Redacción HCloud

Etiqueta: Departamento de Justicia

  • Presunto testaferro de Maduro cooperará con EEUU tras declararse culpable de lavado

    Presunto testaferro de Maduro cooperará con EEUU tras declararse culpable de lavado

    El exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró culpable el martes de conspiración para lavado de dinero y alcanzó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de Estados Unidos que contempla proporcionar información y pruebas en investigaciones judiciales.

    Saab, de 54 años y nacido en Colombia, cambió su declaración inicial de no culpabilidad, presentada el 24 de julio ante una corte federal del Distrito Sur de Florida. El empresario había sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

    El exministro reconoció que en 2015 organizó junto con «altos funcionarios del Gobierno» un «esquema ilegal» que involucró «sobornos» y «pagos ilegales» relacionados con el programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), además de transferencias de dinero hacia el sur de Florida.

    El documento menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, entonces gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También hace referencia a dos personas identificadas únicamente como ‘co-acusado 1’ y ‘co-acusado 3’, sin revelar públicamente sus identidades.

    Como parte del acuerdo, Saab aceptó «cooperar plenamente» con el Departamento de Justicia mediante «la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas» en «cualquier juicio o proceso» requerido por el Gobierno estadounidense.

    El empresario también acordó entregar $195 millones, además de propiedades y otros bienes derivados de los delitos. La Fiscalía estableció un plazo de 14 días para que revele todos los activos relacionados con las actividades ilícitas contempladas en el acuerdo.

    A cambio de la cooperación, el Gobierno estadounidense aceptó solicitar una reducción de la sentencia. Saab podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta $500,000, aunque el Departamento de Justicia se reservó el derecho de evaluar el alcance, la calidad y la importancia de la información que proporcione.

    El acuerdo no menciona directamente a Maduro, quien permanece recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, entre otros delitos.

    El opositor venezolano Carlos Paparoni consideró que el pacto podría tener implicaciones más amplias por la información financiera que posee Saab.

    «Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos», dijo Paparoni a EFE.

     

  • Tribunal EEUU condena a pandillero salvadoreño de MS-13 a 60 años por siete asesinatos

    Tribunal EEUU condena a pandillero salvadoreño de MS-13 a 60 años por siete asesinatos

    Un tribunal federal de Estados Unidos condenó este martes a 60 años de prisión al salvadoreño Jairo Sáenz, alias “Funny”, un miembro de alto rango de la clica Sailors Locos Salvatruchas Westside de la MS-13 en Brentwood y Central Islip, Nueva York, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

    El juez federal Gary R. Brown dictó la sentencia en Central Islip por crimen organizado, incluidos actos relacionados con la participación de Saenz en siete asesinatos cometidos entre enero de 2016 y enero de 2017. El condenado, de 30 años y originario de El Divisadero, Morazán, se declaró culpable de los delitos el 14 de enero de 2025.

    Las autoridades atribuyeron a Sáenz participación en los asesinatos de Michael Johnson, Oscar Acosta, Kayla Cuevas, Nisa Mickens, Javier Castillo, Dewann Stacks y Esteban Alvarado-Bonilla.

    La sentencia también consideró tres intentos de asesinato, incendio provocado, tráfico de drogas, delitos relacionados con armas de fuego y una conspiración para matar a Marcus Bohannon, quien fue asesinado por otros integrantes de la MS-13.

    “Jairo Sáenz y su hermano Alexi estuvieron al frente de un violento reino de terror y derramamiento de sangre que afectó a comunidades de Long Island durante años”, afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

    El hermano del condenado, Alexi Sáenz, se declaró culpable de los mismos delitos en julio de 2024 y recibió una sentencia de 68 años de prisión en julio de 2025.

    Según los documentos judiciales, Jairo Sáenz ocupaba una posición de alto rango en la clica Sailors y era el segundo al mando después de su hermano. La Fiscalía sostuvo que los crímenes fueron cometidos para mantener y aumentar su posición dentro de la pandilla y favorecer las actividades de la MS-13.

