Etiqueta: derechos humanos

  • Río de Janeiro: el 95 % de muertos en operativo estaban ligados al Comando Vermelho

    Río de Janeiro: el 95 % de muertos en operativo estaban ligados al Comando Vermelho

    Un informe divulgado este lunes por la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro reveló que más del 95 % de los civiles muertos identificados en la reciente megaoperación policial tenían vínculos confirmados con el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.

    El balance, presentado por la Policía Civil, detalla que 115 de los 117 civiles fallecidos fueron identificados y, entre ellos, el 54 % no era originario del estado de Río. Además, se identificaron a cuatro agentes de seguridad fallecidos durante la operación, lo que eleva la cifra oficial a 121 muertos. No obstante, la Defensoría Pública sostiene que el número total asciende a 132.

    Según las autoridades, al menos 97 de los fallecidos tenían antecedentes criminales relevantes y 59 eran buscados por la justicia. De los 17 restantes sin registros delictivos, la Policía aseguró que 12 mostraban indicios de vínculos con el narcotráfico a través de publicaciones en redes sociales.

    “Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos”, declaró el secretario de Policía Civil, Felipe Curi.

    El documento oficial también señaló que 62 de los fallecidos eran foráneos, procedentes de once estados del país. Entre estos destacan Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto provenía de Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y el Distrito Federal. El informe confirmó la presencia de líderes criminales provenientes de estos territorios que se refugiaban en las favelas de Río.

    “La investigación concluida es el verdadero retrato del escenario del que he estado hablando insistentemente. Fue un duro golpe para la delincuencia. Entre los que murieron al reaccionar a la acción de las fuerzas policiales, había varios líderes criminales”, expresó el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.

    La operación, que movilizó a 2,500 agentes en los complejos de favelas Penha y Alemão, tenía como objetivo debilitar al Comando Vermelho. Sin embargo, la intervención ha generado una ola de críticas y ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, además de ser objeto de una petición de investigación independiente por parte de la ONU.

  • Organismos piden a la ONU demandar a la dictadura de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

    Organismos piden a la ONU demandar a la dictadura de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

    Al menos 21 organismos humanitarios instaron este sábado a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a demandar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua ante instancias internacionales por violaciones graves a los derechos humanos, incluidas torturas y la imposición de apatridia, delitos que calificaron como crímenes de lesa humanidad.

    La solicitud fue presentada por el Colectivo 46/2, conformado por organizaciones regionales y nicaragüenses como Raza e Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que exigieron el respaldo de los países miembros al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.

    “Instamos a los Estados a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional”, afirmó el colectivo en un comunicado, al tiempo que advirtió que “la impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua”.

    El pronunciamiento surge tras la presentación, el jueves pasado, de las conclusiones del Grupo de Expertos ante la Asamblea General de la ONU. En su informe, denunciaron una estrategia deliberada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acallar a la disidencia y consolidar su poder a través del uso del miedo, la violencia y la eliminación de garantías constitucionales.

    Los hallazgos se basan en más de 1,900 entrevistas y el análisis de 9,300 documentos, y detallan que los abusos cometidos desde 2018 han sido “generalizados y sistemáticos”, alcanzando el umbral de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, evidencian una persecución que se ha extendido más allá de las fronteras nicaragüenses contra opositores reales o percibidos.

    Uno de los casos mencionados por los expertos fue el asesinato, en junio pasado, del mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica y crítico del régimen. De acuerdo con el informe, este es el cuarto ataque documentado contra opositores nicaragüenses en ese país, lo que refuerza la necesidad de medidas internacionales urgentes.

    El Grupo también señaló la reciente retirada de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, decisión que calificaron como parte de una maniobra para eludir el escrutinio internacional y afianzar la impunidad dentro del país.

    En respuesta, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a adoptar acciones concretas, como el fortalecimiento de los mecanismos de asilo y protección para personas exiliadas, y el inicio de procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados internacionales, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

     

  • La CIDH advierte riesgo de exterminio cultural indígena en Costa Caribe de Nicaragua

    La CIDH advierte riesgo de exterminio cultural indígena en Costa Caribe de Nicaragua

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este viernes que la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua está en peligro, como resultado de un contexto de violencia sistemática, despojo territorial y desplazamientos forzados.

    El informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua” documenta cómo colonos armados han invadido los territorios ancestrales, provocando un deterioro en las condiciones de vida y poniendo en jaque la supervivencia cultural y colectiva de estos grupos.

