Etiqueta: derechos humanos

  • Estado salvadoreño no acudió a audiencia de la CIDH sobre situación de privados de libertad en régimen de excepción

    Estado salvadoreño no acudió a audiencia de la CIDH sobre situación de privados de libertad en régimen de excepción

    El Estado salvadoreño no asistió a la primera audiencia pública del 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Situación de las personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción”, que se desarrolla en Panamá, donde se celebrarán audiencias del 26 al 30 de octubre.

    “El día de hoy está ausente el Estado pese a que la CIDH hizo llegar oportunamente y de acuerdo al reglamento la invitación a esta audiencia”, indicó el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH.

    “Estas audiencias tienen un valor especial al permitir que las voces de las personas afectadas sean escuchadas directamente”, señaló.

    El presidente de la CIDH recordó que el artículo 63 del reglamento de la CIDH obliga a que el Estado debe brindar garantía a las personas participantes o que suministren a la comisión información, testimonios o pruebas, y que por tanto no puede “enjuiciar a testigos, peritos ni ejercer represalias” contra ellos ni contra sus familiares por sus declaraciones ante la Comisión.

    “Lamentamos la ausencia del Estado en esta audiencia”, expresó, por su parte, Carlota Roly, abogada senior para América Latina de la organización Fundación Robert Kennedy Human Rights.

    Sostuvo que el régimen de excepción es permanente, se ha prorrogado 54 veces hasta el 26 de agosto y se ha normalizado como herramienta de seguridad pública con la suspensión de garantías clave como el plazo máximo de detención administrativa, el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.

    Señaló que ha habido 93,162 personas detenidas, 65,000 capturadas en el primer año del régimen, con 170 % índice de hacinamiento y 1 de cada 50 personas está privada de libertad en el país.

    Sobre las declaraciones del presidente salvadoreño en torno a un plan de libertad anticipada para cierto grupo de reos vinculados a pandillas, preguntó quién decidirá estas 10,000 causas y qué va a pasar con personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción.

    Por su parte, David Morales, de la asociación Cristosal, lamentó la ausencia del Estado y la vinculó con una “política general de opacidad” del Estado salvadoreño.

    Señaló que en una muestra de 1,178 detenidos bajo régimen de excepción se utilizó la figura de la flagrancia para la captura, los “jueces decretaban detenciones en automático” y comprobaron la tortura. “Contamos con evidencia de violencia en 87 casos” de los fallecidos bajo custodia estatal, señaló.

  • Bukele, el TPI y la organización israelí Standing Together, entre los candidatos al premio Sájarov 2026

    Bukele, el TPI y la organización israelí Standing Together, entre los candidatos al premio Sájarov 2026

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, figura entre los seis candidatos al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2026, el máximo reconocimiento que entrega anualmente el Parlamento Europeo por la defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

    En la lista también aparecen el Tribunal Penal Internacional (TPI), la organización israelí Standing Together, el palestino Hussam Abu Safiya, el opositor tanzano Tundu Lissu y las hermanas gemelas iraníes Taraneh y Romina Rahimi.

    La candidatura de Bukele fue presentada por el grupo de derecha Europa de las Naciones Soberanas (ESN), mientras que los Socialistas y Demócratas (S&D) propusieron al Tribunal Penal Internacional y a sus funcionarios. Los liberales de Renew Europe respaldaron a Standing Together, una organización israelí que moviliza a ciudadanos judíos y palestinos de Israel contra la ocupación y a favor de la paz.

    Por su parte, Los Verdes y La Izquierda propusieron al palestino Hussam Abu Safiya, mientras que el Partido Popular Europeo (PPE) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) presentaron como candidato al opositor tanzano Tundu Lissu. Patriotas por Europa nominó a las hermanas iraníes Taraneh y Romina Rahimi, ambas condenadas por Teherán.

    Según ESN, la nominación del presidente salvadoreño por «defender a su pueblo y romper con el imperio del terror».

    Las seis candidaturas fueron presentadas este jueves durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Exteriores y Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, según informó el Parlamento Europeo mediante un comunicado.

    El siguiente paso en el proceso será el 19 de octubre, cuando los eurodiputados de las comisiones de Exteriores y Desarrollo votarán en Estrasburgo, Francia, para reducir de seis a tres la lista de finalistas al Premio Sájarov.

