Etiqueta: derechos humanos

  • EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha notificado a los abogados de Kilmar Ábrego García su intención de deportarlo a Ghana, un país de África Occidental, según reveló la cadena ABC News.

    La decisión marca un nuevo giro en el complejo caso del salvadoreño, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país debido al riesgo de persecución. Durante esa expulsión, Ábrego García fue enviado directamente al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.

    El DHS había planteado anteriormente la posibilidad de deportar a Ábrego García a Esuatini o Uganda (también en África), países con los que el salvadoreño no tiene vínculos aparentes. No obstante, el gobierno ahora planea su deportación a Ghana, de acuerdo con un aviso oficial entregado a su equipo legal.

    Los abogados del inmigrante comparecerán ante un tribunal este viernes en una audiencia probatoria, donde se espera que testigos del gobierno declaren sobre los esfuerzos realizados para deportarlo a otros países africanos.

    Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su esposa e hijos antes de ser detenido, fue señalado por la administración Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido enérgicamente negada por su familia y su defensa legal.

    En junio, tras su deportación fallida, fue repatriado a EE.UU. para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, ante los cuales se ha declarado inocente. Mientras aguardaba el juicio bajo custodia de su hermano, fue nuevamente detenido por autoridades migratorias, quienes reanudarían los esfuerzos de deportación.

    La semana pasada, un juez de inmigración rechazó una moción para reabrir su caso migratorio, lo que dejó al salvadoreño expuesto a una posible expulsión.

     

  • El presidente de Guatemala afirma que confía en la población para defender la democracia

    El presidente de Guatemala afirma que confía en la población para defender la democracia

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este lunes que confía en la población del país centroamericano para defender su democracia, como sucedió en 2023 al ser atacados los resultados electorales de dicho año por el Ministerio Público (Fiscalía).

    Arévalo de León recordó que, según datos recolectados por encuestas, uno de cada seis guatemaltecos salió a las calles en 2023 para manifestarse contra «actores político criminales» que intentaron derribar los resultados electorales.

    «El pueblo guatemalteco se movilizó de forma determinada y masiva para defender la democracia», expuso el gobernante, quien resaltó la importancia de dichas manifestaciones en una sociedad donde muchas personas consideran que no se «apoya o valora la democracia» y se busca la figura de un «caudillo».

    El presidente habló en el XV Foro Centroamericano de Donantes, un evento organizado por la Fundación Internacional de Seattle, que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala y contó con la participación de empresarios, funcionarios y diplomáticos de la región, incluida la embajadora de España en la nación centroamericana, Clara Girbau.

    Arévalo de León añadió que «estamos delante de un cambio generacional importante», ya que los manifestantes de aquel año nacieron después del conflicto armado interno que azotó Guatemala durante 36 años, entre 1960 y 1996, con más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas, la mayoría a manos del Estado, según informes internacionales.

    «Estos son jóvenes que no han vivido con el silencio del autoritarismo y no estuvieron dispuestos a ser empujados a ese abismo», recalcó.

    Arévalo de León fue electo en 2023 con un discurso anticorrupción y de manera sorpresiva después de que las encuestas lo colocaban entre el séptimo y octavo lugar de los comicios presidenciales.

    Sin embargo, la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes acusaciones de corrupción, intentó sin éxito derribar los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Arévalo de León, al argumentar un fraude que no pudo ser probado y que provocó la reacción de la población, que se manifestó durante varios meses.

  • Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.

    Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

    El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.

    La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.

    “Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.

    Demanda por agresión a un anciano recién operado

    Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.

    Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.

    Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.

    En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.

    El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.

    “Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.

    Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.

     

  • La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    La violencia de las pandillas deja más de 16,000 muertos en Haití desde 2022, alerta la ONU

    Más de 16,000 personas han muerto en Haití desde 2022 como consecuencia directa de la violencia desatada por bandas criminales (pandillas), reveló este jueves el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

    Türk alertó sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad haitianos, cuya actuación estaría detrás de más de la mitad de los asesinatos registrados en lo que va de 2025, un incremento significativo respecto al año anterior.

    “La situación de los derechos humanos en Haití ha llegado a un punto crítico”, declaró el alto comisionado, tras afirmar que los abusos y violaciones se han intensificado desde marzo pasado.

    Las pandillas armadas han extendido su dominio más allá de Puerto Príncipe, abarcando regiones como Centro y Artibonito, lo que ha incrementado el tráfico de armas, drogas y personas, exacerbando la crisis de seguridad en la región. Entre las violaciones documentadas se incluyen asesinatos, secuestros, violencia sexual contra mujeres y niñas, saqueos de alimentos y destrucción de infraestructura esencial como hospitales y escuelas.

