Etiqueta: derechos humanos

  • Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    El periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022, exigió su libertad durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva bajo lo que calificó como un proceso lleno de irregularidades.

    “Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora, al denunciar que ha sido víctima de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” en el que la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.

    Durante la diligencia, su defensa aseguró que se han vulnerado derechos constitucionales al revocarse medidas sustitutivas con base en “premisas falsas”, entre ellas la supuesta escucha de audios por parte del Ministerio Público en audiencias en las que nunca estuvo presente. Su abogado, Francisco Vivar, acusó a las autoridades de manipular el proceso para mantenerlo detenido.

    Zamora también denunció condiciones inhumanas en la base militar Mariscal Zavala, donde guarda prisión. Afirmó que se le restringen visitas familiares sin previo aviso, se bloquea el ingreso de medicamentos y se aplican tratos “sádicos” a los internos, bajo órdenes arbitrarias del comandante de la base.

    El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta nuevas acusaciones, como una denuncia por discriminación interpuesta por la fiscal general, Consuelo Porras. El periodista sostuvo que su derecho a criticar a los funcionarios debe prevalecer y calificó la actitud de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, subrayó.

    La detención de Zamora ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —por supuesto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como “fabricados y espurios”. Su arresto ocurrió cinco días después de que su medio publicara señalamientos de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.

     

  • Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

    Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

    «Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», señaló Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

    «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

    La líder chavista pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

    Rodríguez indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

    Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

    El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

    A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

    Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

    La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

    En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

    En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.

  • EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    EE.UU. planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes

    El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes, según confirmó este viernes la agencia Bloomberg.

    Las instalaciones, algunas de las cuales servían como almacenes para comercio en línea, serán transformadas en centros de detención gigantes. El de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 migrantes.

    El Gobierno no ha confirmado de manera oficial estos planes, pero en noviembre de este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó un contrato de casi 30 millones de dólares a una empresa con sede en Kansas para el diseño de «centros de procesamiento y megacentros de detención».

    A su vez, funcionarios municipales en Virginia y Texas confirmaron a medios locales la existencia de los planes del Gobierno en sus jurisdicciones.

    Los planes del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir estos nuevos centros llegaron en medio de fuertes protestas en Mineápolis en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en las comunidades.

    De acuerdo con una lista publicada por Bloomberg, además del centro en Hutchins, el Gobierno planea abrir otros tres más en Texas: uno en El Paso, con 8.500 camas, otro a las afueras de San Antonio, con 1.500 camas y otro en McAllen, con capacidad para 500 migrantes.

    El DHS también tiene planes para combatir bodegas en cárceles en Georgia, Misisipi, Utah, Pensilvania, Misouri, Maryland, Arizona, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Luisiana , Oklahoma, Minesota, Michigan e Indiana.

    Para cumplir su promesa de llevar a cabo la «mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», Trump se ha apresurado a abrir más cárceles para migrantes en todo el país, incluidos centros señalados por denuncias de abusos a los derechos humanos, como Alligator Alcatraz, en Florida, o Camp East Montana, en El Paso (Texas), que actualmente cuenta con la mayor capacidad de cualquier centro de detención del país, con unos 5.000 internos.

    En abril del año pasado el director encargado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, aseguró querer que el proceso de deportaciones en el país funcionara como «Amazon (empresa multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico) para seres humanos».

    Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

    El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

    Todos los muertos que se han reportado este año han sido en Camp East Montana: uno de ellos por suicidio, otro tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

    En diciembre, una coalición de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch, envió una carta exigiendo a ICE la clausura de Camp East Montana, citando denuncias de condiciones «inhumanas», agresiones físicas y abusos sexuales contra las personas detenidas allí.

  • La Unión Europea califica de injusta la expulsión del embajador español en Nicaragua

    La Unión Europea califica de injusta la expulsión del embajador español en Nicaragua

    La Unión Europea condenó la expulsión del embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, al considerarla una acción “unilateral, injustificada e inaceptable” por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y urgió al país centroamericano a revertir la decisión.

