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Etiqueta: Departamento de Seguridad Nacional

  • Mayorga sobre vencimiento del TPS: «Se puede dialogar, pero las decisiones son soberanas de EE.UU.»

    Mayorga sobre vencimiento del TPS: «Se puede dialogar, pero las decisiones son soberanas de EE.UU.»

    A ocho meses que llegue el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que como parte de su relación con «base a respeto», el Gobierno puede acercarse y dialogar con la administración Trump, pero la decisión de renovar o finalizar el programa es solo del Gobierno norteamericano.

    La diplomática salvadoreña fue consultada en una entrevista en La Tribu FM sobre el futuro del TPS, programa al que se amparan miles de salvadoreños migrantes que no tienen un estatus legal permanente. Al respecto, Mayorga dijo que, basados en un relación bilateral respetuosa, el Gobierno puede dialogar sobre el tema, pero «las decisiones son soberanas de Estados Unidos».

    «Nuestras relaciones con Estados Unidos hemos tratado que sean con base a respeto incluso a las propias decisiones que estamos tomando en El Salvador», dijo la funcionaria, al referirse a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño.

    «Nosotros no podemos venir a exigir, se puede dialogar, se puede tener una aproximación, se puede plantear, quiénes son, qué hacen, cómo aporta pero las decisiones son soberanas de Estados Unidos». Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos.

    Sin embargo, reiteró que el Gobierno se mantiene «a la orden de nuestros connacionales» a través de la red consular, donde han brindado asesorías gratuitas para la reinscripción al TPS, sobre trámites o emisiones de documentos. La actual prórroga del TPS está vigente hasta el 9 de septiembre de 2026.

    Mayorga dijo que la cantidad de migrantes salvadoreños que llegaban irregularmente a Estados Unidos se redujo desde la implementación del Plan Control Territorial porque «una de las causas de migración era la inseguridad».

    Hace dos semanas, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows, aseguró que se ha abierto un proceso de consulta entre ambos gobiernos sobre el TPS, pero aseveró que «las decisiones finales serán tomadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional».

    La más reciente prórroga del TPS para El Salvador fue anunciada por la administración Biden para un período de 18 meses. Se estima que son al menos 200,000 los salvadoreños inscritos en este programa. Donald Trump ha cancelado los TPS para Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Afganistán y Camerún.

    A mediados de junio, Trump fue consultado por periodistas sobre «por qué no anula» el TPS para El Salvador, a lo que el mandatario respondió: «Nosotros echaremos un vistazo». Expertos migratorios han advertido que las aparentes buenas relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no necesariamente se podrían ver reflejadas en una extensión del TPS.

  • EE.UU. eliminará el TPS para haitianos en 2026 pese a crisis humanitaria en el país

    EE.UU. eliminará el TPS para haitianos en 2026 pese a crisis humanitaria en el país

    El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350.000 haitianos a partir del 3 de febrero de 2026, pese a reconocer que Haití continúa inmerso en una grave crisis de violencia e inestabilidad.

    La decisión fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, luego de que la secretaria Kristi Noem concluyera que “Haití ya no cumple con los requerimientos estatutarios para el TPS”.

    Según el DHS, el análisis realizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y otras agencias del gobierno indica que mantener la protección temporal “es inconsistente con el interés nacional de Estados Unidos”.

    La instrucción recomienda a los beneficiarios haitianos del TPS que “se preparen para salir” del país si no cuentan con otra base legal para permanecer, e incluso se les sugiere utilizar la aplicación “CBP Home” para solicitar su “autodeportación” voluntaria, a cambio de un bono de 1.000 dólares.

    Esta medida representa un nuevo intento del presidente Donald Trump por eliminar el TPS para ciudadanos de países como Haití y Venezuela, tras haber sido bloqueado por una orden judicial federal en septiembre.

    La Casa Blanca sostiene que las condiciones en Haití han mejorado, pese a que en junio de este año el propio gobierno impuso una prohibición total de viajes desde ese país, citando la falta de una autoridad central funcional, amenazas a la seguridad y caos institucional.

    El Departamento de Estado, por su parte, mantiene vigente una alerta que recomienda “no viajar a Haití bajo ninguna circunstancia”, citando riesgos de secuestros, crimen organizado, violencia generalizada, disturbios civiles y un sistema de salud colapsado.

    Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití se encuentra sin liderazgo electo y sumido en una espiral de violencia. Según datos de la ONU, entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 4.300 homicidios y 1,4 millones de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas.

    Frente al anuncio, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, representante de Florida —estado con la mayor comunidad haitiana en EE.UU.—, criticó la medida:

    “Haití está en crisis: violencia de las pandillas, extrema pobreza, inestabilidad. Es impensable mandar a haitianos beneficiarios del TPS a un peligro tan claro”, escribió en la red social X.

  • Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.

    Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

    El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.

    La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.

    “Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.

    Demanda por agresión a un anciano recién operado

    Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.

    Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.

    Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.

    En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.

    El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.

    “Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.

    Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.

     

  • El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno de Trump advierte que el TPS no es un asilo “de facto”, tras revés judicial

    El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este viernes el fallo de una jueza federal que restableció el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua, al subrayar que el beneficio migratorio no fue concebido como un sistema de asilo “de facto”.

    Una jueza federal extendió este jueves el amparo que debía finalizar el 5 de agosto para unos 7,000 inmigrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría el beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51,000 hondureños y casi 3,000 nicaragüenses.

    Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”

    En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin dijo en un comunicado que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

    “El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.

    McLaughlin también cargó contra la jueza Trina Thompson, que ordenó la extensión del TPS de los tres países, al decir que el fallo es “otro ejemplo” de cómo jueces incitan al racismo para desviar la atención de los hechos.

    Agregó que el DHS apelará la decisión y llevará la batalla legal a instancias superiores.

    La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160,000 ucranianos, 350,000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.