Etiqueta: desaparecidos

  • Venezuela convoca a realización de pruebas de ADN para identificar a fallecidos del sismo

    Venezuela convoca a realización de pruebas de ADN para identificar a fallecidos del sismo

    El Gobierno de Venezuela convocó este martes a los familiares de personas fallecidas en el doble terremoto del pasado 24 de junio a realizarse pruebas voluntarias de ADN con el fin de identificar los cuerpos que permanecen sin reconocer en distintas morgues del país.

    La convocatoria está dirigida a quienes sospechen que sus familiares se encuentran en las morgues del estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos, o en la sede de Bello Monte, en Caracas, informó el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), junto con el Ministerio de Interior.

    Según el comunicado oficial, el objetivo de las pruebas es «lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias».

    Las autoridades indicaron que los familiares deberán acudir a la sede del Senamecf en Bello Monte, Caracas, de lunes a sábado, entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde, para someterse al procedimiento de identificación genética.

    El más reciente balance oficial señala que el doble terremoto, de magnitudes 7.2 y 7.5, dejó al menos 5,278 fallecidos, además de 16,740 personas heridas y 17,907 ciudadanos que perdieron sus viviendas. Asimismo, las autoridades reportaron daños en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron por completo.

    Hasta ahora, el Gobierno venezolano no ha divulgado una cifra oficial de desaparecidos. Sin embargo, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para registrar reportes de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, contabiliza 29,500 casos.

    Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó en junio que había recibido reportes sin confirmar que estimaban hasta 50,000 personas desaparecidas como consecuencia de los terremotos.

    A principios de este mes, testigos informaron que varias víctimas no identificadas fueron sepultadas en fosas comunes abiertas recientemente en un cementerio municipal del estado La Guaira, mientras continúan las labores de identificación y recuperación de cuerpos.

  • Los venezolanos no abandonan la búsqueda entre los escombros de desaparecidos en el terremoto

    Los venezolanos no abandonan la búsqueda entre los escombros de desaparecidos en el terremoto

    Once días después de los devastadores terremotos que sacudieron el estado venezolano de La Guaira, familiares y voluntarios continúan removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar a las personas que permanecen desaparecidas bajo los edificios colapsados, mientras la presencia de rescatistas internacionales disminuye progresivamente.

    «Mijita, ¿dónde estás? No te veo», grita Marco Contreras frente al acceso de un estacionamiento subterráneo que apenas pudo ser despejado. Desde ese lugar busca a su hermana, quien vivía sola junto a su mascota en la primera planta de un edificio que quedó completamente destruido por los sismos.

    En otro de los inmuebles afectados, José Riva y un grupo de mineros colaboran en la remoción de escombros utilizando maquinaria trasladada desde zonas mineras del país. El equipo logró abrir el acceso al estacionamiento y recuperar diez cuerpos, aunque, según les informaron, al menos 25 personas habrían quedado atrapadas en esa estructura.

    Los familiares de las víctimas insisten en que la principal necesidad ahora es contar con más maquinaria pesada para acelerar las labores de rescate. Durante los primeros días, equipos internacionales utilizaron tecnología especializada para localizar sobrevivientes, pero con el paso del tiempo la operación se ha concentrado en remover enormes cantidades de concreto y metal.

    Las autoridades venezolanas informaron que los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, dejaron hasta el momento 3,342 fallecidos y provocaron el colapso de 190 edificios. Además, estiman que solo en la localidad de Caraballeda se generaron cerca de 1.25 millones de toneladas de escombros.

    Carlos García, operador de maquinaria pesada, llegó a la zona un día después de la tragedia y desde entonces trabaja con excavadoras para abrir paso entre los restos de los edificios. «Voy poco a poco y así sacamos los cuerpos; ya llevo 8 y ahí vamos», relató mientras continúa las labores con extrema precaución ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

    En Playa Grande, otro de los sectores más golpeados por el desastre, el militar Arcángel Orojoite aprovecha un permiso de servicio para colaborar como voluntario en un edificio de 12 niveles que colapsó completamente. «El impacto psicológico es fuerte porque estamos hablando de que sacamos diez cuerpos diarios, once, y es fuerte, pero aquí entre todos nos hemos ayudado», expresó.

