Etiqueta: derechos humanos

  • Observatorio denuncia casi 2,000 actos represivos en Cuba durante 2026

    Observatorio denuncia casi 2,000 actos represivos en Cuba durante 2026

    El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes que documentó al menos 1,949 acciones represivas atribuidas al Gobierno de Cuba durante el primer semestre de 2026. La organización sostuvo que las violaciones a los derechos humanos continúan en distintas regiones del país y advirtió un recrudecimiento de la persecución contra opositores, periodistas, activistas y presos políticos.

    En un comunicado, la organización recordó que está por cumplirse el quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 y aseguró que la situación de los detenidos por motivos políticos sigue deteriorándose. «A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente», subrayó el OCDH.

    La organización también cuestionó el discurso oficial sobre un posible acercamiento diplomático con Estados Unidos y afirmó que las condiciones para la población no han cambiado. «Mientras los personeros oficiales y oficiosos del régimen dicen que quieren dialogar con Estados Unidos, para el pueblo lo que hay es hambre y represión», reprochó.

    Según el informe semestral, entre enero y junio se registraron 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales dentro de viviendas. Además, el OCDH documentó al menos 300 acciones ocurridas en centros penitenciarios, la mayoría dirigidas contra presos políticos y de conciencia, así como 50 denuncias relacionadas con represalias contra sus familiares.

    El reporte también señala que los periodistas independientes figuran entre los sectores más afectados, con 91 casos documentados. Las provincias de La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara concentraron la mayor cantidad de incidentes. Asimismo, la organización indicó que en al menos 50 casos hubo empleo de violencia y que enero, abril y mayo fueron los meses con mayor nivel de represión.

    Solo durante junio, la red de observadores del OCDH registró 299 acciones represivas, de las cuales 47 correspondieron a detenciones arbitrarias y 252 a otros abusos. Entre los hechos reportados destacan 60 violaciones contra presos políticos, reclusos comunes y sus familiares, además de allanamientos ilegales de viviendas, citaciones policiales, amenazas, hostigamientos y procesos judiciales.

    El Observatorio afirmó que la mayoría de las detenciones estuvieron vinculadas con manifestaciones pacíficas originadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. También señaló que varias personas fueron arrestadas por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión. Entre los casos más relevantes mencionó detenciones de manifestantes, incluidos adolescentes, operativos masivos en Contramaestre, arrestos de periodistas independientes, creadores de contenido y activistas, así como acciones de hostigamiento contra líderes religiosos.

    La organización también recibió denuncias sobre presunto uso excesivo de la fuerza, golpizas, incomunicación, desapariciones de corta duración y amenazas tras la liberación de personas detenidas. El OCDH concluyó que las cifras representan un subregistro y sostuvo que el Gobierno cubano mantiene la represión contra la población sin mostrar señales de impulsar cambios en materia política y de derechos humanos. Además, indicó que el 36.5 % de las acciones represivas registradas durante el semestre fueron dirigidas contra mujeres.

     

  • Iván Cepeda, el heredero de la izquierda colombiana que aspira gobernar después de Petro

    Iván Cepeda, el heredero de la izquierda colombiana que aspira gobernar después de Petro

    Iván Cepeda llega a la segunda vuelta presidencial de Colombia como una de las figuras más representativas de la izquierda colombiana, tras una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos, las víctimas del conflicto armado y los procesos de paz.

    El senador de 63 años enfrentará este domingo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella en una elección que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro y el futuro del proyecto político del Pacto Histórico.

    Aunque durante varios meses lideró las encuestas de intención de voto, Cepeda fue superado en la primera vuelta electoral por De la Espriella. Ahora buscará revertir esa diferencia para convertirse en el próximo mandatario colombiano.

    La historia personal del candidato ha estado profundamente ligada a la violencia política del país. Es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994 por agentes estatales en complicidad con grupos paramilitares, según determinó posteriormente la justicia.

    Cepeda ha señalado en diversas ocasiones que ese crimen marcó su vida y fortaleció su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado.