    Posteriormente, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, integrada por la presidenta de la institución y los líderes de los grupos políticos, decidirá el 22 de octubre quién recibirá el galardón correspondiente a 2026.

    El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia reconoce cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. En 2025, el reconocimiento fue concedido al periodista y activista bielorruso de origen polaco Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.

     

     

  • De la Espriella apuesta por la mano dura y el efectismo mediático como política de seguridad

    De la Espriella apuesta por la mano dura y el efectismo mediático como política de seguridad

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dio un giro a la política de seguridad del país con una estrategia de mano dura contra guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, marcada hasta ahora por operaciones de la Fuerza Pública, anuncios mediáticos y la divulgación constante de resultados.

    La política contrasta con la impulsada por su antecesor, Gustavo Petro, quien durante su mandato entre 2022 y 2026 intentó sin éxito cerrar el conflicto armado mediante negociaciones con distintos grupos bajo la denominada ‘Paz total’.

    De la Espriella prometió ejercer «mano de hierro» y advirtió que el Estado empleará «las armas y las leyes» para perseguir a estas estructuras.

    El mandatario también convirtió su presencia en operaciones de seguridad en parte de su estrategia pública. En un video apareció caminando entre bolsas con cadáveres de presuntos integrantes de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muertos durante un bombardeo.

    En otras imágenes apareció con chaleco antibalas y gorra policial y, antes de la deportación de un líder de una disidencia de las FARC a Estados Unidos, le dijo: «¡Bienvenido a la Patria Milagro!».

    De la Espriella publica diariamente en X balances de las operaciones realizadas por la Fuerza Pública durante la jornada anterior, con énfasis en cifras y nombres relacionados con capturas, incautaciones de drogas y decomisos de maquinaria utilizada para la minería ilegal.

    La estrategia provocó controversia por la forma en que el presidente presenta los resultados y por las preocupaciones sobre posibles vulneraciones de derechos humanos.

    La ofensiva ocurre mientras los grupos armados atraviesan un período de fortalecimiento. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sus integrantes aumentaron 23.5 % durante 2025 hasta alcanzar 27,121 miembros, mientras los ataques contra la Fuerza Pública crecieron 62 % entre 2024 y 2025 frente a los dos años anteriores.

    La muerte de un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) durante una operación militar provocó que ese grupo paramilitar impusiera un paro armado de 72 horas en Santa Marta y sus alrededores.

    «Dependiendo de la estrategia del Gobierno, vamos a tener efectos sostenibles o vamos a tener solamente efectos narrativos o simbólicos. Es clarísimo que este país necesita primero proteger a la población civil. La gente en muchos territorios del país la está pasando mal», expresó a EFE el director área Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.

    El experto reconoce que «Colombia necesitaba pasar a la ofensiva» tras el fracaso de la ‘Paz total’, pero considera necesario atacar las economías criminales y otros «nodos críticos» que sostienen a estos grupos.

    «Podemos seguir capturando, neutralizando, sometiendo a estructuras de la violencia organizada, pero si no golpeamos sus nodos críticos, no estamos realmente desestructurando las capacidades para que sigan expandiendo su poder criminal», agrega Flórez.

    Paralelamente, organizaciones sociales expresaron preocupación ante el riesgo de que la presión por presentar resultados derive en violaciones de derechos humanos, incluida la ejecución de civiles ajenos a los grupos armados, en situaciones que recuerdan los denominados falsos positivos.

    La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, indicó que su organización es consciente de que «se está produciendo un recrudecimiento de la violencia y el control por parte de los grupos armados, mientras que, al mismo tiempo, este nuevo Gobierno está optando por una guerra total, muy militarizada y centrada en la seguridad, contra los grupos armados».

    «Esto significa que la protección de los derechos humanos es extremadamente difícil, que la gente se ve básicamente acorralada y atrapada entre los grupos armados y el aparato de seguridad del Estado», subrayó.

    Callamard planteó que la seguridad estatal debe incluir no solo presencia militar, sino también «políticas públicas, educación, servicios sociales, transporte público e inversión económica».

     

  • Cuba agradece a la ONU las denuncias sobre el «duro impacto» del embargo de EE.UU.

    Cuba agradece a la ONU las denuncias sobre el «duro impacto» del embargo de EE.UU.