    Los equipos de rescate calculan que unas 120 personas permanecen bajo los escombros de esa torre. Mientras excavadoras y grúas continúan retirando toneladas de concreto, familiares y voluntarios mantienen la esperanza de recuperar a sus seres queridos, convencidos de que las labores no terminarán hasta revisar cada rincón de los edificios destruidos.

     

     

  •  Más de 68,000 personas siguen desaparecidas tras terremotos en Venezuela

     Más de 68,000 personas siguen desaparecidas tras terremotos en Venezuela

    Las autoridades venezolanas informaron este domingo que más de 68,000 personas permanecen desaparecidas tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país el pasado miércoles, una tragedia que ya es considerada la peor catástrofe natural en la historia reciente de Venezuela.

    El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó que el número de fallecidos aumentó a 1,450 personas, luego de las labores de recuperación realizadas durante los últimos días.

    «En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1,450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia», expresó Rodríguez durante un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Los dos sismos consecutivos provocaron el colapso de edificios, graves daños en infraestructura y dejaron, además, 3,238 personas lesionadas. Entre las víctimas mortales se encuentran nueve ciudadanos españoles, según los reportes oficiales.

    Las operaciones de búsqueda y rescate continúan con apoyo internacional. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que 24 países han enviado asistencia humanitaria, incluidos 2,741 rescatistas, 86 unidades caninas especializadas y 521 toneladas de suministros para atender la emergencia. Paralelamente, miles de voluntarios y familiares de desaparecidos continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

    Las imágenes difundidas en redes sociales muestran dramáticos rescates de personas atrapadas bajo edificios colapsados, incluidos niños y bebés. No obstante, especialistas recuerdan que las primeras 72 horas después de un terremoto representan el período con mayores probabilidades de encontrar sobrevivientes con vida, una ventana que ya fue superada.

    La tragedia también movilizó a la comunidad internacional.

    Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que los daños físicos directos ocasionados por los terremotos ascienden a aproximadamente $6,700 millones, una cifra que refleja la magnitud del desastre y anticipa los enormes desafíos que enfrentará Venezuela durante el proceso de reconstrucción.

     

  • El Mundial empezó en México entre protestas y reclamos sociales

    El Mundial empezó en México entre protestas y reclamos sociales

    La Copa Mundial de 2026 inició ayer en México en medio de una intensa expectativa deportiva, pero también acompañada de diversas tensiones sociales que han encontrado en el torneo una oportunidad para proyectar sus reclamos ante la comunidad internacional.

    Mientras miles de aficionados se preparaban para asistir al partido inaugural en el Estadio Azteca, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y grupos de víctimas desarrollaban actividades para llamar la atención sobre problemáticas que consideran pendientes en el país.

    La capital mexicana ha experimentado una transformación visible con motivo del Mundial. Zonas para aficionados, conciertos, actividades culturales y espacios recreativos vinculados al torneo han extendido el ambiente futbolístico más allá de los estadios y plazas tradicionales.

    Sin embargo, el entusiasmo deportivo convive con una creciente agenda de movilizaciones sociales. Diversos sectores han organizado protestas para aprovechar la presencia de medios internacionales y visitantes extranjeros durante el desarrollo del campeonato.

    Entre los grupos más activos se encuentra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes mantienen desde finales de mayo un plantón en el centro de Ciudad de México para exigir mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y modificaciones en diversas políticas educativas.

    Los maestro protagonizaron nuevas acciones durante la jornada inaugural y buscaron acercar sus manifestaciones a las inmediaciones del Estadio Azteca para aumentar la visibilidad de sus demandas.

    Otro de los temas que ha cobrado protagonismo es la crisis de desapariciones que enfrenta México. Colectivos de familiares de personas desaparecidas han impulsado actividades para sensibilizar a la opinión pública internacional sobre una problemática que supera los 133,000 casos registrados en el país.

    Las acciones incluyen concentraciones, exhibición de fotografías, distribución de fichas de búsqueda y actos simbólicos cerca de la sede mundialista. Entre los participantes figuran familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente mexicana.