    Su infancia transcurrió entre Colombia, Cuba y la antigua Unión Soviética, debido a la militancia política de su familia. Más adelante también vivió en Francia tras recibir amenazas por su trabajo en organizaciones de derechos humanos. Además de estudiar Filosofía en Bulgaria, obtuvo una maestría en Derecho Internacional Humanitario en Francia.

    Antes de ingresar al Congreso, participó en movimientos sociales y fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En 2010 fue elegido representante a la Cámara y cuatro años después llegó al Senado, donde se consolidó como una de las voces más influyentes de la oposición y posteriormente del progresismo.

    Su notoriedad política creció por las denuncias relacionadas con el paramilitarismo y los presuntos vínculos entre sectores políticos y grupos armados ilegales. Esas investigaciones lo llevaron a protagonizar uno de los enfrentamientos políticos y judiciales más conocidos de Colombia con el expresidente Álvaro Uribe.

    Cepeda también participó como facilitador en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de colaborar en acercamientos con otros grupos armados.

    Durante la campaña presidencial ha defendido la necesidad de profundizar las reformas sociales iniciadas por Gustavo Petro, acelerar la implementación de los acuerdos de paz, fortalecer la protección de líderes sociales y avanzar en una transición energética sostenible. Su fórmula vicepresidencial es la senadora indígena Aída Quilcué, reconocida por su liderazgo en la defensa de los pueblos originarios y de las comunidades afectadas por la violencia.

     

  • Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, enfrenta una ola de críticas tras afirmar que los nicaragüenses tienen “la forma de Gobierno que han elegido tener”, una declaración que generó rechazo entre dirigentes políticos, exmandatarios y organizaciones defensoras de derechos humanos.

    Las declaraciones fueron brindadas el pasado 13 de junio al medio internacional NTN24 y contrastan con las posiciones sostenidas por organismos internacionales y diversos gobiernos que han denunciado al Ejecutivo de Daniel Ortega por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por la realización de procesos electorales cuestionados.

    El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís calificó este martes las palabras de Fernández como “desafortunadas”, “muy graves” e “insólitas”, al considerar que desconocen la situación política que atraviesa Nicaragua. Según afirmó, las denuncias sobre abusos y restricciones a las libertades fundamentales han sido ampliamente documentadas por organismos independientes y por Naciones Unidas.

    “Pareciera desconocer o por lo menos minusvalorar las condiciones del régimen político que impera en Nicaragua. Pasa por encima de la dictadura sin reconocer la naturaleza despótica, violenta, violatoria de todos los derechos humanos; que ha perseguido, matado y torturado, en fin, todas las barbaridades imaginables incluidas las desapariciones y la eliminación de la ciudadanía”, dijo Solís a EFE.

    El exmandatario agregó que “Pretender que el Gobierno actual de Nicaragua es un Gobierno escogido por los nicaragüenses, como ella lo dice, no es de recibo” y sostuvo que las elecciones realizadas bajo la administración de Ortega han sido señaladas reiteradamente por presuntas irregularidades y falta de garantías democráticas.

    Las declaraciones también fueron rechazadas por el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, que emitió un comunicado en el que señaló que las palabras de Fernández contradicen la realidad documentada por organismos internacionales y la experiencia de miles de personas que han abandonado Nicaragua en los últimos años.

    “Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado”, expresó la organización. Además, sostuvo que “minimizar la crisis nicaragüense no es neutralidad ni pragmatismo” y representa una contradicción con los principios democráticos que históricamente ha promovido Costa Rica.

    Por su parte, el abogado Salvador Marenco, representante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 se han registrado restricciones constantes a los derechos humanos y denunció que los procesos electorales celebrados desde 2008 han sido cuestionados por falta de transparencia. También señaló que, tras las protestas de 2018, las violaciones a derechos humanos se agravaron y derivaron en un amplio éxodo de ciudadanos nicaragüenses.

    Las críticas también fueron respaldadas por la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, quien recordó que la administración de Ortega ha sido señalada por la muerte de centenares de personas durante la crisis política, miles de detenciones, cierres masivos de organizaciones civiles y universidades, así como por acciones de persecución contra opositores dentro y fuera de Nicaragua.

