El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) «no han ido suficientemente lejos» y defendió las tácticas violentas mostradas en videos, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.
Al ser cuestionado sobre si las operaciones fueron excesivas —en imágenes se ve a agentes empujando al suelo a una mujer, empleando gases lacrimógenos en una zona residencial y rompiendo cristales de un vehículo— Trump respondió: «No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama».
Preguntado si le parecían aceptables las tácticas registradas en los videos, sostuvo: «porque tienes que sacar a la gente fuera», y recurrió a la criminalización generalizada de los migrantes al afirmar que «muchos son asesinos».
Sobre la deportación de indocumentados que no tienen antecedentes penales, evitó confirmar si esa será la intención explícita de su Administración y se limitó a decir: «Debemos empezar con una política, y la política debe ser: usted entró en el país ilegalmente, usted se va a ir».
Trump volvió a afirmar una cifra de inmigrantes indocumentados en EE. UU. —25 millones— sin aportar pruebas que la respalden, y negó fijar una meta concreta que le permita declarar la política migratoria como «misión cumplida».
Sobre el impacto económico y social de las redadas, el presidente calificó en primera instancia a algunos trabajadores afectados como «jardineros criminales», para luego reconocer que necesita mano de obra en el campo: «jardineros y granjeros más que nadie».
Sus declaraciones reavivan el debate sobre seguridad, derechos humanos y la disponibilidad laboral en estados que dependen de trabajadores migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este domingo que cerca de 1.6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos optaron por salir del país de forma voluntaria durante 2025, como parte del programa de autodeportación. Además, otras 500,000 personas fueron deportadas forzosamente por las autoridades migratorias.
Según el informe oficial, el programa de autodeportación, lanzado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los migrantes un incentivo de $1,000 y un boleto aéreo para regresar a su país de origen. Esta campaña, promovida a nivel nacional, ha sido clave para motivar a los migrantes a inscribirse y abandonar el país por cuenta propia.
El DHS, bajo instrucciones presidenciales, también intensificó las redadas y operativos migratorios a través de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Las operaciones se han enfocado especialmente en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, donde las acciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos por su carácter “intimidatorio y militarizado”.
“Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS. Aunque no se detalló el presupuesto total de la iniciativa, estimaciones de medios locales indican que se han destinado millones de dólares para su ejecución y promoción.
El programa y los operativos reflejan una política migratoria cada vez más estricta impulsada por el presidente Donald Trump, quien mantiene una postura firme contra la inmigración irregular como parte de su agenda para fortalecer el control fronterizo y reducir la presencia de migrantes sin documentos en el país.
Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.
Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.
Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.
Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.
“¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.
Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.
Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.
El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.
Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.
La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.
Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.
Los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles han aprobado una serie de medidas legales para contrarrestar la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las disposiciones buscan crear un escudo institucional para resguardar a comunidades inmigrantes frente a las políticas migratorias federales.
La Junta de Supervisores del condado angelino declaró este martes una “emergencia” por las redadas migratorias a gran escala que, desde junio, han provocado temor generalizado, reduciendo la asistencia a centros educativos y trabajos, lo cual ha impactado la economía local. Esta declaración permite al gobierno movilizar recursos para asistir a las familias afectadas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también dio luz verde a una serie de leyes estatales que refuerzan los derechos de los inmigrantes. Entre ellas destaca la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495), que permite a familiares asumir la tutela de menores si los padres son detenidos, y prohíbe a las guarderías solicitar datos sobre el estatus migratorio de los niños o sus padres.
“California reconoce nuestro valor económico además de nuestra dignidad como residentes que no deben ser criminalizados, perfilados racialmente o perseguidos solo por nuestro color de piel”, expresó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).
Otra normativa clave es la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), que impide a autoridades locales compartir con ICE la información obtenida durante la emisión de permisos para ventas callejeras. Esta ley prohíbe exigir datos migratorios o antecedentes mediante huellas dactilares.