    Entre los crímenes incluidos en el proceso están los asesinatos de Nisa Mickens, de 15 años, y Kayla Cuevas, de 16, cometidos el 13 de septiembre de 2016. También figura el homicidio de Javier Castillo, de 15 años, ocurrido el 10 de octubre de ese año, así como el asesinato de Esteban Alvarado-Bonilla, de 29 años, el 30 de enero de 2017.

    La investigación determinó además que entre abril de 2016 y marzo de 2017 los hermanos Sáenz obtenían cantidades de cocaína y marihuana que posteriormente distribuían entre integrantes y colaboradores de la clica para su venta en Brentwood y zonas cercanas.

    Parte de las ganancias era utilizada para comprar armas, adquirir más drogas y enviar dinero a dirigentes de la MS-13 en El Salvador.

    El Departamento de Justicia señaló que desde 2003 cientos de integrantes de la MS-13, incluidos decenas de dirigentes de clicas, fueron condenados por crimen organizado y otros delitos graves en el Distrito Este de Nueva York. Desde 2010, esa Fiscalía obtuvo acusaciones contra miembros de la organización relacionadas con más de 80 asesinatos, como parte de investigaciones desarrolladas junto con el FBI y distintas agencias policiales.

     

  • EEUU desactiva plataformas chinas usadas para ataques informáticos

    EEUU desactiva plataformas chinas usadas para ataques informáticos

    Estados Unidos decomisó el miércoles los dominios utilizados por dos plataformas de jaqueo patrocinadas por China, señaladas de participar en ataques contra infraestructuras críticas y redes sensibles estadounidenses, entre ellas las de la NASA, la Reserva Federal y el Senado.

    El Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI identificaron las plataformas como QScan y QTRouter, operadas por el grupo QTFY. Según las autoridades, las herramientas permitían infectar miles de dispositivos conectados a internet para utilizarlos posteriormente con el objetivo de ocultar el verdadero origen de los ataques informáticos.

    Documentos judiciales vinculan a QTFY con la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, que presuntamente ofrecía servicios de jaqueo a diferentes clientes relacionados con el Gobierno de China.

    Entre esos clientes figuraban el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de China, según la información divulgada por las autoridades estadounidenses sobre las operaciones atribuidas al grupo.

    Los dominios decomisados eran utilizados por QScan y QTRouter para establecer comunicaciones y realizar procesos de autenticación. El Departamento de Justicia aseguró que su incautación dejó inoperativas ambas plataformas.

    Las investigaciones estadounidenses determinaron además que las actividades relacionadas con estas herramientas se remontan al menos a 2018, por lo que las autoridades investigaban operaciones realizadas durante varios años contra diferentes objetivos.

    El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que las autoridades federales lograron investigar y desactivar el software malicioso relacionado con China mediante la operación anunciada.

    La intervención forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para desmantelar herramientas utilizadas en actividades de jaqueo que Washington atribuye a actores patrocinados por Pekín y que tienen entre sus objetivos redes gubernamentales e infraestructuras críticas.

     

     

  • EEUU busca reactivar cargos contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    EEUU busca reactivar cargos contra el salvadoreño Kilmar Ábrego

    Los problemas del salvadoreño Kilmar Ábrego García no cesan. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el lunes a un tribunal federal de apelaciones restablecer los cargos penales en su contra, tras ser deportado erróneamente a El Salvador durante la administración de Donald Trump y posteriormente devuelto a territorio estadounidense por orden judicial.

    La petición fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito y busca revertir la decisión adoptada en mayo por el juez federal Waverly Crenshaw, de Tennessee, quien desestimó una acusación contra Ábrego García por dos cargos relacionados con el tráfico de migrantes.

    Crenshaw determinó que el Departamento de Justicia procesó al salvadoreño como represalia por sus acciones legales contra la deportación a El Salvador.

