La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de una misma familia en 1982, en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), informó este jueves la CIDH.
De acuerdo con un comunicado del organismo con sede en Washington, publicado en X, se trata del caso Natividad de Jesús Ramírez y familia por «las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de la familia Ramírez cometidas por agentes estatales en 1982, así como por la situación de impunidad de los hechos».
Describió que «durante el conflicto armado interno, la familia Ramírez, activa en la Iglesia católica y catalogada por el Estado como opositora política, fue víctima de allanamientos, amenazas, detenciones y agresiones por parte de agentes estatales».
Señaló que la petición, recibida por la CIDH en 2004, «trata sobre la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez y la desaparición de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen desconocidos».
En un informe, la CIDH, determinó que «el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales contra Rufino y Teresa de Jesús Ramírez fue injustificado, desproporcional y carente de fin legítimo», apuntó.
La CIDH consideró probada la desaparición forzada de Natividad de Jesús, Salvador, José Elías, Jorge Alberto y Guadalupe Robles Ramírez, «al acreditarse que agentes públicos irrumpieron en sus domicilios, los detuvieron y se negaron a revelar su paradero», indicó.
Detalló que la Comisión identificó «omisiones graves, tales como la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de autopsias, la inexistencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después, sin resultados verificables».
El Estado, concluyó, «tampoco aportó información sobre diligencias realizadas, razones para el archivo, ni evidencia de un análisis con perspectiva de género, respecto a la ejecución de Teresa de Jesús Ramírez.
En conclusión, añadió, la Comisión estableció que «el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho de niñez y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
La CIDH solicita a la CorteIDH que, entre otras medidas, «ordene al Estado reparar integralmente las violaciones, incluyendo compensación y medidas de satisfacción».
Además, «investigar y localizar a las personas desaparecidas, identificar y entregar sus restos, y acordar un plan de búsqueda y «garantizar atención en salud física y mental para los familiares, con enfoque diferencial» y «adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un guiño al Kremlin al normalizar las relaciones con su principal aliado, Bielorrusia, a través del levantamiento de sanciones.
El mensaje es que, en el marco de negociaciones de normalización, la Casa Blanca está dispuesta a ignorar cualquier abuso de los derechos humanos siempre que sea a cambio de concesiones políticas.
En el plan de paz original para Ucrania, EE.UU. también planteó el total levantamiento de las sanciones e incluso el retorno de Rusia al G7 a cambio del fin de la guerra, lo que fue rechazado por los europeos.
El conejillo de indias bielorruso
La Realpolitik estadounidense comenzó con la sorprendente llamada telefónica que Trump hizo el 15 de agosto pasado mientras volaba a Alaska para su cumbre con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
Entonces, según escribió él mismo en Truth Social, pidió al líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, que liberara a todos los presos políticos en la antigua república soviética, país denostado desde la violenta represión de las protestas opositoras contra el fraude electoral en 2020.
«Es un hombre respetable», dijo Trump, haciendo de tripas corazón, sobre Lukashenko, el mandatario europeo que lleva más tiempo en el poder.
A cambio, EE.UU. primero levantó las restricciones vigentes desde 2022 a la aerolínea Belavia y el sábado le tocó el turno al potasio, sancionado desde 2021. La corporación estatal Belaruskalia exportaba antes de ser sancionada más de 10 millones de toneladas, un 20 % del total mundial.
Ante el cierre por parte de Lituania del puerto báltico de Klaipeda, Minsk se vio obligado a exportar el cloruro de potasio a través de puertos rusos y en tren a China.
«La decisión ya está tomada. Entró en vigor inmediatamente», explicó Valentín Ribakov, embajador bielorruso ante la ONU, a la televisión local.
La mejor forma de llegar a Putin
Bielorrusia juega aquí el papel de conejillo de indias de cara a unas futuras negociaciones con su hermano mayor, Rusia. Lukashenko siempre ha sabido jugar a varias bandas.
Ahora su papel debe ser el de convencer a Putin de que lo mejor es llegar cuanto antes a un trato con Trump, al que le importan mucho más los negocios que las consecuencias políticas de un acuerdo de paz injusto.
