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Etiqueta: Daniel Ortega

  • Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) continúa desmoronándose institucionalmente tras la renuncia de cinco magistrados en una semana, tres de ellos este martes: Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes argumentaron motivos de salud o edad avanzada para abandonar el cargo, según informó la Asamblea Nacional.

    Las dimisiones de esta semana se suman a las de Yadira Centeno y Ellen Lewin, presentadas días antes por razones similares, y que fueron aceptadas de forma expedita por el pleno del Parlamento, controlado por el oficialismo.

    Con estas salidas, la CSJ queda integrada por solo 5 magistrados de los 16 que originalmente la conformaban. Desde 2019, tras el estallido de la crisis sociopolítica en el país, nueve jueces han renunciado y dos han fallecido, profundizando la inestabilidad del Poder Judicial.

    El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, presentó ya una lista de cinco nuevos candidatos para ocupar las vacantes, entre ellos, Ana Julia Guido, actual fiscal general y exsubdirectora de la Policía Nacional. Guido es conocida por su cercanía al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    También figuran Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, magistrados de apelaciones que han sido sancionados por EE. UU. por su papel en el retiro de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses. Completan la lista Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.

    Desde febrero de 2025, Nicaragua implementó una reforma constitucional profunda que redujo el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y otorgó al presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la facultad de nombrar al titular de la Corte por seis años. Esta misma reforma eliminó el equilibrio de poderes y subordinó formalmente al Poder Judicial bajo el control directo del Ejecutivo.

    Críticas internacionales: ¿una dictadura constitucionalizada?

    La reforma ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por diversas organizaciones de derechos humanos. Los críticos advierten que la reforma no solo legaliza el autoritarismo, sino que también establece el control absoluto del Ejecutivo sobre el Estado, eliminando la división de poderes.

    Entre los cambios más polémicos se incluyen:

    Ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
    Establecimiento formal de la figura de copresidencia para Rosario Murillo.
    Reconfiguración de los «poderes del Estado», que pasan a ser “órganos” coordinados directamente por el Ejecutivo.
    Legalización de la apatridia, usada como castigo contra opositores.

    La renuncia masiva de magistrados y la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo evidencian una crisis institucional sin precedentes en Nicaragua. Mientras el oficialismo reestructura el sistema judicial a su conveniencia, la comunidad internacional observa con preocupación lo que muchos consideran una consolidación de una dictadura bajo marco legal.

     

  • Al menos 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va de 2025, según ONG

    Al menos 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va de 2025, según ONG

    Un total de 72 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en lo que va del 2025, tanto dentro del país como en el extranjero, según reveló este martes el informe del Observatorio Voces Contra la Violencia, impulsado por la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua.

    Del total de crímenes, 51 ocurrieron en territorio nicaragüense, mientras que 21 se perpetraron fuera del país, siendo Costa Rica (10 casos) y Estados Unidos (7 casos) los países más señalados. La organización subrayó que «la vida de las mujeres migrantes nicaragüenses cuenta», al insistir en la visibilización de los feminicidios cometidos fuera del país.

    Según el observatorio, los principales agresores fueron las parejas actuales (24 casos), seguidos por conocidos (14) y exparejas (11). Las regiones más afectadas dentro de Nicaragua fueron Managua, con 14 víctimas, y la Costa Caribe, con 11.

    El reporte también destaca el impacto en la niñez: 41 de las mujeres asesinadas eran madres de menores de edad, dejando a un total de 88 niños y adolescentes en situación de orfandad.

    “Este 25 de noviembre una vez más exigimos que se reconozca la magnitud de esta crisis violenta contra mujeres y niñas. Basta de ocultar e invisibilizar cifras. Todas las vidas importan”, expresó la organización, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

    En el mismo periodo de 2024, se contabilizaron 76 feminicidios, lo que representa una leve disminución en términos absolutos, aunque las organizaciones advierten que la cifra continúa siendo alarmante.

    Aunque el Gobierno de Nicaragua ha reabierto las Comisarías de la Mujer y promueve campañas como la cartilla educativa “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la Prevención del Feminicidio”, organizaciones feministas critican la liberación anticipada de reos comunes, medida que, según denuncian, ha derivado en un aumento de los feminicidios y de la criminalidad en general.

