Etiqueta: derechos humanos

  • La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea exige la liberación de presos políticos y elecciones transparentes en Nicaragua

    La Unión Europea (UE) reiteró este viernes su condena a la represión ejercida por las autoridades de Nicaragua y manifestó su preocupación por el continuo deterioro de los derechos fundamentales y la situación política que atraviesa el país centroamericano.

    En un comunicado divulgado en nombre de los 27 Estados miembros por la Alta Representante de la Unión Europea, el bloque instó nuevamente al régimen nicaragüense a liberar a todos los presos políticos, restablecer plenamente el Estado de derecho y permitir el regreso de las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

    La UE también respaldó la apertura de un proceso de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición con el propósito de alcanzar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis política que enfrenta Nicaragua.

    Asimismo, el bloque comunitario subrayó la necesidad de impulsar reformas electorales que garanticen un proceso con transparencia, inclusión y credibilidad, de acuerdo con los estándares internacionales.

    Bruselas pidió además a las autoridades nicaragüenses convocar las elecciones previstas y asegurar que los comicios se desarrollen conforme al calendario establecido y con las garantías necesarias para fortalecer la confianza ciudadana en el proceso democrático.

    La Unión Europea reafirmó su apoyo al pueblo nicaragüense en su aspiración de consolidar un sistema democrático sustentado en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. También expresó su disposición de mantener el diálogo político con Managua a través de los canales diplomáticos y en coordinación con los actores regionales, siempre bajo el principio del respeto mutuo.

    El pronunciamiento de la UE coincide con el emitido esta semana por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acusó a las autoridades nicaragüenses de «reprimir las libertades civiles y políticas del país» y obstaculizar el «pleno ejercicio de los derechos» de la población.

    Además, el funcionario de la ONU instó al Gobierno de Nicaragua a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que todos aquellos que han sido privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de Derechos Humanos».

     

  • Tribunal estadounidense niega inmunidad a militar salvadoreño por caso de periodistas holandeses

    Tribunal estadounidense niega inmunidad a militar salvadoreño por caso de periodistas holandeses

    La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos resolvió que el excoronel del Ejército salvadoreño Mario Adalberto Reyes Mena no puede invocar inmunidad oficial para evitar una demanda civil relacionada con el asesinato extrajudicial de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado en El Salvador.

    En una decisión unánime emitida el 8 de julio, el tribunal ratificó que las violaciones a normas imperativas del derecho internacional, conocidas como jus cogens, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, no pueden considerarse actos oficiales de un Estado y, por tanto, no están protegidas por inmunidad basada en el cargo.

    La demanda fue presentada en octubre de 2024 por el hermano de uno de los periodistas asesinados al amparo de la Ley de Protección de las Víctimas de la Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), legislación estadounidense que permite iniciar acciones civiles contra personas responsables de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo autoridad o apariencia de autoridad de un gobierno extranjero.

    Según el expediente judicial, Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada del Ejército salvadoreño cuando presuntamente ordenó la emboscada en la que murieron cuatro periodistas neerlandeses el 17 de marzo de 1982, después de que militares conocieran la ruta que seguirían para realizar una cobertura informativa durante la guerra civil.

    Los cuatro periodistas de Países Bajos fueron asesinados en 1982 por el ejército salvadoreño.

    En junio de 2025, el Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de cárcel a tres exmilitares por el asesinato de los periodistas. En noviembre de 2022, un tribunal salvadoreño procesó a tres exoficiales de la Fuerza Armada por estos hechos, entre ellos Reyes Mena, quien reside en el estado de Virginia desde 1984 y no regresó a El Salvador para enfrentar el proceso penal. Posteriormente fue declarado culpable en ausencia.

    En mayo de ese año, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, en La Libertad, confirmó la sentencia para los militares condenados por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses.

    Durante la apelación en Estados Unidos, la defensa argumentó que el exmilitar actuó en ejercicio de funciones oficiales y que, por ello, debía beneficiarse de inmunidad. Sin embargo, la Corte sostuvo que las ejecuciones extrajudiciales constituyen violaciones de normas internacionales de obligatorio cumplimiento y no pueden ser consideradas actos soberanos protegidos por ese principio jurídico.

