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  • Congresistas demócratas piden a Rubio saber si EE.UU. colaboró en la huida de Bolsonaro

    Congresistas demócratas piden a Rubio saber si EE.UU. colaboró en la huida de Bolsonaro

    Un grupo de 25 congresistas demócratas solicitó este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicaciones sobre la posible participación de funcionarios estadounidenses en la salida de Brasil del senador Flávio Bolsonaro, quien viajó a territorio estadounidense después de perder las elecciones presidenciales del domingo y mientras enfrenta una investigación por presunta corrupción.

    Los legisladores enviaron una carta al Departamento de Estado para determinar si la administración del presidente Donald Trump facilitó el traslado del político brasileño, pese a las restricciones de viaje impuestas por la Corte Suprema de Brasil. Las autoridades judiciales también habían ordenado la entrega de sus pasaportes como parte de una investigación por supuesto lavado de dinero y otras operaciones financieras ilegales.

    La solicitud surgió después de que el periódico The New York Times publicara, con base en declaraciones de funcionarios estadounidenses, que Trump y sus asesores ayudaron a Bolsonaro a abandonar Brasil y trasladarse a Estados Unidos. Según la información difundida, el senador de 45 años ingresó el miércoles por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, aunque la Policía Federal brasileña había cancelado un día antes sus pasaportes ordinario y diplomático por incumplir una orden judicial.

    Los congresistas buscan establecer si funcionarios del Departamento de Estado emitieron visados para Bolsonaro y los familiares que lo acompañaron, así como identificar a las personas que pudieron autorizar o facilitar su entrada al país. «Si esa asistencia ocurrió, el Congreso tiene que saber qué se les ofreció, quién lo autorizó, cuándo ocurrió y qué información tenían los oficiales estadounidenses en este momento», declaran en la carta dirigida a Rubio.

    Congresistas investigan posible participación de funcionarios estadounidenses

    Los demócratas también solicitaron información sobre una eventual intervención de la Embajada de Estados Unidos en Brasil y otras instituciones gubernamentales. Entre sus principales interrogantes figura si el Departamento de Estado verificó que Bolsonaro tuviera autorización legal para abandonar territorio brasileño antes de tramitar o facilitar su visado, y si los funcionarios estadounidenses conocían que el senador había incumplido las disposiciones de la justicia de su país.

    La petición incluye identificar quién autorizó el ingreso de Bolsonaro y su familia a Estados Unidos y determinar si las autoridades consideraron suspender los procedimientos migratorios cuando tuvieron conocimiento de las restricciones judiciales. Los congresistas también quieren esclarecer si existió coordinación entre el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y las instituciones encargadas de ciudadanía, inmigración y protección fronteriza.

    El recorrido del senador brasileño también forma parte de las interrogantes planteadas por los legisladores. Según información publicada por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina en la red social X, Bolsonaro y sus familiares ingresaron por vía terrestre a ese país a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta con Puerto Iguazú. Posteriormente, abordaron un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su traslado hacia Estados Unidos.

    A partir de ese itinerario, los congresistas pidieron aclarar si funcionarios estadounidenses destinados en Argentina o Ecuador mantuvieron contacto con Bolsonaro o participaron en la organización de su viaje. La solicitud busca establecer el alcance de una posible asistencia gubernamental al senador brasileño y determinar si las autoridades estadounidenses facilitaron su desplazamiento pese a las medidas judiciales que pesaban sobre él.

  • Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    Estados Unidos prohíbe la entrada a 61 colombianos y bolivianos por corrupción y narcotráfico

    El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de ingreso al país contra 61 ciudadanos de Colombia y Bolivia, entre ellos exfuncionarios, legisladores, jueces y fiscales, como parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.

    El Departamento de Estado informó que las restricciones de visados afectan a 21 personas de Colombia, a quienes vincula con actividades que perjudican el funcionamiento de las instituciones democráticas.

    La institución estadounidense señaló que los sancionados «mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política».

    Entre los colombianos incluidos en la medida se encuentran el expresidente de la empresa petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur y la diputada Karen Manrique, quien permanece detenida en Colombia por su vinculación con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

    Las restricciones también alcanzan a los exsenadores colombianos Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Estas personas forman parte del grupo de 21 ciudadanos a quienes las autoridades estadounidenses decidieron limitar el acceso a su territorio.