    El alto comisionado denunció que la Policía Nacional ha ejecutado sumariamente a al menos 174 personas por presuntos vínculos con las bandas, mientras que otras 500 han sido asesinadas en linchamientos o a manos de grupos de “autodefensa” formados espontáneamente. A esto se suma el uso creciente de drones explosivos por parte del gobierno, con los que han muerto al menos 559 personas —incluidos 11 niños— desde marzo.

    Türk exhortó a las autoridades haitianas a investigar estos abusos y recordó que el uso de la fuerza debe apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. También pidió a los Estados miembros de la ONU reforzar el cumplimiento del embargo de armas, ya que se estima que circulan entre 270,000 y 500,000 armas ilegales en el país.

    En medio de esta emergencia, el país enfrenta un colapso humanitario sin precedentes. Según datos de la ONU, 6 millones de personas —la mitad de la población— requieren ayuda humanitaria, entre ellas 3.3 millones de niños. Además, al menos 1.3 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares.

    Crisis sanitaria agrava el drama humanitario

    La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) también alertó sobre el aumento de víctimas civiles atendidas en sus instalaciones de Puerto Príncipe, donde casi el 40 % de la población necesita atención médica urgente. Entre el 60 % y el 80 % de los centros de salud han dejado de operar debido a ataques, saqueos, incendios o amenazas.

    MSF informó que entre enero y junio de 2025 brindaron atención a 13,300 pacientes en emergencias, trataron a 2,267 víctimas de violencia y atendieron a 2,600 sobrevivientes de violencia sexual. De esas víctimas, el 26 % eran menores de edad, cifra más del doble que en 2024.

    Uno de cada tres niños lesionados por violencia presentó heridas de bala, reveló la organización. “La población está atrapada entre los drones explosivos del Estado y la brutalidad de los grupos armados que aterrorizan barrios enteros”, advirtió la ONG en su comunicado.

    MSF también denunció que el único hospital público que sigue en funcionamiento es el Hospital Universitario La Paz, el cual opera con gran dificultad. Muchos residentes temen salir de zonas controladas por bandas para buscar atención médica, lo que ha colapsado los pocos centros que aún operan, como el hospital de traumatología de MSF en Tabarre, que ha ampliado su capacidad en un 50 %.

    La organización reportó que el 20 de septiembre atendieron a 17 personas heridas tras un ataque con drones en el barrio Cité Soleil. Entre los fallecidos había tres niños, varias mujeres y hombres que no sobrevivieron al traslado o murieron al llegar al hospital.

    “Este contexto devastador alimenta una profunda sensación de abandono. Los pocos actores humanitarios que quedan se sienten rebasados por las crecientes necesidades”, concluyó Mumuza Muhindo Musubaho, coordinador general de MSF en Haití.

     

  • Ejército de Israel intercepta flotilla humanitaria y traslada a Greta Thunberg a puerto

    Ejército de Israel intercepta flotilla humanitaria y traslada a Greta Thunberg a puerto

    El Ejército de Israel interceptó este miércoles tres embarcaciones de la flotilla humanitaria Global Sumud que se dirigían hacia la Franja de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. Entre los pasajeros se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, quien fue trasladada a un puerto israelí junto a otros tripulantes.

    El Ministerio de Exteriores israelí divulgó un video en la red social X donde se observa a un militar inspeccionando las pertenencias de Thunberg. “Greta y sus amigos están sanos y salvos”, aseguró la publicación oficial.

    Las autoridades israelíes afirmaron que “varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí”, en referencia a presuntos vínculos entre la iniciativa y el grupo islamista Hamás.

    Los tres barcos detenidos hasta ahora por las fuerzas israelíes son el ‘Alma’, el ‘Adara’ y el ‘Sirius’. En este último viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a otros diez ciudadanos españoles. Todos los ocupantes serán llevados al puerto de Asdod, según informaron fuentes militares.

    La organización humanitaria denunció que sus embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua cuando se encontraban a unas 70 millas náuticas de Gaza. Además, reportaron interferencias en las comunicaciones y caídas constantes en la transmisión en directo de su recorrido.

    Hasta el momento, las autoridades israelíes no han presentado cargos formales, aunque mantienen su postura de considerar a la flotilla como una amenaza potencial vinculada a Hamás. Por su parte, los activistas insisten en el carácter pacífico y humanitario de su misión.

     

  • Nobel alternativo premia a activistas climáticos, de Birmania y Taiwán

    Nobel alternativo premia a activistas climáticos, de Birmania y Taiwán

    El denominado “Nobel alternativo” fue otorgado este miércoles a cinco figuras y organizaciones destacadas por su compromiso con causas sociales, ambientales y democráticas. El reconocimiento, entregado por la Fundación sueca Right Livelihood Award, premió a la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y al abogado guameño Julian Aguon, así como a activistas de Birmania, Taiwán y Sudán.