    El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció este viernes al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por la «labor de su oficina» al denunciar el «duro impacto en la población cubana del recrudecimiento» del embargo de Estados Unidos.

    «Sostuve encuentro con Volker Türk, a quien agradecí por la oportunidad de intercambiar sobre la realidad de Cuba y el contexto internacional actual», afirmó el ministro de Exteriores de la isla en redes sociales.

    Rodríguez se encuentra esta semana en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. El canciller señaló que durante su reunión con Türk reafirmó «el compromiso» del Gobierno cubano de «continuar garantizando el ejercicio de todos los derechos humanos por todos los cubanos».

    Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos instaron en agosto pasado a la comunidad internacional a actuar rápidamente para evitar que Cuba se convierta en una «Gaza silenciosa» como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

    Los relatores de la ONU señalaron que el bloqueo petrolero y otras medidas adoptadas por Washington agravaron la situación económica de la isla, además de provocar una grave escasez y frecuentes apagones en todo el territorio cubano.

    «Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla, que amenaza los derechos a la salud, a la vida, a la alimentación y al desarrollo», afirmaron.

    Cuba enfrenta una crisis energética desde mediados de 2024, situación que se agravó durante los últimos meses por el bloqueo de crudo de Estados Unidos impuesto desde enero y por las sanciones reforzadas desde mayo, que ahuyentan a empresas extranjeras.

    La situación también se refleja en las calles de la isla, donde la basura se acumula por la falta de equipos de recogida, mientras los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos. A esto se suma un incremento generalizado de los precios, principalmente de alimentos y medicamentos comercializados en los mercados informales.

  • Embajador nominado de EEUU elogia cambios en El Salvador y promete revisar derechos humanos

    Embajador nominado de EEUU elogia cambios en El Salvador y promete revisar derechos humanos

    Mark Abreu, nominado por el presidente Donald Trump para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en El Salvador, elogió este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado los cambios experimentados por el país en materia de seguridad y defendió la relación estratégica entre ambas naciones.

    Durante su declaración de apertura, Abreu sostuvo que la política exterior de Trump busca que las relaciones internacionales hagan a Estados Unidos más fuerte, seguro y próspero, y consideró que la alianza con El Salvador cumple con esos tres objetivos. “Nuestra relación estratégica con El Salvador cumple con los tres estándares”, aseguró.

    Abreu destacó particularmente la reducción de la violencia y atribuyó esa transformación al presidente Nayib Bukele.

    “Hace una década, era la capital mundial de los asesinatos. Hoy, El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio occidental”, afirmó Abreu, quien recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Bukele como el líder de seguridad más fuerte de la región.

    Abreu también destacó la cooperación salvadoreña contra la MS-13, Barrio 18 y otras estructuras que la administración Trump considera amenazas para sus comunidades.

    En materia económica, aseguró que, si es confirmado, buscará que los equipos de la embajada identifiquen oportunidades de inversión y adquisición para compañías estadounidenses, especialmente mediante licitaciones gubernamentales.

    «De ser confirmado, me comprometo a liderar la Misión de los Estados Unidos en El Salvador con honor y firmeza, representando fielmente la política exterior de «Estados Unidos primero» del presidente Trump. Me comprometo a trabajar en colaboración con el Congreso y nuestros aliados salvadoreños, respetando su soberanía y consolidando los avances logrados en materia de seguridad; a aprovechar este éxito y establecer un modelo que el resto de Centroamérica pueda seguir. La prosperidad que construyamos juntos atraerá aún más inversión estadounidense y generará una prosperidad duradera para ambas naciones», dijo Abreu en su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores.

    Abreu sostuvo además que la prosperidad de El Salvador puede reducir la migración hacia Estados Unidos al generar oportunidades dentro del país. También señaló que pretende trabajar con el Congreso y las autoridades salvadoreñas, respetando la soberanía nacional y consolidando los avances alcanzados en seguridad para que estos puedan servir como referencia en Centroamérica.

    Por ley, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos tiene que hacer audiencias públicas de los embajadores propuestos o nominados por el Ejecutivo estadounidense para evaluar públicamente la idoneidad, experiencia y postura política del candidato antes de decidir si se aprueba o rechaza su designación.