     

  • Las Madres de Tiananmen exigen a China rendir cuentas 37 años después de la masacre

    Las Madres de Tiananmen exigen a China rendir cuentas 37 años después de la masacre

    Las Madres de Tiananmen, organización integrada por familiares de víctimas de la represión militar ocurrida en Pekín en 1989, exigieron a las autoridades chinas esclarecer el número de fallecidos, heridos y desaparecidos durante los acontecimientos que marcaron uno de los episodios más sensibles de la historia reciente de China.

    La petición fue realizada en vísperas del 37.º aniversario de la masacre de Tiananmen, que se conmemora este 4 de junio. El grupo solicitó al Gobierno chino reconocer públicamente lo ocurrido, asumir responsabilidades y ofrecer respuestas a las familias que durante décadas han buscado conocer el destino de sus seres queridos.

    En un comunicado divulgado por la organización Human Rights in China (HRIC), las Madres de Tiananmen afirmaron que todavía no existe una cifra oficial sobre las víctimas de la represión militar ocurrida la noche del 3 al 4 de junio de 1989.

    “Hoy todavía no existe un balance claro de cuántos murieron, cuántos resultaron heridos o cuántos desaparecieron durante la represión”, señalaron los familiares en el documento.

    La masacre ocurrió cuando tropas y tanques del Ejército chino ingresaron a la Plaza de Tiananmen y sus alrededores para desalojar a miles de estudiantes, trabajadores y ciudadanos que se manifestaban desde semanas antes para exigir reformas políticas, mayor apertura democrática y acciones contra la corrupción.

    Aunque el Gobierno chino nunca ha divulgado una cifra oficial de víctimas, distintas organizaciones de derechos humanos y fuentes diplomáticas estiman que los fallecidos podrían ascender a cientos o incluso miles de personas.

    Las Madres de Tiananmen denunciaron que, pese al avance tecnológico y al acceso global a la información, los relatos sobre la represión continúan siendo censurados dentro de China. Según el colectivo, las nuevas generaciones tienen un conocimiento limitado de lo sucedido debido a las restricciones impuestas por las autoridades sobre cualquier referencia pública a los hechos.

    El grupo también aseguró que las conmemoraciones privadas realizadas por familiares han sido objeto de vigilancia durante años, lo que ha dificultado los esfuerzos para mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia.

    Entre sus principales demandas, la organización reiteró la necesidad de que el Gobierno chino publique toda la información relacionada con la represión, otorgue compensaciones a las víctimas y sus familiares y establezca responsabilidades legales para quienes ordenaron o ejecutaron la intervención militar.

    Asimismo, recordaron la figura del general Xu Qinxian, entonces comandante del 38.º Ejército, quien se negó a cumplir la orden de desplegar tropas contra los manifestantes. Por esa decisión fue sometido a un juicio militar, condenado a cinco años de prisión y expulsado de las fuerzas armadas. Su caso volvió a cobrar notoriedad a finales de 2025 tras la difusión de imágenes de aquel proceso judicial en redes sociales internacionales.

     

     

  • Denuncian clima de miedo y represión migratoria en EE.UU. previo al Mundial en Estados Unidos

    Denuncian clima de miedo y represión migratoria en EE.UU. previo al Mundial en Estados Unidos

    A una semana del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que en Estados Unidos existe un ambiente de incertidumbre y temor debido a las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

    Las preocupaciones fueron expuestas durante una conferencia virtual organizada por diversas entidades internacionales, que advirtieron sobre posibles dificultades para aficionados, jugadores y visitantes que viajarán al torneo, el cual se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

    La directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance, Andrea Florence, afirmó que el evento deportivo se desarrollará en medio de un contexto marcado por restricciones migratorias, controles fronterizos más estrictos y sistemas de vigilancia reforzados.

    «A falta de siete días para el inicio del Mundial prima un peligroso clima de miedo, incertidumbre y represión», sostuvo Florence durante la actividad.

    La representante recordó que esta será la primera Copa Mundial para la cual la FIFA diseñó un marco específico de derechos humanos en coordinación con organizaciones civiles y autoridades de los países anfitriones. Sin embargo, cuestionó que dichas medidas aún no se hayan implementado plenamente.

