Etiqueta: deportaciones

  • Arzobispo de Miami pide presión al Congreso de EE.UU. y rechaza deportaciones masivas de Trump

    Arzobispo de Miami pide presión al Congreso de EE.UU. y rechaza deportaciones masivas de Trump

    El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió que se ejerza una mayor presión al Congreso de Estados Unidos para impulsar una reforma migratoria integral, y criticó las políticas de deportación masiva del presidente Donald Trump, al considerar que “no ayudan en nada”.

    “Tenemos que hacer más presión al Congreso para que los congresistas hagan los cambios necesarios. Y también es importante que la Administración escuche nuestra voz. No queremos ser enemigos de nadie: somos americanos”, declaró Wenski en entrevista con EFE.

    El líder religioso, que dirige una de las diócesis con mayor presencia de latinos y haitianos en EE.UU., hizo un llamado a defender los derechos de los migrantes y recordó que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha mantenido una postura firme y pública a favor de los migrantes durante décadas.

    «Las leyes migratorias son anticuadas e injustas»

    Wenski, quien lleva más de 20 años luchando por una reforma migratoria, afirmó que las leyes actuales son “inadecuadas y anticuadas” y que, por tanto, “resultan injustas”. También criticó el trato que reciben los migrantes por parte de algunos agentes de inmigración.

    “Los agentes que aprehenden a migrantes no deben burlarse de ellos ni maltratarlos. Deben tratarlos con humanidad”, subrayó.

    Sus declaraciones llegan después de que Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” en la Administración Trump, acusara a la Iglesia católica de “estar equivocada” en su defensa de los migrantes. Wenski respondió que “la Iglesia no es enemiga del Gobierno” y que muchos católicos trabajan para el Estado.

    “Decimos que no se debe atacar a los agentes, pero también creemos que no es justo deportar a personas trabajadoras, como abuelas, niñas o padres de familia”, puntualizó.

    Trump y las deportaciones masivas

    Durante los primeros 250 días del nuevo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la deportación de cerca de 400.000 personas, con una proyección de 600.000 expulsiones en el primer año.

    Frente a estas cifras, el arzobispo advirtió que el país “no podrá tener una economía próspera” sin contar con el trabajo de los inmigrantes. Reconoció que cerrar la frontera ha sido un logro para la actual administración, pero enfatizó que las políticas deben diferenciar entre delincuentes y personas trabajadoras.

    Wenski, quien presentó su carta de retiro al papa León XIV tras cumplir 75 años en octubre, reiteró que su salud es buena y que su permanencia en el cargo depende ahora del pontífice.

    Durante su gestión, el arzobispo se enfocó en construir una Iglesia diversa y acogedora, que ofrece servicios en español, inglés y criollo, respondiendo al crecimiento de la comunidad migrante en el sur de Florida.

    “Viene gente del norte, pero también sigue llegando gente del sur. Estamos creando un espacio donde todos puedan sentirse en casa”, concluyó.

     

  • El 80% de los latinos en EEUU desaprueban políticas migratorias y económicas de Trump

    El 80% de los latinos en EEUU desaprueban políticas migratorias y económicas de Trump

    Una encuesta del Pew Research Center reveló que el 80 % de los latinos en Estados Unidos considera que las políticas del presidente Donald Trump afectan negativamente a la comunidad hispana. El estudio también destaca que el 71 % de los encuestados cree que el mandatario ha excedido los límites en materia de deportaciones.

    La investigación, realizada entre 8,046 adultos hispanos, analiza la percepción sobre su situación durante el primer año del segundo mandato de Trump, comparándola con la visión que se tenía entre 2017 y 2021. El sondeo confirma un incremento del temor frente a la política migratoria actual.

    De acuerdo con los datos, un 52 % de los latinos teme que ellos mismos o personas cercanas puedan ser deportadas. Esta cifra representa una tendencia al alza en comparación con el 42 % registrado al inicio del primer mandato, y el 56 % observado en marzo de este año.