    Senadores cuestionan sobre derechos humanos

    Sin embargo, durante la audiencia Abreu recibió cuestionamientos de los senadores demócratas Tim Kaine, Chris Van Hollen y Jacky Rosen sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en El Salvador, la detención de la abogada Ruth López, las condiciones de los privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y la situación de los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

    Ante esas preguntas, Abreu aseguró que, de ser confirmado, tomará seriamente las denuncias contra el Gobierno salvadoreño.

    “Les aseguro que, si soy confirmado, como una cuestión de deber, tomaré muy en serio cada una de las denuncias, no solo las individuales, sino cada una de las denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte del Gobierno. Y facultaré a mi equipo para investigar fielmente todos los hechos hasta sus últimas consecuencias, de modo que podamos informar de manera segura a ustedes y al comité en el informe anual de Derechos Humanos, tal como lo exige la ley”, sostuvo Abreu.

    Sobre el Cecot, Abreu dijo estar familiarizado con los señalamientos formulados alrededor de la prisión y aseguró haber visto documentales y leído informes sobre el centro penitenciario. No obstante, sostuvo que necesitaría encontrarse en El Salvador y revisar la información junto con su equipo antes de pronunciarse sobre la validez de esas denuncias.

    “Mi compromiso con usted es darle una nueva mirada, si soy confirmado, una vez que llegue allí”, respondió Abreu ante los cuestionamientos del senador Van Hollen, un acérrimo crítico de Bukele.

    El nominado también hizo referencia al más reciente informe de derechos humanos disponible para él y reconoció que integrantes del comité cuestionan su credibilidad frente a otras evidencias independientes que sugieren la existencia de violaciones.

    Abreu se comprometió además a actuar en aquellos casos en los que se determine que existen personas detenidas injustamente. “Senador, mi compromiso con usted es que si determinamos, como una cuestión de hecho, que hay personas detenidas injustamente, facultaré a todo mi equipo para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para liberarlas y cumplir ese compromiso con nuestros ciudadanos”, respondió.

    Sobre el TPS, Abreu señaló que su definición corresponde exclusivamente al Departamento de Seguridad Nacional y a su titular, por lo que consideró que no le correspondía intervenir en esa decisión mientras permanece como nominado. Añadió que, de ser confirmado como embajador, buscará que el equipo de la misión estadounidense apoye el proceso de retorno a El Salvador y fortalezca la coordinación con las instituciones salvadoreñas.

    Ante los cuestionamientos de la senadora Rosen, Abreu reiteró su postura sobre las denuncias relacionadas con derechos humanos.

    “Me tomo extremadamente en serio todas las denuncias de abusos contra los derechos humanos en cualquier lugar. También creo que nosotros, en Estados Unidos, seguimos siendo un faro de libertad y democracia y de protección de los derechos humanos”, respondió, aunque puntualizó que los señalamientos planteados durante la audiencia continúan siendo denuncias que, a su juicio, deben ser examinadas.

    ¿Quién es Mark Abreu?

    El futuro embajador estadounidense en El Salvador, Mark Joseph Abreu, tiene acumula casi tres décadas de trayectoria en los ámbitos de inteligencia, seguridad nacional, asuntos internacionales y liderazgo estratégico, según el “Certificado de Competencia Demostrada” remitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el proceso de confirmación del funcionario.

    Según Departamento de Estado, una parte importante de su carrera transcurrió en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde ejerció como jefe de estación en varios países de América Latina.

    Abreu, de origen puertorriqueño, ha trabajado en América Latina, Europa Occidental, el norte de África, Asia Oriental y Medio Oriente, coordinando esfuerzos entre organismos de inteligencia, fuerzas militares, agencias de seguridad, empresas tecnológicas y actores del sector privado para respaldar los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

    Abreu también posee experiencia en el ámbito legislativo. Fue designado como oficial de enlace de la CIA con el Congreso y posteriormente fue Congressional Fellow en la oficina del entonces senador Marco Rubio. Además sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) y como comisionado oficial. Además, desarrolló parte de su carrera en el sector privado como consultor de gestión en la firma Booz Allen Hamilton.

     

  • Amnistía Internacional denuncia que EEUU violó derechos humanos en operaciones migratorias

    Amnistía Internacional denuncia que EEUU violó derechos humanos en operaciones migratorias

    Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos durante operaciones federales de control migratorio desarrolladas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026.