    Por su parte, la directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch (HRW), Minky Worden, expresó preocupación por la presencia de agentes migratorios en distintos puntos del país y por el impacto que esto podría tener en quienes asistan a los partidos.

    «Nadie puede disfrutar del Mundial si te pide el pasaporte al entrar en un estadio un agente enmascarado», manifestó Worden al referirse a operativos realizados por agencias migratorias estadounidenses.

    La activista destacó además que miles de personas deberán cruzar fronteras internacionales para asistir a encuentros deportivos, situación que podría generar riesgos adicionales para algunos aficionados dependiendo de su estatus migratorio.

    Uno de los focos de preocupación señalados por las organizaciones es el estado de Florida, donde se disputarán siete partidos del torneo en la ciudad de Miami. Según activistas, la región registra algunos de los mayores niveles de operativos migratorios del país.

    Yareliz Méndez Zamora, coordinadora de políticas de American Friends Services Committee en Florida, aseguró que muchas comunidades migrantes temen asistir a eventos públicos por el riesgo de ser detenidas durante controles migratorios.

    Las organizaciones también cuestionaron la falta de claridad en los mensajes emitidos por funcionarios estadounidenses sobre la aplicación de controles migratorios durante la competición. Mientras algunos representantes del Gobierno han sugerido flexibilidad temporal, otros han confirmado la presencia visible de agentes de inmigración durante el torneo.

    Finalmente, exjugadores y activistas advirtieron que algunos aficionados y futbolistas podrían enfrentar dificultades para ingresar a Estados Unidos. Además, pidieron a la FIFA asumir un papel más activo en la protección de los derechos de participantes y seguidores durante la celebración de la Copa Mundial.

     

  • Demanda federal contra abusos contra migrantes en centro de detención en California incluye a salvadoreños

    Demanda federal contra abusos contra migrantes en centro de detención en California incluye a salvadoreños

    Las condiciones en el centro de detención migratoria Adelanto, ubicado en California y administrado por la empresa privada GEO Group, son objeto de una demanda federal que denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas bajo custodia, entre ellas migrantes centroamericanos y salvadoreños.

    Así lo afirmó el abogado Salomón Zavala, director de la organización de derechos humanos Ollin Law, durante una entrevista con el director del medio salvadoreño ContraPunto, Juan José Dalton. El jurista explicó que la acción legal busca obligar al centro de detención a cumplir estándares básicos de atención médica, saneamiento y trato digno para las personas detenidas.

    Según Zavala, la demanda fue presentada por varias organizaciones legales y de derechos civiles, entre ellas Public Counsel. Además, Ollin Law participó mediante una petición amicus curiae, un recurso jurídico utilizado para aportar argumentos adicionales a favor de la causa ante la Corte Federal.

    «Adelanto es un centro de detención administrado por la corporación privada GEO Group. La base de la demanda es que allí se están violando los derechos humanos de las personas detenidas y que no se están garantizando condiciones adecuadas», afirmó Zavala.

    Las denuncias incluyen supuestas deficiencias en la atención médica, problemas sanitarios y condiciones que pondrían en riesgo la salud y la vida de los migrantes. El abogado señaló que varios fallecimientos ocurridos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) forman parte de las preocupaciones planteadas ante los tribunales.

    «Las denuncias alegan falta de atención médica adecuada, condiciones sanitarias deficientes y fallas institucionales que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas detenidas», sostuvo el director de Ollin Law.

    Zavala explicó que la acción judicial busca una medida cautelar urgente para que la jueza ordene cambios inmediatos mientras continúa el proceso principal. Entre las exigencias figuran acceso a servicios médicos adecuados, agua potable, alimentación digna, comunicación con familiares y representación legal para los detenidos.

    El abogado indicó que, aunque la petición actual está relacionada principalmente con el fallecimiento de personas migrantes mexicanas, también existen centroamericanos afectados por las mismas condiciones. Por ello, aseguró que la comunidad salvadoreña forma parte de los sectores beneficiados por la litigación.