    A estas demandas se suman reclamos relacionados con vivienda, espacio público y desarrollo urbano. Vecinos, comerciantes y otros sectores han expresado preocupación por proyectos de infraestructura, procesos de gentrificación y desplazamientos que atribuyen a las obras vinculadas con la organización del torneo.

    Gran parte de estas tensiones se concentran en las zonas cercanas al Estadio Azteca, donde residentes han denunciado afectaciones derivadas de los preparativos y de las modificaciones realizadas para adecuar el entorno a los estándares exigidos por la FIFA.

    Frente a este escenario, las autoridades desplegaron amplios operativos de seguridad alrededor de los principales puntos relacionados con el Mundial. Miles de agentes policiales, controles de acceso y cercos de seguridad forman parte del dispositivo implementado para la inauguración.

    El sur de Ciudad de México se ha convertido en el principal punto de convergencia entre la celebración deportiva y las demandas sociales. Mientras las autoridades buscan garantizar el desarrollo normal del evento, distintos colectivos intentan acercar sus reclamos al escenario más visible de la jornada.

    De esta manera, la inauguración del Mundial 2026 no solo marcó el inicio de la mayor fiesta del fútbol, sino también un momento en el que diversos sectores de la sociedad mexicana buscan aprovechar el foco global para exponer problemáticas que consideran urgentes y pendientes de resolver.

     

     

  • Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemorará este martes los 50 años del golpe de Estado de 1976 con movilizaciones en todo el país, encabezadas por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

    La principal concentración se realizará en Buenos Aires, donde se espera una amplia participación ciudadana en la histórica Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.

    En ese lugar, las Madres de Plaza de Mayo mantienen desde 1977 su reclamo por el paradero de unas 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura militar.

    Las marchas se desarrollarán bajo la consigna “memoria, verdad y justicia”, en una jornada que busca mantener vivo el rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

    Por segundo año consecutivo, los distintos sectores convocantes marcharán de forma unificada, tras casi dos décadas en las que realizaron actos por separado en esta fecha.

    Entre las actividades, se ha invitado a los asistentes a portar fotografías de personas desaparecidas junto al mensaje «que digan dónde están», como símbolo de memoria y exigencia de justicia.

    Las Abuelas de Plaza de Mayo también convocaron a llevar pañuelos blancos intervenidos con mensajes o nombres, en alusión a su lucha por encontrar a niños apropiados durante el régimen.

    Previo a la movilización, se realizará una vigilia en la Plaza de Mayo con actividades culturales, mientras que otras agrupaciones iniciarán marchas desde sitios emblemáticos vinculados a la represión.

    Al cierre de la jornada, las organizaciones leerán un documento con reclamos de justicia y críticas a las políticas actuales del Gobierno, en un contexto de debate sobre la memoria histórica en el país.

     

  • Vamos propone Ley de búsqueda de personas desaparecidas y no logra respaldo de Nuevas Ideas

    Vamos propone Ley de búsqueda de personas desaparecidas y no logra respaldo de Nuevas Ideas

    La diputada Cesia Rivas, del partido opositor Vamos, propuso el jueves la modificación de agenda de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para introducir la iniciativa de «Ley de búsqueda de personas desaparecidas». Los diputados de Nuevas Ideas no dieron sus votos para agendar la iniciativa.

    En su argumento sobre la importancia de la iniciativa, la diputada Rivas mencionó ejemplos de jóvenes desaparecidos en 2022 y afirmó que, a la fecha, sus familias no saben de ellos.

    «He prestado mi voz y este curul a la familia de los desaparecidos en El Salvador. Carlos Abarca salió de su casa el 1 de enero de 2022 y ese fue el último día que su mamá supo de él. Paola Arana, de 17 años, salió de su casa a pasar consulta y nunca volvió, eso fue en mayo de 2022. Herber hacía teletrabajo y salió a la tienda a comprar algo y fue la última vez que su mamá y su hermana lo vieron. Y son miles de historias de los desparecidos en El Salvador. Y no es algo nuevo, viene de décadas, viene de la guerra, viene a causa de las pandillas, viene incluso durante este gobierno», expuso Rivas en el pleno.

