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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este lunes dos años de su segundo mandato consecutivo con una alta popularidad sustentada en sus políticas de seguridad, pero también con crecientes cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y una economía que sus ciudadanos sitúan como principal preocupación.

El mandato actual, que abarca el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño —controlado por su partido, Nuevas Ideas—, que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir de ese ciclo electoral.

Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: «No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (…) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más».

Popularidad y seguridad

Bukele llegó al 2026 con altos índices de popularidad que ha mantenido sin mayores variaciones a lo largo de sus 7 años consecutivos en el poder, respaldo que se basa principalmente en la reducción de los homicidios y en el régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales.

Cuando Bukele asumió el Ejecutivo, después de arrasar en los comicios de 2019, el país sumaba al menos tres años seguidos de reducciones en los homicidios tras registrar en 2015 su año más mortífero con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El mandatario implementó su plan de «Control Territorial» y continuó la baja en los asesinatos, pero en marzo de 2022, con la ola de homicidios más cruenta de la historia reciente del país, con más de 80 víctimas en tres días, Bukele impulsó su medida más popular: el régimen de excepción.

El Congreso, a instancia de Bukele, ha extendido esta medida por 51 ocasiones en periodos de 30 días, con lo que las autoridades han detenido a más de 92.000 personas, entre ellas al menos a 8.000 inocentes, según ha reconocido el mismo mandatario.

El Ejecutivo de Bukele atribuye a su política de seguridad la disminución de los homicidios a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025 y la desarticulación operativa de las pandillas o «maras», bandas criminales que operaban en casi todo el país con miles de miembros entre sus filas.

De acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada en febrero pasado, la aprobación de Bukele alcanzó al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados del año.

Las denuncias de atropellos

En este contexto, varias organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas, además de 530 muertes de personas en custodia estatal y la aplicación de las reglas procesales del régimen en la detención de activistas críticos de Bukele, como la reconocida abogada anticorrupción Ruth López.

La experta en derechos humanos Celia Medrano dijo a EFE que «poco puede esperarse a corto plazo en materia de garantías a derechos humanos en El Salvador».

«Si bien este escenario de regresión tiene características globales, no puede adjudicarse únicamente a este aspecto el que en El Salvador la violación a derechos humanos constituya prácticamente una política de Estado», dijo.

Medrano cuestionó las cifras dadas por las instancias estatales de seguridad, dado que organizaciones que monitorean la violencia han registrado solo en el primer trimestre del 2026 «el hallazgo de 35 cadáveres, de los cuales al menos 10 presentaban indicios de muerte violenta», pero «solo 5 fueron reportados por órganos oficiales».

Asimismo, lamentó que a las causas de la emigración en El Salvador se ha sumado la «persecución política» y que «han aumentado el número de solicitantes de asilo de origen salvadoreño en España, Alemania, México y aún en los Estados Unidos pese a las políticas antimigratorias actuales».

Demandas económicas

Bukele, al asumir su segundo mandato consecutivo, pese a que lo prohibía la Constitución, prometió el 1 de junio de 2024 «sanar» la economía tras curar al país del «cáncer» de la violencia.

Sin embargo, la situación de la economía se ha posicionado como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con las encuestas.

El economista César Villalona dijo a EFE que «no ha mejorado la economía» y que un reflejo es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones, y que eso «lo que está diciendo es que las finanzas públicas están mal».

A su juicio, una mejoría económica «implicaría una alta tasa de crecimiento de la economía y aquí no hay una alta tasa de crecimiento» y el «crecimiento promedio casi es el mismo de los últimos 10 años anteriores a Bukele, 2,8 %».

«El año pasado creció más (3,9 %, según medios locales) pero con un deterioro fuerte de los servicios, con caída tasa negativa en educación, en salud y en otros servicios», añadió y apuntó que bajo el mandato de Bukele la deuda estatal ha crecido en 14.500 millones de dólares.

«Aquí no hay una mejoría social, lo que hay es un gran endeudamiento público», acotó.