    “La evidencia objetiva aquí muestra que, de no haber existido una demanda exitosa de Abrego impugnando su expulsión a El Salvador, el Gobierno no habría iniciado este proceso”, escribió el juez en su resolución del 22 de mayo.

    El Departamento de Justicia rechazó que el proceso tuviera carácter vengativo y sostuvo que existían “múltiples bases legítimas para procesar” a Ábrego García. La institución argumentó que la decisión de presentar la acusación fue tomada por fiscales de carrera a partir de las pruebas disponibles y de su convencimiento de que podrían demostrar los delitos más allá de una duda razonable.

    Los cargos tienen su origen en un control de tránsito ocurrido en Tennessee en noviembre de 2022, cuando agentes estatales detuvieron un vehículo conducido por Ábrego García en el que viajaban numerosas personas. La investigación federal sobre esos hechos comenzó unos dos años y medio después y el salvadoreño se declaró inocente de los cargos.

    Ábrego García fue deportado a El Salvador en marzo de 2025 pese a que existía una orden judicial que impedía enviarlo a su país por temor a la violencia de pandillas. Su situación se convirtió posteriormente en uno de los casos más conocidos entre los críticos de la política migratoria de la administración Trump. Tras una intervención del Tribunal Supremo, fue devuelto a Estados Unidos y posteriormente acusado penalmente.

    La administración Trump sostiene ahora que la resolución de Crenshaw no siguió los precedentes establecidos por el Tribunal Supremo. El Departamento de Justicia afirmó además que el fallo supone una ampliación considerable de la facultad de los tribunales para desestimar acusaciones penales calculando en valoraciones sobre las motivaciones de los fiscales.

    Ábrego García enfrenta paralelamente otro proceso federal en Maryland relacionado con los intentos del Gobierno estadounidense de deportarlo nuevamente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pretende enviarlo a Liberia, pero una jueza federal bloqueó temporalmente esa medida y determinó que no podrá ser deportado al menos hasta octubre.

     

  • EEUU endurece controles sobre agencias matrimoniales internacionales

    EEUU endurece controles sobre agencias matrimoniales internacionales

    La Administración del presidente Donald Trump estableció un nuevo procedimiento para investigar y sancionar a las agencias matrimoniales internacionales que conectan a ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos con extranjeros, con el objetivo de combatir fraudes y prevenir la explotación de inmigrantes.

    El Departamento de Justicia (DOJ) publicó este martes en el Registro Federal una normativa que endurece la aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA), creada para proteger a extranjeros que mantienen relaciones de noviazgo o matrimonio con ciudadanos estadounidenses frente a posibles abusos y violencia doméstica.

    La nueva regulación está dirigida a empresas que operan como intermediarios matrimoniales internacionales y cobran por servicios de citas, búsqueda de pareja o intermediación. Las autoridades podrán actuar contra aquellas que no proporcionen a los extranjeros la información exigida por la legislación o divulguen indebidamente datos que están protegidos.

    “(La norma) es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por los IMB”, explicó el Departamento de Justicia al justificar las nuevas disposiciones.

    La legislación estadounidense obliga a estas agencias a proporcionar a los extranjeros información sobre sus posibles parejas, incluidos antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y matrimonios anteriores. Los datos deben entregarse en el idioma natal del extranjero y las empresas también tienen que explicar los derechos legales y recursos disponibles antes de obtener su consentimiento por escrito.

    La IMBRA prohíbe además que los intermediarios matrimoniales internacionales proporcionen información de contacto, fotografías o determinados antecedentes de cualquier persona menor de 18 años, como parte de las medidas de protección establecidas por la legislación.

    El principal cambio introducido por el Departamento de Justicia consiste en establecer un procedimiento formal para investigar, resolver y sancionar presuntas violaciones de la normativa, fortaleciendo los mecanismos que el Gobierno estadounidense puede utilizar contra las empresas que incumplan sus obligaciones.

    Las agencias que cometan infracciones podrán enfrentar multas de entre $5,000 y $25,000. El Gobierno estadounidense sostiene que el fortalecimiento de los controles permitirá combatir los matrimonios fraudulentos y proteger a extranjeros que utilizan estos servicios frente a posibles situaciones de explotación.