    Estados Unidos también restringe visados a 40 bolivianos

    El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, extendió las restricciones migratorias a otras 40 personas de Bolivia, entre ellas antiguos integrantes del Ministerio Público y funcionarios del sistema judicial, como parte de la misma campaña contra la corrupción y el tráfico de drogas.

    En la lista de ciudadanos bolivianos aparecen los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además del magistrado Julio César Porras, quien está al frente de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz, según la información divulgada sobre las nuevas restricciones.

    La medida también comprende al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; al juez Julio Alba y al director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz. A ellos se suman los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, quienes también figuran entre las personas afectadas por la decisión estadounidense.

    Entre los funcionarios de seguridad y migración incluidos se encuentran el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón, y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.

    Las restricciones forman parte de las acciones de Washington contra personas a las que relaciona con corrupción y narcotráfico en la región.

     

  • Kristi Noem dejó de ser la enviada especial de Trump para el Escudo de las Américas

    Kristi Noem dejó de ser la enviada especial de Trump para el Escudo de las Américas

    La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dejó de ocupar el cargo de enviada especial del Gobierno de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, después de que su nombramiento expirara en septiembre, según informó la cadena estadounidense CBS News, que citó a un funcionario del Departamento de Estado.

    «La designación de Noem como enviada expiró el mes pasado y ya no ocupa ese cargo», dijo el funcionario a CBS, quien aclaró que la exfuncionaria continuará participando en el proyecto como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

    Noem asumió la representación especial de esta iniciativa en marzo, luego de que el presidente Donald Trump decidiera apartarla de la dirección del Departamento de Seguridad Nacional. Su nombramiento estuvo relacionado con los esfuerzos de la Administración estadounidense para fortalecer la cooperación con países latinoamericanos en asuntos económicos y de seguridad.

    El Escudo de las Américas es una coalición promovida por el Gobierno de Trump junto a varios países de América Latina, cuyos gobiernos mantienen posiciones políticas de derecha. La iniciativa busca coordinar acciones regionales para combatir a los carteles del narcotráfico, impulsar la cooperación económica y abordar otros desafíos relacionados con la seguridad.

    Pese a que su designación oficial venció en septiembre, Noem continuó participando en actividades diplomáticas vinculadas con el proyecto, según la información divulgada por CBS News. Su participación se mantuvo en encuentros con representantes de gobiernos latinoamericanos relacionados con los objetivos de la coalición.

    Entre esas actividades figura una reunión celebrada el pasado 22 de septiembre en Quito, Ecuador, con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de los contactos diplomáticos relacionados con el Escudo de las Américas.

    La exsecretaria también participó en encuentros con dirigentes regionales desarrollados de manera paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas, de acuerdo con el reporte de la cadena estadounidense. Estas actividades ocurrieron pese a que su nombramiento como enviada especial ya había llegado a su vencimiento.

    Con la finalización de su designación, Noem deja de ejercer formalmente la representación especial de la iniciativa, pero mantiene una función de asesoría junto al subsecretario Christopher Landau. De esta manera, la exsecretaria continúa vinculada al Escudo de las Américas, aunque desde una posición distinta dentro del proyecto impulsado por la Administración Trump.

     

  • Estados Unidos suspende temporalmente las citas para visas de inmigrante mundialmente

    Estados Unidos suspende temporalmente las citas para visas de inmigrante mundialmente

    Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo mientras capacita a su personal consular sobre nuevos procedimientos, confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado, que no precisó cuándo se reanudará el servicio.

    «Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas», indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado. Solicitantes de diferentes países ya comenzaron a recibir notificaciones sobre la suspensión de entrevistas que habían sido programadas previamente.

    «Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes», indicó el portavoz.

    La capacitación comenzó a principios de agosto y se desarrolla a nivel «mundial», por lo que las cancelaciones temporales afectan a toda la red consular estadounidense.

    Los nuevos procedimientos buscan determinar que las personas que reciben las visas no representen una carga para los recursos públicos estadounidenses y «no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello».

    Según una fuente citada por The Washington Post, las citas para obtener visas de inmigrante fueron canceladas desde el lunes y permanecerían suspendidas hasta finales de agosto. El Departamento de Estado, sin embargo, no proporcionó una fecha concreta para restablecer completamente estos servicios.

    El material de capacitación fue entregado a los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto de visas para ciudadanos de 75 países. La Administración del presidente Donald Trump había argumentado que existía el riesgo de que ciudadanos de esas naciones ingresaran a Estados Unidos y posteriormente recurrieran a subsidios públicos.