    Un portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, citado por Europa Press, declaró este martes que la medida tomada por Managua “solo conducirá a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua”. Además, reafirmó el respaldo del bloque europeo hacia España y a favor del diálogo diplomático como vía para resolver cualquier diferendo bilateral.

    “La diplomacia y el diálogo deben continuar”, insistió el vocero comunitario, quien agregó que la Unión Europea mantiene su compromiso con el pueblo nicaragüense, la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

    La expulsión del embajador Farré Salvá se produjo el pasado fin de semana, apenas dos meses después de haber asumido oficialmente su cargo en Managua. Junto a él también fue expulsado el titular de la segunda jefatura de la misión española. El Gobierno de Nicaragua no ofreció ninguna explicación pública sobre los motivos de la medida.

    España respondió de forma recíproca

    Como respuesta, el Gobierno español expulsó el domingo al embajador nicaragüense en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, y a otro diplomático acreditado en la misma sede, alegando “estricta reciprocidad”, según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

    El canciller español, José Manuel Albares, explicó que su embajador actuó siempre en estricto cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

    “Esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta”, expresó Albares ante los medios.

    Aunque lamentó la situación, el ministro subrayó que España mantiene su voluntad de tener buenas relaciones con el “pueblo hermano de Nicaragua” y reiteró su deseo de que el país centroamericano pueda avanzar en bienestar y estabilidad.

     

  • La Unión Europea acuerda declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

    La Unión Europea acuerda declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

    La Unión Europea alcanzó este jueves un acuerdo político para designar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una organización terrorista, una decisión que marca un giro en su postura hacia el régimen de Teherán.

    “La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de tomar la medida decisiva de designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista”, anunció la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, a través de sus redes sociales.

    La decisión se tomó de forma unánime durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), celebrado en Bruselas, y representa un paso simbólicamente importante, aunque aún restan detalles legales por definir antes de que la medida entre en vigor, según informaron fuentes diplomáticas europeas.

    La medida surge tras la presión de varios Estados miembros y en respuesta a las violaciones de derechos humanos y la represión de protestas en Irán. Kallas había declarado previamente que esperaba que esta decisión enviara un mensaje claro a Teherán: “Si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello”.

    Hasta el día anterior, algunos países como Francia y España mostraban reservas, por temor a una ruptura total de las relaciones diplomáticas con Irán y posibles consecuencias para ciudadanos europeos en territorio iraní. Sin embargo, el cambio de postura de estas dos naciones facilitó el consenso alcanzado este jueves.

    “La decisión correcta”

    La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebró el anuncio con firmeza.

    “Europa se pone de pie para ser tomada en cuenta. Designar a la opresiva Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní como una organización terrorista es la decisión correcta, que incluso hace unas semanas muchos decían que era imposible”, escribió Metsola, quien ha mantenido una postura crítica frente al régimen iraní y prohibió la entrada de diplomáticos iraníes al Parlamento Europeo.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también aplaudió el acuerdo, junto al nuevo paquete de sanciones adoptado contra Irán.

    “Ya era hora. ‘Terrorista’ es de hecho como se llama a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo. Europa apoya al pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad”, expresó von der Leyen en sus redes.

    Con esta decisión, la Unión Europea endurece su postura frente a Irán en un contexto de creciente tensión diplomática y de represión interna en el país asiático, donde las autoridades han respondido con violencia a los movimientos de protesta.

     

  • Un juez de EE.UU. suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota

    Un juez de EE.UU. suspende temporalmente las detenciones de refugiados en Minnesota

    Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente este miércoles las detenciones de refugiados que están a la espera de su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en el estado de Minnesota.

    Esta decisión del magistrado John Tunheim impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar un operativo de la Administración de Donald Trump para identificar y reexaminar la situación de miles de refugiados en el estado al considerar que viola la ley federal.

    El juez aseguró en la orden que las personas que ya hayan pasado todos los trámites para conseguir esa residencia, pero que aún no la han recibido, no pueden ser encarceladas si no han sido acusadas de ningún delito.