    «Pero también hay centroamericanos detenidos que sufren estas condiciones. Esta litigación también los incluye y afecta directamente a la comunidad centroamericana», afirmó.

    Asimismo, hizo un llamado a familiares de salvadoreños detenidos en Adelanto para que compartan información sobre posibles abusos o irregularidades. Explicó que los testimonios y denuncias pueden fortalecer el caso y contribuir a documentar presuntas violaciones de derechos humanos.

    Zavala expresó su interés en establecer alianzas con universidades y organizaciones salvadoreñas para ampliar la documentación de casos relacionados con personas migrantes de la región.

    «Estamos dispuestos a colaborar con universidades y organizaciones de El Salvador, tal como lo hemos hecho en México», concluyó.

     

  • Muere líder indígena Brooklyn Rivera tras tres años detenido por la dictadura nicaragüense

    Muere líder indígena Brooklyn Rivera tras tres años detenido por la dictadura nicaragüense

    . El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció este domingo en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó el Ministerio de Salud de Nicaragua.

    Rivera Bryan, de 73 años, era fundador del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), organización política que históricamente ha representado a comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense. El dirigente permanecía ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital debido a complicaciones respiratorias.

    Mediante un comunicado, la dictadura de Nicaragua señaló que el fallecimiento ocurrió pese a los esfuerzos médicos realizados para recuperar su salud. Las autoridades atribuyeron el deterioro físico y neurológico del dirigente a complicaciones derivadas de una bacteria relacionada con secuelas de una infección por covid-19.

    La nota oficial indicó además que Rivera Bryan estuvo acompañado por familiares cercanos durante sus últimos días de vida y expresó condolencias a sus allegados y comunidades indígenas de la Costa Caribe.

    Sin embargo, días antes de confirmarse su muerte, su hija Tininiska Rivera responsabilizó públicamente al dictador Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo por el estado de salud de su padre, quien permanecía detenido desde septiembre de 2023.

    «Responsabilizo directamente al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los colaboradores necesarios, por el deterioro y daño a la vida, salud e integridad física y psicológica de mi padre», expresó en una carta difundida desde el exilio.

    La hija del dirigente también cuestionó la versión oficial sobre las condiciones de salud de Rivera Bryan y aseguró que al momento de su captura se encontraba en óptimas condiciones físicas. Además, denunció que las imágenes difundidas recientemente por el Gobierno mostraban condiciones de detención que calificó como indignas e inhumanas.

    Tininiska Rivera solicitó en reiteradas ocasiones la liberación de su padre, el acceso de familiares, abogados y médicos independientes, así como la posibilidad de que recibiera tratamiento especializado fuera del país.

    Brooklyn Rivera fue una de las figuras políticas más influyentes de la Costa Caribe nicaragüense y dedicó gran parte de su trayectoria a la defensa de los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos indígenas miskitos.

    Su detención ocurrió antes de las elecciones regionales celebradas en marzo de 2024, cuando aún ejercía funciones como legislador. El arresto provocó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y sectores opositores, que denunciaron irregularidades en el proceso y exigieron información sobre su situación.

    La muerte del dirigente indígena vuelve a colocar bajo atención internacional las condiciones de detención de opositores y líderes sociales en Nicaragua, así como las denuncias relacionadas con derechos humanos formuladas por organizaciones nacionales e internacionales.

     

     

  • Bukele arranca último año de segundo mandato entre popularidad y demandas de salvadoreños

    Bukele arranca último año de segundo mandato entre popularidad y demandas de salvadoreños

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este lunes dos años de su segundo mandato consecutivo con una alta popularidad sustentada en sus políticas de seguridad, pero también con crecientes cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y una economía que sus ciudadanos sitúan como principal preocupación.

    El mandato actual, que abarca el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño —controlado por su partido, Nuevas Ideas—, que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir de ese ciclo electoral.

    Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: «No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (…) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más».

    Popularidad y seguridad

    Bukele llegó al 2026 con altos índices de popularidad que ha mantenido sin mayores variaciones a lo largo de sus 7 años consecutivos en el poder, respaldo que se basa principalmente en la reducción de los homicidios y en el régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales.