    El tribunal también rechazó otros argumentos presentados por la defensa, entre ellos que la inmunidad debía aplicarse porque el caso era de naturaleza civil y no penal o que la legislación estadounidense sobre inmunidad de Estados extranjeros impedía la demanda. Los jueces concluyeron que ninguna de esas razones modifica el carácter de las presuntas violaciones al derecho internacional.

    La decisión permite que el proceso civil continúe en una corte federal de Virginia y es considerada un precedente relevante para otros casos de derechos humanos en Estados Unidos, al reafirmar que exfuncionarios extranjeros pueden ser demandados por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos.

     

  • Cuba sigue sufriendo crisis severa, protestas a diario y más presos políticos a cinco años del 11J

    Cuba sigue sufriendo crisis severa, protestas a diario y más presos políticos a cinco años del 11J

    Cuba conmemoró el sábado el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en décadas, en un contexto marcado por una profunda crisis económica y energética, apagones prolongados, escasez de alimentos y un incremento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

    El aniversario coincide con seis meses de un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia la isla, que incluye un bloqueo al suministro de petróleo y nuevas sanciones económicas, medidas que, según diversos sectores, han agravado las dificultades que enfrenta la población cubana.

    Solo durante esta semana, Cuba sufrió dos apagones nacionales, elevando a cuatro el número de interrupciones eléctricas de gran escala registradas en lo que va de 2026. En condiciones normales, La Habana recibe apenas entre una y dos horas diarias de suministro eléctrico, mientras que en varias provincias los cortes pueden extenderse hasta tres días consecutivos.

    La crisis ha provocado protestas casi diarias en distintos puntos del país. Decenas de ciudadanos se concentran de manera pacífica para exigir electricidad, agua potable y alimentos, mientras el descontento también se expresa mediante cacerolazos, bloqueos de calles y quema de basura.

    Diversos opositores consideran que las manifestaciones de 2021 marcaron un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y el Estado. El dirigente opositor Manuel Cuesta Morúa afirmó que “la profundización estructural de las carencias y de las desigualdades puede producir un evento parecido al del 11J”.

    Por su parte, la opositora Marthadela Tamayo sostuvo que, aunque desde entonces no se ha repetido una protesta de la misma magnitud, las condiciones actuales mantienen abierta esa posibilidad. La directora de la organización Cubalex, Laritza Diversent, aseguró que desde aquellas manifestaciones la población “no ha dejado de salir a la calle” y ha desarrollado nuevas formas de expresar su inconformidad.

    Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denunciaron un incremento de la represión. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó al menos 1,949 acciones represivas durante el primer semestre de 2026.

    La situación de los presos políticos continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Esta semana concluyó la condena de cinco años impuesta al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido precisamente durante las protestas del 11J. Sin embargo, el opositor permanece privado de libertad.

    La organización Human Rights Watch afirmó que su permanencia bajo custodia equivale a una “liberación condicionada al exilio” y denunció que alrededor de 800 personas siguen encarceladas por motivos políticos en Cuba, casi la mitad de ellas por haber participado en las manifestaciones de julio de 2021.

    Por su parte, el Gobierno cubano mantiene su postura sobre aquellos acontecimientos. El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, calificó nuevamente el 11J como una “victoria popular” y reiteró el respaldo oficial a la respuesta del Estado frente a las protestas. “¡Jamás negaremos a los revolucionarios ese derecho! La Patria se defiende”, escribió en redes sociales.

     

     

  • Familiares denuncian maltratos y abusos contra presos políticos en Venezuela

    Familiares denuncian maltratos y abusos contra presos políticos en Venezuela

    Familiares de presos políticos venezolanos denunciaron presuntos malos tratos y agresiones contra reclusos en la prisión El Rodeo I, en medio de la incertidumbre generada por los daños que dejaron los recientes terremotos en Venezuela, que han causado más de 4,000 fallecidos.

    El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, integrado por familiares de personas detenidas, se concentró el viernes frente al centro penitenciario para exigir información oficial sobre el estado de los internos y solicitar una investigación sobre las denuncias de abusos ocurridos en los últimos días.

    Según el comité, varios reclusos informaron durante las visitas familiares que el pasado domingo fueron víctimas de golpes, heridas provocadas por perdigones e intentos de asfixia con gas lacrimógeno, además de otros tratos que calificaron como crueles e inhumanos.

