Etiqueta: Delitos

  • Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    Cuarta jornada de mega audiencia de pandilleros se abrió a los medios

    La cuarta jornada del juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) se desarrolló el jueves en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en un proceso que por primera vez fue abierto a medios de comunicación.

    Los imputados, considerados cabecillas de la estructura criminal, fueron trasladados uno a uno desde sus celdas hacia áreas equipadas con videotransmisión para participar en la audiencia judicial que se sigue desde San Salvador.

    “El tipo de internos que están siendo procesados acá (en la cárcel) son miembros de la estructura criminal MS13, una organización criminal terrorista”, afirmó el director del Cecot, Belarmino García.

    El funcionario detalló que se trata de “ranfleros (cabecillas) históricos, corredores (encargados) de programa, corredores de clica, palabreros (líderes) de clica, sujetos que por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”.

    Delitos por cabecillas

    Entre los principales acusados figura Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “El Sirra de Teclas”, señalado por 126 delitos, incluidos 106 homicidios agravados, además de secuestro y privación de libertad.

    También destaca Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, quien acumula 598 delitos, entre ellos 497 homicidios agravados y otros crímenes como desapariciones y feminicidios, además de ser requerido por la justicia de Estados Unidos.

    Otro de los procesados es Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”, acusado de más de 600 delitos, incluyendo más de 500 homicidios agravados.

    Asimismo, Rubén Antonio Rosa Lobo, alias “Chivo de Centrales”, enfrenta cargos por más de 200 delitos relacionados con homicidios, extorsión agravada y delitos con armas.

    “Se está utilizando la teoría de la autoría mediata de los aparatos organizados de poder, para poder atribuir todos los delitos, absolutamente todos los delitos del la estructura a estos ranfleros , que siempre estuvieron dando las órdenes y siempre tuvieron la capacidad de poder autorizar o denegar que una persona viviera durante ese tiempo”, explicó el fiscal contra el crimen organizado, Max Muñoz.

    La Fiscalía sostiene que los cabecillas son responsables de al menos 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.

    Además, a 22 de estos líderes se les atribuye la muerte de 80 policías y más de 47,000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022.

    “Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a las exigencias, además de atentar contra puestos policiales o en contra de algunas instituciones públicas”, indicó la institución fiscal.

    El proceso se desarrolla bajo un modelo de audiencia única que permite juzgar de forma masiva a los acusados e incorporar nuevos imputados en el futuro, tras reformas al Código Penal salvadoreño.

     

  • Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    Testigos de audiencia contra 486 pandilleros de la MS-13 revelan que cabecillas dieron órdenes de homicidios

    La Fiscalía General de la República presentó este jueves a tres testigos protegidos que detallan cómo los cabecillas de la MS-13 ordenaban homicidios a nivel nacional entre 2012 y 2022, incluyendo asesinatos de policías y militares.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las órdenes criminales provenían tanto desde centros penitenciarios como desde estructuras en libertad, lo que sustenta la acusación contra 486 líderes de la pandilla.

    “Tenemos tres testigos protegidos que van a continuar declarando sobre los diferentes homicidios que ordenaba la ranfla”, dijo Muñoz, quien señaló que el proceso de investigación tomó un año de preparación.

    Uno de los testigos relató al menos cinco homicidios cometidos en Nuevo Cuscatlán por órdenes de la ranfla nacional, entre ellos el asesinato de los hermanos Toledo en septiembre de 2021.

    Según su declaración, las víctimas fueron enterradas en el sector conocido como La Bomba, en la Finca Suiza, lugar que habría sido utilizado como zona de operaciones de la estructura criminal.

    El mismo testimonio vincula a la pandilla con el asesinato de la jugadora de fútbol Jimena Granados, quien fue llevada a esa finca, asesinada y posteriormente enterrada.

    Además, señaló que en junio de 2019 la estructura ejecutó a un pandillero rival en la misma zona, utilizando armas de fuego.

    Otro testigo detalló 17 homicidios cometidos entre 2017 y 2021 en distintas zonas de La Libertad, incluyendo seis casos contra miembros de pandillas contrarias.