    En su intervención, compartió unos datos que el presidente Nayib Bukele compartió en junio de 2025: «Esta persona nos hablaba de más de 80,000 desaparecidos por las pandillas y nos decía esta persona que el gran reto era encontrarlos todos. Solo en esta gestión, son más de 2,500 desaparecidos. El señor presidente hablaba de los desaparecidos en junio 19 de 2025. ¿Qué ha pasado, desde entonces? ¿Dónde están los desaparecidos? Ellos importan, no solo son números, son vidas, son familias destruidas, son familias en vilo, son familias que no dejan de buscarles», señaló.

    También, cuestionó el trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil.

    «¿Qué han encontrado? Una Fiscalía que deja mucho qué desear y ha pausado las investigaciones. ¿Y qué han encontrado? Una Policía que muchas veces les dice: sabe qué, mejor ya no lo siga buscando. El tema de los desaparecidos no debe ser político, debe ser una cuestión de humanidad, pero en el caso de nosotros como diputados es una responsabilidad legislar a favor de ellos», aseveró.

    La iniciativa, que consta de 40 artículos ni siquiera fue discutida por los diputados en el pleno, ni tampoco pasó a comisión. Nuevas Ideas y sus aliados no dieron sus votos. El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, sugirió que la Unidad de Vida de la Fiscalía retome el tema. Sin embargo, solo la diputada de Vamos votó para agendar la propuesta.

  • AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    AI: Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda de quienes buscan desaparecidos

    El Estado mexicano debe reconocer el derecho de búsqueda, por cuenta propia, a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y darles protección frente a riesgos, amenazas y ataques que sufren al cumplir esa labor, dijo este jueves la organización Amnistía Internacional (AI).

    Además, indicó que reconocer el derecho de búsqueda por cuenta propia «no exime al Estado mexicano de su obligación de buscar a las personas desaparecidas».

    En un comunicado, AI dijo que esta postura fue manifestada por la organización en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno mexicano, llevadas a cabo esta semana con la participación de familias de personas desaparecidas, colectivas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil.

    «Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano para que reconozca el derecho de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México a realizar labores de búsqueda por cuenta propia. Esto sin disminuir la obligación que tiene el Estado de efectuar dicho trabajo», apuntó la ONG.

    Explicó que en las jornadas se discutieron modificaciones al protocolo de actuación homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y al protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

    La ONG apuntó que estas modificaciones son un «proceso necesario ante la crisis de desapariciones que vive el país, que asciende a 133.552 personas desaparecidas y las omisiones en que incurre el Estado mexicano para encontrarlas».

    En el encuentro, la jefa de investigación de AI, sección mexicana, Norma González Benítez, advirtió que ante las omisiones en que incurre el Estado mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas, «son las familias quienes, desesperadas por la inacción de las autoridades, realizan dicha labor sin el acompañamiento o involucramiento de éstas».

    AI considera que existe un derecho a buscar a las personas desaparecidas, y existen dos escenarios para realizarlas, cuando las personas participan en las búsquedas desarrolladas por autoridades y cuando las personas realizan las búsquedas por cuenta propia.

    «Este último escenario no exime al Estado de brindarles protección frente a los riesgos, amenazas y ataques que sufren en el camino», señaló y agregó que al buscar a una persona desaparecida, los familiares de ésta ejercen su derecho a la verdad y a la protección judicial.

    Y dijo que la combinación del ejercicio de los derechos a la verdad, a buscar y recibir información y a la protección judicial «se manifiesta de manera única en los casos de búsqueda de personas desaparecidas».

    «La combinación de esos tres derechos constituye en si misma el derecho a buscar, que a la vez implica el derecho a defender derechos humanos. Los Estados están obligados a respetar, garantizar y proteger ambos derechos», finalizó la ONG.

    México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

    Amnistía Internacional advirtió en un reciente informe que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado.

  • Tifón Kalmaegi deja más de 50 muertos y un millón afectados en Filipinas

    Tifón Kalmaegi deja más de 50 muertos y un millón afectados en Filipinas

    El tifón Kalmaegi, uno de los más poderosos de la actual temporada, dejó a su paso por Filipinas al menos 52 muertos, más de una decena de desaparecidos y afectó a más de 1.1 millones de personas, según el último reporte oficial. El fenómeno, conocido localmente como Tino, cruzó el país entre el martes y el miércoles provocando inundaciones y daños graves a la infraestructura.