    PISFCC y Aguon fueron galardonados por llevar la lucha climática ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), argumentando que el cambio climático debe abordarse como una responsabilidad legal y un asunto de derechos humanos.

    La CIJ, en julio pasado, emitió una opinión consultiva que refuerza esta postura al determinar que los Estados están legalmente obligados a prevenir daños ambientales, reparar daños y proteger a generaciones presentes y futuras.

    Fundada en 2019 por 27 estudiantes de derecho de las Islas Salomón, la red PISFCC documentó testimonios de comunidades afectadas por el cambio climático. Según el jurado, “llevar estas voces de pérdida y resistencia a los pasillos del derecho internacional garantizó una resolución anclada en realidades de primera línea”.

    Julian Aguon, escritor y abogado de Guam, jugó un rol decisivo al aportar la estrategia legal que sustentó la petición presentada ante la CIJ. Su activismo también ha visibilizado la militarización de su país, denunciando la destrucción de territorios ancestrales para instalar bases estadounidenses y defendiendo el derecho a la autodeterminación.

    En Birmania, la organización Justice for Myanmar fue premiada por su trabajo encubierto en la exposición de la corrupción militar. Desde su creación en 2019, ha revelado activos ocultos, redes financieras offshore y complicidad empresarial con el régimen, destacándose por sus métodos de investigación y valentía.

    La activista taiwanesa Audrey Tang, actual ministra digital de su país, fue reconocida por su impulso al uso democrático de la tecnología. Proveniente del movimiento de código abierto, Tang fue pieza clave en el Movimiento Girasol y en la plataforma participativa vTaiwan. El jurado valoró su labor por “cerrar brechas, renovar la democracia y empoderar ciudadanos” mediante soluciones digitales.

    Por su parte, el movimiento Emergency Response Rooms de Sudán fue distinguido por su rol humanitario en medio del conflicto armado. Nacido tras la revuelta de 2019, este grupo se transformó en la principal red de ayuda mutua, ofreciendo atención médica, alimentos, educación y apoyo psicológico en 18 estados sudaneses. El jurado destacó el riesgo que enfrentan sus integrantes, varios de los cuales han sido asesinados, detenidos o torturados.

    El Right Livelihood Award, creado en 1980 por el escritor y eurodiputado sueco-alemán Jakob von Uexküll, ha reconocido a más de 200 personas y organizaciones por su labor a favor del desarrollo social, la justicia y la sostenibilidad.

     

  • Los talibanes cortan el Internet por fibra óptica en todo Afganistán

    Los talibanes cortan el Internet por fibra óptica en todo Afganistán

    Las autoridades instauradas por el régimen talibán en Afganistán han ampliado el corte del servicio de Internet por fibra óptica a nivel nacional, una medida que se suma a una serie de restricciones impuestas desde que retomaron el poder en agosto de 2021.

    La decisión se da pocos días después de que el servicio fuera bloqueado en la provincia de Balj, con el argumento de combatir la “inmoralidad” en la red.

    Además del apagón por fibra óptica, las conexiones móviles han sido degradadas a 2G, reduciendo drásticamente el acceso de la población a servicios digitales.

    Según reportes de la cadena Amu TV, todos los proveedores de telecomunicaciones en Kabul se han visto afectados, generando un colapso en las comunicaciones tanto en la capital como en otras regiones del país.

    La organización NetBlocks, especializada en el monitoreo del acceso a Internet en zonas en conflicto, confirmó que Afganistán experimenta un apagón digital generalizado.

    “Múltiples redes han sido desconectadas de manera progresiva durante la mañana. Los servicios de telefonía también se ven impactados”, señaló la entidad.

    Esta es la primera vez que el régimen talibán atenta directamente contra la infraestructura de Internet del país, más allá de los bloqueos previos a plataformas digitales.

    La medida intensifica su política de censura y control sobre la vida pública, con repercusiones graves para la población, especialmente para mujeres y niñas, quienes ya enfrentan severas restricciones a sus derechos fundamentales.

     

  • La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, afirmó esta semana que en Nicaragua “se han eliminado” las garantías fundamentales de los derechos humanos mediante una serie de reformas legales, incluida una “profunda” modificación constitucional.

    En una declaración enviada a EFE tras la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua en Ginebra, Sánchez Thorin alertó que el país ha vivido desde 2024 un proceso de transformación preocupante, en el que, “reforma tras reforma, incluyendo una reforma constitucional casi completa en 2025”, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo dirigido por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    “Por medio de estas reformas, hoy se facilita que cualquier persona vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, denunció el funcionario.