    La organización llegó a estas conclusiones después de investigar las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras instituciones federales. Para su investigación realizó 154 entrevistas y analizó más de 30 pruebas audiovisuales.

    Los hallazgos aparecen en un informe de 130 páginas titulado «Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE». AI señala discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal.

    La organización también denunció «represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».

    Posibles ejecuciones extrajudiciales
    Según AI, el sistema de detención y deportación masiva del Gobierno de Donald Trump está impulsado por «discursos falsos, xenófobos y racistas» y «teorías de supremacía blanca». La organización sostiene que las operaciones analizadas estuvieron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.

    El informe menciona como ejemplos de uso ilegítimo de fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington DC. «Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», señala el documento.

    Amnistía pide desmantelar el ICE

    En relación con las detenciones, AI asegura haber identificado un «patrón generalizado» de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para mantener a personas detenidas durante períodos prolongados, algunas en «condiciones inhumanas» y bajo «coacción», situaciones que, según la organización, pueden constituir «tortura».

    AI también documentó casos en los que detenidos no tuvieron acceso a asistencia jurídica ni contacto con sus familiares, mientras que abogados enfrentaron obstáculos para comunicarse con ellos. En algunas ocasiones, según el informe, el ICE se negó a confirmar si determinadas personas estaban bajo su custodia o a informar sobre su paradero, lo que la organización describe como «detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».

    Amnistía considera que las vulneraciones documentadas no responden únicamente a actuaciones individuales de los agentes, problemas de formación o falta de supervisión, sino a un entorno institucional «apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump». Por ello, sostiene que la «magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos» y considera «necesario» el «fundamental desmantelamiento» del ICE. La organización agregó que los operativos generaron temor entre comunidades migrantes y afectaron la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios.

  • La «impunidad» en Venezuela continúa a pesar del arresto de Nicolás Maduro, denuncia Amnistía Internacional

    La «impunidad» en Venezuela continúa a pesar del arresto de Nicolás Maduro, denuncia Amnistía Internacional

    Amnistía Internacional denunció que las políticas de represión continúan en Venezuela pese a la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en enero de este año, y advirtió que algunos señalados como responsables de violaciones de Derechos Humanos incluso fueron ascendidos dentro de las estructuras de poder.

    La representante de Amnistía Internacional para Venezuela, Clara del Campo, señaló en una entrevista con Europa Press que se han producido algunos “alivios”, entre ellos una mayor flexibilidad para los medios de comunicación y liberaciones mediante la ley de amnistía.

    Sin embargo, sostuvo que persisten las detenciones por razones políticas, las torturas y “la criminalización de miles de personas”.

    “El velo de impunidad no se ha tocado ni un poco”, advirtió.

    Del Campo afirmó que cientos de venezolanos continúan bajo arrestos arbitrarios por motivos políticos y cuestionó la falta de información oficial sobre estas personas. “No hay un registro de personas en custodia del Estado, en qué condiciones están, en qué centros de reclusión, bajo qué procesos penales (…) Hay un nivel de opacidad total”, dijo. La representante agregó que resulta difícil verificar la cantidad de afectados y destacó “la labor titánica” de organizaciones de la sociedad civil que intentan mantener registros.

    Cuestionan aplicación de ley de amnistía

    La Asamblea Nacional de Venezuela promulgó en febrero una ley de amnistía que, según datos oficiales, benefició a más de 8,000 personas, entre encarceladas y personas que estaban en libertad bajo medidas cautelares. Organizaciones de Derechos Humanos y sectores de la oposición sostienen que la mayoría corresponde al segundo grupo y que cientos todavía permanecen en prisión.

    Del Campo afirmó que Amnistía celebrará cualquier liberación o cierre de procesos, aunque aseguró que observan “un uso bastante arbitrario y discrecional de esa ley (…), que ha sido la marca del Gobierno durante tantos años”.

    La representante también denunció “opacidad” y “falta de transparencia” en estos procedimientos y aseguró que existen personas liberadas cuyos expedientes continúan abiertos.

    “La gente sigue sometida a medidas cautelares que igualmente restringen su derecho de libertad, incluso a la integridad, y enfrentan una amenaza y un temor constantes de que en cualquier momento les vuelven a detener”, explicó Del Campo, quien mencionó el caso del exalcalde Javier Oropeza, que regresó al país después de dos años de exilio creyendo que su causa había sido sobreseída.

