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  • La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, afirmó esta semana que en Nicaragua “se han eliminado” las garantías fundamentales de los derechos humanos mediante una serie de reformas legales, incluida una “profunda” modificación constitucional.

    En una declaración enviada a EFE tras la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua en Ginebra, Sánchez Thorin alertó que el país ha vivido desde 2024 un proceso de transformación preocupante, en el que, “reforma tras reforma, incluyendo una reforma constitucional casi completa en 2025”, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo dirigido por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    “Por medio de estas reformas, hoy se facilita que cualquier persona vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, denunció el funcionario.

    El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta entre junio de 2024 y junio de 2025 al menos 75 personas encarceladas por razones políticas, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. También se registraron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin acceso a recursos legales.

    Andrés Sánchez Thorin, representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). EFE

    El representante de OACNUDH subrayó que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se les ha negado el reingreso a su propio país”, provocando exilio forzado, apatridia y separaciones familiares.

    Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la represión del régimen de Ortega y Murillo se extiende incluso a opositores en el exilio, e instaron a otros Estados a presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

    Según los casos documentados, al menos 452 personas quedaron en condición de apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Los expertos señalaron que muchas de estas personas fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.

    Sánchez Thorin también advirtió sobre el debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, “ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o forzadas a cerrar”, muchas de ellas de carácter religioso, y sus bienes han sido confiscados.

    A esto se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político y, con ello, el derecho fundamental a participar en la vida democrática del país”.

    El funcionario lamentó la decisión de Nicaragua de marginarse del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales: “No es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos”.

    Finalmente, exhortó al gobierno de Ortega a retomar la vía del diálogo.

    “Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, concluyó Sánchez Thorin.

     

  • CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 14 de agosto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres ciudadanos guatemaltecos detenidos de forma «arbitraria» en El Salvador y luego trasladados a Estados Unidos sin seguir un procedimiento judicial legal.

    El caso, según el informe de la CIDH, afecta a Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran, quienes viajaron en septiembre de 2006 desde Guatemala hacia San Salvador para una reunión de negocios. Al llegar, fueron interceptados por unos 30 agentes de la Policía Nacional Civil, sin orden judicial y sin recibir explicación sobre su arresto.

    Según la Comisión, los agentes los llevaron a un estacionamiento donde un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) daba instrucciones. Posteriormente, los trasladaron en vehículos sin distintivos hasta un aeropuerto con apariencia de base militar, donde fueron subidos a un avión de la DEA con destino a Fort Lauderdale, Florida.

    Durante el vuelo, las víctimas fueron objeto de amenazas y malos tratos, además de haberles negado contacto con sus familias o con la Embajada de Guatemala. La CIDH sostuvo que “la entrega a la DEA no fue parte de un proceso de extradición”, ya que no existió una orden judicial ni oportunidad de defensa.

    La operación fue confirmada por documentos judiciales del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, los cuales indican que fue coordinada entre la DEA y la Policía salvadoreña. Sin embargo, el Estado salvadoreño respondió que no tiene registros policiales o judiciales de la detención. Incluso, la denuncia presentada en septiembre de 2006 por Silvia Marina Juárez de Del Cid por privación de libertad nunca recibió respuesta.

    “La Comisión Interamericana concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de circulación y residencia y protección judicial”, expone el comunicado del organismo.

    La CIDH solicitó a la Corte que se ordene al Estado salvadoreño una “reparación integral” a las víctimas, que incluya compensaciones económicas, medidas de satisfacción, y atención médica y psicológica para los afectados “de forma concertada y si así lo desean”.

  • Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Tras cumplir 100 días detenido en una cárcel migratoria de Georgia, el periodista salvadoreño Mario Guevara escribió una emotiva carta dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos, en la que reafirma su dignidad y compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.

    “Si me deportan, me voy con la frente en alto”, afirmó Guevara desde el centro de detención, asegurando que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, no cometer delitos.

    En su carta escrita a mano, el periodista lamentó haber sido tratado como delincuente durante más de tres meses.

    “He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, escribió Guevara.

    Criticó la política migratoria de EE. UU. al decir que el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.

    “Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, añadió.

    También agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.

    El arresto: transmisión en vivo de una protesta

    Guevara fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque portaba un chaleco con la palabra PRESS y se identificó ante la policía diciendo “I’m a member of the media, officer”, fue detenido.

    Los fiscales desestimaron los cargos presentados —obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública—, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia. Días después, enfrentó cargos por conducción imprudente en otro condado, que también fueron desestimados.