    Kalmaegi tocó tierra en cinco puntos del archipiélago filipino, avanzando de este a oeste con vientos huracanados y lluvias intensas que anegaron comunidades enteras. Entre las zonas más golpeadas se encuentra la isla de Cebú, que recientemente fue sacudida por un terremoto de magnitud 6.9. Autoridades locales reportaron que varias localidades quedaron completamente inundadas y los daños materiales son cuantiosos.

    La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, decretó el estado de calamidad en la región debido a los “severos daños en infraestructura, edificios públicos y privados, así como zonas residenciales”. El alcalde de Liloan, Fernando Frasco, confirmó en redes sociales que esa ciudad continúa sin servicios básicos: “Liloan sigue sin internet, sin luz y sin agua”. Solo en esa zona se reportan 35 fallecidos.

    Los equipos de emergencia, apoyados por el Ejército, la Policía y voluntarios, iniciaron este miércoles las labores de limpieza y entrega de ayuda humanitaria. El secretario de Defensa Civil, Bernardo Alejandro, advirtió que la recuperación de la isla podría demorar entre una y dos semanas. “Debemos plantear nuevas estrategias para afrontar las inundaciones”, indicó el funcionario.

    El paso del tifón también provocó la caída de un helicóptero militar en Mindanao, en plena operación de rescate. El accidente dejó seis soldados fallecidos, confirmó el Comando de Mindanao Oriental.

    Mientras el país comienza las labores de recuperación, el norte de Filipinas, en la isla de Luzón, se prepara ante la inminente llegada de una nueva tormenta que podría convertirse en supertifón y tocar tierra el lunes. Las autoridades han comenzado a activar sus planes de contingencia.

    Kalmaegi ahora se dirige al centro de Vietnam, donde se espera que impacte entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con vientos de hasta 175 km/h. También dejará lluvias en el sur de Laos y el este de Tailandia. Las autoridades vietnamitas ya se han reunido para coordinar evacuaciones y medidas de prevención.

    Filipinas enfrenta una media anual de 20 tifones, en una temporada de lluvias que va de junio a diciembre. Expertos advierten que la intensidad de estas tormentas está aumentando debido al cambio climático.

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • Exigen a la Fiscalía investigar desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad

    Exigen a la Fiscalía investigar desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad

    En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador y Tutela Legal “María Julia Hernández” exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad, procesar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

    El Estado está obligado a investigar estos crímenes de lesa humanidad, a procesar y sancionar a los responsables, cumpliendo con el derecho a la justicia, verdad y reparación que constitucionalmente corresponde a las víctimas”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

    Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, afirmó que los gobiernos “de alguna manera están involucrados” y cuestionó la falta de resultados.

    “Ahorita hay muchas madres que se preguntan si sus hijos están presos o no. No saben nada de ellos; han pedido que se investigue, pero a quienes les compete no lo han hecho”.
    Ovidio Mauricio, abogado de Tutela Legal «María Julia Hernández».

    Por su parte, David Ortiz, de Pro Memoria Histórica, sostuvo que la desaparición forzada “ha sido y es una práctica sistemática de represión en América Latina” y recordó que en las décadas de 1970 y 1980 “fue ejercida y tolerada por el Estado”.

    Las organizaciones subrayaron que corresponde a la FGR impulsar sin dilaciones la acción penal y que a los tribunales les toca el juzgamiento de estos casos: “Si los gobiernos anteriores ignoraron nuestras solicitudes, el actual mantiene una deuda con las víctimas y no debe desoír nuestras peticiones de justicia”.

    Según informes de la ONU citados por las organizaciones, hay 2,661 casos documentados correspondientes al período 1980–1983 en El Salvador.

    Actualmente, no existen cifras actualizados sobre los casos de desaparecidos recientes, a pesar de los esfuerzos en su momento de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil de establecer una mesa bipartita para registrarlos.