La paz tiene contrapartidas, más aún cuando la economía rusa ha entrado en un claro proceso de estancamiento después de casi cuatro años de combates debido a la drástica caída de los ingresos por la exportación de hidrocarburos.
«Lukashenko nos ayuda, nos aconseja qué hacer con la guerra entre Rusia y Ucrania. Son buenos consejos», comentó el emisario estadounidense, John Cole, tras mantener consultas durante dos días con Lukashenko en Minsk.
Cole recordó que el líder bielorruso tiene «una larga historia de relaciones con el presidente Putin», que le cedió en su momento armas nucleares tácticas para defenderse de una posible amenaza de la OTAN.
Añadió: «Esto es muy útil en esta situación. Son amigos desde hace mucho (…) Naturalmente, Putin puede aceptar algunos consejos y rechazar otros».
Los presos políticos como moneda de cambio
La normalización de relaciones con Bielorrusia, considerada una versión en pequeño de la Federación Rusa, comenzó con pequeñas amnistías de presos a mediados de este año.
«Créanme, las reuniones con representantes de Estados Unidos tienen lugar prácticamente cada semana. Estamos preparando ya las próximas citas, los próximos pasos que ambas partes deben dar en el camino a la plena normalización de nuestras relaciones», comentó Ribakov.
La regla es simple. «Levantamos sanciones y liberamos presos», explicó Cole el sábado. Aunque las organizaciones de derechos humanos hablan de más de un millar de presos políticos, Minsk liberó en los últimos meses al Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, y a los principales líderes opositores: Tijanovski, Kolésnikova y Babariko.
La Casa Blanca ya realizó en agosto pasado un gran canje de 25 presos con Rusia, pero Trump quiere que la normalización con Moscú se traduzca en el fin de la guerra en Ucrania.
Lukashenko, cuyo país acogió en momento las negociaciones que frenaron los combates en 2015, tiene algo que decir, ya que Minsk cedió su territorio para la invasión rusa en 2022 y es considerado un cómplice por Kiev.
En los últimos meses Lukashenko aprovecha cada ocasión para alabar a Trump. «Dicen que a Trump le gustan los halagos. Yo no es por halagar, pero quiero decir que últimamente su comportamiento me gusta mucho», dijo.
Trump, que quiere promover a toda costa su imagen de ‘hombre de paz’, y su esposa, Melanie, le respondieron con un telegrama de agradecimiento y una felicitación navideña.
Según explicó Ribakov, Lukashenko también recomendó a la Casa Blanca no invadir Venezuela, estrecho aliado de Minsk y Moscú desde tiempos de Hugo Chávez.
«El presidente de Bielorrusia habló muy francamente con la delegación estadounidense y les advirtió que la implicación de EE.UU. en una guerra como esa significará la repetición de Vietnam, lo que no necesitan ni el pueblo estadounidense ni, menos aún, el pueblo venezolano y tampoco la comunidad internacional», señaló a la televisión bielorrusa.
Ana Corina Sosa, la hija de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que es consciente de que al regresar a Venezuela su madre correrá peligro pero a la vez sabe que su misión está en su país y que no descansará hasta verlo otra vez libre.
«Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y que mi mamá va a correr peligro, dijo Sosa en entrevista concedida a EFE en Oslo, donde se reencontró con su madre tras dos años de separación forzada.
» Pero sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento y que ella lo hace por nuestro futuro y para que podamos volver a estar en Venezuela y finalmente en paz y libertad y unidos como familia. Nos da fuerza saber que ella está haciendo algo noble y que lo está haciendo por nosotros», afirmó.
Sosa manifestó que es difícil poner en palabras lo que había significado volver a abrazar a su madre.
«Es difícil ponerlo en palabras. Han sido dos años que no nos habíamos visto en persona pero se han sentido más largos porque el país ha atravesado tantas cosas y sobre todo mi mamá ha enfrentado unos riesgos enormes y amenazas en contra de su vida a diario», señaló
A la vez, Sosa recordó en la entrevista la situación de otros venezolanos que no tienen la expectativa de un reencuentro con sus seres queridos y ni siquiera saben dónde están.