    Delcy Rodríguez ante Naciones Unidas

    Del Campo también se refirió a la intervención prevista este miércoles de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, durante la apertura de su 81 edición en Nueva York.

    “Esperamos que por lo menos la comunidad internacional lo escuche con oídos críticos y haga una verificación y constatación detallada y minuciosa de las declaraciones que haga, porque lo más probable es que estén plagadas o de imprecisiones o abiertamente mentiras”, expuso.

    La representante consideró que algunos de los cambios adoptados por las autoridades venezolanas responden principalmente a la presión internacional y a la divulgación de información sobre la situación del país.

    “Creemos que la presión internacional influye mucho, la cantidad de información que se ha ido haciendo pública de forma exhaustiva, rigurosa y contrastable, sobre todo a través de la ONU, pero a través de la sociedad civil, permite dejar testigo al mundo de lo que pasa y da herramientas a actores, terceros estados, mecanismos multilaterales, Naciones Unidas, para exigir cambios muy concretos”, dijo.

    Sobre una eventual celebración de elecciones libres, Del Campo sostuvo que serían necesarios cambios más profundos en las estructuras del Estado y mencionó aspectos como la libertad de expresión y prensa, la participación en asuntos públicos, la libertad de asociación y reunión pacífica, la separación de poderes y la independencia del sistema judicial.

    “Quienes sostienen el poder del Gobierno venezolano y del Estado venezolano son las autoridades venezolanas y no deberíamos restarles ese poder y bajar el nivel de exigencia de lo que ellos pueden y deben hacer”, remarcó. Finalmente, destacó que parte de la sociedad venezolana continúa reclamando cambios: “No hemos visto a gente bajar las manos (…) la gente venezolana sigue exigiendo sus derechos contra viento y marea y con un nivel de resiliencia que nos genera mucha admiración”.

     

  • Denuncian en la ONU represión transnacional contra opositores y críticos nicaragüenses

    Denuncian en la ONU represión transnacional contra opositores y críticos nicaragüenses

    El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un incremento de la persecución contra opositores y críticos nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país, y pidió fortalecer los mecanismos internacionales de protección.

    “Denunciamos el incremento de la persecución en Nicaragua y fuera de sus fronteras contra defensores de derechos humanos, periodistas y toda persona considerada disidente, persecución con graves repercusiones en la vida de las víctimas”, señaló el abogado y defensor nicaragüense exiliado Juan Carlos Arce durante su intervención.

    Arce presentó como uno de los ejemplos el ataque ocurrido el 14 de septiembre en Costa Rica contra Reinaldo Picado Miranda, exintegrante de la Contra conocido como “comandante Omar”, quien recibió tres impactos de bala.

    Los atacantes no han sido identificados públicamente y organizaciones de derechos humanos han pedido investigar si el episodio está relacionado con un patrón de represión transnacional.

    “Esta persecución no se limita solo a Costa Rica. El 26 de julio en Trojes, Honduras, el exiliado nicaragüense Marvin Gámez recibió siete impactos de bala y dos impactos a su pareja. Ambos sobrevivieron”, sostuvo Arce.

    El Colectivo asegura haber documentado centenares de nicaragüenses afectados por distintas formas de persecución fuera del país.

    El defensor también mencionó la eliminación de más de 2,000 abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, entre ellos cuatro integrantes de la organización que permanecen en el exilio y continúan documentando denuncias sobre violaciones de derechos humanos.

    Arce advirtió además sobre un aumento de las desapariciones forzadas registradas por la organización desde la sesión anterior del Consejo.

    “Actualmente 23 personas se encuentran en esta condición, entre ellos indígenas mayagnas y familiares del líder indígena Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia policial”, indicó.

    El representante de la organización calificó también de “alarmante” la situación de las personas consideradas presas políticas y recordó que Nicaragua figura en la categoría de riesgo muy alto de tortura del Índice Global de Tortura 2026 de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

    Ante este escenario, Arce solicitó a la comunidad internacional adoptar medidas para proteger a las víctimas y fortalecer los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La denuncia se presentó durante el 63.º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

  • La ONU alerta sobre profundo deterioro de derechos humanos en Nicaragua

    La ONU alerta sobre profundo deterioro de derechos humanos en Nicaragua

    Ocho años después del inicio de la crisis política derivada de las protestas de 2018, la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “cada vez más preocupante” y la represión “ha alcanzado todos los sectores”, afirmó este lunes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comunicaciones recientes de expertos de la ONU también documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura y restricciones religiosas.