    Mario Guevara reside en EE. UU. desde 2004, cuando huyó de El Salvador tras ser víctima de persecución por su trabajo periodístico. Ha trabajado en medios como Mundo Hispánico y fundó el canal digital MG News. En 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente.

    Este año, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso y denegó su liberación bajo fianza, incluso cuando su defensa solicitó que el proceso regresara al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.

    “Él no tiene antecedentes criminales en 20 años y tiene buena reputación entre medios y autoridades”, explicó su abogado Giovanni Díaz. La ACLU ha presentado un habeas corpus y una moción de emergencia para frenar su expulsión, que podría ejecutarse en cualquier momento.

  • La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara pide frenar su deportación tras 100 días detenido

    La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara expresó su creciente preocupación por el prolongado encarcelamiento del comunicador, quien ya cumplió más de 100 días detenido en un centro migratorio de Estados Unidos, tras su arresto el 14 de junio.

    “Nos duele el corazón cada día que pasa lejos de nosotros”, dijo su hijo, Óscar Guevara, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a los abogados defensores, quienes advirtieron que la deportación del periodista podría ejecutarse en cualquier momento.

    Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Privacidad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que solo una orden judicial federal puede impedir su expulsión inmediata del país.

    La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió un antiguo proceso de deportación de Guevara que había sido suspendido desde 2012, tras perder un caso de asilo.

    Además, la BIA rechazó una solicitud de ajuste de estatus migratorio presentada por sus abogados, a pesar de que el periodista es padre de un ciudadano estadounidense que depende de él para recibir atención médica a largo plazo. También negó su liberación bajo fianza, lo que le impide luchar su caso en libertad.

    Críticas por sesgo político en el sistema migratorio

    Giovanni Díaz, abogado de inmigración de Guevara, expresó su sorpresa por el fallo adverso, señalando que contradice resoluciones anteriores donde se favorecía a migrantes con posibilidades reales de obtener un alivio migratorio.

    “Desafortunadamente, este caso parece resaltar otra tendencia: la BIA y los tribunales migratorios están políticamente comprometidos”, subrayó. Díaz.

    La decisión también contradice una orden previa de un juez de inmigración que había autorizado la liberación del periodista.

    Mario Guevara, quien reside en Estados Unidos desde 2004 y tiene tres hijos (dos de ellos ciudadanos estadounidenses), fue arrestado mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” en Georgia. Aunque se encontraba debidamente identificado como periodista del canal MG News, fue detenido por cargos menores.

    La abogada Kim calificó el arresto como una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En respuesta, la ACLU presentó una solicitud de habeas corpus para denunciar la ilegalidad de su detención prolongada y ha pedido una moción de emergencia para frenar su deportación a El Salvador.

     

  • OEI lanza VI edición del Premio Óscar Arnulfo Romero

    OEI lanza VI edición del Premio Óscar Arnulfo Romero

    La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) anunció este lunes la apertura de la sexta edición del Premio de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, un galardón que reconoce iniciativas en defensa y promoción de los derechos fundamentales en Iberoamérica.

    El plazo de inscripción estará disponible hasta el próximo 21 de diciembre y podrán participar proyectos procedentes de 22 países de la región. El primer lugar recibirá un reconocimiento económico de $8,000, monto que podrá ser reinvertido en la iniciativa ganadora.

    Desde su creación, el premio ha contado con más de 2,000 proyectos presentados en cinco ediciones anteriores, consolidándose como uno de los reconocimientos más emblemáticos de Iberoamérica en materia de educación en derechos humanos.

    “La OEI busca consolidar la educación en derechos humanos como herramienta fundamental para una verdadera transformación social, que contribuya a construir una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada”, señaló la organización al presentar la nueva convocatoria.

    Las entidades que desarrollen proyectos en dos o más países iberoamericanos deberán elegir únicamente uno para presentar su candidatura. Con esta nueva edición, la OEI reafirma su compromiso con el legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero, símbolo de paz y justicia social en la región.

     

     

  • Apagón total de Internet y telefonía por ofensiva israelí en Gaza

    Apagón total de Internet y telefonía por ofensiva israelí en Gaza

    La Franja de Gaza quedó incomunicada este jueves tras un apagón total de los servicios de Internet y telefonía móvil, en medio de la intensificación de los ataques por parte del Ejército de Israel, que ya ha dejado más de 65,150 muertos desde el inicio de la ofensiva militar.

    El corte total de las telecomunicaciones coincide con el avance de los carros de combate israelíes en distintas zonas del enclave palestino, especialmente después de que el miércoles se reportaran interrupciones del servicio en la ciudad de Gaza. Todo apunta a que las maniobras militares buscan el control completo de ese territorio.

