Redacción DEM ADMIN

Etiqueta: derechos humanos

  • La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado «arbitrario» de 76 jueces en El Salvador

    La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado «arbitrario» de 76 jueces en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará la denuncia de la organización humanitaria Cristosal sobre el traslado «arbitrario» de 76 jueces que fueron removidos de sus cargos en 2021, según informó este miércoles la ONG.

    Cristosal indicó en un comunicado que la CIDH «analizará» su denuncia sobre el «cese y traslado arbitrario» de los 76 jueces en el país que gobierna Nayib Bukele.

    Los jueces fueron removidos en septiembre de 2021 «mediante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial» en una medida que «impuso jubilaciones forzosas y afectó la independencia judicial, incluso en procesos como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños», precisó la misma fuente.

    Desde la perspectiva de Cristosal, el traslado de los jueces «formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021».

    La denuncia ante la CIDH fue presentada por la organización no gubernamental en septiembre de 2021 por «la falta de debido proceso, la violación al principio de legalidad, la restricción de sus derechos políticos, la ausencia de protección judicial efectiva y la afectación» al derecho al trabajo de los jueces.

    «Como se expone en la denuncia, estas medidas respondieron a un proceso de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y a la eliminación de controles institucionales independientes, lo que debilitó gravemente el Estado de Derecho en El Salvador», recalcó la nota de prensa.

    Cristosal añadió que espera que este proceso pueda «sentar un precedente significativo para impedir que prácticas autoritarias similares se reproduzcan en otros países».

    En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.

  • Las bandas armadas perpetraron 24 masacres en el norte de Puerto Príncipe en nueve meses

    Las bandas armadas perpetraron 24 masacres en el norte de Puerto Príncipe en nueve meses

    Las bandas armadas perpetraron 24 masacres y ataques armados en el departamento de Artibonite, al norte de la capital haitiana, entre enero y septiembre de este año, algunos ejecutados de forma simultánea en varias zonas, causando enormes pérdidas humanas y materiales, además de numerosos heridos por disparos y armas blancas, según un informe publicado este sábado por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

    Decenas de personas han sido asesinadas en dicho departamento, de las cuales la RNDDH ha contabilizado 84, lo que supone una media de tres personas por episodio de violencia y una media de tres asesinadas al mes durante los primeros nueve meses del año en Artibonite, en un contexto de crisis y violencia en este empobrecido país caribeño, donde unas 4,239 personas fueron ultimadas en los primeros ocho meses de este año de acuerdo con datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

    Entre las víctimas de esta región se encuentran cuatro agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) y dos agentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS), precisó el informe de la RNDDH.

    Además, seis instituciones estatales, entre ellas tres comisarías, una subcomisaría y dos tribunales de paz, fueron vandalizadas o incendiadas.

    En 2022, las incursiones perpetradas por bandidos armados en el departamento de Artibonite fueron esporádicas, sin embargo, se intensificaron en 2025, subrayó la RNDDH, recordando que desde 2018 la población haitiana se enfrenta a una inseguridad generalizada y persistente, con consecuencias humanas y sociales desastrosas.

    Esta inseguridad, que ha devastado el departamento del Oeste, con la complicidad de las autoridades estatales y judiciales, se ha extendido a los departamentos del Centro y Artibonite, donde se ha instalado, afirmó la ONG.

    Y, con ocho ataques armados, la comuna de Petite-Rivière de l’Artibonite «es la más codiciada por los bandidos armados y, por lo tanto, su población está más expuesta a actos que atentan contra la vida y la propiedad», apuntó el informe de la RNDDH.

    «La policía del departamento, que carece de recursos humanos y materiales, se ve desbordada por la situación, a pesar del refuerzo muy relativo de su plantilla en algunas zonas con unidades especializadas», prosiguió el informe.

