El también exasesor del Frente Sandinista y exiliado en Costa Rica advirtió que dentro del oficialismo existen tensiones y temores ante posibles divisiones internas, especialmente en torno a la sucesión del poder.

    Según el analista, hay preocupación en el entorno gubernamental sobre la capacidad de Rosario Murillo para mantener el control político en caso de la ausencia de Ortega.

    Vargas aseguró que, por primera vez desde 2007, se perciben señales de disidencia entre sectores que antes respaldaban al Gobierno, debido a decisiones consideradas erráticas.

    “Los indicios de la fragmentación y disidencia en su base social marcan que Murillo ya no está en control de sus bases, del partido y del poder casi absoluto que estaba consolidando”.

    El experto también señaló que la imagen de la vicepresidenta ha sufrido un deterioro entre antiguos aliados, lo que ha generado tensiones dentro de los círculos de poder.

    Finalmente, advirtió que el proyecto político enfrenta un desgaste acelerado. “Este proceso ocurre cuando la dictadura no tiene mucho tiempo para alargar su hegemonía sin contratiempo, ya que el régimen se desmorona poco a poco”.

     

  • Nicaragua tiene 47 presos políticos, 11 desaparecidos, según mecanismo avalado por la CIDH

    Nicaragua tiene 47 presos políticos, 11 desaparecidos, según mecanismo avalado por la CIDH

    Al menos 47 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 11 en condición de desaparición forzada, denunció este viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    Hasta el 31 de marzo pasado, en Nicaragua había 47 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 14 son adultos mayores y 11 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Sobre las 11 personas que están en desaparición forzada, sus familias no conocen su paradero ni su estado, alertó el informe.

    «Exigimos pruebas de vida para las 11 personas desaparecidas, atención médica urgente y liberación incondicional de todos los presos políticos», ordenó ese organismo.

    Uno de esos casos es el del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el 29 de septiembre de 2023.

    Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), antiguo aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento) y detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024, «lleva 914 días sin que el Estado confirme que está vivo», advirtió.

    A mediados de marzo pasado, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció la «crueldad del régimen» sandinista «hacia quienes se atreven a alzar la voz», y criticó que «la dictadura Murillo-Ortega» mantenga detenidas a personas ancianas y enfermas, y como ejemplo usó el caso del exdiputado indígena miskito.

    Esta vez la lista de presos políticos no incluye al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, pero sí a Henry Ruiz, otro histórico comandante que se encuentra en casa por cárcel acusado de delitos considerados «traición a la patria».

    Arce, exasesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia de Nicaragua, fue hallado a finales de enero pasado culpable de estafar al Estado nicaragüense por 4.961,9 millones de dólares, según la Procuraduría General de Justicia.

    De las 47 personas privadas de libertad por razones políticas, 3 son mujeres y 44 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), continuó ese organismo, que ha documentado 1.491 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.