    “Estos territorios no sólo constituyen su espacio de vida, sino que son la base esencial para el desarrollo de sus conocimientos, formas de vida, tradiciones y espiritualidad, así como para la continuidad de su cosmovisión”, subrayó la CIDH en su más reciente informe.

    El organismo advirtió que estas violaciones vulneran directamente los derechos a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de los pueblos originarios, quienes ven limitada su capacidad de preservar sus prácticas tradicionales, idioma y espiritualidad.

    La CIDH recordó que Nicaragua, como parte de tratados internacionales vinculantes, está obligada a proteger a sus pueblos indígenas. Entre estos instrumentos están el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

    La Comisión urgió al Estado nicaragüense a garantizar el derecho de estos pueblos a vivir en libertad y seguridad dentro de sus territorios, respetando sus sistemas de organización, cultura y cosmovisión, además de permitir el retorno seguro de las comunidades desplazadas.

    Asimismo, exigió que se combata la impunidad en casos de violencia, y llamó a las instituciones financieras internacionales a condicionar créditos y financiamiento al cumplimiento del Estado de derecho en Nicaragua.

    Además, exhortó a los países donde tienen origen las empresas involucradas en actividades ganaderas, de monocultivo, minería y tala ilegal a supervisar el comportamiento de sus compañías en el extranjero y asegurar que respeten los estándares internacionales de derechos humanos.

     

  • León XIV retomará y actualizará el Pacto Educativo Global impulsado por el papa Francisco

    León XIV retomará y actualizará el Pacto Educativo Global impulsado por el papa Francisco

    El papa León XIV anunció este viernes que retomará y actualizará el Pacto Educativo Global, una iniciativa impulsada por su predecesor, el fallecido papa Francisco, con la que buscaba transformar profundamente la cultura global a través de la educación.

    El anuncio lo hizo durante una audiencia celebrada en la plaza de San Pedro, con motivo del Jubileo del Mundo Educativo, que esta semana reúne en Roma a más de 20,000 personas procedentes de 124 países. Allí, el pontífice —de origen estadounidense y nacionalidad peruana— destacó la necesidad de revalorizar el papel de los educadores y reforzar los principios que sustentan el pacto.

    “Tengamos cuidado, dañar el papel social y cultural de los formadores es hipotecar el propio futuro”, afirmó el papa ante miles de asistentes. “Una crisis en la transmisión del saber conlleva una crisis de esperanza”, agregó.

    El Pacto Educativo Global, lanzado por Francisco, promueve una transformación cultural integral y a largo plazo. Está estructurado en cinco ejes: dignidad y derechos humanos; fraternidad y cooperación; tecnología y ecología integral; educación para la paz y ciudadanía; y cultura y religiones. A esta iniciativa ya se han sumado más de 553 colegios y cerca de 410,000 estudiantes, según cifras de las Escuelas Católicas.

    Durante su intervención, León XIV expresó su preocupación por la “fragilidad interior generalizada” que afecta tanto a estudiantes como a docentes, muchos de los cuales se sienten “cansados y sobrecargados de tareas burocráticas”.

    El papa también abordó el papel de la inteligencia artificial en los entornos educativos, advirtiendo que podría agravar el aislamiento emocional de los alumnos. “Puede aislar aún más a estudiantes ya aislados, dándoles la ilusión de no necesitar a los demás o, peor aún, la sensación de no ser dignos de ellos”, expresó.

    Frente a un mundo “dominado por pantallas y filtros tecnológicos”, León XIV instó a acompañar a los jóvenes en su proceso de interioridad: “Para entrar en contacto con su propia interioridad, necesitan ayuda”.

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.

    Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.

    Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT  a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.

    Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.

    “¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.

    Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.

    Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.

    El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.

    Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.

    La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.

    Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.

     

  • Entre lágrimas y abrazos, familias reciben a colombianos liberados de cárceles venezolanas

    Entre lágrimas y abrazos, familias reciben a colombianos liberados de cárceles venezolanas

    En medio de lágrimas y abrazos, los diecisiete colombianos liberados tras permanecer más de un año presos en Venezuela cruzaron este viernes el puente internacional Atanasio Girardot, que une el estado venezolano de Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, para reencontrarse con sus familias.

    Pasadas las 9:00 hora local (14:00 GMT), varios vehículos oficiales llegaron al punto fronterizo, donde los familiares esperaban emocionados.

