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  • Movimientos marchan contra celebración de independencia, detención de inocentes y jornada diaria de 11 horas

    Movimientos marchan contra celebración de independencia, detención de inocentes y jornada diaria de 11 horas

    Una marcha en donde el reclamo dominante fue el rechazo a la celebración de la independencia y la extensión de la jornada laboral diaria a 11 horas, una propuesta gubernamental de cuatro días laborales y tres de descanso, recorrió este martes 15 de septiembre sobre la Alameda Juan Pablo II, desde la esquina del hospital de Oncología del Seguro Social hasta el centro de San Salvador.

    «No hay independencia qué celebrar», manifestaron las organizaciones este martes, mientras, a pocas cuadras el gobierno realizaba una celebración desde la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.

    La concentración para la marcha contra el gobierno había sido convocada frente al hospital nacional Rosales; sin embargo, esta calle fue cerrada por agentes policiales, por lo que los manifestantes optaron por concentrarse en la esquina entre el hospital de Oncología del Seguro Social y la estación central del Cuerpo de Bomberos, sobre la 25 Avenida Norte, en San Salvador.

    Desde ahí, aproximadamente a las 9:00 de la mañana, integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) encabezaban con sus pancartas la marcha. Fueron seguidos de decenas de integrantes de integrantes de Alas por la Libertad, Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), Comité Nacional Monseñor Romero, Mesa Permanente por la Justicia Laboral, veteranos de guerra, Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador (ASESUES), activistas ambientales, Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) y del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes).

    La marcha era terminada por algunos de los afectados del fraude de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi).

    El representante del Movir, Samuel Ramírez, aseguró que con esta manifestación expresan su repudio a la celebración de independencia. «Para las víctimas no hay independencia, no hay ninguna celebración», afirmó. Según Ramírez, no puede haber independencia cuando hay un «régimen que limita derechos,  garantías» y que «ha permitido» al presidente Nayib Bukele «capturar a miles de personas sin el debido proceso, sin una orden judicial, sin una investigación previa».

    Ramírez aseguró que ellos lo que piden es que condenen a los pandilleros y que liberen a los inocentes «sin tanto espectáculo».

    «Cada vez que necesitan cambiar la narrativa, aparecen los pandilleros tatuados, el Cecot, es la forma de seguir manteniendo el miedo en la población. Este gobierno ya se acostumbró a gobernar con el miedo». Samuel Ramírez, representante de Movir.

    Para el activista de Movir, ya hicieron «todo» para intentar que los escuchen en sus demandas. «Yo quisiera que este pueblo no vaya a buscar una opción más bélica, más beligerante… Mañana puede ser demasiado tarde, puede haber hasta derramamiento de sangre», indicó.

    El movimiento sindical también exhortó al gobierno a aceptar un diálogo social por la reducción de la jornada laboral en El Salvador.

    «Queremos un diálogo social donde se respete la negociación colectiva, donde se respete la libertad sindical y haya participación de las diferentes organizaciones para cualquier cambio o reforma que se quiera hacer en derecho laboral», exclamó la representante del BRP, Sonia Urrutia, en la conferencia de prensa, al inicio de la marcha.

    Para Rafael Méndez, de la Mesa Permanente, «la lógica debería ser reducir la jornada laboral sin reducir las prestaciones laborales», ya que sostiene que la extensión de la jornada es «ordenar la explotación para ellos enriquecerse».

    Por su parte, Sonia Viñerta, del MDCT, explicó que aprovechan la fecha conmemorativa de la independencia de Centroamérica para expresar que las libertad en el país en realidad están bajo cuestión, ya que no hay libertad sindical ni laboral.

    «Tenemos mucha preocupación por la iniciativa de las 11 laborales que le quieren ampliar a los trabajadores industriales. No es una iniciativa que nace de la clase trabajadora, representa un retroceso todas las aplicaciones familiar, físicas, biológicas y hasta la salud mental. Tres, el riesgo que podría implicar, hemos visto cómo este gobierno se ha decantado por una política antilaboral y antisindical», afirmó Viñerta.

    En una marcha compuesta por unos 300 manifestantes, activistas, algunos con mascarillas o con los rostros cubiertos, sostenían sus pancartas que decían: «11 horas de trabajo igual esclavos», «AFP deuda del gobierno 11,700 millones», «Libertad para presos políticos», «Fuera bukelistas de la UES, la educación se conquista, no se mendiga», «¿Dónde está Carlos?», «Alto al genocidio en Palestina ocupada», «Libertad para Ruth López», «Deforestar es un crimen de lesa humanidad», entre otras consignas.