«El sufrimiento de los venezolanos es muy real. Mientras teníamos esa expectativa y esa certeza de que nos íbamos a ver porque ya había cruzado el mayor riesgo y estaba segura y sin peligro también recordamos que hay millones de venezolanos que tienen más de diez años sin ver a sus familiares y hay venezolanos que ni siquiera saben si sus seres queridos están vivos y que se encuentran presos o desaparecidos», reflexionó.
Sosa dijo que lo que siente ahora, ante el hecho de saber que su madre va a volver a Venezuela y que van a tener que volver a separarse.
«Por un lado no quiero que se vaya, la quiero abrazar y esconderla y que se quede y poder vivir una vida normal como familia, disfrutar la vida normal, ir a los mercaditos de Navidad que están allí fuera. Una tiene como ese deseo y el impulso natural y humano de disfrutar la vida normal», indicó.
«Pero hemos tenido muy presente que si bien tenemos a mi mamá por un instante sabemos que su corazón y su misión y su meta están en Venezuela y ella ha dicho muy claro a los venezolanos que va a volver, que su trabajo no ha terminado y yo sé que los venezolanos conocen a María Corina muy bien y que su misión es en Venezuela hasta que el país sea libre», subrayó.
Al ser preguntada por lo que había significado para ella la ceremonia de entrega del premio, en la que representó a su madre que no alcanzó a llegar a tiempo a Oslo, expresó que había sido un honor enorme, también como venezolana
«La situación que se vive en Venezuela no es un tema de derecha o de izquierda sino de claridad moral, de dignidad, de defensa de la democracia, de principios de libertad» , indicó Sosa, quien celebró que eso hubiera quedado claro en el discurso del presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
«Ese discurso ha sido una inyección de fuerza, ha mostrado que nuestra causa es justa y que el mundo nos reconoce», aseguró.
«Quiero decirle a los venezolanos que la libertad es algo por lo que se lucha todos los días y si algo aprendimos de nuestros padres es que no se puede dar por sentado. Ojalá la lucha que estamos llevando (a cabo) en Venezuela sea un ejemplo para el mundo», agregó.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ya se encuentra en Oslo, Noruega, tras meses de permanecer en la clandestinidad en Venezuela para evitar su captura por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La confirmación fue dada por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, durante una declaración ante medios de comunicación y simpatizantes congregados frente al Grand Hotel en la capital noruega.
“Puedo confirmar que María Corina Machado ha llegado a Oslo y está de camino hacia aquí”, afirmó Frydnes, aunque descartó que haya apariciones públicas por el momento.
“Hoy no habrá reunión. Mañana les comunicaremos el programa, pero por ahora solo quiero darles las gracias por este maravilloso día”, añadió.
Machado no pudo asistir a la ceremonia oficial de entrega del galardón debido a las restricciones impuestas por las autoridades venezolanas, por lo que su hija, Ana Corina Sosa, fue quien recibió el premio en su representación.
Durante los últimos meses, la opositora se mantuvo oculta en un lugar secreto dentro de Venezuela, tras enfrentar amenazas de detención por su activismo y liderazgo político, especialmente después de encabezar las primarias opositoras de 2023.
La comunidad internacional ha expresado respaldo a Machado, reconociendo su papel como símbolo de resistencia democrática en Venezuela. El Comité del Nobel destacó su lucha “pacífica y firme por la democracia y los derechos humanos”.
Un total de 153 organizaciones religiosas de 25 países firmaron una carta pública en la que respaldan a líderes e instituciones que demandan la restitución de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, derogada recientemente por la Asamblea Legislativa.
El pronunciamiento fue divulgado por el Instituto de Estudios Políticos, y sostiene que la actividad minera representa un riesgo para el acceso al agua potable, al que consideran un derecho concedido por Dios. “Oramos por el pueblo salvadoreño y su gobierno, para que protejan el don sagrado de la creación, defiendan los derechos humanos y garanticen agua potable a todas las familias, ahora y para las generaciones venideras”, indicaron.
Las entidades religiosas manifestaron su solidaridad con líderes sociales y religiosos que, afirman, han sido “perseguidos y encarcelados” por oponerse a proyectos mineros que podrían generar “devastación” en las comunidades. Reiteraron que la minería metálica utiliza sustancias como arsénico y cianuro que representan “graves amenazas” para las cuencas hidrográficas del país.
