El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este miércoles sobre una creciente concentración del poder en el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo y en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, al presentar las conclusiones de un informe de su oficina sobre la situación del país. Türk calificó el escenario de «totalmente indefendible».
El funcionario de Naciones Unidas sostuvo que el documento «describe el secuestro casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder».
El señalamiento forma parte de las conclusiones difundidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según el informe, la concentración de poder «ha debilitado los mecanismos institucionales de control y contrapeso, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos ante las violaciones o abusos de los derechos humanos», en palabras de Türk.
Ante las conclusiones del documento, el alto comisionado austríaco instó a las autoridades de Nicaragua a liberar inmediatamente a todas las personas que, de acuerdo con Naciones Unidas, permanecen detenidas arbitrariamente.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también puso el foco en el cierre de organizaciones de la sociedad civil. Cuatro entidades fueron clausuradas durante este año, según el organismo internacional, elevando a 5,539 el número de organizaciones disueltas arbitrariamente durante los últimos ocho años.
Las restricciones también alcanzaron a medios de comunicación, de acuerdo con el informe. Las autoridades nicaragüenses ordenaron el cierre de otro medio durante los últimos 12 meses, con lo que al menos 56 fueron clausurados en un período de ocho años.
«Ya casi no queda nada que cerrar», lamentó Türk al referirse a la cantidad de organizaciones y medios que, según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dejaron de funcionar en Nicaragua durante ese período.
El organismo de la ONU tomó como referencia los ocho años transcurridos desde las protestas a gran escala registradas en Nicaragua en 2018. El nuevo informe vuelve a situar la concentración del poder político, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y las restricciones a organizaciones civiles y medios entre sus principales preocupaciones sobre el país centroamericano.
