El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de ingreso al país contra 61 ciudadanos de Colombia y Bolivia, entre ellos exfuncionarios, legisladores, jueces y fiscales, como parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.
El Departamento de Estado informó que las restricciones de visados afectan a 21 personas de Colombia, a quienes vincula con actividades que perjudican el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La institución estadounidense señaló que los sancionados «mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política».
Entre los colombianos incluidos en la medida se encuentran el expresidente de la empresa petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur y la diputada Karen Manrique, quien permanece detenida en Colombia por su vinculación con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Las restricciones también alcanzan a los exsenadores colombianos Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Estas personas forman parte del grupo de 21 ciudadanos a quienes las autoridades estadounidenses decidieron limitar el acceso a su territorio.
Estados Unidos también restringe visados a 40 bolivianos
El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, extendió las restricciones migratorias a otras 40 personas de Bolivia, entre ellas antiguos integrantes del Ministerio Público y funcionarios del sistema judicial, como parte de la misma campaña contra la corrupción y el tráfico de drogas.
En la lista de ciudadanos bolivianos aparecen los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además del magistrado Julio César Porras, quien está al frente de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz, según la información divulgada sobre las nuevas restricciones.
La medida también comprende al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; al juez Julio Alba y al director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz. A ellos se suman los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, quienes también figuran entre las personas afectadas por la decisión estadounidense.
Entre los funcionarios de seguridad y migración incluidos se encuentran el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón, y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.
Las restricciones forman parte de las acciones de Washington contra personas a las que relaciona con corrupción y narcotráfico en la región.
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