  • Miss Cuba y Miss Nicaragua compiten desde el exilio en Miss Universo

    Miss Cuba y Miss Nicaragua compiten desde el exilio en Miss Universo

    La edición 2024 de Miss Universo, que se celebra esta semana en Tailandia, ha marcado un giro histórico con la participación de reinas que representan a países cuyos gobiernos han vetado o marginado este certamen. Es el caso de Lina Luaces Estefan, Miss Cuba, e Itza Castillo, Miss Nicaragua, quienes han sido elegidas desde el exilio para portar sus respectivas bandas nacionales en la competencia internacional.

    Lina Luaces, nacida en Miami e hija de la presentadora cubana Lili Estefan, se convirtió en la segunda Miss Cuba electa fuera de la isla, luego de más de cuatro décadas de ausencia en el concurso. Aunque ha sido recibida con entusiasmo por el exilio cubano, medios oficialistas como Cubadebate cuestionaron su legitimidad.

    “Lina no nació en la mayor de las Antillas (…) Ni siquiera habla fluido el español”, publicó el medio en un artículo titulado ¿Quién define qué es ‘ser Cuba’ en Miss Universo?.

    Por su parte, Itza Castillo, nacida en Managua, también enfrenta una situación compleja. Su elección fue bien recibida por la comunidad nicaragüense en Florida, pero la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido un silencio absoluto respecto a su participación. En 2023, tras la histórica victoria de Sheynnis Palacios como Miss Universo, el régimen nicaragüense eliminó el certamen en el país, lo que forzó a los organizadores a trasladarlo al extranjero.

    Prince Julio César, director de Miss Cuba, señaló que “muchos de estos concursos se realizan fuera de los países porque los gobiernos han cerrado las oportunidades a las chicas que viven allí”. Destacó que, a pesar de las críticas, “son muchachas disciplinadas, trabajadoras y con muchas ganas de representar a su banda lo mejor posible”.

    La situación de estas misses representa un fenómeno creciente dentro del certamen: el exilio como plataforma para representar a países donde la libertad de expresión y participación cultural está restringida. “Ahora más que nunca la nacionalidad y la identidad no están definidas por el lugar en el que naciste”, expresó Jacqueline Bracamontes, ex Miss México y presentadora de la gala final.

    El certamen de este año ha incluido 119 candidatas, con debuts históricos como Cabo Verde, Palestina y Ruanda, y por primera vez, la inclusión oficial de una Miss Latina USA, Yamilex Hernández, de raíces dominicanas.

    Las historias de Lina e Itza se han convertido en símbolo de resistencia y orgullo para los exiliados, rompiendo barreras culturales y políticas, y dejando claro que representar a un país no solo es cuestión de territorio, sino de identidad y convicción.

     

  • Gioconda Belli denuncia a Daniel Ortega como dictador al recibir Premio Carlos Fuentes

    Gioconda Belli denuncia a Daniel Ortega como dictador al recibir Premio Carlos Fuentes

    La poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli arremetió el martes contra el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien calificó como líder de una dictadura “igual o peor que la de Somoza”, al recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2025.

    Desde el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, Belli cuestionó la permanencia del apoyo al régimen sandinista, pese a los abusos documentados por organismos de derechos humanos.

    “Todavía hay quienes los apoyan, a pesar de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos ampliamente documentados, que demuestran que mi país ha vuelto a ser una dictadura, igual o peor que la de Somoza”, expresó.

    La también ensayista se mostró esperanzada en que México recupere una visión solidaria frente a la crisis nicaragüense: “No hay soberanía cuando no se sostiene en la voluntad popular”, sostuvo.

    El jurado del galardón, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), votó de forma unánime por Gioconda Belli (Managua, 1948), destacando su “capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana” y el poder de su narrativa para entrelazar historia, sociedad y literatura.

    Durante su intervención, Belli recordó que, al igual que el también galardonado Sergio Ramírez, fue despojada de su nacionalidad y obligada al exilio por ejercer su libertad de expresión.

    “Hemos sido víctima de los abusos de poder y de la manipulación de la justicia en nuestro país. Hemos tenido que ver cómo se ha malversado el recuerdo de aquella revolución a la que nos entregamos”, lamentó.

    La autora también rindió homenaje a Carlos Fuentes, a quien leyó por primera vez durante su juventud. “Gran mago de las palabras, Carlos fue también un instigador de la imaginación, capaz de encontrar en las profundidades de la historia las respuestas que nos permitieran como latinoamericanos apropiarnos de una identidad común”, expresó.

    Silvia Lemus, viuda del célebre escritor mexicano, elogió la obra de Belli por su afinidad con la de Fuentes y por resaltar el papel de la mujer en la literatura y en la historia.

    Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, exaltó el legado de la premiada y recordó que su obra “nos recuerda que el acto de escribir demanda deseo y rebeldía”.

     

  • Nicaragua activa nueva ley de telecomunicaciones que entrega toda la información de los usuarios al Gobierno

    Nicaragua activa nueva ley de telecomunicaciones que entrega toda la información de los usuarios al Gobierno

    La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes entró en vigencia el jueves en Nicaragua, estableciendo la entrega obligatoria de datos de usuarios por parte de compañías telefónicas al ente regulador del Estado.

    La normativa, impulsada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, reemplaza la anterior ley de telecomunicaciones y correos postales, tras ser aprobada por unanimidad en un Parlamento controlado por el oficialismo.

    El artículo 109 obliga a las operadoras y proveedores de servicios audiovisuales a entregar “toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada” a Telcor, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. La información debe ser “detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”.

    Telcor, dirigido por Nahima Janett Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y vinculada familiarmente al dictador Ortega, será el responsable de requerir y administrar los datos de los usuarios, según establece la ley.

    Además, la legislación dispone que los creadores de contenido y canales que transmiten vía internet deberán solicitar una licencia para operar en el país, incluyendo plataformas digitales que ofrezcan programas o materiales audiovisuales.

    El régimen de Ortega argumenta que la nueva ley pretende garantizar conectividad de alta velocidad, mejorar la calidad de los servicios y facilitar el acceso a internet para los nicaragüenses.

    Sin embargo, la oposición y organizaciones como la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) advierten que se trata de una estrategia de control social. Acusan al Gobierno de utilizar la normativa para espiar a la ciudadanía a través de sus teléfonos móviles.

    El exdiputado Eliseo Núñez, miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense, criticó la nueva disposición: “El artículo 109 de esa ley obliga a las telefónicas a darle información al ente regulador de lo que consumen los usuarios”.

    Según Núñez, la dictadura nicaragüense  busca “perfilar a las personas que sean de su interés”, incluyendo a miembros del Ejército, la Policía y empleados del Estado.

     

  • Minera canadiense desiste de otras dos concesiones en Nicaragua y suman seis en una semana

    Minera canadiense desiste de otras dos concesiones en Nicaragua y suman seis en una semana

    La compañía Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense y que exporta oro de Nicaragua a Estados Unidos, renunció a otras dos concesiones mineras que explotaba en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense por «no encontrar potencial de Interés», informó este lunes el Gobierno de Managua, a través del Diario Oficial La Gaceta.

    La renuncia de esas dos concesiones mineras, que abarcaban un total de 56.357,01 hectáreas, se suman a otros cuatro permisos a los que esa firma desistió entre el jueves y viernes de la semana pasada, por un global de 178.893,76 hectáreas.

    Es decir que, en menos de una semana Calibre Mining Nicanagua, S.A., subsidiaria de la canadiense Calibre Mining Corp, y que fue la principal exportadora de oro en 2023, ha renunciado a 235.250,77 hectáreas que explotaba en el Caribe del país centroamericano.

    El desestimiento de esos permisos se da en medio de una serie de concesiones mineras que el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado en los últimos dos años a firmas chinas por más de 800.000 hectáreas, incluida algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

    El Ministerio de Energía y Minas aceptó a Calibre Mining Nicaragua, S.A. la renuncia total del lote denominado Margarita, con una superficie de 48.622,76 hectáreas, ubicado en el municipio de Prinzapolka, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y en el municipio de La Cruz de Río Grande, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

    Calibre Mining también desistió del permiso sobre el lote denominado Pispis, con una superficie de 7.734,25 hectáreas, ubicado en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, de acuerdo con la información.

    Según la cartera de Energía y Minas, Calibre Mining, que opera en Nicaragua desde 2009, decidió renunciar a esas otras dos concesiones «por no encontrar potencial de interés en el área, a corto y mediano plazo».

    Las superficies en mención quedarán libre de todo derecho treinta días después de la publicación de hoy en el Diario Oficial, es decir que, el Estado podrá dar permiso a otras empresas, agregó La Gaceta.

    Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

    Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

    El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, que genera 3.500 empleos, fue el mayor exportador en 2023, según cifras estatales.

  • Organismos piden a la ONU demandar a la dictadura de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

    Organismos piden a la ONU demandar a la dictadura de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

    Al menos 21 organismos humanitarios instaron este sábado a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a demandar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua ante instancias internacionales por violaciones graves a los derechos humanos, incluidas torturas y la imposición de apatridia, delitos que calificaron como crímenes de lesa humanidad.