    El organismo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que analiza la situación de las libertades fundamentales entre junio de 2025 y junio de 2026. Una de sus principales conclusiones sostiene que “ya no existe el pluralismo político en las instituciones nacionales ni en el ámbito local”.

    La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, señaló como ejemplo que ninguna de las 185 votaciones realizadas en la Asamblea Nacional durante el período analizado registró un voto disidente.

    “Esa misma realidad se reproduce a nivel local, donde el partido gobernante controla las 153 municipalidades del país”, agregó.

    Kohonen vinculó esta situación con el silenciamiento de opositores y críticos y con modificaciones institucionales impulsadas durante los últimos años.

    “La última reforma constitucional propuesta y aprobada el 1 de septiembre profundiza esta tendencia”, advirtió, al señalar que la modificación incorpora amplias restricciones para la participación política.

    La funcionaria también denunció el cierre “prácticamente total” del espacio cívico y señaló que 56 medios de comunicación fueron cerrados y 5,539 organizaciones canceladas desde 2018 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    Los mecanismos de Naciones Unidas han documentado anteriormente el colapso del espacio cívico nicaragüense y la salida del país de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y dirigentes opositores.

    Las restricciones también alcanzan el ámbito religioso, según el informe presentado por Kohonen, que recoge incidentes de hostigamiento contra integrantes de la Iglesia católica.

    “Más de la mitad de las diócesis católicas permanecen sin obispo debido al exilio de sus titulares”, subrayó.

    Expertos de Naciones Unidas reportaron en marzo de 2026 denuncias relacionadas con discriminación contra comunidades religiosas, censura y represión de expresiones religiosas pacíficas.

    La Oficina de la ONU documentó además al menos 35 casos de detenciones arbitrarias durante los 12 meses analizados y calificó de “especialmente alarmante” el incremento de muertes de personas bajo custodia estatal.

    El informe contabilizó al menos cuatro casos entre junio de 2025 y junio de 2026, incluido el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.

    “La oficina reitera su llamamiento a Nicaragua para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, ponga fin a las prácticas de represión y reanude su cooperación con los mecanismos regionales y de Naciones Unidas en materia de derechos humanos”, concluyó Kohonen.

     

  • El 42% de las personas atendidas por la PDDH durante agosto fueron privados de libertad 

    El 42% de las personas atendidas por la PDDH durante agosto fueron privados de libertad 

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró 1,033 casos a nivel nacional durante agosto y reportó que las personas privadas de libertad representaron 42.4 % de los resultados de atención, según el balance mensual presentado por la institución.

    De acuerdo con los datos divulgados por la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, durante ese periodo ingresaron 1,033 casos a nivel nacional. La institución destacó una “significativa recepción de casos a nivel nacional”.

    El informe muestra que 42.4 % de los resultados correspondió a personas privadas de libertad, mientras que las orientaciones representaron 43.8 %. Las acciones inmediatas concentraron otro 12.3 % y los expedientes de investigación constituyeron 1.5 %.

    Como parte de su trabajo institucional, la PDDH realizó 1,178 diligencias durante agosto. Además, reportó 120 pronunciamientos firmados en expedientes, 79 acciones inmediatas finalizadas y seis atenciones psicosociales.

    La Procuraduría también desarrolló actividades de promoción de los derechos humanos mediante acciones educativas y de difusión. En educación reportó cuatro cursos y cuatro talleres, según las cifras presentadas en su balance mensual.

    En las actividades de difusión, la institución desarrolló 62 jornadas formativas, participó en 28 ferias y festivales, realizó tres conmemoraciones y ejecutó dos campañas. El reporte incorpora otras cinco actividades dentro de esta área.

    Las acciones de promoción beneficiaron a 4,169 personas durante agosto. Del total de población alcanzada, 60.2 % fueron mujeres, 38.3 % hombres y 1.5 % quedó registrado sin especificar. La PDDH también reportó la entrega de 1,003 materiales promocionales.