     

  • EEUU busca retirar la ciudadanía a dos salvadoreños por fraude migratorio

    EEUU busca retirar la ciudadanía a dos salvadoreños por fraude migratorio

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó retirar la ciudadanía estadounidense a dos salvadoreños como parte de la mayor ofensiva de desnaturalización en la historia del país, una operación que incluye demandas civiles contra 25 personas acusadas de haber obtenido la naturalización mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas.

    La institución informó que las demandas fueron presentadas entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2026 en distintos tribunales federales. Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia ha promovido 123 procesos de desnaturalización, la cifra más alta registrada.

    El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que la ciudadanía estadounidense «es uno de los mayores privilegios de nuestra nación y debe obtenerse de manera legal y honesta».

    “Las demandas anunciadas hoy alegan que estas personas obtuvieron la naturalización mediante fraude, ocultamiento u otra conducta ilegal, incluido el ocultamiento de delitos violentos, delitos sexuales contra menores, identidades fraudulentas y otros hechos que impedían obtener la ciudadanía”, declaró Blanche.

    Uno de los casos corresponde al salvadoreño Carlos Ernesto Girón, de 65 años, contra quien el Departamento de Justicia presentó una demanda el 29 de julio ante un tribunal federal de Maryland.

    Según las autoridades, Girón se declaró culpable en 2019 del delito de abuso sexual contra dos menores por hechos cometidos entre 2005 y 2010.

    El Gobierno estadounidense sostiene que ocultó esa conducta durante su proceso de naturalización y lo acusa de haber obtenido la ciudadanía mediante falsas declaraciones, ocultamiento de hechos materiales y de no cumplir con el requisito de buena conducta moral exigido por la legislación migratoria.

    El segundo proceso fue presentado el 31 de julio contra Miguel Eduardo Romero, de 67 años, también originario de El Salvador, ante un tribunal federal en Baltimore, Maryland.

    De acuerdo con la demanda, Romero abusó sexualmente durante varios años de una menor de edad, identificada como su nieta, mientras se encontraba bajo su cuidado. El Departamento de Justicia sostiene que ocultó esos hechos y mintió durante el trámite para obtener la ciudadanía estadounidense, por lo que solicita revocar su naturalización.

    El fiscal adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, Brett A. Shumate, aseguró que los 25 casos anunciados representan «el mayor incremento de procesos de desnaturalización registrado» y afirmó que las autoridades continuarán utilizando todas las herramientas legales para retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta.

    Las acciones fueron promovidas conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite revocar la ciudadanía estadounidense cuando se demuestra que fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento deliberado de información relevante.

     

  • Trump cuestiona retiro de cargos por daños en estanque

    Trump cuestiona retiro de cargos por daños en estanque

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos contra el exolímpico estadounidense David «Davey» Hearn, quien era acusado de causar daños en el estanque reflectante de Washington. El mandatario insistió en que el caso debía ser tratado como un acto de vandalismo.

    A través de su red social Truth Social, Trump expresó su desacuerdo con la determinación adoptada por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro. «No estoy de acuerdo en absoluto con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo que respecta al estanque. ¿En qué estaba pensando?», escribió.

    El presidente sostuvo que las pruebas apuntaban a un acto deliberado de destrucción. «Para mí, fue un caso claro de VANDALISMO, que incluyó el césped -en el que se había pintado un enorme ’86 47′ en letras gigantes- y otros elementos de la zona circundante», afirmó. Además, agregó que «puede que hubiera alguna dificultad con los contratistas, los daños principales los causaron los vándalos».

    Sin embargo, el Departamento de Justicia solicitó el viernes desestimar la acusación penal tras concluir que los daños fueron consecuencia de una instalación defectuosa durante las obras de remodelación del estanque y no de acciones cometidas por Hearn.

