Dos ciudadanos mexicanos fueron condenados a 46 meses de prisión federal en Estados Unidos por su participación en una operación de tráfico de personas que terminó con la muerte de la salvadoreña Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, de 26 años, quien fue abandonada en el desierto de Nuevo México mientras intentaba llegar de forma irregular al país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gustavo Joachin-Hernández, de 37 años, e Israel González-Cruz, de 36, se declararon culpables del delito de conspiración para transportar a un migrante en condición irregular. Al cumplir sus condenas, ambos serán deportados a México.
De acuerdo con la investigación, el 7 de agosto de 2024 agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a 13 migrantes indocumentados ocultos en una zona desértica cercana a la carretera estatal 9, en Santa Teresa, Nuevo México, después de que ingresaran ilegalmente desde México.
Posteriormente, las autoridades recibieron información de que una persona que viajaba con el grupo había quedado abandonada y necesitaba atención médica. Durante la búsqueda, los agentes encontraron sin vida a Evelyn Esmeralda Villalta Márquez, originaria del cantón El Triunfo, en San Francisco Gotera, Morazán Sur, El Salvador.
La Oficina del Investigador Médico determinó que la causa de muerte de la salvadoreña fue hipertermia provocada por la exposición prolongada al calor extremo. Según el expediente judicial, el grupo caminó durante aproximadamente cinco horas y media por el desierto bajo temperaturas cercanas a los 36 °C.
Las investigaciones establecieron que Joachin-Hernández e Israel González-Cruz actuaban como guías de la organización dedicada al tráfico de personas.
Joachin-Hernández admitió que la salvadoreña comenzó a quedarse rezagada debido al intenso calor y que, aunque la ayudó a llegar hasta el punto donde sería recogida, decidió abandonarla para continuar con el resto del grupo.
El acusado también reconoció ante las autoridades que trabajaba como guía para una organización de tráfico de migrantes desde noviembre de 2023 y que esperaba recibir 2,000 pesos mexicanos por cada persona que lograra trasladar con éxito hasta una casa de resguardo en Estados Unidos.
Con la sentencia, el caso concluye en la jurisdicción federal estadounidense, mientras las autoridades reiteraron que continuarán procesando a quienes participen en redes dedicadas al tráfico ilegal de personas, especialmente cuando sus acciones pongan en riesgo la vida de los migrantes.
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