    La Administración Trump anunció además este martes que revocará las visas B-1 y B-2, destinadas a turismo y negocios, de miles de personas que las utilizaron para entrar legalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitar asilo en el país.

    El Gobierno estadounidense también busca elevar los requisitos para obtener la visa de trabajo H-1B. Entre las medidas planteadas figura exigir que los empleadores que recurran a este programa para contratar trabajadores cualificados paguen más de $100,000 anuales para su renovación, como parte de las modificaciones impulsadas por la Casa Blanca en materia migratoria.

     

  • Trump insiste en que Corea del Sur no apoya su política sobre «desnuclearización» de Irán

    Trump insiste en que Corea del Sur no apoya su política sobre «desnuclearización» de Irán

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que Corea del Sur rechazó sumarse a la política de Washington respecto a la “desnuclearización” de Irán, según un mensaje publicado por el mandatario en su red social Truth Social.

    «Hace poco pregunté al presidente de Corea del Sur si querían unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y respondieron: ‘¡No, gracias!’», escribió Trump al referirse a la posición que atribuye al Gobierno surcoreano.

    Trump recordó además que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, disminuir significativamente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur por los costos que representan para Washington. El presidente estadounidense afirmó que son costosos «y gran parte de los gastos los asume Estados Unidos de América (¡como de costumbre!)».

    El mandatario ya había anunciado el pasado 16 de agosto la reducción de estos ejercicios y relacionó entonces su decisión con su «excelente relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte», en referencia al líder norcoreano.

    Trump considera que las maniobras militares desarrolladas junto con Corea del Sur «envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, durante todo el mandato de Donald J. Trump como presidente, se ha mostrado respetuoso y sin intenciones agresivas».

    Las nuevas declaraciones del presidente estadounidense se producen un día después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, conversara con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, sobre la coordinación entre Washington y Seúl.

    Durante la conversación telefónica, ambos funcionarios abordaron asuntos relacionados con la alianza entre los dos países. Rubio destacó la importancia de que «ambos países mantengan una estrecha coordinación en los asuntos que son fundamentales», según un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

    Las declaraciones de Trump vuelven a colocar en el centro de la agenda las relaciones de Estados Unidos con Corea del Sur y Corea del Norte, mientras Washington mantiene su posición sobre el programa nuclear iraní y revisa el alcance de sus ejercicios militares conjuntos con Seúl.

  • Tribunal invalida decisión de Trump de suspender visas de inmigrantes para 75 países

    Tribunal invalida decisión de Trump de suspender visas de inmigrantes para 75 países

    Un tribunal federal de Estados Unidos invalidó la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 paísesimpuesta por la Administración del presidente Donald Trump, al concluir que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al implementar la medida.

    La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, determinó en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es «manifiestamente ilegal» y cuestionó el argumento del Gobierno estadounidense de que los solicitantes procedentes de esas naciones representaban un elevado riesgo de convertirse en una «carga económica» para Estados Unidos.

    La magistrada señaló que la política ordenaba a funcionarios estadounidenses rechazar visas incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y probablemente podrían mantenerse económicamente por sí mismos. Según el fallo, este procedimiento contravenía una norma que exige realizar evaluaciones individualizadas de cada solicitante.

    Consultado sobre la resolución judicial, un portavoz del Departamento de Estado indicó este sábado que la institución no suele pronunciarse sobre litigios pendientes o en curso. Sin embargo, defendió la política migratoria del Gobierno al asegurar que «la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas».

    La suspensión, vigente desde enero, afectaba a ciudadanos de países latinoamericanos y caribeños como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La lista también comprendía a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otras naciones.

    Entre los demandantes figuran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas citando la nueva política. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que sostuvieron que la suspensión perjudicó los trámites migratorios de familiares procedentes de Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.

    La resolución judicial también revoca las negativas de visas fundamentadas exclusivamente en esta directiva, una decisión que podría provocar la revisión de miles de solicitudes previamente procesadas. «Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración», afirmó Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.

    Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, calificó la sentencia como un «contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país».

    «La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello», sostuvo.

     

  • EEUU ya ha revocado 900 visas por “turismo de maternidad”

    EEUU ya ha revocado 900 visas por “turismo de maternidad”

    Estados Unidos revocó cerca de 900 visas temporales como parte de las medidas impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump contra el denominado “turismo de maternidad”, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

    “Ya se han revocado cerca de 900 visas tan solo desde que se puso en marcha este grupo de trabajo. Y esto se suma a las medidas que hemos adoptado desde el inicio de esta administración para desmantelar las redes de turismo de maternidad en todo el mundo”, declaró Pigott en una entrevista con la cadena Newsmax.