    El 20 de agosto, el Consejo Superior del Trabajo inició la discusión de varias propuestas para modificar la jornada laboral en El Salvador. Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, han recibido al menos 10 propuestas, una de estas es extender la jornada a 11 horas diarias durante cuatro días a la semana con tres días de descanso y otra es cuatro días de trabajo y cuatro de descanso con turnos rotativos.

    En la marcha, persistieron las demandas laborales y la petición de libertad para la abogada Ruth López, de Cristosal, y otros considerados presos políticos. / YM
    Algunos veteranos de guerra participaron en la marcha de este 15 de septiembre de 2026. / YM
    Eneida Abarca, madre del joven universitario desaparecido Carlos Abarca, reclamó que aún no hay avances en la búsqueda de su hijo. / YM
    Dos madres de hombre detenidos bajo el régimen de excepción reclaman la inocencia y la liberación de sus hijos. / YM
    Algunos manifestantes aprovecharon para pronunciarse a favor de Palestina. / YM
    En la marcha también participaron movimientos ambientalistas y contra la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) en la porción que tiene el Estado en la que ha sido Finca El Espino. / YM

     

  • Usuarios del sistema de salud denuncian largos tiempos de espera y citas reprogramadas tras despidos de médicos

    Usuarios del sistema de salud denuncian largos tiempos de espera y citas reprogramadas tras despidos de médicos

    Usuarios de distintos centros de atención médica, organizados en la Asociación Nacional de Usuarios del Sistema de Salud Pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), denunciaron el miércoles largos tiempos de espera y retrasos en la programación de citas médicas, situación que atribuyen a los despidos masivos de médicos registrados a finales de 2025.

    El representante de la organización, Ricardo Umaña, manifestó que la situación que enfrenta actualmente el sistema de salud ha provocado que la alta demanda diaria de atención médica no pueda ser atendida por los centros hospitalarios y unidades de salud, lo cual aseguró afecta al estado de salud del paciente.

    “Esta situación ha provocado que la alta demanda diaria de atención médica no puede ser absorbida por centros hospitalarios y unidades de salud generando largas esperas, programaciones constantes y en otros casos usuarios ha preferido regresar a sus hogares sin ser atendidos, vulnerando sus derechos a una atención oportuna y digna”, dijo Ricardo Umaña, paciente del sistema de salud.

    El vocero de la organización señaló que dicha situación refleja una “condición precaria” en los centros de atención médica del país y que a su vez, el personal de salud tampoco cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente su labor, lo que agrava aún más la crisis.

    Según Umaña, “el país enfrenta una condición altamente precaria e histórica en el sistema de salud, donde lamentablemente como pacientes hemos dejado de ser centro de la atención y donde es evidente que los trabajadores de salud no cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de su labor, sin embargo quienes terminan asumiendo el mayor impacto en las consecuencias en la crisis somos los usuarios y derechohabientes».

    En un pronunciamiento público, la organización expresó su preocupación con respecto a las atenciones en Seguro Social, donde sostuvieron que los trabajadores realizan aportes y cotizaciones mensuales, pero enfrentan una atención cada vez más precaria.

    “Es grave y preocupante que el ISSS donde los trabajadores aportamos y cotizamos mensualmente la precariedad en la atención sea incluso mayor, los usuarios y cotizantes nos preguntamos con justa razón cuál es el destino y los recursos que nos descuentan si las condiciones del servicio continúan deteriorándose ante esta realidad”, dijeron.

    Ante dicho panorama, la Asociación Nacional de Usuarios anunció que impulsará una serie de acciones que incluyen pronunciamientos, denuncias públicas y propuestas técnicas, con el objetivo de exigir cambios estructurales y soluciones para la atención digna de las personas en el sistema de salud del país.

    De igual forma, la organización aseveró que no descartan elevar formalmente sus denuncias con el presidente Nayib Bukele y solicitar la intervención directa del mandatario si la situación persiste.

    Y reiteraron que la falta de medicamentos, insumos y condiciones adecuadas no es responsabilidad del personal de salud, sino de los funcionarios encargados de la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos.

    Los usuarios de los centros de atención médica hicieron un llamado al Ministerio de Salud (Minsal) para establecer un diálogo que permita atender de manera inmediata la crisis y garantizar el derecho a la salud de la población salvadoreña.

    La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), denunció la semana pasada que más de 7,700 trabajadores del sistema público de salud salvadoreño fueron despedidos durante el año 2025.

    Los empleados cesados eran del Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fosalud y hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Rosales, quienes fueron despedidos el 23 de diciembre del año anterior.

  • Despedidos del Hospital Rosales exigen su indemnización frente a la Asamblea Legislativa

    Despedidos del Hospital Rosales exigen su indemnización frente a la Asamblea Legislativa

    Un grupo de más de 1,800 trabajadores despedidos del Hospital Nacional Rosales llegaron este 21 de enero a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para exigir sus indemnizaciones que por ley les corresponden.