Además, se sancionaron nuevas regulaciones que blindan espacios educativos y de salud. La AB 49 prohíbe el ingreso de agentes migratorios a escuelas sin una orden judicial, mientras que la SB 81 restringe el acceso del ICE a áreas no públicas de hospitales. También fue aprobada la SB 98, que obliga a notificar a padres y estudiantes cuando haya presencia del ICE cerca de centros escolares y universidades.
El activista Pablo Alvarado, portavoz de la Red Nacional de Jornaleros, consideró que aún hay margen de acción. “Hemos pedido a la Alcaldía de Los Ángeles una reunión con Home Depot para que entiendan cuánto estas redadas han afectado a sus propios clientes”, afirmó.
En esa misma línea, Newsom firmó la SB 627, que prohíbe el uso de pasamontañas por parte de agentes federales y locales —incluido ICE— durante sus operaciones, a partir del 1 de enero de 2026. Esta ley se suma a la SB 805, que exige a los agentes portar identificaciones visibles con su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen.
La Casa Blanca ha rechazado estas últimas normativas, alegando que podrían poner en riesgo a sus fuerzas federales.
La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseveró este martes que los 29 consulados en el país norteamericano «están volcados» en brindar apoyo en atención humanitaria, acompañamiento y asesorías a los migrantes salvadoreños.
La diplomática salvadoreña aseguró a medios de comunicación salvadoreños que como parte de sus acciones para apoyar a salvadoreños migrantes también disponen de un «staff de abogados migratorios» que asesoran a los cónsules en casos complicados que se presentan en las representaciones diplomáticas.
Aunque no precisó el monto de los fondos destinados para la contratación de estos abogados sí dijo que son personas que han trabajado en diferentes períodos con las representaciones diplomáticas para reinscripciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés.
«Nosotros tenemos 29 consulados, estos 29 consulados están volcados al apoyo de gestión humanitaria, al acompañamiento, de asesorías. Nosotros hemos contratado a un staff de abogados migratorios que ayudan también en casos complicados a asesorar a nuestros cónsules». Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Washington.
La funcionaria reconoció que si bien ofrecen apoyo a los migrantes también son «respetuosos de las políticas migratorias de Estados Unidos, son sus decisiones». En ese sentido, dijo que ha continuado «haciendo lobby» en el Congreso estadounidense.
Considera que esta es la «única forma» de realmente ofrecerle a los migrantes salvadoreños «un camino» porque es «ahí donde se toman esas decisiones» y reafirmó que estarán acompañando «en lo que nos compete».
Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado en marzo y reenviado a Estados Unidos, no comparecerá este viernes ante un tribunal en Nashville, Tennessee en el caso por tráfico humano del que se le acusa, debido a dificultades logísticas para su traslado desde Pensilvania, donde permanece detenido.
La audiencia, originalmente programada para el 10 de octubre, fue suspendida luego que el gobierno estadounidense informara que no hubo tiempo suficiente para trasladar al imputado, según un documento judicial oficial. No obstante, se espera su participación en la próxima sesión el 3 de noviembre, siempre que no surjan nuevos contratiempos.
Los cargos contra Ábrego García derivan de un incidente ocurrido en 2022, cuando fue detenido en un control de tráfico con ocho personas más a bordo de su vehículo, situación que llevó a su arresto por presunto tráfico de personas.
El caso ha ganado notoriedad nacional luego que un juez federal autorizara una audiencia probatoria, en la que la defensa de Ábrego buscará demostrar que los cargos presentados por el gobierno son “represalia ilegal”, luego de que el salvadoreño ganara una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su deportación a El Salvador.
Durante años, Kilmar Abrego García residió legalmente en EE. UU. con su esposa estadounidense y sus hijos, antes de ser arrestado y deportado a su país de origen en marzo de 2025, donde fue recluido en el CECOT.
La sesión judicial reprogramada se centrará en temas de descubrimiento de pruebas y programación de audiencia probatoria. El tribunal permitirá su ausencia física si su defensa accede a una transcripción completa de la audiencia preliminar.
La Justicia salvadoreña condenó a penas de 77 y 55 años de prisión a tres integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados fueron identificados como José Francisco Centeno, condenado a 77 años, y Julio César Gómez y José Balbino Baires, ambos con penas de 55 años de cárcel, por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Según la investigación fiscal, “los imputados llevaban a las víctimas hasta la zona del lago de Güija, en Santa Ana. Luego, las trasladaban a Guatemala, donde otros miembros de la estructura las retomaban y finalmente las llevaban a territorio estadounidense”.