    La solicitud fue presentada por el Colectivo 46/2, conformado por organizaciones regionales y nicaragüenses como Raza e Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que exigieron el respaldo de los países miembros al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.

    “Instamos a los Estados a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional”, afirmó el colectivo en un comunicado, al tiempo que advirtió que “la impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua”.

    El pronunciamiento surge tras la presentación, el jueves pasado, de las conclusiones del Grupo de Expertos ante la Asamblea General de la ONU. En su informe, denunciaron una estrategia deliberada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acallar a la disidencia y consolidar su poder a través del uso del miedo, la violencia y la eliminación de garantías constitucionales.

    Los hallazgos se basan en más de 1,900 entrevistas y el análisis de 9,300 documentos, y detallan que los abusos cometidos desde 2018 han sido “generalizados y sistemáticos”, alcanzando el umbral de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, evidencian una persecución que se ha extendido más allá de las fronteras nicaragüenses contra opositores reales o percibidos.

    Uno de los casos mencionados por los expertos fue el asesinato, en junio pasado, del mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica y crítico del régimen. De acuerdo con el informe, este es el cuarto ataque documentado contra opositores nicaragüenses en ese país, lo que refuerza la necesidad de medidas internacionales urgentes.

    El Grupo también señaló la reciente retirada de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, decisión que calificaron como parte de una maniobra para eludir el escrutinio internacional y afianzar la impunidad dentro del país.

    En respuesta, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a adoptar acciones concretas, como el fortalecimiento de los mecanismos de asilo y protección para personas exiliadas, y el inicio de procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados internacionales, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

     

  • El Gobierno de Nicaragua libera a 1,000 presos comunes y cifra se eleva a 8,400 este año

    El Gobierno de Nicaragua libera a 1,000 presos comunes y cifra se eleva a 8,400 este año

    El Gobierno de Nicaragua excarceló este sábado a 1,000 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con lo que suman 8,400 los liberados en lo que va de año.

    En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, dijo que ese beneficio fue otorgado en ocasión del Día de Todos los Santos como «otro gesto de paz y bien» y pensando en la unidad familiar y porque el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, cree que las personas tienen derecho «a oportunidades».

    Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53,164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7.18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

    La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

    En 2024 las autoridades beneficiaron a 9,200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

    El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

    En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

    Y en este año liberó a 2,000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1,700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional; 1,000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, 1,500 el 31 de julio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán; 1,200 el 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias, y los 1,000 de ahora.

  • La CIDH advierte riesgo de exterminio cultural indígena en Costa Caribe de Nicaragua

    La CIDH advierte riesgo de exterminio cultural indígena en Costa Caribe de Nicaragua

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este viernes que la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua está en peligro, como resultado de un contexto de violencia sistemática, despojo territorial y desplazamientos forzados.

    El informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua” documenta cómo colonos armados han invadido los territorios ancestrales, provocando un deterioro en las condiciones de vida y poniendo en jaque la supervivencia cultural y colectiva de estos grupos.

    “Estos territorios no sólo constituyen su espacio de vida, sino que son la base esencial para el desarrollo de sus conocimientos, formas de vida, tradiciones y espiritualidad, así como para la continuidad de su cosmovisión”, subrayó la CIDH en su más reciente informe.

    El organismo advirtió que estas violaciones vulneran directamente los derechos a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de los pueblos originarios, quienes ven limitada su capacidad de preservar sus prácticas tradicionales, idioma y espiritualidad.

    La CIDH recordó que Nicaragua, como parte de tratados internacionales vinculantes, está obligada a proteger a sus pueblos indígenas. Entre estos instrumentos están el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

    La Comisión urgió al Estado nicaragüense a garantizar el derecho de estos pueblos a vivir en libertad y seguridad dentro de sus territorios, respetando sus sistemas de organización, cultura y cosmovisión, además de permitir el retorno seguro de las comunidades desplazadas.

    Asimismo, exigió que se combata la impunidad en casos de violencia, y llamó a las instituciones financieras internacionales a condicionar créditos y financiamiento al cumplimiento del Estado de derecho en Nicaragua.

    Además, exhortó a los países donde tienen origen las empresas involucradas en actividades ganaderas, de monocultivo, minería y tala ilegal a supervisar el comportamiento de sus compañías en el extranjero y asegurar que respeten los estándares internacionales de derechos humanos.

     

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.