    La Fiscalía del Distrito de Columbia presentó la petición luego de recibir nueva documentación del Departamento del Interior, en la que se atribuye el deterioro del revestimiento a errores cometidos por la empresa contratista Atlantic Industrial Coatings durante los trabajos de renovación.

    De acuerdo con los documentos judiciales, las obras fueron ejecutadas en un plazo reducido para que el estanque estuviera listo antes de las actividades conmemorativas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, lo que habría incidido en las fallas detectadas posteriormente.

    La decisión representa un revés para un caso que había cobrado notoriedad pública después de que Trump responsabilizara directamente al exdeportista por los daños. David «Davey» Hearn, de 67 años y tres veces integrante del equipo olímpico estadounidense de piragüismo, enfrentaba un cargo grave por destrucción de propiedad relacionado con un incidente ocurrido el pasado 19 de junio.

    La acusación señalaba que Hearn arrancó parte del revestimiento del estanque, aunque el exolímpico sostuvo desde el inicio que únicamente levantó un fragmento que ya estaba desprendido mientras recorría el lugar en bicicleta. De haber sido declarado culpable, enfrentaba una pena máxima de 10 años de prisión.

     

  • Exdirector del FBI pide desestimar imputación por supuesta amenaza a Trump en Instagram

    Exdirector del FBI pide desestimar imputación por supuesta amenaza a Trump en Instagram

    El exdirector del FBI James Comey solicitó este lunes a un juez federal que desestime el proceso penal promovido por el Departamento de Justicia (DOJ), que lo acusa de haber amenazado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante una publicación realizada en Instagram el año pasado.

    La petición representa el segundo proceso judicial que enfrenta Comey por parte del Departamento de Justicia. El primero fue desestimado por un tribunal federal, que rechazó las acusaciones relacionadas con supuestas declaraciones falsas al Congreso y obstrucción de la investigación sobre los presuntos vínculos entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y Rusia.

    El caso actual se originó por una fotografía publicada y posteriormente eliminada por Comey en mayo de 2025. En la imagen aparecían varias conchas marinas formando el número «8647», acompañadas del mensaje: «Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa».

    La publicación generó polémica entre simpatizantes del mandatario republicano, quienes interpretaron la combinación numérica como un mensaje político contra Trump, quien ha ocupado la Presidencia de Estados Unidos como el mandatario número 45 y 47.

    De acuerdo con los documentos presentados por la defensa, la fotografía no constituye una amenaza real y la acusación viola el derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Los abogados también argumentaron que otras personas han utilizado la misma expresión sin enfrentar consecuencias penales.

    El número 86 puede utilizarse en la jerga estadounidense con el significado de «eliminar» o «deshacerse de» alguien, según el diccionario Merriam-Webster, interpretación que fue utilizada por los seguidores de Trump para cuestionar la publicación del exdirector del FBI.

    En noviembre del año pasado, un tribunal federal también desestimó el primer proceso contra Comey y otro presentado contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al concluir que la fiscal federal designada por el presidente para dirigir ambos casos había sido nombrada de manera ilegal. Comey, quien fue designado director del FBI en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, fue destituido por Trump en 2017 mientras dirigía la investigación sobre la llamada «trama rusa» relacionada con las elecciones presidenciales de 2016.

  • Condenan a dos mexicanos por abandonar a una migrante salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México

    Condenan a dos mexicanos por abandonar a una migrante salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México

    Dos ciudadanos mexicanos fueron condenados a 46 meses de prisión federal en Estados Unidos por su participación en una operación de tráfico de personas que terminó con la muerte de la salvadoreña Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, de 26 años, quien fue abandonada en el desierto de Nuevo México mientras intentaba llegar de forma irregular al país.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gustavo Joachin-Hernández, de 37 años, e Israel González-Cruz, de 36, se declararon culpables del delito de conspiración para transportar a un migrante en condición irregular. Al cumplir sus condenas, ambos serán deportados a México.