    Así, desde hace algún tiempo, el departamento de Artibonite, antes considerado el granero agrícola de Haití, es uno de los epicentros de la violencia armada en el país. Y, si las autoridades estatales, policiales y judiciales no hacen nada para resolver esta situación, «esta empeorará y la violencia armada seguirá extendiéndose a otros departamentos geográficos del país», advirtió el RNDDH.

    En relación con esta situación, el RNDDH exigió a las autoridades estatales que adopten medidas inmediatas para proteger a la población de Artibonite y les recomienda que proporcionen a la institución policial los recursos necesarios para recuperar el control de todo el territorio de dicho departamento.

    Asimismo, esa ONG recomienda restablecer las condiciones mínimas de seguridad en el departamento de Artibonite, con el fin de facilitar el regreso de las personas desplazadas y permitirles dedicarse a sus ocupaciones.

    A la vez, proporcionar, en función de sus necesidades médicas, financieras y psicológicas, asistencia a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los actos que atentan contra la vida y la propiedad registrados en el departamento de Artibonite entre enero y septiembre de 2025.

    Por último, exigió que se ponga a disposición de las fuerzas del orden el importe total de los gastos de inteligencia para que puedan investigar las actividades de las bandas armadas en el territorio nacional y evitar que todo el país caiga bajo el yugo de las pandillas.

  •  La líder opositora María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz por su lucha democrática en Venezuela

     La líder opositora María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz por su lucha democrática en Venezuela

    El Comité Nobel Noruego anunció este viernes que la opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su lucha por una “transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

    Durante la lectura oficial del fallo en Oslo, el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, describió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz” que “mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

    Machado, líder del movimiento democrático venezolano, fue destacada como “una de las figuras más extraordinarias de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”, según el Comité.

    También se resaltó su papel como una figura clave para unificar a una oposición históricamente fragmentada, que ha encontrado consenso en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

    El Comité Nobel subrayó que Machado “ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz” y la calificó como “símbolo de esperanza” para millones de venezolanos que continúan demandando libertades fundamentales.

    La líder opositora no ha podido participar en procesos electorales recientes debido a inhabilitaciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro. Pese a ello, ha permanecido en el país, enfrentando persecución y amenazas, lo que, según el Comité, ha incrementado su impacto e inspiración dentro y fuera de Venezuela.

    Este galardón posiciona a María Corina Machado como una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos humanos y la democracia en la región, en un contexto donde la represión, la censura y la crisis institucional continúan marcando el rumbo del país sudamericano.

     

  • EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha notificado a los abogados de Kilmar Ábrego García su intención de deportarlo a Ghana, un país de África Occidental, según reveló la cadena ABC News.

    La decisión marca un nuevo giro en el complejo caso del salvadoreño, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país debido al riesgo de persecución. Durante esa expulsión, Ábrego García fue enviado directamente al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.

    El DHS había planteado anteriormente la posibilidad de deportar a Ábrego García a Esuatini o Uganda (también en África), países con los que el salvadoreño no tiene vínculos aparentes. No obstante, el gobierno ahora planea su deportación a Ghana, de acuerdo con un aviso oficial entregado a su equipo legal.

    Los abogados del inmigrante comparecerán ante un tribunal este viernes en una audiencia probatoria, donde se espera que testigos del gobierno declaren sobre los esfuerzos realizados para deportarlo a otros países africanos.

    Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su esposa e hijos antes de ser detenido, fue señalado por la administración Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido enérgicamente negada por su familia y su defensa legal.

    En junio, tras su deportación fallida, fue repatriado a EE.UU. para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, ante los cuales se ha declarado inocente. Mientras aguardaba el juicio bajo custodia de su hermano, fue nuevamente detenido por autoridades migratorias, quienes reanudarían los esfuerzos de deportación.

    La semana pasada, un juez de inmigración rechazó una moción para reabrir su caso migratorio, lo que dejó al salvadoreño expuesto a una posible expulsión.