    La organización aseguró que, de acuerdo con los testimonios de los propios detenidos, los responsables ingresaron a las celdas, agredieron físicamente a los internos y les retiraron sus paquetes de correspondencia durante el operativo.

    Los familiares también expresaron preocupación por el impacto que los recientes sismos han tenido en el penal. El comité afirmó que el temor entre los reclusos aumentó debido a que los terremotos habrían afectado la estructura de la cárcel.

    “El temor de los presos se ha acrecentado debido a los recientes terremotos”, indicó la organización, que además señaló que una fuerte réplica registrada el viernes incrementó la preocupación tanto de los internos como de sus familiares.

    Asimismo, algunas madres denunciaron que desconocen el paradero de varios detenidos y aseguraron que las autoridades no les han proporcionado información sobre su situación. “Otros detenidos se encuentran en estado de desaparición, sin que se les brinde respuesta sobre su paradero”, manifestaron.

    En otro hecho, el Comité celebró la liberación de Jackson Vera y Ricardo Carriel, quienes permanecían detenidos desde 2022. La organización sostuvo que ambos enfrentaron un proceso arbitrario y sin pruebas suficientes antes de recuperar su libertad.

    “Jackson y Ricardo fueron víctimas de un proceso arbitrario y carente de pruebas. Esperaron durante largos años una justicia que tardó en llegar, pero hoy, por fin, podrán reencontrarse con sus familiares”, expresó el comité a través de redes sociales.

    Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre las denuncias de presuntos malos tratos ni sobre la situación de los internos en el centro penitenciario tras los terremotos.

     

  • Vicepresidente de El Salvador y alto comisionado de la ONU acuerdan “mantener canales de comunicación fluidos”

    Vicepresidente de El Salvador y alto comisionado de la ONU acuerdan “mantener canales de comunicación fluidos”

    El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, acordaron acordaron “mantener canales de comunicación fluidos para dar seguimiento a las prioridades compartidas”, informó hoy la Vicepresidencia.

    La reunión ocurre en el marco del Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), que se desarrolló en Ginebra, Suiza, los días 6 y 7 de julio.

    De acuerdo a la Vicepresidencia, en el encuentro, Ulloa le expuso reformas y políticas del gobierno en seguridad, transformación digital y cooperación, destacó la reducción de la violencia, el fortalecimiento del turismo en el país e iniciativas de Inteligencia Artificial en salud y educación.

    Türk, por su parte, según la Vicepresidencia, “enfatizó la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de la gobernanza de la inteligencia artificial” y “manifestó la disposición de su Oficina para continuar el diálogo técnico con El Salvador”.

    También acordaron identificar “nuevas áreas de cooperación técnica en beneficio de los salvadoreños”.

    El 27 de febrero de 2026, Türk manifestó su preocupación por el “elevado” número de muertes de personas detenidas bajo custodia estatal de El Salvador durante su discurso en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Me preocupa el estado de excepción de cuatro años en El Salvador, y el uso de juicios masivos», señaló en esa ocasión.

    El régimen de excepción instaurado desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado desde entonces ha facilitado la captura de personas por parte del Estado, que registra hasta 92,300 detenidos; mientras organizaciones sociales denuncias capturas arbitrarias, muertes de detenidos, malos tratos y torturas durante su aplicación.

  • Observatorio denuncia casi 2,000 actos represivos en Cuba durante 2026

    Observatorio denuncia casi 2,000 actos represivos en Cuba durante 2026

    El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes que documentó al menos 1,949 acciones represivas atribuidas al Gobierno de Cuba durante el primer semestre de 2026. La organización sostuvo que las violaciones a los derechos humanos continúan en distintas regiones del país y advirtió un recrudecimiento de la persecución contra opositores, periodistas, activistas y presos políticos.

    En un comunicado, la organización recordó que está por cumplirse el quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 y aseguró que la situación de los detenidos por motivos políticos sigue deteriorándose. «A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente», subrayó el OCDH.

    La organización también cuestionó el discurso oficial sobre un posible acercamiento diplomático con Estados Unidos y afirmó que las condiciones para la población no han cambiado. «Mientras los personeros oficiales y oficiosos del régimen dicen que quieren dialogar con Estados Unidos, para el pueblo lo que hay es hambre y represión», reprochó.