    De acuerdo con reportes del Centro de Información de Palestina, miles de residentes han quedado sin posibilidad de comunicarse o saber lo que ocurre a pocos metros de sus hogares.

    “Estamos gritando en el vacío”, lamentó un ciudadano que intentaba sin éxito establecer conexión telefónica.

    Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que al menos 800,000 personas se encuentran ahora “completamente aisladas” en la ciudad de Gaza.

    El apagón coincide con la incursión de vehículos militares israelíes en barrios del noroeste de la Franja, agravando aún más la crisis humanitaria.

    Este nuevo episodio de incomunicación se suma a las ya precarias condiciones de vida de la población palestina, que enfrenta bombardeos constantes, falta de servicios básicos y desplazamientos forzados en un conflicto que no da tregua.

     

  • UNICEF denuncia que 2.2 millones de niñas tienen prohibido recibir clases en Afganistán

    UNICEF denuncia que 2.2 millones de niñas tienen prohibido recibir clases en Afganistán

    Más de 2.2 millones de niñas en Afganistán siguen sin acceso a la educación debido a las restricciones impuestas por el régimen talibán desde hace cuatro años, denunció este miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

    La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, explicó que desde que se prohibió a las adolescentes asistir a clases más allá del sexto grado, se ha profundizado una de las crisis educativas más graves del mundo, situación que se agravó tras el reciente terremoto que dejó más de 2,200 personas fallecidas.

    Russell advirtió que el número de niñas excluidas del sistema educativo podría incrementarse con el retorno de miles de afganos deportados desde países vecinos. Subrayó que las menores tienen un rol clave como futuras trabajadoras en áreas como la salud y los servicios sociales, especialmente en un contexto de segregación de género que limita la intervención de varones en tareas humanitarias.

    “Son esenciales en los esfuerzos de respuesta humanitaria, especialmente en una sociedad donde la estricta segregación de género limita la capacidad de los trabajadores hombres para atender las necesidades de mujeres y familias. Para mantener estas profesiones, y tantas otras, es imprescindible que las niñas reciban educación”, señaló Russell en el comunicado.

    La funcionaria lamentó que mientras millones de niños en el mundo regresan a clases este mes, las niñas afganas continúan privadas de ese derecho básico. “Es una de las injusticias más graves de nuestro tiempo”, recalcó.

    UNICEF alertó que la exclusión educativa también genera consecuencias emocionales y sociales como el aumento de los matrimonios forzados, problemas de salud mental y altas tasas de natalidad.

    Russell instó al régimen talibán a revertir esta medida “devastadora” y permitir que las niñas vuelvan a la escuela.

     

     

  • Unos 60 mil presos sufren trabajos forzados en cárceles cubanas, denuncia ONG

    Unos 60 mil presos sufren trabajos forzados en cárceles cubanas, denuncia ONG

    Al menos 60,000 personas privadas de libertad en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria estimada, son obligadas a realizar trabajos forzados sin salario o con pagos simbólicos, en condiciones consideradas “inhumanas y explotadoras”, denunció este lunes la organización Prisoners Defenders en un nuevo informe.

    El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, de 42 páginas, está basado en 53 entrevistas estandarizadas a exreclusos y 60 testimonios adicionales, verificados mediante fuentes documentales externas. La ONG afirma que los reos, incluidos presos comunes y políticos, laboran bajo “condiciones de esclavitud”, violando todas las normas internacionales sobre derechos laborales.

    El reporte indica que los prisioneros trabajan en promedio 63 horas semanales en la producción de carbón vegetal de marabú, la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y la construcción. La mayoría aseguró no tener herramientas ni protección, ni acceso a descansos adecuados, lo que ha provocado daños físicos y mentales.

    Todos los entrevistados dijeron haber sido obligados a trabajar mediante amenazas, violencia física o represalias, incluso cuando padecían enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes. La investigación también subraya que mujeres y afrodescendientes son desproporcionadamente afectados por esta práctica, y enfrentan discriminación agravada y violencia, incluida la sexual.

    Exportaciones a Europa bajo sospecha

    Una parte significativa del producto del trabajo forzado en cárceles cubanas es exportado, según la ONG. Solo en 2023, Cuba exportó $61.8 millones en carbón vegetal de marabú, lo que lo convirtió en el sexto producto más exportado por la isla y posicionó al país como el noveno mayor productor mundial de este insumo.