     

  • El presidente de Guatemala afirma que confía en la población para defender la democracia

    El presidente de Guatemala afirma que confía en la población para defender la democracia

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este lunes que confía en la población del país centroamericano para defender su democracia, como sucedió en 2023 al ser atacados los resultados electorales de dicho año por el Ministerio Público (Fiscalía).

    Arévalo de León recordó que, según datos recolectados por encuestas, uno de cada seis guatemaltecos salió a las calles en 2023 para manifestarse contra «actores político criminales» que intentaron derribar los resultados electorales.

    «El pueblo guatemalteco se movilizó de forma determinada y masiva para defender la democracia», expuso el gobernante, quien resaltó la importancia de dichas manifestaciones en una sociedad donde muchas personas consideran que no se «apoya o valora la democracia» y se busca la figura de un «caudillo».

    El presidente habló en el XV Foro Centroamericano de Donantes, un evento organizado por la Fundación Internacional de Seattle, que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala y contó con la participación de empresarios, funcionarios y diplomáticos de la región, incluida la embajadora de España en la nación centroamericana, Clara Girbau.

    Arévalo de León añadió que «estamos delante de un cambio generacional importante», ya que los manifestantes de aquel año nacieron después del conflicto armado interno que azotó Guatemala durante 36 años, entre 1960 y 1996, con más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas, la mayoría a manos del Estado, según informes internacionales.

    «Estos son jóvenes que no han vivido con el silencio del autoritarismo y no estuvieron dispuestos a ser empujados a ese abismo», recalcó.

    Arévalo de León fue electo en 2023 con un discurso anticorrupción y de manera sorpresiva después de que las encuestas lo colocaban entre el séptimo y octavo lugar de los comicios presidenciales.

    Sin embargo, la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes acusaciones de corrupción, intentó sin éxito derribar los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Arévalo de León, al argumentar un fraude que no pudo ser probado y que provocó la reacción de la población, que se manifestó durante varios meses.

  • Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.

    Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

    El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.

    La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.

    “Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.

    Demanda por agresión a un anciano recién operado

    Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.

    Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.

    Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.

    En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.

    El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.

    “Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.

    Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.

     

  • La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    Más de 16,000 personas han muerto en Haití desde 2022 como consecuencia directa de la violencia desatada por bandas criminales (pandillas), reveló este jueves el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

    Türk alertó sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad haitianos, cuya actuación estaría detrás de más de la mitad de los asesinatos registrados en lo que va de 2025, un incremento significativo respecto al año anterior.

    “La situación de los derechos humanos en Haití ha llegado a un punto crítico”, declaró el alto comisionado, tras afirmar que los abusos y violaciones se han intensificado desde marzo pasado.

    Las pandillas armadas han extendido su dominio más allá de Puerto Príncipe, abarcando regiones como Centro y Artibonito, lo que ha incrementado el tráfico de armas, drogas y personas, exacerbando la crisis de seguridad en la región. Entre las violaciones documentadas se incluyen asesinatos, secuestros, violencia sexual contra mujeres y niñas, saqueos de alimentos y destrucción de infraestructura esencial como hospitales y escuelas.

    El alto comisionado denunció que la Policía Nacional ha ejecutado sumariamente a al menos 174 personas por presuntos vínculos con las bandas, mientras que otras 500 han sido asesinadas en linchamientos o a manos de grupos de “autodefensa” formados espontáneamente. A esto se suma el uso creciente de drones explosivos por parte del gobierno, con los que han muerto al menos 559 personas —incluidos 11 niños— desde marzo.

    Türk exhortó a las autoridades haitianas a investigar estos abusos y recordó que el uso de la fuerza debe apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. También pidió a los Estados miembros de la ONU reforzar el cumplimiento del embargo de armas, ya que se estima que circulan entre 270,000 y 500,000 armas ilegales en el país.

    En medio de esta emergencia, el país enfrenta un colapso humanitario sin precedentes. Según datos de la ONU, 6 millones de personas —la mitad de la población— requieren ayuda humanitaria, entre ellas 3.3 millones de niños. Además, al menos 1.3 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares.