    En estos hechos, las víctimas fueron privadas de libertad, asesinadas y enterradas por órdenes directas de la ranfla, mientras que otras personas fueron ejecutadas por colaborar con las autoridades.

    El testigo también afirmó que la estructura habría asesinado y enterrado a más de 200 personas entre 2013 y 2021 en la Finca Suiza, donde operaban en actividades como extorsión, privación de libertad y adquisición de armas.

    Asimismo, mencionó un intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional Civil en agosto de 2018 en Nuevo Cuscatlán, quien logró sobrevivir al ataque.

    Las autoridades indicaron que las declaraciones de los testigos coinciden en la forma de operar de la pandilla y en la descripción de crímenes específicos, reforzando las acusaciones presentadas en el proceso judicial.

     

  • El 76 % de peruanos considera que la extorsión es el delito más alarmante en el país

    El 76 % de peruanos considera que la extorsión es el delito más alarmante en el país

    El 76 % de los peruanos, equivalente a unos 19 millones de personas, identifica la extorsión como el delito más alarmante en el país, superando ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41 %), la violencia sexual (37 %), el secuestro (35 %) y el robo agravado (32 %), según una encuesta difundida este martes.

    El estudio, elaborado por Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp y el Banco de Crédito del Perú, en conjunto con la organización Capital Humano y Social, confirma que la seguridad es la principal exigencia ciudadana hacia las autoridades.

    De acuerdo con el informe comparativo, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, una cuarta parte de la población —alrededor de 6 millones de personas— ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses.

    El análisis también revela un incremento en modalidades como los préstamos ‘gota a gota’, que pasaron de 15 % a 19 % en un año, evidenciando la expansión de prácticas delictivas que combinan amenazas con cobros abusivos.

    En cuanto a economías ilegales, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas encabezan las preocupaciones con un 64 % cada uno, seguidos por la minería ilegal, que alcanza un 52 %.

    «Estas cifras confirman que el crimen en el Perú ha evolucionado hacia formas más complejas, articuladas y con mayor capacidad de expansión», señaló el director ejecutivo de CHS Alternativo.

    El informe advierte además un clima de pesimismo ciudadano, ya que el 58 % considera que el próximo gobierno no podrá enfrentar eficazmente la inseguridad, frente a un 36 % que mantiene expectativas favorables.

    En ese contexto, el 54 % de los encuestados exige que las futuras autoridades prioricen la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales, mientras que otras demandas incluyen la reforma del sistema de justicia (45 %) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44 %).

    «Lo que se necesita frente a ello no es una suma de medidas aisladas, sino una estrategia sostenida que combine inteligencia, coordinación institucional y capacidad de ejecución», concluyó Valdés.

     

  • Envían a juicio a cuatro acusados por robo de imágenes religiosas

    Envían a juicio a cuatro acusados por robo de imágenes religiosas

    El Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, ordenó la apertura a juicio contra cuatro sujetos acusados de hurtar imágenes religiosas en distintos templos católicos de la zona.

    Los procesados fueron identificados como Óscar Armando Zepeda Pérez, Marcos Emilio Hernández, Brayan Alexander Cornejo Pérez y Juan Antonio López, a quienes se les atribuyen los delitos de hurto y daños agravados.

    Según la investigación, los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando los imputados habrían aprovechado horas de la noche o momentos en que las iglesias permanecían sin presencia de feligreses para ingresar a los recintos.

    Uno de los casos más relevantes ocurrió en la iglesia católica del cantón La Carbonera, en el distrito de San Pedro Nonualco, municipio de La Paz Centro.

    En ese lugar, los sujetos sustrajeron una imagen histórica de la Virgen del Rosario, cuyo valor económico se estima en $3,000.

    Las autoridades judiciales determinaron que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso avance a la fase de juicio.

    Como parte de la resolución, el juzgado ordenó que los cuatro acusados permanezcan en detención provisional mientras el caso es remitido a un Tribunal de Sentencia de la misma jurisdicción.