    «Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de EE.UU.», aseguró el magistrado al inicio del texto.

    También ordenó la liberación, en un plazo de cinco días, de aquellos que ya han sido arrestados con base a esta normativa.

    Además, obligó a los agentes federales a garantizar que cuando sean puestos en libertad no queden expuestos a un frío peligroso «dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota».

    «Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos», escribió el juez.

    El magistrado dio al Gobierno de Trump 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas y siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.

    El juez Tunheim avanzó que decidirá si esta decisión provisional se convierte en una medida cautelar más estable, en una vista que tendrá lugar el próximo 19 de febrero.

    La revisión «exhaustiva» de los refugiados en Minnesota se enmarca dentro de la campaña migratoria que Trump ha ordenado en el estado desde que desplegó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.

    Desde que llegaron estos efectivos al estado, en concreto a Mineápolis, dos personas han muerto tras recibir disparos de agentes, uno resultó herido por lo mismo y decenas han sido detenidos por protestar contra la actuación de los cuerpos.

  • La ONU aplaude la regularización de migrantes en España: «Refuerza la cohesión social»

    La ONU aplaude la regularización de migrantes en España: «Refuerza la cohesión social»

    La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar las personas migrantes y subrayó que ayudará a «reforzar la cohesión social».

    «Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes», señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de extranjeros que ya se encuentran en el país.

    La regularización de migrantes «ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades», agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

    La mayoría de los Gobiernos del continente han virado hacia enfoques cada vez más restrictivos y las leyes europeas recientes también han ido en la línea de complicar el acceso al derecho de asilo.

    El contraste es aún más marcado con la controvertida política migratoria de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, muy criticada la semana pasada por Türk, quien pidió una investigación independiente ante el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    El alto comisionado de derechos humanos también expresó su profunda preocupación por las «narrativas nocivas y deshumanizantes» utilizadas con frecuencia en Estados Unidos para describir a migrantes y refugiados.

  •  Opositores nicaragüenses ven el miedo de la dictadura como causa de la expulsión de embajador español

     Opositores nicaragüenses ven el miedo de la dictadura como causa de la expulsión de embajador español

    Organizaciones opositoras nicaragüenses agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) denunciaron el martes que la reciente expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré, y de su adjunto responde al “miedo” de la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras lo ocurrido con el régimen de Venezuela.

    Rosalía Gutiérrez‑Huete, presidenta de la Nicaragua Freedom Coalition (NFC) —miembro de Pude y conocida como “la embajadora de la oposición en Washington”— afirmó en un audio difundido a medios que la reacción del Gobierno sandinista hacia España es “sumamente inusual y dañina” y que “nace del miedo, no de la fortaleza”.

    Gutiérrez‑Huete sostuvo que los supuestos aliados internacionales de Ortega y Murillo han demostrado ser poco confiables, mencionando que las reacciones “tibias” de países como Rusia y China ante la crisis venezolana evidencian que no arriesgarán apoyo significativo. También citó a Irán como otro aliado clave que enfrenta sus propios desafíos internos.

    Por su parte, el abogado nicaragüense desnacionalizado Roger Reyes manifestó que Pude condena “enérgicamente la expulsión injustificada del embajador de España y su adjunto” y calificó la decisión como “un ataque más contra quienes defienden los derechos humanos y la democracia en Nicaragua”.

    Reyes destacó que España ha otorgado la nacionalidad española por carta de naturaleza a cientos de nicaragüenses despojados de la suya y que en noviembre de 2025 acogió a 245 refugiados nicaragüenses. También agregó que la expulsión diplomática revela lo que considera la verdadera estrategia de Ortega y Murillo: el “auto aislamiento deliberado”. Según él, al distanciarse de las democracias se acercan únicamente a regímenes autoritarios como Rusia, China e Irán.