Según la carta, la prohibición de la minería metálica fue aprobada en 2017 tras un estudio técnico encargado por una comisión en 2010, en la que expertos advertían sobre los impactos negativos de esa industria. Por eso, las organizaciones consideran que “las razones que motivaron su prohibición siguen vigentes”.
Además, citaron una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicada en 2024, que reveló que 3 de cada 5 salvadoreños consideran que El Salvador no es un país apto para actividades mineras.
Las organizaciones religiosas también criticaron la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica, que sustituyó la normativa anterior y abrió las puertas a la explotación minera. Como prueba del rechazo popular, recordaron que la Iglesia Católica entregó a la Asamblea Legislativa al menos 150,000 firmas de fieles solicitando no avalar la nueva legislación.
En ese sentido, las organizaciones aseguran que buscan ampliar el «llamamiento» de autoridades eclesiásticas, feligreses y ciudadanos para que se termine con «la persecución y criminalización» de quienes «defienden el derecho al agua».
En noviembre, durante la Asamblea Ordinaria del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), los obispos de la región también reiteraron su preocupación por la expansión de proyectos mineros y la criminalización de ambientalistas en Centroamérica.
El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este miércoles haber sido amenazado con ser detenido por funcionarios migratorios cuando intentaba salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con rumbo a España, vía Colombia.
A través de su cuenta en la red social X, el arzobispo emérito de Caracas relató que el incidente ocurrió cuando se disponía a viajar para cumplir compromisos eclesiásticos en territorio español. Sin embargo, al llegar al control migratorio, un oficial le indicó que debía verificar si su pasaporte estaba “al día”.
Posteriormente, aseguró que se le informó que el documento presentaba “problemas” y que debía regresar a Caracas para resolver la situación en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Aunque solicitó la devolución de su pasaporte para reclamar su equipaje, no le fue entregado.
“Hasta para ir al baño me siguió de cerca el funcionario, preguntándome a qué iba hasta ese lugar”, reclamó el cardenal, quien además detalló que fue obligado a firmar documentos donde supuestamente aceptaba que no podía viajar “por incumplimiento de las normas”.
Porras explicó que intentó tomar una fotografía del documento que se le presentó, pero los agentes se lo impidieron “no de muy buenas maneras” y lo amenazaron con detenerlo si insistía. También señaló que nunca le informaron sobre el paradero de su pasaporte.
Finalmente, el líder católico regresó a su residencia en Caracas, acompañado por la misma persona que lo había trasladado al aeropuerto. “Del pasaporte nadie me supo dar información y alguien me sugirió: ‘no pierda su tiempo aquí en Maiquetía’”, indicó.
La situación, denunció el cardenal, ocurrió precisamente el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. “Duele y atenta contra los derechos de los ciudadanos”, afirmó. “Sin igualdad de derechos, sin posibilidad de ser informado, difícilmente puede haber justicia y equidad”, agregó.
Esta no es la primera vez que Porras enfrenta obstáculos por parte del gobierno. En octubre pasado, denunció que le impidieron asistir a una misa en Isnotú, estado Trujillo, en honor al natalicio del médico y beato José Gregorio Hernández.
Baltazar Porras fue nombrado cardenal en 2016 y ha sido una de las voces más críticas del chavismo desde el púlpito. Ha sido blanco de ataques tanto del fallecido expresidente Hugo Chávez como de su sucesor, Nicolás Maduro.
El caso penal por la masacre de El Mozote fue elevado a juicio a finales de noviembre de 2025, confirmó este martes Cristosal a través de un comunicado, una organización que junto a Tutela Legal Dra. María Julia Hernández conforman la acusación particular de este proceso penal.
El presidente la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Leonel Claros Tobar, explicó a Diario El Mundo que las familias de las víctimas fueron notificadas por personal del juzgado que llegó a sus casas para entregarles un resumen de la notificación, esta última, un basto documento de más de 900 páginas.