    Crisis sanitaria agrava el drama humanitario

    La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) también alertó sobre el aumento de víctimas civiles atendidas en sus instalaciones de Puerto Príncipe, donde casi el 40 % de la población necesita atención médica urgente. Entre el 60 % y el 80 % de los centros de salud han dejado de operar debido a ataques, saqueos, incendios o amenazas.

    MSF informó que entre enero y junio de 2025 brindaron atención a 13,300 pacientes en emergencias, trataron a 2,267 víctimas de violencia y atendieron a 2,600 sobrevivientes de violencia sexual. De esas víctimas, el 26 % eran menores de edad, cifra más del doble que en 2024.

    Uno de cada tres niños lesionados por violencia presentó heridas de bala, reveló la organización. “La población está atrapada entre los drones explosivos del Estado y la brutalidad de los grupos armados que aterrorizan barrios enteros”, advirtió la ONG en su comunicado.

    MSF también denunció que el único hospital público que sigue en funcionamiento es el Hospital Universitario La Paz, el cual opera con gran dificultad. Muchos residentes temen salir de zonas controladas por bandas para buscar atención médica, lo que ha colapsado los pocos centros que aún operan, como el hospital de traumatología de MSF en Tabarre, que ha ampliado su capacidad en un 50 %.

    La organización reportó que el 20 de septiembre atendieron a 17 personas heridas tras un ataque con drones en el barrio Cité Soleil. Entre los fallecidos había tres niños, varias mujeres y hombres que no sobrevivieron al traslado o murieron al llegar al hospital.

    “Este contexto devastador alimenta una profunda sensación de abandono. Los pocos actores humanitarios que quedan se sienten rebasados por las crecientes necesidades”, concluyó Mumuza Muhindo Musubaho, coordinador general de MSF en Haití.

     

  • Ejército de Israel intercepta flotilla humanitaria y traslada a Greta Thunberg a puerto

    Ejército de Israel intercepta flotilla humanitaria y traslada a Greta Thunberg a puerto

    El Ejército de Israel interceptó este miércoles tres embarcaciones de la flotilla humanitaria Global Sumud que se dirigían hacia la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. Entre los pasajeros se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, quien fue trasladada a un puerto israelí junto a otros tripulantes.

    El Ministerio de Exteriores israelí divulgó un video en la red social X donde se observa a un militar inspeccionando las pertenencias de Thunberg. “Greta y sus amigos están sanos y salvos”, aseguró la publicación oficial.

    Las autoridades israelíes afirmaron que “varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”, en referencia a presuntos vínculos entre la iniciativa y el grupo islamista Hamás.

    Los tres barcos detenidos hasta ahora por las fuerzas israelíes son el ‘Alma’, el ‘Adara’ y el ‘Sirius’. En este último viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a otros diez ciudadanos españoles. Todos los ocupantes serán llevados al puerto de Asdod, según informaron fuentes militares.

    La organización humanitaria denunció que sus embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua cuando se encontraban a unas 70 millas náuticas de Gaza. Además, reportaron interferencias en las comunicaciones y caídas constantes en la transmisión en directo de su recorrido.

    Hasta el momento, las autoridades israelíes no han presentado cargos formales, aunque mantienen su postura de considerar a la flotilla como una amenaza potencial vinculada a Hamás. Por su parte, los activistas insisten en el carácter pacífico y humanitario de su misión.

     

  • Nobel alternativo premia a activistas climáticos, de Birmania y Taiwán

    Nobel alternativo premia a activistas climáticos, de Birmania y Taiwán

    El denominado “Nobel alternativo” fue otorgado este miércoles a cinco figuras y organizaciones destacadas por su compromiso con causas sociales, ambientales y democráticas. El reconocimiento, entregado por la Fundación sueca Right Livelihood Award, premió a la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y al abogado guameño Julian Aguon, así como a activistas de Birmania, Taiwán y Sudán.