    Las revocaciones son resultado del trabajo coordinado entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a personas que utilizan visas de turista con la intención de ingresar a Estados Unidos y dar a luz en ese país.

    “Estamos viendo que esto se ha convertido en un fenómeno global. Estas redes lucrativas intentan vender la ciudadanía estadounidense”, expresó el portavoz, quien sostuvo que estas organizaciones promueven esquemas vinculados con el también llamado “turismo de parto”.

    Las acciones forman parte de las políticas migratorias promovidas por Trump, quien en enero firmó una orden ejecutiva en la que definió esta práctica como una forma de “socavar la integridad del sistema migratorio” con el propósito de obtener “beneficios migratorios permanentes”.

    La directiva señaló que algunas personas ingresan al país mediante permisos temporales concedidos para estudios, intercambios, empleo temporal o turismo, y posteriormente buscan aprovechar la ciudadanía estadounidense obtenida por sus hijos al nacer en territorio de Estados Unidos.

    La medida se enmarca además en los intentos de Trump por restringir la ciudadanía por nacimiento. En Estados Unidos predomina el principio de ius soli, mediante el cual la ciudadanía se adquiere por haber nacido dentro del territorio del país, frente al principio de descendencia utilizado en otros sistemas jurídicos.

    Las nuevas acciones administrativas llegan después de que el Tribunal Supremo frenara la orden de Trump destinada a terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, al considerar que vulneraba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

     

  • EEUU ha revocado el visado a más de 175 mil personas durante el mandato de Trump

    EEUU ha revocado el visado a más de 175 mil personas durante el mandato de Trump

    El Gobierno de Estados Unidos informó este lunes que revocó las visas de más de 175,000 extranjeros desde que Donald Trump inició su mandato presidencial a mediados de enero de 2025.

    El Departamento de Estado explicó que la medida alcanzó a «ciudadanos extranjeros que infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional».

    Una parte importante de las revocaciones estuvo relacionada con incidentes de los titulares de visas con las fuerzas del orden. Entre las causas señaladas por las autoridades estadounidenses figuran agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos vinculados con drogas.

    «Una parte significativa de los visados se revocaron por conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación, así como por otros delitos», indicó el Departamento de Estado al detallar las razones utilizadas para retirar estos permisos.

    La institución aseguró que las revocaciones forman parte de sus investigaciones «continuas» sobre extranjeros con autorización para ingresar o permanecer en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar que los titulares de visas «no pongan en peligro a los estadounidenses».

    El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, advirtió que «seguirá identificando, investigando y revocando los visados de los ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense».

    La política de revisión y cancelación de visas forma parte de las medidas adoptadas por la administración Trump en materia migratoria y de seguridad desde que comenzó su actual mandato en enero de 2025.

    Las autoridades estadounidenses defendieron la potestad de retirar estos permisos y reiteraron que «un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho», al advertir que continuarán las investigaciones sobre extranjeros que incumplan las condiciones establecidas para permanecer en el país.

     

  • Futuro embajador de EEUU en El Salvador tiene una trayectoria en inteligencia y asuntos internacionales

    Futuro embajador de EEUU en El Salvador tiene una trayectoria en inteligencia y asuntos internacionales

    El futuro embajador estadounidense en El Salvador, Mark Joseph Abreu, tiene acumula casi tres décadas de trayectoria en los ámbitos de inteligencia, seguridad nacional, asuntos internacionales y liderazgo estratégico, según el “Certificado de Competencia Demostrada” remitido el miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el proceso de confirmación del funcionario.

    Según Departamento de Estado, una parte importante de su carrera transcurrió en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde ejerció como jefe de estación en varios países de América Latina. En esos cargos dirigidos operaciones y personal de la agencia, desempeño por el que recibió reconocimientos como los Exceptional Performance Awards, Meritorious Unit Citations y condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.

    Abreu, de origen puertorriqueño, ha trabajado en América Latina, Europa Occidental, el norte de África, Asia Oriental y Medio Oriente, coordinando esfuerzos entre organismos de inteligencia, fuerzas militares, agencias de seguridad, empresas tecnológicas y actores del sector privado para respaldar los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

    El Departamento de Estado también resalta que Abreu posee experiencia en el ámbito legislativo. Fue designado como oficial de enlace de la CIA con el Congreso y posteriormente fue Congressional Fellow en la oficina del entonces senador Marco Rubio, funciones que, según el informe, le permitieron adquirir un amplio conocimiento del proceso legislativo estadounidense.