    La desaprobación del trabajo presidencial también se refleja en otros aspectos: el 70 % de los latinos rechaza la forma en que Trump está manejando su administración, mientras que el 65 % expresa desacuerdo con la política migratoria implementada desde la Casa Blanca.

    En cuanto a la economía, el 61 % de los encuestados considera que las decisiones económicas del presidente han afectado sus condiciones de vida. Cerca del 50 % asegura tener dificultades para costear gastos básicos como alimentación, vivienda o servicios médicos.

    A pesar de este panorama, el estudio muestra una mezcla de pesimismo y esperanza. Mientras la mayoría mantiene una visión negativa del rumbo económico del país, aproximadamente la mitad de los latinos espera una mejora en su situación financiera personal durante el próximo año.

    El apoyo de la comunidad hispana al presidente también ha disminuido entre sus propios votantes. Aunque el 81 % de los latinos que apoyaron a Trump en 2024 aún aprueban su gestión, esta cifra representa una baja frente al 93 % registrado durante su primer mandato.

    Por el contrario, casi la totalidad de los latinos que respaldan a Kamala Harris —candidata demócrata a la presidencia en 2024— reprueban la gestión de Trump, reflejando una marcada polarización en la opinión pública hispana de cara a las próximas elecciones.

     

  • Remesas familiares alcanzan nuevo récord tras superar los $8,200 millones a octubre

    Remesas familiares alcanzan nuevo récord tras superar los $8,200 millones a octubre

    Las remesas familiares alcanzaron un nuevo récord tras superar los $8,206.6 millones en los primeros 10 meses del año, señaló este viernes el Banco Central de Reserva (BCR).

    Esta cifra aumentó en $1,265.8 millones respecto a los $6,940.6 millones de igual período de 2024, equivalente a un crecimiento del 18.2 %. Según el registro del BCR, este es el monto más alto recibido desde 1991, primer año disponible, en un contexto determinado por el temor de los salvadoreños en Estados Unidos a las deportaciones masivas que prometió el presidente Donald Trump.

    Como reflejo, las remesas procedentes de Estados Unidos han crecido un 19.3 % a octubre. El Banco Central reporta que se han recibido $7,588.9 millones, al menos $1,225.5 millones adicionales al saldo reportado en igual período del año pasado y equivale a un 92.5 % del total.

    Canadá es el segundo país de origen, con $70.2 millones captados a octubre, una participación de solo 0.9 %, seguido de España tras acumular $55.1 millones, un 0.7 % del total.

    Gráfico del crecimiento de las remesas familiares publicado por el BCR.

    Las remesas son la principal fuente de divisas a la economía salvadoreña, que tuvieron un peso de un 27.6 % del producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2025.

     

    Hogares en San Salvador son los principales receptores

    San Salvador es el departamento mayor receptor de remesas con $1,508.6 millones, un 18.4 % del total, pero tiene el promedio mensual más bajo, de $312.7.

    Entretanto, Chalatenango solo recibe 5.9 % de las remesas totales, $483 millones a octubre, pero tiene el promedio más alto en $460.5, por arriba del salario mínimo vigente para la industria y servicios, de $408.8.

    Por distrito, San Salvador recibió $730.3 millones, un 8.9 % del total y un crecimiento de un 9.9 %. Le sigue San Miguel con $481.5 millones, un 5.9 %, así como Santa Ana tras captar $272.8 millones, un 3.3 %.

    Usulután y Soyapango son los siguientes distritos de mayor recepción de remesas, tras captar $171.1 millones y $160.5 millones, respectivamente. Representan un 2.1 5 y un 2 %, cada uno.

    Estos cinco distritos representaron el 22.2 % de todas las remesas familiares captadas en los primeros 10 meses del año.

    De acuerdo con el BCR, al menos 2.18 millones de salvadoreños han recibido una remesa este año, de los cuales 1.23 millones son mujeres y 946,724 son hombres.

  • Juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago

    Juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago

    Un juez federal estadounidense ordenó este miércoles la libertad bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que han sacudido el área metropolitana de Chicago (Illinois) durante la ‘Operación Midway Blitz’ de la Administración Trump.