    Cuando Bukele asumió el Ejecutivo, después de arrasar en los comicios de 2019, el país sumaba al menos tres años seguidos de reducciones en los homicidios tras registrar en 2015 su año más mortífero con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.

    El mandatario implementó su plan de «Control Territorial» y continuó la baja en los asesinatos, pero en marzo de 2022, con la ola de homicidios más cruenta de la historia reciente del país, con más de 80 víctimas en tres días, Bukele impulsó su medida más popular: el régimen de excepción.

    El Congreso, a instancia de Bukele, ha extendido esta medida por 51 ocasiones en periodos de 30 días, con lo que las autoridades han detenido a más de 92.000 personas, entre ellas al menos a 8.000 inocentes, según ha reconocido el mismo mandatario.

    El Ejecutivo de Bukele atribuye a su política de seguridad la disminución de los homicidios a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025 y la desarticulación operativa de las pandillas o «maras», bandas criminales que operaban en casi todo el país con miles de miembros entre sus filas.

    De acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada en febrero pasado, la aprobación de Bukele alcanzó al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados del año.

    El presidente Nayib Bukele, mantiene elevados niveles de popularidad en su gestión y especialmente en materia de seguridad.

    Las denuncias de atropellos

    En este contexto, varias organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas, además de 530 muertes de personas en custodia estatal y la aplicación de las reglas procesales del régimen en la detención de activistas críticos de Bukele, como la reconocida abogada anticorrupción Ruth López.

    La experta en derechos humanos Celia Medrano dijo a EFE que «poco puede esperarse a corto plazo en materia de garantías a derechos humanos en El Salvador».

    «Si bien este escenario de regresión tiene características globales, no puede adjudicarse únicamente a este aspecto el que en El Salvador la violación a derechos humanos constituya prácticamente una política de Estado», dijo.

    Medrano cuestionó las cifras dadas por las instancias estatales de seguridad, dado que organizaciones que monitorean la violencia han registrado solo en el primer trimestre del 2026 «el hallazgo de 35 cadáveres, de los cuales al menos 10 presentaban indicios de muerte violenta», pero «solo 5 fueron reportados por órganos oficiales».

    Asimismo, lamentó que a las causas de la emigración en El Salvador se ha sumado la «persecución política» y que «han aumentado el número de solicitantes de asilo de origen salvadoreño en España, Alemania, México y aún en los Estados Unidos pese a las políticas antimigratorias actuales».

    Demandas económicas

    Bukele, al asumir su segundo mandato consecutivo, pese a que lo prohibía la Constitución, prometió el 1 de junio de 2024 «sanar» la economía tras curar al país del «cáncer» de la violencia.

    Sin embargo, la situación de la economía se ha posicionado como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con las encuestas.

    El economista César Villalona dijo a EFE que «no ha mejorado la economía» y que un reflejo es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones, y que eso «lo que está diciendo es que las finanzas públicas están mal».

    A su juicio, una mejoría económica «implicaría una alta tasa de crecimiento de la economía y aquí no hay una alta tasa de crecimiento» y el «crecimiento promedio casi es el mismo de los últimos 10 años anteriores a Bukele, 2,8 %».

    «El año pasado creció más (3,9 %, según medios locales) pero con un deterioro fuerte de los servicios, con caída tasa negativa en educación, en salud y en otros servicios», añadió y apuntó que bajo el mandato de Bukele la deuda estatal ha crecido en 14.500 millones de dólares.

    «Aquí no hay una mejoría social, lo que hay es un gran endeudamiento público», acotó.

  • El Consejo de Europa alerta aumento alarmante de discursos de odio

    El Consejo de Europa alerta aumento alarmante de discursos de odio

    La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo dependiente del Consejo de Europa, alertó este jueves sobre el incremento de discursos de odio en distintos países europeos y calificó la situación como “alarmante”.

    En su informe anual, el organismo señaló que los ataques y mensajes discriminatorios tienen como principales motivos el origen étnico y la nacionalidad de las víctimas, seguidos de factores como religión, ciudadanía, orientación sexual e identidad de género.