    El expediente presentado al Senado añade que el nominado también sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) y como comisionado oficial. Además, desarrolló parte de su carrera en el sector privado como consultor de gestión en la firma Booz Allen Hamilton.

    El documento sostiene que esa combinación de experiencia en los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto con su trayectoria en inteligencia, defensa, seguridad, el Congreso y la empresa privada, le proporciona una perspectiva interinstitucional que lo convierte en un candidato con amplias credenciales para representar a Estados Unidos en El Salvador.

    Abreu obtuvo una licenciatura en la Academia de la Fuerza Aérea y una maestría en Administración de Empresas en Webster University. Habla español, una capacidad considerada relevante para el desempeño de sus funciones diplomáticas en el país.

    El Certificado de Competencia Demostrada forma parte del proceso de confirmación de embajadores en Estados Unidos. De conformidad con la Sección 304(a)(4) de la Foreign Service Act de 1980, el secretario de Estado debe certificar ante el Senado que toda persona nominada por el presidente para desempeñarse como jefe de misión ha demostrado la competencia necesaria para asumir el cargo.

     

     

  • Estados Unidos acusa al régimen cubano de mantener una red de espionaje durante casi siete décadas

    Estados Unidos acusa al régimen cubano de mantener una red de espionaje durante casi siete décadas

    La Administración del presidente Donald Trump publicó este lunes un informe en el que acusa a Cuba de desarrollar durante casi siete décadas una campaña de espionaje en territorio estadounidense, mediante el reclutamiento de simpatizantes en universidades y el uso de sus misiones diplomáticas como plataformas para operaciones de inteligencia.

    El documento, titulado «Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI», fue divulgado por el Departamento de Estado y sostiene que las universidades estadounidenses constituyen uno de los principales objetivos de la inteligencia cubana para captar jóvenes con afinidad ideológica que, con el paso de los años, puedan acceder a cargos de influencia dentro del Gobierno de Estados Unidos.

    Según el informe, los organismos de inteligencia estadounidenses y testimonios de exfuncionarios cubanos coinciden en que la infiltración en centros universitarios ha sido una prioridad estratégica para La Habana. El objetivo, agrega, ha sido reclutar «estudiantes de izquierda políticamente comprometidos que estudian en las universidades de élite estadounidenses».

    El Departamento de Estado afirma que la inteligencia cubana desarrolló un modelo de captación basado más en la afinidad ideológica que en incentivos económicos.

    «La Inteligencia cubana ha aprovechado un modelo de reclutamiento alternativo basado en aprovechar la lealtad ideológica», señala el informe, que explica que los candidatos son preparados durante años antes de acceder a puestos con información sensible.

    El documento sostiene que la información obtenida por esos agentes fue compartida con aliados internacionales de Cuba y ocasionó un daño «incalculable» a la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, asegura que algunas de esas filtraciones habrían contribuido a la muerte de militares, agentes y ciudadanos estadounidenses.

    Como ejemplo, el informe menciona a Ana Belén Montes, exanalista de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), condenada por entregar información clasificada a Cuba; al exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, declarado culpable de actuar como agente de La Habana; y al matrimonio conformado por Walter y Gwendolyn Myers, también condenados por espionaje. Asimismo, hace referencia a la denominada Red Avispa, una estructura de inteligencia que operó en el sur de Florida para recopilar información militar e infiltrarse en organizaciones del exilio cubano.

    El Departamento de Estado también sostiene que las representaciones diplomáticas cubanas en Estados Unidos han servido durante años como centros de operaciones de inteligencia.

    El informe afirma que «todos y cada uno de los diplomáticos acreditados en la misión de Cuba ante la ONU son agentes de Inteligencia», citando declaraciones atribuidas a funcionarios de contrainteligencia estadounidenses. Además, recuerda que en 2003 Washington expulsó a 14 diplomáticos cubanos por presuntas actividades de espionaje.

    Finalmente, el documento asegura que la Dirección de Inteligencia de Cuba mantiene una presencia extendida dentro de diversas instituciones estatales y forma parte de una red global de inteligencia que, según Estados Unidos, ha permitido a La Habana infiltrarse en distintos sectores políticos, académicos y gubernamentales durante décadas.