    El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta entre junio de 2024 y junio de 2025 al menos 75 personas encarceladas por razones políticas, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. También se registraron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin acceso a recursos legales.

    Andrés Sánchez Thorin, representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). EFE

    El representante de OACNUDH subrayó que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se les ha negado el reingreso a su propio país”, provocando exilio forzado, apatridia y separaciones familiares.

    Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la represión del régimen de Ortega y Murillo se extiende incluso a opositores en el exilio, e instaron a otros Estados a presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

    Según los casos documentados, al menos 452 personas quedaron en condición de apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Los expertos señalaron que muchas de estas personas fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.

    Sánchez Thorin también advirtió sobre el debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, “ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o forzadas a cerrar”, muchas de ellas de carácter religioso, y sus bienes han sido confiscados.

    A esto se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político y, con ello, el derecho fundamental a participar en la vida democrática del país”.

    El funcionario lamentó la decisión de Nicaragua de marginarse del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales: “No es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos”.

    Finalmente, exhortó al gobierno de Ortega a retomar la vía del diálogo.

    “Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, concluyó Sánchez Thorin.

     

  • CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 14 de agosto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres ciudadanos guatemaltecos detenidos de forma «arbitraria» en El Salvador y luego trasladados a Estados Unidos sin seguir un procedimiento judicial legal.

    El caso, según el informe de la CIDH, afecta a Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran, quienes viajaron en septiembre de 2006 desde Guatemala hacia San Salvador para una reunión de negocios. Al llegar, fueron interceptados por unos 30 agentes de la Policía Nacional Civil, sin orden judicial y sin recibir explicación sobre su arresto.

    Según la Comisión, los agentes los llevaron a un estacionamiento donde un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) daba instrucciones. Posteriormente, los trasladaron en vehículos sin distintivos hasta un aeropuerto con apariencia de base militar, donde fueron subidos a un avión de la DEA con destino a Fort Lauderdale, Florida.

    Durante el vuelo, las víctimas fueron objeto de amenazas y malos tratos, además de haberles negado contacto con sus familias o con la Embajada de Guatemala. La CIDH sostuvo que “la entrega a la DEA no fue parte de un proceso de extradición”, ya que no existió una orden judicial ni oportunidad de defensa.

    La operación fue confirmada por documentos judiciales del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, los cuales indican que fue coordinada entre la DEA y la Policía salvadoreña. Sin embargo, el Estado salvadoreño respondió que no tiene registros policiales o judiciales de la detención. Incluso, la denuncia presentada en septiembre de 2006 por Silvia Marina Juárez de Del Cid por privación de libertad nunca recibió respuesta.

    “La Comisión Interamericana concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de circulación y residencia y protección judicial”, expone el comunicado del organismo.

    La CIDH solicitó a la Corte que se ordene al Estado salvadoreño una “reparación integral” a las víctimas, que incluya compensaciones económicas, medidas de satisfacción, y atención médica y psicológica para los afectados “de forma concertada y si así lo desean”.

  • Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Periodista Mario Guevara tras 100 días detenido en EEUU: “Si me deportan, me voy con la frente en alto”

    Tras cumplir 100 días detenido en una cárcel migratoria de Georgia, el periodista salvadoreño Mario Guevara escribió una emotiva carta dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos, en la que reafirma su dignidad y compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.

    “Si me deportan, me voy con la frente en alto”, afirmó Guevara desde el centro de detención, asegurando que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, no cometer delitos.

    En su carta escrita a mano, el periodista lamentó haber sido tratado como delincuente durante más de tres meses.

    “He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, escribió Guevara.

    Criticó la política migratoria de EE. UU. al decir que el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.

    “Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, añadió.

    También agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.

    El arresto: transmisión en vivo de una protesta

    Guevara fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque portaba un chaleco con la palabra PRESS y se identificó ante la policía diciendo “I’m a member of the media, officer”, fue detenido.

    Los fiscales desestimaron los cargos presentados —obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública—, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia. Días después, enfrentó cargos por conducción imprudente en otro condado, que también fueron desestimados.

    Mario Guevara reside en EE. UU. desde 2004, cuando huyó de El Salvador tras ser víctima de persecución por su trabajo periodístico. Ha trabajado en medios como Mundo Hispánico y fundó el canal digital MG News. En 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente.

    Este año, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso y denegó su liberación bajo fianza, incluso cuando su defensa solicitó que el proceso regresara al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.

    “Él no tiene antecedentes criminales en 20 años y tiene buena reputación entre medios y autoridades”, explicó su abogado Giovanni Díaz. La ACLU ha presentado un habeas corpus y una moción de emergencia para frenar su expulsión, que podría ejecutarse en cualquier momento.