    El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó un reclamo de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según el cual los arrestos se produjeron en violación a un acuerdo judicial vigente en Illinois y cinco estados vecinos.

    Aquellos sujetos a ser liberados deberán obtener la fianza antes del mediodía del próximo 21 de noviembre. El número exacto de personas que recuperarían su libertad dependerá de cuántas no hayan abandonado el país voluntariamente o hayan sido deportadas.

    El fallo se aplica a las personas que no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan un riesgo significativo.

    En Illinois, el denominado Consentimiento Castañon-Nava de 2022, limita las circunstancias en las que los agentes pueden realizar arrestos sin orden judicial al aplicar las leyes civiles de inmigración.

    En la audiencia, el magistrado resolvió otorgar una «reparación equitativa», al ordenar la libertad provisional de estas personas mediante «alternativas a la detención», como el uso de monitores electrónicos en el tobillo o citas de seguimiento periódicas con agentes de inmigración, de forma virtual a través de aplicaciones móviles.

    El juez Cummings ordenó al Departamento de Justicia revisar todos los arrestos que se encuentren dentro de la misma categoría y presentar una lista antes del próximo 19 de noviembre, y a partir de ahí, tomar las medidas correspondientes.

    Cummings dictaminó el mes pasado que los agentes que han actuado en Chicago y sus alrededores violaron el acuerdo, y desde entonces abogados de ambas partes han trabajado para identificar cuántos arrestos violaron el consentimiento previamente acordado.

    El abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo -a medios locales- que casos como estos ocurren a diario.

    Según afirmó el letrado, hasta el momento, la lista de personas detenidas en violación del acuerdo judicial superaría las tres mil.

    Fleming indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, en inglés) ha presentado una lista de 3.800 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. informó sobre 1.200 personas, aunque aclaró que podría haber entradas duplicadas en ambas listas, por lo que no se cuenta con una cifra total definitiva.

    Además, el abogado dijo que ambas listas solo abarcan hasta principios de octubre y unas mil personas ya no se encuentran en los Estados Unidos porque fueron deportadas después de firmar órdenes de expulsión voluntaria.

    Los abogados que representan al DHS argumentaron en la audiencia que el Congreso despojó a los tribunales federales de su autoridad para otorgar la libertad condicional a grandes grupos de inmigrantes bajo custodia del ICE.

    En sus alegatos, sostuvieron que «el Congreso ha otorgado la autoridad para conceder la libertad condicional exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Nacional. Los tribunales federales no pueden ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que libere a ningún extranjero en libertad condicional porque el Congreso le ha retirado esa autoridad».

  • Niña colombiana muere en naufragio de migrantes en costas de Panamá

    Niña colombiana muere en naufragio de migrantes en costas de Panamá

    Una niña colombiana de 3 años falleció el domingo tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes en la zona costera de Miramar, en Santa Isabel, provincia de Colón, al norte de Panamá, informaron las autoridades este jueves.

    De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, la menor murió pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se le practicaron tras el accidente. “Lamentamos profundamente la pérdida de esta vida humana”, expresó el Ejecutivo en la nota.

    La embarcación, que llevaba a bordo 18 adultos y 3 menores, fue auxiliada de inmediato por una lancha privada que se encontraba cerca del sitio del naufragio. Posteriormente, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se sumaron a las labores de rescate y brindaron atención médica a los sobrevivientes.

    Según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el bote era operado por un ciudadano colombiano y no estaba autorizado para el transporte de personas, ya que contaba con registro para realizar únicamente pesca artesanal. Además, zarpó desde un muelle costero no autorizado, lo que constituye una grave infracción a las normativas marítimas panameñas.

    Aunque el comunicado oficial no detalla las nacionalidades de todos los ocupantes, medios locales señalaron que la mayoría de los migrantes eran de origen venezolano.

    Desde la llegada al poder del presidente José Raúl Mulino, el 1 de julio de 2024, en conjunto con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementadas desde el 20 de enero, se ha registrado una fuerte reducción en el flujo migratorio que atravesaba Panamá hacia el norte.