    PISFCC y Aguon fueron galardonados por llevar la lucha climática ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), argumentando que el cambio climático debe abordarse como una responsabilidad legal y un asunto de derechos humanos.

    La CIJ, en julio pasado, emitió una opinión consultiva que refuerza esta postura al determinar que los Estados están legalmente obligados a prevenir daños ambientales, reparar daños y proteger a generaciones presentes y futuras.

    Fundada en 2019 por 27 estudiantes de derecho de las Islas Salomón, la red PISFCC documentó testimonios de comunidades afectadas por el cambio climático. Según el jurado, “llevar estas voces de pérdida y resistencia a los pasillos del derecho internacional garantizó una resolución anclada en realidades de primera línea”.

    Julian Aguon, escritor y abogado de Guam, jugó un rol decisivo al aportar la estrategia legal que sustentó la petición presentada ante la CIJ. Su activismo también ha visibilizado la militarización de su país, denunciando la destrucción de territorios ancestrales para instalar bases estadounidenses y defendiendo el derecho a la autodeterminación.

    En Birmania, la organización Justice for Myanmar fue premiada por su trabajo encubierto en la exposición de la corrupción militar. Desde su creación en 2019, ha revelado activos ocultos, redes financieras offshore y complicidad empresarial con el régimen, destacándose por sus métodos de investigación y valentía.

    La activista taiwanesa Audrey Tang, actual ministra digital de su país, fue reconocida por su impulso al uso democrático de la tecnología. Proveniente del movimiento de código abierto, Tang fue pieza clave en el Movimiento Girasol y en la plataforma participativa vTaiwan. El jurado valoró su labor por “cerrar brechas, renovar la democracia y empoderar ciudadanos” mediante soluciones digitales.

    Por su parte, el movimiento Emergency Response Rooms de Sudán fue distinguido por su rol humanitario en medio del conflicto armado. Nacido tras la revuelta de 2019, este grupo se transformó en la principal red de ayuda mutua, ofreciendo atención médica, alimentos, educación y apoyo psicológico en 18 estados sudaneses. El jurado destacó el riesgo que enfrentan sus integrantes, varios de los cuales han sido asesinados, detenidos o torturados.

    El Right Livelihood Award, creado en 1980 por el escritor y eurodiputado sueco-alemán Jakob von Uexküll, ha reconocido a más de 200 personas y organizaciones por su labor a favor del desarrollo social, la justicia y la sostenibilidad.

     

  • Los talibanes cortan el Internet por fibra óptica en todo Afganistán

    Los talibanes cortan el Internet por fibra óptica en todo Afganistán

    Las autoridades instauradas por el régimen talibán en Afganistán han ampliado el corte del servicio de Internet por fibra óptica a nivel nacional, una medida que se suma a una serie de restricciones impuestas desde que retomaron el poder en agosto de 2021.

    La decisión se da pocos días después de que el servicio fuera bloqueado en la provincia de Balj, con el argumento de combatir la “inmoralidad” en la red.

    Además del apagón por fibra óptica, las conexiones móviles han sido degradadas a 2G, reduciendo drásticamente el acceso de la población a servicios digitales.

    Según reportes de la cadena Amu TV, todos los proveedores de telecomunicaciones en Kabul se han visto afectados, generando un colapso en las comunicaciones tanto en la capital como en otras regiones del país.

    La organización NetBlocks, especializada en el monitoreo del acceso a Internet en zonas en conflicto, confirmó que Afganistán experimenta un apagón digital generalizado.

    “Múltiples redes han sido desconectadas de manera progresiva durante la mañana. Los servicios de telefonía también se ven impactados”, señaló la entidad.

    Esta es la primera vez que el régimen talibán atenta directamente contra la infraestructura de Internet del país, más allá de los bloqueos previos a plataformas digitales.

    La medida intensifica su política de censura y control sobre la vida pública, con repercusiones graves para la población, especialmente para mujeres y niñas, quienes ya enfrentan severas restricciones a sus derechos fundamentales.