    El Gobierno de Nicaragua aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre la expulsión de los diplomáticos españoles. Tampoco se ha referido a la medida recíproca tomada por el Gobierno de España, que ordenó la salida del embajador nicaragüense en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y de otro diplomático, en respuesta a la expulsión de Farré. Esta acción se aplicó en “estricta reciprocidad” por lo que Madrid calificó de “injusta expulsión” de su representante en Managua.

    Las tensiones diplomáticas entre Nicaragua y España han sido constantes, con anuncios previos de ruptura y protestas mutuas sobre presunta “intromisión” en asuntos internos, así como medidas de sanciones y críticas por violaciones a derechos humanos en el país centroamericano.

     

  • Al menos 104 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, informa ONG

    Al menos 104 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, informa ONG

    La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

    «Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy», publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, quien indicó que la cifra se actualizó a las 20:00 hora local (00:00 GMT).

    Romero aseguró que siguen verificando «otras excarcelaciones», sin ahondar en detalles.

    «Sería ideal -añadió en su mensaje- que el gobierno publique listas de excarcelaciones».

    Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, indicó en X que este conteo «sigue sin ser definitivo».

    «Puede aumentar mientras revisamos más casos», añadió.

    Más temprano, ambos habían reportado la verificación de al menos 80 excarcelaciones.

    Consultado por EFE, Himiob indicó entonces que desde la madrugada de este domingo «se está dando un número importante de excarcelaciones».

    Asimismo, en una publicación en X, reportó «con gran alegría» la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, «estuvo arbitrariamente detenido» desde el 2 de agosto de 2024 y se encontraba encarcelado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua (norte).

    Himiob también confirmó a EFE la excarcelación de Carla Da Silva, una de las acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 y conocido como ‘Operación Gedeón’, por la cual el Ejecutivo señaló a la oposición de pretender una invasión militar dirigida por Estados Unidos.

    Este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero cuya condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

    Estas excarcelaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un «número importante» de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

    La mandataria encargada afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país.

    La ONG Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones hasta el viernes.

    La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, informó en X que ha verificado 258 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este domingo, mientras que -añadió- quedan más de 854 presos políticos encarcelados.

  • ONU critica abusos del ICE en EE.UU. y denuncia deshumanización de migrantes

    ONU critica abusos del ICE en EE.UU. y denuncia deshumanización de migrantes

    El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este viernes que las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos han promovido una política de “deshumanización” contra migrantes y refugiados, acompañada de graves déficits legales y abusos sistemáticos.

    Türk sostuvo que el ICE ha normalizado el abuso durante sus operativos, especialmente tras su reciente despliegue en Minneapolis, ciudad con una amplia comunidad de migrantes, en particular somalíes. En ese contexto, condenó las detenciones arbitrarias, muchas veces ejecutadas con violencia, incluso dentro de hospitales, iglesias, escuelas y hogares, y basadas únicamente en sospechas de estatus migratorio irregular.

    El alto comisionado exigió una investigación independiente por el aumento de muertes bajo custodia del ICE, al señalar que solo en el último año se reportaron al menos 30 fallecimientos, y seis más en lo que va de 2026. También condenó las represalias contra manifestantes, como en el caso de la muerte a tiros de Renee Good, y recordó que el uso letal de la fuerza debe ser el último recurso ante una amenaza inminente.

    La Administración del presidente Donald Trump justificó la muerte de Good alegando que intentó atropellar a un agente. Sin embargo, la oposición demócrata y organizaciones como Human Rights Watch afirmaron que los videos contradicen esta versión y calificaron el hecho como un «asesinato injustificado». Las imágenes muestran que Good se alejaba del oficial cuando fue baleada el 7 de enero.

    Türk alertó sobre el daño institucional que provocan estas prácticas: “La confianza pública se verá erosionada y la legitimidad institucional, debilitada”, afirmó. Llamó a garantizar el debido proceso y a terminar con las detenciones sin evaluación individual, donde los migrantes carecen de acceso oportuno a defensa legal. “Exhorto a la Administración a poner fin a las prácticas que están destrozando familias”, concluyó.