La FGR detalló que la red cobraba entre $3,500 y $12,000 por persona, y hasta ahora se han contabilizado 22 víctimas de distintas zonas del país trasladadas en diferentes medios de transporte. La estructura operaba en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
Fuentes consultadas explicaron que los llamados coyotes salvadoreños mantienen vínculos con traficantes de Honduras y Guatemala, dentro del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, y actúan bajo la venia de carteles de droga en México.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2024 fueron 14,195 los salvadoreños deportados desde Estados Unidos, frente a los 13,357 de 2023.
Cada año, más de 500,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras emprenden el viaje irregular hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pese a los riesgos de las rutas controladas por el crimen organizado.
Más del 44 % de los migrantes deportados por la frontera de Arizona en los últimos tres meses habían residido en los Estados Unidos por más de diez años, reveló un informe de la organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera.
El reporte, titulado “Ni siquiera me dejaron decir adiós”, se elaboró con base en una encuesta a 278 migrantes expulsados entre mayo y julio. De ellos, un 85 % eran hombres, y al menos un 40 % afirmó haber dejado a un familiar cercano en EE.UU., entre ellos esposas, hijos o padres.
La investigación detalla que una de cada dos deportaciones fue consecuencia de operativos callejeros o procesos en cortes de Inmigración, encabezados por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Varios encuestados denunciaron malos tratos y traslados por múltiples centros de detención antes de ser enviados a la frontera.
Otro 33 % de los casos se originó en detenciones de tránsito, producto de la colaboración entre agencias locales y ICE. El 60 % de los arrestos ocurrieron en Arizona, mientras que el resto provinieron de estados como California, Florida, Nevada, Oregón, Texas y Washington.
El informe resalta que un 8 % de los deportados llevaban más de 30 años viviendo en Estados Unidos, lo que refleja la magnitud del impacto en familias consolidadas durante décadas.
La organización denunció que las políticas del presidente Donald Trump han incrementado las redadas y detenciones masivas de migrantes desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado se registró un promedio de 3,800 detenciones diarias en la frontera.
Con este panorama, la Iniciativa Kino advirtió que las medidas actuales profundizan la crisis humanitaria en la frontera de Arizona, dejando a miles de familias divididas y vulnerables.
Las deportaciones en Estados Unidos están agravando la crisis de los refugios de animales, especialmente en Florida, donde albergues saturados denuncian la llegada de decenas de perros, gatos y aves que quedan abandonados tras la expulsión de sus dueños.
Un ejemplo es Adopt and Save a Life Rescue Mission, en el oeste de Miami, que en los últimos meses ha recibido al menos 19 perros y gatos de familias deportadas, además de gallos y otras aves. La directora, Daymi Blain, explicó a EFE que la situación es crítica:
“Son reportes todos los días, miles de llamadas. Ya no puedo recibirlos, los posteo en redes sociales para ver si otros refugios pueden ayudar”, relató.
El albergue mantiene más de 50 perros y 30 gatos, además de decenas en camino, y ha debido acondicionar un establo y tres casas rodantes para alojarlos, con un gasto mensual de $1,200 en electricidad.
Deportaciones récord bajo Trump
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que en los primeros 200 días del Gobierno de Donald Trump fueron arrestados 352,000 inmigrantes indocumentados y deportados 324,000, un promedio de 1,620 al día.
El impacto ya se siente en refugios de Broward, Tampa, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee y California, donde crece el temor de que la crisis se intensifique.
En Los Ángeles, por ejemplo, agentes migratorios detuvieron la semana pasada a un joven chileno de 18 años mientras paseaba a su perro. La familia halló al animal abandonado tras el arresto.
Organizaciones buscan soluciones
En California, la organización C.A.R.E.4Paws prepara el lanzamiento de un refugio especializado en recibir mascotas de migrantes deportados o víctimas de violencia.