    La ECRI sostuvo que el discurso xenófobo se intensificó en medio de políticas migratorias más estrictas implementadas por varios gobiernos europeos, situación que ha incrementado los mensajes de rechazo contra extranjeros y minorías.

    El informe también advierte que el odio contra comunidades judías y musulmanas continúa en niveles superiores a los registrados antes del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.

    El presidente de la ECRI, Bertil Cottier, aseguró que este tipo de discursos no solo afecta a individuos concretos, sino que representa una amenaza para toda la sociedad. “El discurso de odio no solo se dirige a personas individuales, sino a la sociedad en su conjunto”, afirmó.

    Cottier explicó que muchas personas terminan alejándose de la vida pública por temor a ser discriminadas o atacadas. “Por eso el discurso de odio daña no solo a las víctimas y a las comunidades afectadas, sino a la propia democracia”, agregó.

    La comisión también expresó preocupación por el uso de “estereotipos negativos” y campañas de desinformación impulsadas por algunas figuras políticas, especialmente durante períodos electorales, dirigidas contra extranjeros, personas LGBTI, musulmanes y comunidades gitanas.

    Ante este panorama, el Consejo de Europa pidió a líderes políticos y funcionarios públicos rechazar abiertamente los discursos de odio y promover mensajes inclusivos que fortalezcan la convivencia social.

    El informe además alerta sobre el incremento de amenazas, incluso de muerte, contra parlamentarios, jueces y activistas que defienden derechos humanos y luchan contra el racismo y la intolerancia en Europa.

    En el ámbito tecnológico, la ECRI reconoció que la inteligencia artificial puede ayudar a detectar contenidos de odio en internet, aunque advirtió que todavía se necesita supervisión humana y mecanismos claros de denuncia para combatir eficazmente este fenómeno.

    Finalmente, el organismo mostró preocupación por el impacto del odio en niños y jóvenes, tanto en quienes sufren discriminación como en quienes reproducen esos discursos, y lamentó que muchos docentes aún no cuentan con herramientas suficientes para abordar estas problemáticas en las escuelas.

  • La Sala de lo Constitucional ya rechazó tres demandas contra el régimen de excepción

    La Sala de lo Constitucional ya rechazó tres demandas contra el régimen de excepción

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedentes tres demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el régimen de excepción, medida vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y bajo la cual se contabilizan más de 92,000 detenciones.

    Samuel Ramírez, integrante del Movimiento de Víctimas del Régimen, confirmó este miércoles que los magistrados rechazaron los recursos al considerar que la medida extraordinaria continúa siendo necesaria.

    “La respuesta de las tres demandas fue ‘no ha lugar, es improcedente’ y que la Sala sigue manteniendo que el régimen es necesario y que se justifica”, declaró Ramírez a medios de comunicación.

    Las declaraciones fueron brindadas luego de que el movimiento presentara una cuarta demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción, cuya prórroga número 51 fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa con los votos de Nuevas Ideas y partidos aliados.

    Ramírez cuestionó la decisión de la Sala y sostuvo que existen irregularidades jurídicas en la aprobación de la medida. “Abogados profesionales han evaluado que hay muchas incoherencias, hay vicios sobre la aprobación del régimen”, afirmó el activista.

    El representante del movimiento aseguró además que continuarán impulsando acciones legales contra la normativa. “Vamos a continuar con el quinto recurso, no nos vamos a dar por vencidos”, expresó.

    El régimen de excepción fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a pandillas que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana durante marzo de 2022.

    Desde entonces, El Salvador experimenta una drástica caída de homicidios y la virtual desaparición de las pandillas que asolaban el país. Pero organizaciones de derechos humanos reportan más de 6,400 denuncias de supuestas violaciones a derechos fundamentales y estiman que más de 500 personas han muerto bajo custodia estatal.

    Pese a los señalamientos de organismos internacionales y organizaciones humanitarias, el régimen de excepción continúa vigente y mantiene un amplio respaldo ciudadano, según diversas encuestas.