    España encabeza la lista de países europeos que importan el carbón cubano, seguida de Portugal, Grecia, Italia y Turquía. Parte de este producto también llega a Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Según el informe, por cada saco de 15 kilos vendido en España, un reo cubano recibe menos de un centavo de dólar, mientras que los distribuidores en Europa ganan más de $21 y el gobierno cubano cerca de $8.

    Prisoners Defenders calificó como “desmedido ánimo de lucro” las motivaciones del gobierno cubano y las empresas europeas implicadas. Además, pidió a la Unión Europea actuar con “diligencia debida” y prohibir la comercialización de productos elaborados en condiciones de esclavitud.

    El informe también denuncia que al menos un 7.5 % de los puros cubanos, incluidos los de marcas reconocidas como Cohiba, son elaborados por presos bajo coerción, y también se exportan a distintos mercados del mundo.

     

  • Velan en una universidad de Guatemala al sacerdote José María Tojeira

    Velan en una universidad de Guatemala al sacerdote José María Tojeira

    El sacerdote jesuita José María Tojeira, referente en la búsqueda de justicia por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en El Salvador, fue velado este lunes en Ciudad de Guatemala, tres días después de su fallecimiento a los 78 años por un paro cardíaco.

    La Universidad Rafael Landívar, casa de estudios jesuita en Guatemala, acogió la velación y una misa en su honor, con la presencia de más de 200 personas, entre ellas autoridades académicas, miembros de la Compañía de Jesús y representantes diplomáticos.

    “Tenemos que rendirle el homenaje que se merece por todo el trabajo que ha realizado para Centroamérica”, expresó la embajadora de España en Guatemala, Clara Girbau Ronda, al destacar el compromiso del sacerdote con las causas sociales de la región. La diplomática lo describió como un trabajador “incansable desde finales de los años sesenta” y con un profundo amor por Centroamérica.

    Tojeira, nacido en Vigo, España, en 1947, fue naturalizado salvadoreño y tuvo un papel crucial en la denuncia internacional contra los responsables de la masacre cometida por el Ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). En aquel ataque, perpetrado por el Batallón Atlacatl, fueron asesinados cinco jesuitas españoles, un salvadoreño, su colaboradora Elba Ramos y su hija Celina.

    El sacerdote residía cerca del lugar de la masacre y fue uno de los primeros en llegar a la escena, acompañando a testigos y dando seguimiento al caso que más tarde se convertiría en una de las denuncias más emblemáticas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño.

    José María Tojeira llegó a Centroamérica en 1969 para trabajar en Honduras, y en 1985 fue enviado a El Salvador, en plena guerra civil (1980-1992). En 1988 fue nombrado provincial de los jesuitas en Centroamérica, consolidando su liderazgo como voz crítica frente a los abusos de poder en la región.

    Su legado abarca décadas de trabajo pastoral, académico y de denuncia contra la impunidad, así como su rol como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y como rector de la misma universidad.

    Según informaron fuentes jesuitas, el cuerpo del sacerdote será trasladado este martes a El Salvador, donde será velado en la parroquia que dirigía y sepultado en el campus de la UCA, junto a otros mártires de la Compañía de Jesús.

     

  • Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    Fespad anuncia su cierre de operaciones en El Salvador por Ley de Agentes Extranjeros

    La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció este viernes el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

    «Hoy, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil en una encrucijada ineludible: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien buscar alternativas que le permitan conservar su identidad y propósitos», señaló Fespad.

    La organización, que nació en 1988 con el objetivo de prestar servicios profesionales de derecho a personas vulnerables, aseveró que con esta nueva LAEX se genera inseguridad jurídica porque establece un régimen ambiguo y discrecional para aplicar prohibiciones a personas naturales o jurídicas, y que vuelve «insostenible financieramente» cualquier institución por el pago del impuesto del 30% de las donaciones.

    En tercer lugar, señala que impide cumplir libremente con la finalidad y misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos y que la normativa «constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos».

    «Ante esa realidad, como Fespad hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal», anunció la fundación.

    Agregó que «pretender seguir operando» bajo las reglas que establece la Ley de Agentes Extranjeros «implicaría abandonar» la finalidad de «correcta aplicación del derecho» y de «contribuir al desarrollo de una convivencia social, justa y democrática».

    La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio de 2025. A partir de esa fecha, establece un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Obliga a estos «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles, además, un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros que reciba, además que restringe expresamente su participación en actividades consideradas “políticas”.

    La Ley de Agentes Extranjeros es vista por organizaciones locales e internacionales como una amenaza a las libertades fundamentales y la democracia en El Salvador, y es visto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como una forma de «proteger la cooperación».