“Cuando las personas enfrentan estos momentos tan difíciles, lo último de lo que deberían preocuparse es de sus mascotas”, expresó la cofundadora Isabel Gullö.
En Dallas, el refugio Saving Hope Rescue compartió el caso de un hombre en proceso de deportación que debía entregar sus perros con la preocupación de qué ocurriría con ellos.
Ante esta emergencia, Blain pidió apoyo ciudadano:
“Necesitamos voluntarios, donaciones de comida, arena, ventiladores y techos para proteger a los animales. Hemos superado la capacidad de lo que podemos recibir”, enfatizó.
Las calles de Mount Pleasant, un barrio latino al noreste de Washington D.C., permanecen casi vacías desde que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, lo que ha generado temor entre cientos de salvadoreños que residen en la zona.
El operativo de seguridad, enmarcado bajo la declaración de “Emergencia de Seguridad Pública” en la ciudad, ha provocado que negocios bajen sus ventas, trabajadores dejen sus empleos por miedo a ser detenidos, y residentes eviten salir incluso para comprar alimentos.
Una lona colgada en la plaza principal resume el sentir del vecindario: “No a las deportaciones en Mount Pleasant. No a la Migra”, se lee en español. La comunidad denuncia que los operativos están enfocados únicamente contra los hispanos.
“Esto es solo contra nosotros. No se ve a los etíopes, a los chinos o a otros con miedo. Vienen a por los hispanos”, relató a EFE una salvadoreña que trabaja en un restaurante local desde hace dos décadas, y que ahora teme incluso manejar su vehículo por miedo a ser detenida por agentes de inmigración, a pesar de contar con permiso de trabajo y residencia.
Fotografía que muestra carteles en contra de la redadas en En el barrio de Mount Pleasant, uno de los enclaves latinos de Washington. EFE
Trump militariza Washington y aumenta arrestos
La semana pasada, el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, tomó el control de la policía local y reforzó la presencia de agentes del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo el argumento de combatir la criminalidad.
Según la fiscal general Pam Bondi, estos operativos ya han derivado en 630 arrestos, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que muchos de ellos corresponden a inmigrantes indocumentados.
“La gente tiene mucho miedo. La presión psicológica es enorme porque ves los operativos en la calle y luego en redes sociales”, explicó un salvadoreño sentado solo en la barra de un restaurante, quien también pidió anonimato.
Negocios latinos, paralizados
El impacto también ha sido económico. Comercios latinos en Mount Pleasant, muchos de ellos dirigidos por salvadoreños, han reportado una drástica caída en el número de clientes. El miedo ha vaciado las terrazas y reducido los pedidos, incluso a domicilio, ya que muchos repartidores —principalmente latinoamericanos— han optado por dejar de trabajar.
“No tenemos clientes, las empresas proveedoras nos preguntan por qué no hacemos pedidos”, relató el gerente de un restaurante especializado en pollo. Indicó que incluso uno de sus empleados fue detenido por agentes de inmigración, enterándose del hecho por un video que circuló en redes sociales.
“Hemos tenido que reducir turnos porque no hay trabajo”, lamentó.
En medio del temor generalizado, muchos habitantes han optado por permanecer en casa, limitar sus salidas al trabajo y evitar cualquier espacio público. Otros se han visto forzados a comprar en línea para no exponerse a los controles.
El barrio de Mount Pleasant es el corazón de la comunidad salvadoreña en Washington. EFE
Extensión del operativo, una posibilidad latente
La comunidad espera que la situación termine pronto. “Dijeron que duraría un mes. Le rezo a Dios para que se acabe rápido”, expresó una salvadoreña mayor, mientras regresaba de hacer sus compras.
Sin embargo, el presidente Trump ha advertido que podría extender el operativo, argumentando que la medida aún no ha sido suficiente. Para ello, necesitará la aprobación del Congreso, donde mantiene mayoría.
Mientras tanto, cientos de inmigrantes en Mount Pleasant —y especialmente la comunidad salvadoreña— continúan enfrentando un ambiente hostil, marcado por el temor, la parálisis social y la incertidumbre de lo que vendrá.