    De acuerdo con la investigación, el 7 de agosto de 2024 agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a 13 migrantes indocumentados ocultos en una zona desértica cercana a la carretera estatal 9, en Santa Teresa, Nuevo México, después de que ingresaran ilegalmente desde México.

    Posteriormente, las autoridades recibieron información de que una persona que viajaba con el grupo había quedado abandonada y necesitaba atención médica. Durante la búsqueda, los agentes encontraron sin vida a Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, originaria del cantón El Triunfo, en San Francisco Gotera, Morazán Sur, El Salvador.

    La Oficina del Investigador Médico determinó que la causa de muerte de la salvadoreña fue hipertermia provocada por la exposición prolongada al calor extremo. Según el expediente judicial, el grupo caminó durante aproximadamente cinco horas y media por el desierto bajo temperaturas cercanas a los 36 °C.

    Las investigaciones establecieron que Joachin-Hernández e Israel González-Cruz actuaban como guías de la organización dedicada al tráfico de personas.

    Joachin-Hernández admitió que la salvadoreña comenzó a quedarse rezagada debido al intenso calor y que, aunque la ayudó a llegar hasta el punto donde sería recogida, decidió abandonarla para continuar con el resto del grupo.

    El acusado también reconoció ante las autoridades que trabajaba como guía para una organización de tráfico de migrantes desde noviembre de 2023 y que esperaba recibir 2,000 pesos mexicanos por cada persona que lograra trasladar con éxito hasta una casa de resguardo en Estados Unidos.

    Con la sentencia, el caso concluye en la jurisdicción federal estadounidense, mientras las autoridades reiteraron que continuarán procesando a quienes participen en redes dedicadas al tráfico ilegal de personas, especialmente cuando sus acciones pongan en riesgo la vida de los migrantes.

     

  • Administración Trump apelará fallo que favorece al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Administración Trump apelará fallo que favorece al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que apelará la decisión judicial que desestimó los cargos de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, un caso que ha generado controversia por su deportación errónea y posterior regreso al país norteamericano.

    La notificación fue presentada el lunes, pocas horas antes de que venciera el plazo legal para recurrir el fallo, con el objetivo de que el caso sea revisado por la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, con sede en Ohio.

    La decisión apelada fue emitida por una jueza federal de Tennessee, quien concluyó que los cargos fueron presentados de manera “selectiva y vengativa”, por lo que ordenó su desestimación.

    Ábrego García se convirtió en una figura central de un prolongado litigio migratorio después de haber sido deportado en marzo de 2025 a una prisión en El Salvador, pese a que posteriormente el propio Gobierno estadounidense reconoció que la expulsión ocurrió debido a un error administrativo.

    Tras una orden judicial que exigió su retorno a Estados Unidos, el salvadoreño fue nuevamente detenido por las autoridades y acusado de participar en actividades de tráfico de personas.

    El caso se remonta a 2022, cuando agentes de la Policía Estatal de Tennessee detuvieron una furgoneta en la que viajaba Ábrego García junto a varias personas que no pudieron presentar documentos de identidad ni pruebas de ciudadanía.

    En aquel momento, los ocupantes fueron liberados con una advertencia y las investigaciones no derivaron en cargos formales. Sin embargo, el expediente fue reactivado después de que Ábrego García regresara a territorio estadounidense tras su deportación.

    A pesar de admitir que la expulsión inicial fue producto de un error burocrático, la administración del presidente Donald Trump ha sostenido que Ábrego García mantiene vínculos con la pandilla MS-13, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que respalden esa acusación.

    Con la apelación, el Gobierno busca reactivar el proceso penal y dejar sin efecto la decisión que anuló los cargos, mientras continúa explorando alternativas para una nueva deportación del salvadoreño.

    Medios estadounidenses señalan que entre las opciones evaluadas por las autoridades migratorias figura trasladarlo a un tercer país, entre ellos Liberia (en África) u otra nación dispuesta a recibirlo.

    El caso continúa generando debate en Estados Unidos sobre los procedimientos migratorios, las garantías judiciales y el uso de acusaciones penales en procesos de deportación.