    Las investigaciones vinculan a los imputados con otros robos de piezas religiosas en templos del departamento, lo que refuerza la acusación en su contra.

    El caso pasará a la siguiente etapa judicial donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados por estos hechos.

     

  • Condenan hasta 134 años de prisión a 10 pandilleros por crímenes cometidos en 2017 y 2018

    Condenan hasta 134 años de prisión a 10 pandilleros por crímenes cometidos en 2017 y 2018

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 10 pandilleros fueron condenados a penas de hasta 134 años de prisión por crímenes cometidos en 2017 y 2018 en San Salvador Centro.

    “Gracias a la abundante prueba presentada en juicio”, indicó la Fiscalía, se resolvieron 11 casos atribuidos a pandilleros de la MS-13, pertenecientes a las clicas Escalantes Locos Salvatruchos, Webster Locos Salvatruchos y Guanacos Locos Salvatruchos.

    Los 10 pandilleros fueron condenados por los delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, homicidio tentado, así como aborto sin consentimiento, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

    Casos resueltos

    En el proceso se resolvió el caso del homicidio de una adolescente de 16 años de edad, quien estaba embarazada, y la muerte violenta de su pareja, ocurridos en la colonia Santa Laura, del cantón Arenales, en Ciudad Delgado.

    Según el Ministerio Público, las víctimas fueron asesinadas porque “vivían en zona contraria a la pandilla MS-13”.

    También se resolvió el caso del delito de proposición y conspiración de homicidio agravado contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), así como un aborto y el intento de asesinato de un hombre.

    Los delitos fueron investigados después de que un transportista del sector de Mejicanos interpusiera una denuncia por el delito de extorsión agravada.

    La institución detalló que en el proceso se emitió sentencia contra Alexis Omar González Rodríguez, alias “Little Trucha”, a 134 años de cárcel por dos homicidios agravados, dos proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado, un aborto sin consentimiento, tres privaciones de libertad, un homicidio en grado de tentativa y por agrupaciones ilícitas.

    Asimismo, se condenó en calidad de reo ausente a Mauricio Antonio Moreno Aparicio, alias “Droopy”, a 75 años de cárcel por dos extorsiones agravadas, tres proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    La condena también incluye a Moris Omar Castellón Santamaría, alias “Spanky”, corredor de clica, con 34 años de prisión por dos proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Además, Briseida Karina Hernández Bermúdez, Carlos Edgardo Henríquez Luna, Marvin Daniel Díaz Hernández, Israel de Jesús Sánchez y Dennys Estarly Villalobos Ventura recibieron 20 años por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

  • La Fiscalía colombiana imputa seis delitos a hijo del presidente Petro por corrupción

    La Fiscalía colombiana imputa seis delitos a hijo del presidente Petro por corrupción

    Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado este lunes por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en un caso de corrupción cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico, en el norte del país.

    Durante una audiencia celebrada en Bogotá, la fiscal Lucy Laborde detalló que se le acusa de seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

    Según el Ministerio Público, entre 2021 y 2022, Petro Burgos habría gestionado de forma irregular la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), de los cuales se habría apropiado de al menos 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos $29,500.

    La fiscal explicó que el hijo del presidente no tenía una función directa en la administración de los fondos públicos, por lo que su responsabilidad se configura como “interviniente” en el delito de peculado por apropiación, en complicidad con los administradores de los recursos.

    Este proceso se suma a otro caso penal abierto en julio de 2023, donde se le señala de haber recibido hasta 500 millones de pesos (alrededor de $132,000) de personas con vínculos con el narcotráfico, como Samuel Santander Lopesierra, alias “Hombre Marlboro”, y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso “Turco” Hilsaca.

    Parte de esos fondos, según la Fiscalía, habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro. No obstante, Nicolás Petro afirmó en una entrevista con la revista Semana que su padre no estaba al tanto de estas transacciones.