    «Gracias, Dios», exclamó Yarileinis Navarro al ver a través de la ventana del automóvil a su sobrino Brayan Sair, con quien no había podido comunicarse desde hacía más de quince meses, tras ser arrestado en Puerto Cabello (Venezuela) cuando volvía a casa de trabajar como conductor privado.

    La liberación de Sair y de otros dieciséis colombianos se concretó hoy, después de varios meses de diálogo entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela para atender la situación de decenas de connacionales privados de libertad en ese país.

    Uno a uno, los liberados descendieron de los vehículos y fueron recibidos con abrazos y lágrimas de sus familiares, que celebraron aliviados por el reencuentro tras la incertidumbre y arduas gestiones diplomáticas.

    «Estoy agradecido con mi familia, mis amigos y con Dios por estar nuevamente en mi país. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí», dijo a EFE el abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares, quien fue detenido hace once meses en territorio venezolano mientras se dirigía a su ciudad natal.

    Malos tratos

    Aunque la mayoría llegó en buen estado de salud, varios denunciaron las malas condiciones de reclusión en la prisión de El Rodeo I, en Caracas, una institución que cuenta con denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional (AI) por supuestos «tratos crueles y degradantes» a los reclusos.

    «El trato fue inhumano desde el primer día. Se come junto a una letrina y se respira el olor de las heces de todo el penal», relató el cucuteño Óscar Alexander Vera, quien estuvo detenido un año y cinco días tras ser acusado de terrorismo.

    David Josué Misse Durán, de 31 años, fue acusado de traición a la patria y asociación para delinquir. Él también denunció el trato «inhumano» y las «condiciones deplorables» en las que permaneció como recluso.

    Además, Misse señaló que las detenciones fueron injustas y en la cárcel había personas «inocentes» de más de 30 países, incluso mujeres de entre 70 y 80 años y menores de edad, dijo.

    Al menos veinte más siguen presos

    Las autoridades venezolanas habían acusado a varios colombianos presos de ser «mercenarios» que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, imputaciones que el Gobierno de Gustavo Petro consideró arbitrarias.

    Muchos de los detenidos fueron capturados durante operativos posteriores a las elecciones venezolanas, en un contexto de represión en el que la oposición ha reportado miles de desapariciones y arrestos, entre ellos unos 40 colombianos que fueron acusados de espionaje.

    La Cancillería de Colombia confirmó esta mañana la liberación y destacó que el proceso fue posible «tras meses de diálogo y coordinación diplomática» con el Gobierno venezolano.

    La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, calificó la liberación como «un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de los connacionales».

    También reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar la liberación de al menos otros veinte connacionales que permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

    «Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios», afirmó la canciller.

  • El Papa León XIV condena medidas “inhumanas” contra migrantes

    El Papa León XIV condena medidas “inhumanas” contra migrantes

    El papa León XIV arremetió este jueves contra las políticas migratorias que calificó como “cada vez más inhumanas” y que, según denunció, son incluso “celebradas políticamente”, durante su intervención en el V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, realizado en el Aula Pablo VI del Vaticano.

    “Los Estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras, pero esto debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio”, señaló el pontífice, subrayando que cuando se abusa de migrantes vulnerables, no se ejerce soberanía nacional legítima, sino que se cometen o toleran delitos graves por parte del Estado.

    León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, advirtió que muchos gobiernos tratan a los migrantes como “indeseables”, reduciéndolos a “desechos” en lugar de reconocer su dignidad como seres humanos.

    “El cristianismo se refiere al Dios amor, que nos hace a todos hermanos y hermanas y nos pide que vivamos como tales”, afirmó el papa.

    Durante el evento, que reúne a sindicatos, cooperativas y organizaciones sociales de todo el mundo —incluidos movimientos como los cartoneros de Argentina—, el Papa también celebró que estos colectivos estén enfrentando las nuevas formas de deshumanización en la sociedad.

    “Alimentar al hambriento, dar cobijo a los sintecho, socorrer a los náufragos, cuidar a los niños, generar empleo y facilitar el acceso a la tierra no es ideología, es vivir realmente el Evangelio”, puntualizó.

    El V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares fue una iniciativa impulsada en 2014 por el papa Francisco, predecesor de León XIV, con el fin de promover la justicia social y dar voz a los excluidos.