    Entre las medidas adoptadas destacan el cierre de rutas ilegales en la selva del Darién y vuelos financiados por Estados Unidos para deportar migrantes. El Memorando de Entendimiento Migratorio firmado entre ambos gobiernos ha permitido que EE.UU. destine $14 millones —$7 millones en 2024 y otros $7 millones en 2025— para apoyar las deportaciones.

    Gracias a este acuerdo, al menos 2,736 personas han sido deportadas o expulsadas desde octubre, según datos proporcionados por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Ahora, el flujo migratorio ha cambiado de dirección, siendo de sur a norte en menor escala, y muchos migrantes optan por viajar en bote desde costas panameñas hacia la frontera con Colombia, evitando el peligroso cruce por la selva del Darién.

     

  • Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    El Caucus Hispano del Congreso (CHC) y la Federación Hispana lanzaron este lunes una campaña para exigir al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rinda cuentas por sus políticas contra la comunidad migrante, incluidas las detenciones y deportaciones masivas, y que garantice el respeto al debido proceso.

    La campaña aboga por «restablecer la supervisión del Congreso sobre la aplicación de las leyes de inmigración», así como por «reformar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para garantizar la rendición de cuentas y promover la seguridad pública», según un comunicado de las asociaciones.

    En concreto, la coalición de grupos hispanos propuso reformar los protocolos policiales a nivel federal; garantizar el debido proceso; balancear la seguridad pública con los derechos humanos; fortalecer la transparencia y supervisión, y canalizar fondos hacia metas humanitarias.

    Su puesta en marcha se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias por todo el país, que ha dado lugar a redadas masivas y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis para proteger a las autoridades migratorias en sus redadas.

    Los operativos del ICE han estado a menudo rodeados de críticas de activistas y políticos demócratas que denuncian un empleo desmedido de la fuerza para los arrestos.

    Así, el presidente de la CHC y congresista demócrata, Adriano Espaillat, describió en el comunicado las medidas del Gobierno como «una guerra urbana» y lamentó que los agentes del ICE realicen arrestos sin identificarse, ocultos por una máscara y sin su número de placa.

    La campaña comienza cuatro meses después de que el Congreso aprobara una asignación de 170.000 millones de dólares adicionales al ICE para deportaciones masivas el pasado julio.

    La organización Voto Latino también se unió a ella, denunciando que Trump «ha empujado aún más a las familias inmigrantes a la clandestinidad» y no ha velado por la seguridad pública y el estado de derecho.

    Además, señaló que el Departamento de Estado (DHS, en inglés), del que dependen las acciones del ICE, «se ha extralimitado y sigue operando con escasa o nula supervisión».

  • Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) «no han ido suficientemente lejos» y defendió las tácticas violentas mostradas en videos, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

    Al ser cuestionado sobre si las operaciones fueron excesivas —en imágenes se ve a agentes empujando al suelo a una mujer, empleando gases lacrimógenos en una zona residencial y rompiendo cristales de un vehículo— Trump respondió: «No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama».

    Preguntado si le parecían aceptables las tácticas registradas en los videos, sostuvo: «porque tienes que sacar a la gente fuera», y recurrió a la criminalización generalizada de los migrantes al afirmar que «muchos son asesinos».

    Sobre la deportación de indocumentados que no tienen antecedentes penales, evitó confirmar si esa será la intención explícita de su Administración y se limitó a decir: «Debemos empezar con una política, y la política debe ser: usted entró en el país ilegalmente, usted se va a ir».

    Trump volvió a afirmar una cifra de inmigrantes indocumentados en EE. UU. —25 millones— sin aportar pruebas que la respalden, y negó fijar una meta concreta que le permita declarar la política migratoria como «misión cumplida».

    Sobre el impacto económico y social de las redadas, el presidente calificó en primera instancia a algunos trabajadores afectados como «jardineros criminales», para luego reconocer que necesita mano de obra en el campo: «jardineros y granjeros más que nadie».