“Nos notificaron, pero lo que pasa es que es bastante grande, lo que han hecho ellos es elevar a juicio el caso de El Mozote…solo para sentar en el banco de los acusados. Han convocado a algunos familiares para ver si tienen algo qué decir extra de los testimonios”, explicó esta semana Claros a Diario El Mundo.
Hasta el momento, ninguno de los testigos ha dicho que agregará a lo ya declarado ante la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien desde el 29 de septiembre del año 2021 asumió el proceso penal, tras la renuncia del juez Jorge Guzmán Urquilla.
Sin embargo, esta notificación no ha sido recibida por todas las partes. El abogado, acusador particular, Ovidio Mauricio de Tutela Legal, señaló que no ha recibido el escrito, sino que se enteró por la comunicación que tiene con APDHEM.
“Ha habido una resolución de El Mozote, de acuerdo al código del 73, la jueza ha resuelto elevar a plenaria; al elevar a plenaria es pues pasar a la etapa de contradicción o la etapa de debates, entonces, pero a nosotros no nos ha notificado nada; sí sabemos porque tenemos comunicación con el presidente del Comité de Víctimas de El Mozote, a ellos les notificaron”, manifestó esta semana.
Este 10 de diciembre se cumplen 44 años de la peor matanza en la historia moderna de El Salvador, perpetrada a manos del proscrito Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl, bajo la comandancia de Domingo Monterrosa, quienes junto a la tercera, quinta brigada de infantería del Destacamento Militar #4 y la Fuerza Aérea Salvadoreña, asesinaron a 978 personas entre el 10 y 13 de diciembre de 1981
Según el registro del mismo juzgado, de esas casi mil víctimas, 220 eran hombres, 200 mujeres, 293 eran niños y 248 eran niñas. Todos fueron señalados de ser supuestos guerrilleros y condenados a muerte en la operación Yunque y Martillo que desplegó el Ejército para tomarse Perquín y los lugares aledaños, un territorio que la Fuerza Armada de El Salvador concebía como de la guerrilla, durante el conflicto armado.
Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM). / Archivo DEM
Los acusados
La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.
Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.
Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería, Luis Adalberto Landaverde Barrera (hoy coronel); el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.
No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.
Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.
Los delitos
En este juicio desfilarán al menos 12 delitos que están consignados en el Código Penal de 1973:
Asesinato
Violación agravada
Privación de libertad agravada
Violación de Morada
Robo
Daños agravados
Estragos especialmente sancionados
Actos de terrorismo
Tortura
Desaparición forzada de personas
Y desplazamiento forzado
Pero la jueza, al agregar 10 imputados más, agregó los delitos de encubrimiento personal. La docena de delitos antes mencionados ya son catalogados como de lesa humanidad, y por lo tanto, son imprescriptibles; sin embargo, la jueza determinó que este último delito agregado tampoco prescribe.
La masacre de El Mozote ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en las comunidades Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz, sin embargo, la mayoría de las víctimas se concentraron en El Mozote y el día más mortífero fue el 11.
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época, presidido por el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido, y por la administración estadounidense de Ronald Reagan, que entregaba un millón de dólares diarios para la guerra al país centroamericano.
Aunque negada, la masacre encontró eco a nivel internacional y el 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza y exigió un proceso judicial para encontrar verdad, justicia y reparación.
La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, no podrá asistir este miércoles a la ceremonia oficial en el Ayuntamiento de Oslo, aunque el Instituto Nobel confirmó que sí llegará a la ciudad, en medio de lo que describen como un “viaje en una situación de peligro extremo”.
A través de un comunicado, el Instituto Nobel explicó: “La laureada ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy… Aunque no podrá llegar a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.
Debido a su ausencia, será su hija Ana Corina Sosa quien reciba el Nobel de la Paz y lea el discurso de aceptación en nombre de la líder política venezolana. La entrega del premio está programada para las 13:00, hora local (6 am en Centroamérica).
El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó a la cadena NRK que Machado “no estará en el escenario” durante la ceremonia. La líder opositora permanece en paradero desconocido dentro de Venezuela, donde enfrenta una fuerte represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Sin precedentes, pero no única
No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no puede asistir a recoger el premio. En 2010, el disidente chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, fue homenajeado con una silla vacía y su discurso fue leído por la actriz Liv Ullmann. Casos similares ocurrieron en 2022 y 2023, con los premios al activista bielorruso Ales Bialiatski y la iraní Narges Mohammadi, quienes estuvieron representados por familiares.