    Según el informe semestral, entre enero y junio se registraron 257 detenciones arbitrarias y 488 retenciones ilegales dentro de viviendas. Además, el OCDH documentó al menos 300 acciones ocurridas en centros penitenciarios, la mayoría dirigidas contra presos políticos y de conciencia, así como 50 denuncias relacionadas con represalias contra sus familiares.

    El reporte también señala que los periodistas independientes figuran entre los sectores más afectados, con 91 casos documentados. Las provincias de La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara concentraron la mayor cantidad de incidentes. Asimismo, la organización indicó que en al menos 50 casos hubo empleo de violencia y que enero, abril y mayo fueron los meses con mayor nivel de represión.

    Solo durante junio, la red de observadores del OCDH registró 299 acciones represivas, de las cuales 47 correspondieron a detenciones arbitrarias y 252 a otros abusos. Entre los hechos reportados destacan 60 violaciones contra presos políticos, reclusos comunes y sus familiares, además de allanamientos ilegales de viviendas, citaciones policiales, amenazas, hostigamientos y procesos judiciales.

    El Observatorio afirmó que la mayoría de las detenciones estuvieron vinculadas con manifestaciones pacíficas originadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. También señaló que varias personas fueron arrestadas por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión. Entre los casos más relevantes mencionó detenciones de manifestantes, incluidos adolescentes, operativos masivos en Contramaestre, arrestos de periodistas independientes, creadores de contenido y activistas, así como acciones de hostigamiento contra líderes religiosos.

    La organización también recibió denuncias sobre presunto uso excesivo de la fuerza, golpizas, incomunicación, desapariciones de corta duración y amenazas tras la liberación de personas detenidas. El OCDH concluyó que las cifras representan un subregistro y sostuvo que el Gobierno cubano mantiene la represión contra la población sin mostrar señales de impulsar cambios en materia política y de derechos humanos. Además, indicó que el 36.5 % de las acciones represivas registradas durante el semestre fueron dirigidas contra mujeres.

     

  • Iván Cepeda, el heredero de la izquierda colombiana que aspira gobernar después de Petro

    Iván Cepeda, el heredero de la izquierda colombiana que aspira gobernar después de Petro

    Iván Cepeda llega a la segunda vuelta presidencial de Colombia como una de las figuras más representativas de la izquierda colombiana, tras una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos, las víctimas del conflicto armado y los procesos de paz.

    El senador de 63 años enfrentará este domingo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella en una elección que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro y el futuro del proyecto político del Pacto Histórico.

    Aunque durante varios meses lideró las encuestas de intención de voto, Cepeda fue superado en la primera vuelta electoral por De la Espriella. Ahora buscará revertir esa diferencia para convertirse en el próximo mandatario colombiano.

    La historia personal del candidato ha estado profundamente ligada a la violencia política del país. Es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994 por agentes estatales en complicidad con grupos paramilitares, según determinó posteriormente la justicia.

    Cepeda ha señalado en diversas ocasiones que ese crimen marcó su vida y fortaleció su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado.

    Su infancia transcurrió entre Colombia, Cuba y la antigua Unión Soviética, debido a la militancia política de su familia. Más adelante también vivió en Francia tras recibir amenazas por su trabajo en organizaciones de derechos humanos. Además de estudiar Filosofía en Bulgaria, obtuvo una maestría en Derecho Internacional Humanitario en Francia.

    Antes de ingresar al Congreso, participó en movimientos sociales y fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). En 2010 fue elegido representante a la Cámara y cuatro años después llegó al Senado, donde se consolidó como una de las voces más influyentes de la oposición y posteriormente del progresismo.

    Su notoriedad política creció por las denuncias relacionadas con el paramilitarismo y los presuntos vínculos entre sectores políticos y grupos armados ilegales. Esas investigaciones lo llevaron a protagonizar uno de los enfrentamientos políticos y judiciales más conocidos de Colombia con el expresidente Álvaro Uribe.

    Cepeda también participó como facilitador en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de colaborar en acercamientos con otros grupos armados.

    Durante la campaña presidencial ha defendido la necesidad de profundizar las reformas sociales iniciadas por Gustavo Petro, acelerar la implementación de los acuerdos de paz, fortalecer la protección de líderes sociales y avanzar en una transición energética sostenible. Su fórmula vicepresidencial es la senadora indígena Aída Quilcué, reconocida por su liderazgo en la defensa de los pueblos originarios y de las comunidades afectadas por la violencia.