     

  • Festival de cine Utopías y memorias abre convocatoria 2025 bajo el lema “Amar es recordar”

    Festival de cine Utopías y memorias abre convocatoria 2025 bajo el lema “Amar es recordar”

    El festival de cine “Utopías y memorias”, organizado por el colectivo Luciérnagas en red y el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), abrió su convocatoria 2025 bajo el lema “Amar es recordar”, con el objetivo de promover el cine comprometido con la memoria, los derechos humanos y la justicia social.

    La segunda edición del certamen estará enfocada en obras audiovisuales que aborden temáticas como memoria histórica, conflictos armados, género, diversidad sexual, lucha por la tierra y justicia ambiental, tanto en El Salvador como en Latinoamérica.

    “La muestra no solo es un espacio de proyecciones, sino también de reflexión y diálogo que promueve una cultura de paz en la región”, explicó Tete Pacas, coordinadora del festival e integrante del colectivo Luciérnagas en red.

    La convocatoria abrió el pasado 10 de octubre y cerrará el 8 de noviembre. Podrán participar cortometrajes y largometrajes que desarrollen narrativas desde una perspectiva crítica y transformadora sobre las realidades sociales del continente.

    Las producciones seleccionadas serán anunciadas el 5 de diciembre y conformarán el programa oficial de proyecciones, que se realizará del 11 al 13 de diciembre de 2025 en varias sedes aún por confirmar.

    El festival busca consolidarse como un espacio que articula cine, memoria y activismo, al reunir voces de realizadores que apuestan por el arte como herramienta para la denuncia, la reparación simbólica y la construcción de nuevas utopías colectivas.

     

  • Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas y analistas políticos nicaragüenses alertaron sobre un impacto “devastador” en la economía del país si el Gobierno de Estados Unidos impone aranceles del 100 % a sus productos o decide expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

    La advertencia surge tras un informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que plantea sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a derechos laborales, humanos y al Estado de Derecho. Las medidas, que serán evaluadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen la aplicación de aranceles adicionales de forma inmediata o gradual durante los próximos 12 meses.

    “El informe es sumamente serio y las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense”, valoró el economista Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado y exiliado en Washington, en un audio enviado a medios.

    La USTR también contempla suspender o retirar los beneficios del DR-Cafta, tratado que ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses desde su entrada en vigor en 2006. En ese periodo, las ventas al mercado estadounidense, incluido el oro en bruto y productos del sector textil, se han cuadruplicado.

    Chamorro señaló que las sanciones no solo afectarán a las exportaciones, sino también a la atracción de inversiones extranjeras, ya que “cualquier empresa lo pensará dos veces antes de instalarse en un país sin acceso preferencial al mercado estadounidense”.

    Riesgo de aislamiento comercial

    El politólogo Manuel Orozco coincidió en que una confrontación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua, llevaría al país al colapso.

    En un análisis publicado por Confidencial, advirtió que “muchos negocios optarán por retirarse del país” ante la posibilidad de enfrentar tarifas de hasta el 100 %, como ocurrió inicialmente con China.

    Entre las pocas opciones que tiene el régimen sandinista estaría solicitar una moratoria para aplicar cambios democráticos y levantar el perfil represivo que ha caracterizado su mandato, según Orozco. Eso incluiría una hoja de ruta que conduzca a una transición política.

    “La respuesta debería incluir medidas como la liberación de presos políticos, devolución de bienes confiscados, eliminación de la desnacionalización y acusaciones falsas, así como facilitar el retorno de nicaragüenses en el exilio sin temor a represalias”, planteó Orozco.

    También mencionó reformas profundas: la derogación de leyes represivas impuestas desde 2019, reestructuración de la Policía, reforma judicial, y adelanto de elecciones bajo garantías democráticas.

    “Los Ortega-Murillo se están arrinconando solos, y la única alternativa viable es una respuesta madura y convincente”, afirmó el analista. La otra opción sería continuar con la represión y alinear al país con China, aunque ese mercado no podría reemplazar el volumen comercial que representa Estados Unidos, advirtió.

    Plazo para comentarios y decisión final

    La USTR mantendrá abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 19 de noviembre. Posteriormente, decidirá si ejecuta las sanciones propuestas, que tendrían efectos inmediatos sobre el comercio nicaragüense.

    En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que Washington evaluaba la salida de Nicaragua del DR-Cafta, como parte de las presiones internacionales contra el régimen de Ortega.

    Desde su adhesión al tratado, Nicaragua ha multiplicado sus exportaciones a EE.UU., por lo que su exclusión significaría un fuerte retroceso económico y un posible aislamiento comercial del país centroamericano.