De concretarse su llegada a Noruega, será la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.
En Oslo se encuentran ya varias figuras de la oposición venezolana, entre ellas el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España.
Además, atendiendo a una invitación de Machado, los presidentes de Panamá (José Raúl Mulino), Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña) y Ecuador (Daniel Noboa) están presentes en Noruega para la ceremonia. Tras el evento, los cuatro mandatarios serán recibidos por el rey Harald V y posteriormente sostendrán reuniones individuales con el primer ministro Jonas Gahr Støre.
Un ciudadano guatemalteco de 48 años, identificado como Francisco Gaspar-Andres, murió el 3 de diciembre en un hospital de El Paso mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó este martes la agencia federal.
El fallecimiento ocurrió a las 5:53 hora local en The Hospitals of Providence East, donde había sido ingresado el 16 de noviembre.
Según ICE, la causa oficial de la muerte está pendiente, aunque personal médico del hospital la atribuyó a un fallo natural de hígado y riñones.
La agencia aseguró que Gaspar-Andres recibió atención médica «constante y de alta calidad» desde que se detectó el deterioro de su salud.
Gaspar-Andres había sido detenido el 1 de septiembre en Florida durante una operación planificada por la Patrulla de Carreteras estatal y agentes de Enforcement and Removal Operations (ERO), el brazo de ICE encargado de la detención y deportación de migrantes.
Según aseguran las autoridades migratorias, había cruzado la frontera desde México de manera irregular. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome South, en Miami, y poco después fue hospitalizado brevemente por síntomas de abstinencia alcohólica.
El 19 de septiembre, ICE lo transfirió a El Paso, donde quedó bajo custodia en la instalación de detención Camp East Montana mientras avanzaban sus procedimientos migratorios.
Registros médicos incluidos en el informe indican que recibió atención en diversas ocasiones por reflujo, alergias, dolor de cabeza y otros malestares.
El 14 de noviembre, un juez de inmigración ordenó su deportación a Guatemala. En los días siguientes, su estado de salud se agravó. Fue intubado 21 de noviembre y colocado en una lista de trasplante de hígado el 24 de noviembre, de acuerdo con DHS.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y grupos legales locales llevan años documentando condiciones que describen como crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención de inmigración donde estuvo el guatemalteco, incluidos Krome y el mega‑campamento de ICE en Fort Bliss conocido como Camp East Montana.
Los testimonios e informes apuntan a un patrón recurrente: hacinamiento, temperaturas extremas, sanitarios desbordados o sucios, acceso muy limitado a duchas, alimentación deficiente, iluminación constante y uso extendido del aislamiento, junto con demoras graves o negativas en la atención médica y de salud mental, en algunos casos vinculadas a hospitalizaciones evitables y muertes bajo custodia.
Bajo el Gobierno de Donald Trump, múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo alguno.
En el año fiscal 2025 han muerto al menos entre 20 y 22 personas bajo custodia de ICE, lo que lo convierte en el año más letal en dos décadas, solo superado por 2004 según datos oficiales.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la extensión de seis meses adicionales en la etapa de instrucción judicial contra la abogada salvadoreña Ruth López, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo pasado.
“Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre. “Debe ser liberada”, subrayó la relatora.
López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, está encarcelada desde el 18 de mayo. Según su familia y organizaciones no gubernamentales, ha cumplido 200 días en total incomunicación. Inicialmente fue detenida por el cargo de peculado, vinculado a su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, al momento de presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República modificó el cargo a enriquecimiento ilícito.
El proceso judicial fue declarado en reserva total, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre la investigación en su contra.
La organización humanitaria Cristosal, para la que laboraba la abogada, denunció que el Estado salvadoreño no ha cumplido la resolución de la CIDH que exige proteger la integridad de López. Además, cuestionó la decisión judicial de extender el plazo de la etapa de investigación, cuyo vencimiento original era el pasado 4 de diciembre.