     

  • Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, enfrenta una ola de críticas tras afirmar que los nicaragüenses tienen “la forma de Gobierno que han elegido tener”, una declaración que generó rechazo entre dirigentes políticos, exmandatarios y organizaciones defensoras de derechos humanos.

    Las declaraciones fueron brindadas el pasado 13 de junio al medio internacional NTN24 y contrastan con las posiciones sostenidas por organismos internacionales y diversos gobiernos que han denunciado al Ejecutivo de Daniel Ortega por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por la realización de procesos electorales cuestionados.

    El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís calificó este martes las palabras de Fernández como “desafortunadas”, “muy graves” e “insólitas”, al considerar que desconocen la situación política que atraviesa Nicaragua. Según afirmó, las denuncias sobre abusos y restricciones a las libertades fundamentales han sido ampliamente documentadas por organismos independientes y por Naciones Unidas.

    “Pareciera desconocer o por lo menos minusvalorar las condiciones del régimen político que impera en Nicaragua. Pasa por encima de la dictadura sin reconocer la naturaleza despótica, violenta, violatoria de todos los derechos humanos; que ha perseguido, matado y torturado, en fin, todas las barbaridades imaginables incluidas las desapariciones y la eliminación de la ciudadanía”, dijo Solís a EFE.

    El exmandatario agregó que “Pretender que el Gobierno actual de Nicaragua es un Gobierno escogido por los nicaragüenses, como ella lo dice, no es de recibo” y sostuvo que las elecciones realizadas bajo la administración de Ortega han sido señaladas reiteradamente por presuntas irregularidades y falta de garantías democráticas.

    Las declaraciones también fueron rechazadas por el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, que emitió un comunicado en el que señaló que las palabras de Fernández contradicen la realidad documentada por organismos internacionales y la experiencia de miles de personas que han abandonado Nicaragua en los últimos años.

    “Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado”, expresó la organización. Además, sostuvo que “minimizar la crisis nicaragüense no es neutralidad ni pragmatismo” y representa una contradicción con los principios democráticos que históricamente ha promovido Costa Rica.

    Por su parte, el abogado Salvador Marenco, representante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 se han registrado restricciones constantes a los derechos humanos y denunció que los procesos electorales celebrados desde 2008 han sido cuestionados por falta de transparencia. También señaló que, tras las protestas de 2018, las violaciones a derechos humanos se agravaron y derivaron en un amplio éxodo de ciudadanos nicaragüenses.

    Las críticas también fueron respaldadas por la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, quien recordó que la administración de Ortega ha sido señalada por la muerte de centenares de personas durante la crisis política, miles de detenciones, cierres masivos de organizaciones civiles y universidades, así como por acciones de persecución contra opositores dentro y fuera de Nicaragua.

     

  • Las Madres de Tiananmen exigen a China rendir cuentas 37 años después de la masacre

    Las Madres de Tiananmen exigen a China rendir cuentas 37 años después de la masacre

    Las Madres de Tiananmen, organización integrada por familiares de víctimas de la represión militar ocurrida en Pekín en 1989, exigieron a las autoridades chinas esclarecer el número de fallecidos, heridos y desaparecidos durante los acontecimientos que marcaron uno de los episodios más sensibles de la historia reciente de China.

    La petición fue realizada en vísperas del 37.º aniversario de la masacre de Tiananmen, que se conmemora este 4 de junio. El grupo solicitó al Gobierno chino reconocer públicamente lo ocurrido, asumir responsabilidades y ofrecer respuestas a las familias que durante décadas han buscado conocer el destino de sus seres queridos.

    En un comunicado divulgado por la organización Human Rights in China (HRIC), las Madres de Tiananmen afirmaron que todavía no existe una cifra oficial sobre las víctimas de la represión militar ocurrida la noche del 3 al 4 de junio de 1989.

    “Hoy todavía no existe un balance claro de cuántos murieron, cuántos resultaron heridos o cuántos desaparecieron durante la represión”, señalaron los familiares en el documento.

    La masacre ocurrió cuando tropas y tanques del Ejército chino ingresaron a la Plaza de Tiananmen y sus alrededores para desalojar a miles de estudiantes, trabajadores y ciudadanos que se manifestaban desde semanas antes para exigir reformas políticas, mayor apertura democrática y acciones contra la corrupción.