     

  • Condenan a hombre que participó en homicidio de colaborador de la MS

    Condenan a hombre que participó en homicidio de colaborador de la MS

    El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a Manuel Rigoberto Andino Rodríguez por participar en el asesinato de un colaborador de la Mara Salvatrucha MS-13).

    Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el hombre es parte del remanente del “caso Tecana”, que data de 2016, por el que otros delincuentes fueron condenados con sentencias graves.

    “En el juicio, los fiscales comprobaron ante el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana que, el 31 de enero de 2012, la clica ordenó el crimen de uno de sus colaboradores, quien se había gastado dinero que habían recogido de la extorsión”, indicó la FGR en su comunicado.

    Según las autoridades fiscales, la víctima fue movilizada a la colonia Planes de Ranchador, en Santa Ana, donde fue estrangulada y enterrada en una fosa clandestina.

     

    Récord criminal

    Andino Rodríguez es catalogado con el rango de “soldado” de la clica Stoner de la MS-13 en el occidente del país, y esta condena se suma a otras que ya purga en un centro penal del país.

    En septiembre de 2023, la FGR informó sobre una condena de 20 años de cárcel para Andino Rodríguez, por los delitos de extorsión agravada continuada, luego de haber extorsionado a un comerciante en Santa Ana desde el 2017.

    Sobre este caso, la Fiscalía comprobó que la víctima había realizado varias entregas de dinero a los mareros que oscilaban en cantidades de $20 a $600.

  • Decretan hasta un siglo de prisión a asesinos de una familia de policía en Chilanga

    Decretan hasta un siglo de prisión a asesinos de una familia de policía en Chilanga

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado JB de San Miguel condenó a 100 años de prisión a mareros que asesinaron a la familia de un policía en 2018 en el distrito de Chilanga, municipio de Morazán Sur.

    A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que por este caso fueron condenados siete pandilleros miembros de la clica Saylors Locos Salvatruchos Westside de la Mara Salvatrucha (MS-13).

    La FGR dijo que José Antonio Díaz Guevara, alias patinador, fue condenado a 100 años de cárcel por su vinculación directa en cinco homicidios agravados, entre ellos tres de la familia del policía.

    Esta no es la primera condena que Díaz Guevara recibe de la justicia salvadoreña, en noviembre de 2024 la FGR informó sobre la sentencia de 229 años por homicidio agravado, extorsión agravada, organización terrorista y otros, por hechos sucedidos en 2020.

    Por su parte, Fredi Noé Ramírez Blanco y Ruendy Jonathan Hernández Vásquez fueron condenados en ausencia a 28 años de prisión por el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas.

    En la lista también está José Gerber Rodríguez Coreas, alias perro negro, condenado a 20 años de prisión.

    Según reportes antiguos de la Fiscalía, este hombre también fue condenado en abril de 2024 a 50 años de cárcel por homicidio agravado de una pareja en Chilanga, en diciembre de 2017.

    Este último hombre también recibió una condena de 10 años por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. En ese documento se reveló que Rodríguez Corea fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en febrero de 2022, en el distrito de Sensembra, Morazán Sur.

     

    Asesinato de la familia

    La FGR informó que esta semana se condenó a Josué Wilfredo Flores Martínez, alias bajo mundo, y Wilson Alexis Ponce Vásquez, alias wilo, estos dos últimos en ausencia, a 20 años de prisión por el asesinato de la familia.

    En el caso de Santos Guadalupe Villalta Vásquez, fue condenado a ocho años por organizaciones terroristas.

    “La estructura criminal delinquía en los distritos de San Francisco Gotera, Chilanga, Guatajiagua , San Carlos, Delicias de Concepción y Yoloaiquin, todos de Morazán y cometieron los crímenes entre 2015 y 2019”, indicó la FGR en el comunicado.

    La Fiscalía explicó que la estructura ordenó asesinar al agente de la PNC pero, al no encontrarlo, procedieron a quitar la vida de su mamá, papá y hermana.

    El crimen se concretó el 4 de julio de 2018, en el caserío Quebrada Honda, del distrito de Chilanga.