    Sus declaraciones reavivan el debate sobre seguridad, derechos humanos y la disponibilidad laboral en estados que dependen de trabajadores migrantes.

     

  • EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este domingo que cerca de 1.6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos optaron por salir del país de forma voluntaria durante 2025, como parte del programa de autodeportación. Además, otras 500,000 personas fueron deportadas forzosamente por las autoridades migratorias.

    Según el informe oficial, el programa de autodeportación, lanzado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los migrantes un incentivo de $1,000 y un boleto aéreo para regresar a su país de origen. Esta campaña, promovida a nivel nacional, ha sido clave para motivar a los migrantes a inscribirse y abandonar el país por cuenta propia.

    El DHS, bajo instrucciones presidenciales, también intensificó las redadas y operativos migratorios a través de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Las operaciones se han enfocado especialmente en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, donde las acciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos por su carácter “intimidatorio y militarizado”.

    “Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS. Aunque no se detalló el presupuesto total de la iniciativa, estimaciones de medios locales indican que se han destinado millones de dólares para su ejecución y promoción.

    El programa y los operativos reflejan una política migratoria cada vez más estricta impulsada por el presidente Donald Trump, quien mantiene una postura firme contra la inmigración irregular como parte de su agenda para fortalecer el control fronterizo y reducir la presencia de migrantes sin documentos en el país.

     

  • Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.

    Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.

    Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT  a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.

    Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.

    “¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.

    Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.

    Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.

    El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.

    Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.

    La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.

    Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.

     

  • California levanta un muro de leyes para proteger a sus inmigrantes de las redadas de ICE

    California levanta un muro de leyes para proteger a sus inmigrantes de las redadas de ICE

    Los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles han aprobado una serie de medidas legales para contrarrestar la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las disposiciones buscan crear un escudo institucional para resguardar a comunidades inmigrantes frente a las políticas migratorias federales.

    La Junta de Supervisores del condado angelino declaró este martes una “emergencia” por las redadas migratorias a gran escala que, desde junio, han provocado temor generalizado, reduciendo la asistencia a centros educativos y trabajos, lo cual ha impactado la economía local. Esta declaración permite al gobierno movilizar recursos para asistir a las familias afectadas.

    El gobernador de California, Gavin Newsom, también dio luz verde a una serie de leyes estatales que refuerzan los derechos de los inmigrantes. Entre ellas destaca la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495), que permite a familiares asumir la tutela de menores si los padres son detenidos, y prohíbe a las guarderías solicitar datos sobre el estatus migratorio de los niños o sus padres.

    “California reconoce nuestro valor económico además de nuestra dignidad como residentes que no deben ser criminalizados, perfilados racialmente o perseguidos solo por nuestro color de piel”, expresó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).

    Otra normativa clave es la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), que impide a autoridades locales compartir con ICE la información obtenida durante la emisión de permisos para ventas callejeras. Esta ley prohíbe exigir datos migratorios o antecedentes mediante huellas dactilares.

    Además, se sancionaron nuevas regulaciones que blindan espacios educativos y de salud. La AB 49 prohíbe el ingreso de agentes migratorios a escuelas sin una orden judicial, mientras que la SB 81 restringe el acceso del ICE a áreas no públicas de hospitales. También fue aprobada la SB 98, que obliga a notificar a padres y estudiantes cuando haya presencia del ICE cerca de centros escolares y universidades.

    El activista Pablo Alvarado, portavoz de la Red Nacional de Jornaleros, consideró que aún hay margen de acción. “Hemos pedido a la Alcaldía de Los Ángeles una reunión con Home Depot para que entiendan cuánto estas redadas han afectado a sus propios clientes”, afirmó.

    En esa misma línea, Newsom firmó la SB 627, que prohíbe el uso de pasamontañas por parte de agentes federales y locales —incluido ICE— durante sus operaciones, a partir del 1 de enero de 2026. Esta ley se suma a la SB 805, que exige a los agentes portar identificaciones visibles con su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen.

    La Casa Blanca ha rechazado estas últimas normativas, alegando que podrían poner en riesgo a sus fuerzas federales.