    «Queremos indemnización justa», «pedimos respeto a los trabajadores de la salud», «nosotros luchamos para que no sigan los atropellos», «arriba  el personal de salud», «qué viva el Hospital Rosales», «queremos un debido proceso y que nos den nuestra indemnización», fueron algunas de las consignas que los trabajadores despedidos gritaban frente a la Asamblea Legislativa.

    Una delegación fue recibida por la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, a quien buscaron para que ella los respalde en sus demandas.

    «Este día, como exempleados del Hospital Rosales, hemos buscado a la diputada Claudia Ortiz para que nos dé acompañamiento para que nos puedan indemnizar. Hemos buscado a todas las instancias necesarias pero, en vista que no encontramos respuesta, este día hemos hecho la petición formal a la diputada para que nos pueda acompañar. Somos alrededor de 1,800 empleados que fuimos suprimidos que exigimos la indemnización», dijo Antonio Ortiz, uno de los afectados.

    Otra de las afectadas, Madaí Santos, pidió al presidente de la República, Nayib Bukele, y a los ministros de Salud y Trabajo, Francisco Alabi y Rolando Castro, que les paguen la indemnización que por ley les corresponde; ella cree que hay liquidez para hacerlo.

    «Dinero tienen, muestra de ello es la Quincena 25, que es algo que no estaba presupuestado; sin embargo, se lo han sacado, no sabemos ni de dónde, dinero sí hay. Entonces le exigimos al señor ministro de Trabajo, al ministro de Salud, al señor presidente que nos haga el pago de nuestra indemnización. No estamos pidiendo nada más que lo que nos corresponde», exigió Santos, quien tenía 19 años de trabajar en al Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Rosales.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, consideró que hay graves violaciones a los derechos laborales por la masiva supresión de plazas y la negativa de indemnización.

    «La forma con la que se hizo la supresión de estas plazas no ha respetado los debidos procesos, por tanto, agradezco la valentía de todos los que están presentes. Hay personas que han trabajado de 10, 20, 30 o más años entregando su vida y simplemente les han dado un cartoncito informal donde dice cuánto le corresponde de indemnización, pero sin decirle a qué instancia se le puede reclamar y todo eso violenta derechos fundamentales. Y es un llamado a las diferentes instancias del Estado salvadoreño. Estas más de 1,800 personas no pueden quedar en el aire», dijo Ortiz.

    El 23 de diciembre, cientos de empleados del Hospital Rosales, entre ellos médicos, enfermeras, administrativos y otros fueron despedidos, sin justificación. Ellos exigen ser indemnizados.

  • El Estado redujo en un 8% la planilla de empleados públicos en 2024, según estudio

    El Estado redujo en un 8% la planilla de empleados públicos en 2024, según estudio

    Los empleados públicos se redujeron en un 8 % en 2024, reveló una publicación de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

    El documento, divulgado a mediados de este mes, retoma el informe de Estadísticas sobre Recursos Humanos del Gobierno de El Salvador, publicado por el Ministerio de Hacienda, en el cual se señala que, al cierre del año pasado, 161,453 personas laboraban en el sector público.

    Esta cifra es menor en 14,330 plazas, principalmente de ministerios y dependencias de la dirección del Órgano Ejecutivo.

    Los datos confirman una caída tanto en los hombres como en las mujeres. Ormusa señaló que las trabajadoras se redujeron en un 7 % entre 2023 y 2024, al pasar de 89,405 personas a 83,440.

    La mayor caída se reportó en el empleo masculino, porque en los últimos dos años las plazas se redujeron de 86,378 a 78,013 personas.

    “Se evidenció una reducción del 10 % de hombres. Los datos reflejan 8 % menos en el número total de plazas laborales en el sector público”, indicó Ormusa.

    El documento de Ormusa indica que estas estadísticas excluyen al personal del Ministerio de Defensa, Órgano Judicial y el Legislativo, así como la Corte de Cuentas de la República (CCR) y las empresas públicas.

     

    Sectores

    Ormusa aseguró que en 2024 la mayor baja vino de empleados administrativos, que reportaron una reducción de un 18.26 %, tras pasar de 36,579 personas a 29,899.

    El segundo rubro más perjudicado fue servicio, que cayó un 10.79 %, seguido del docente en un 9.39 %, y del área técnica en un 5.19 %.

    “Las únicas categorías que registraron aumento en el número de plazas fueron seguridad y ejecutivo”, señala Ormusa.

    En cuanto a la edad de los trabajadores, la reducción se produjo en todos los grupos etarios.

    A nivel de perfiles, Ormusa plantea que un 11 % del personal del sector público no supera los 30 años, mientras que un 51 % tiene de 31 a 50 años y un 38 % tiene más de 50 años.