    Aunque el Gobierno chino nunca ha divulgado una cifra oficial de víctimas, distintas organizaciones de derechos humanos y fuentes diplomáticas estiman que los fallecidos podrían ascender a cientos o incluso miles de personas.

    Las Madres de Tiananmen denunciaron que, pese al avance tecnológico y al acceso global a la información, los relatos sobre la represión continúan siendo censurados dentro de China. Según el colectivo, las nuevas generaciones tienen un conocimiento limitado de lo sucedido debido a las restricciones impuestas por las autoridades sobre cualquier referencia pública a los hechos.

    El grupo también aseguró que las conmemoraciones privadas realizadas por familiares han sido objeto de vigilancia durante años, lo que ha dificultado los esfuerzos para mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia.

    Entre sus principales demandas, la organización reiteró la necesidad de que el Gobierno chino publique toda la información relacionada con la represión, otorgue compensaciones a las víctimas y sus familiares y establezca responsabilidades legales para quienes ordenaron o ejecutaron la intervención militar.

    Asimismo, recordaron la figura del general Xu Qinxian, entonces comandante del 38.º Ejército, quien se negó a cumplir la orden de desplegar tropas contra los manifestantes. Por esa decisión fue sometido a un juicio militar, condenado a cinco años de prisión y expulsado de las fuerzas armadas. Su caso volvió a cobrar notoriedad a finales de 2025 tras la difusión de imágenes de aquel proceso judicial en redes sociales internacionales.

     

     

  • Denuncian clima de miedo y represión migratoria en EE.UU. previo al Mundial en Estados Unidos

    Denuncian clima de miedo y represión migratoria en EE.UU. previo al Mundial en Estados Unidos

    A una semana del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que en Estados Unidos existe un ambiente de incertidumbre y temor debido a las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

    Las preocupaciones fueron expuestas durante una conferencia virtual organizada por diversas entidades internacionales, que advirtieron sobre posibles dificultades para aficionados, jugadores y visitantes que viajarán al torneo, el cual se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

    La directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance, Andrea Florence, afirmó que el evento deportivo se desarrollará en medio de un contexto marcado por restricciones migratorias, controles fronterizos más estrictos y sistemas de vigilancia reforzados.

    «A falta de siete días para el inicio del Mundial prima un peligroso clima de miedo, incertidumbre y represión», sostuvo Florence durante la actividad.

    La representante recordó que esta será la primera Copa Mundial para la cual la FIFA diseñó un marco específico de derechos humanos en coordinación con organizaciones civiles y autoridades de los países anfitriones. Sin embargo, cuestionó que dichas medidas aún no se hayan implementado plenamente.

    Por su parte, la directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch (HRW), Minky Worden, expresó preocupación por la presencia de agentes migratorios en distintos puntos del país y por el impacto que esto podría tener en quienes asistan a los partidos.

    «Nadie puede disfrutar del Mundial si te pide el pasaporte al entrar en un estadio un agente enmascarado», manifestó Worden al referirse a operativos realizados por agencias migratorias estadounidenses.

    La activista destacó además que miles de personas deberán cruzar fronteras internacionales para asistir a encuentros deportivos, situación que podría generar riesgos adicionales para algunos aficionados dependiendo de su estatus migratorio.

    Uno de los focos de preocupación señalados por las organizaciones es el estado de Florida, donde se disputarán siete partidos del torneo en la ciudad de Miami. Según activistas, la región registra algunos de los mayores niveles de operativos migratorios del país.

    Yareliz Méndez Zamora, coordinadora de políticas de American Friends Services Committee en Florida, aseguró que muchas comunidades migrantes temen asistir a eventos públicos por el riesgo de ser detenidas durante controles migratorios.

    Las organizaciones también cuestionaron la falta de claridad en los mensajes emitidos por funcionarios estadounidenses sobre la aplicación de controles migratorios durante la competición. Mientras algunos representantes del Gobierno han sugerido flexibilidad temporal, otros han confirmado la presencia visible de agentes de inmigración durante el torneo.

    Finalmente, exjugadores y activistas advirtieron que algunos aficionados y futbolistas podrían enfrentar dificultades para ingresar a Estados Unidos. Además, pidieron a la FIFA asumir un papel más activo en la protección de los derechos de participantes y seguidores durante la celebración de la Copa Mundial.