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  • La deuda pública total de El Salvador con pensiones aumentó en $1,670 millones en 2025

    La deuda pública total de El Salvador con pensiones aumentó en $1,670 millones en 2025

    La deuda pública total de El Salvador, incluida la correspondiente al sistema de pensiones, aumentó en $1,670.5 millones en 2025, según estadísticas actualizadas el viernes por el Banco Central de Reserva (BCR).

    Estas obligaciones acumularon un saldo de $33,807.11 millones, un 5.1 % más que los $32,136.63 millones reportados en 2024.

    Del total, $11,241.13 millones corresponden a la deuda del sistema de pensiones y $22,565.98 millones a obligaciones del Sector Público no Financiero (SPNF), que abarca al gobierno central, empresas e instituciones públicas, así como al Sector Público Financiero, integrado por bancos estatales.

    Según el BCR, el saldo de la deuda del sistema de pensiones aumentó en $715.17 millones frente a los $10,525.96 millones de 2024.

    En tanto, las obligaciones del sector público financiero y no financiero sumaron $955.41 millones adicionales respecto a los $21,610.57 millones reportados un año antes.


    Dado que el gobierno estima que el producto interno bruto (PIB) de 2025 alcance los $36,602.1 millones, el saldo de la deuda pública total con pensiones representó el 92.3 % del PIB.

     

    ¿En qué se debe?

    Las estadísticas del BCR indican que el gobierno salvadoreño se financió principalmente en el mercado internacional, ya que la deuda externa alcanzó los $15,224.93 millones. Este saldo aumentó en $1,685.92 millones frente a los $13,539.01 millones de 2024.

    En tanto, el saldo de la deuda interna disminuyó en $730.51 millones, al pasar de $8,071.56 millones en 2024 a $7,341.05 millones en 2025.

    Bajo el Sector Público no Financiero, de acuerdo con el BCR, la deuda del gobierno sumó $20,659.22 millones, al menos $840.5 millones adicionales en comparación con 2024.

    El saldo de las Letras del Tesoro (Letes) superó los $1,161.39 millones, lo que significó una reducción de $24.67 millones respecto al año anterior. Las Letes son consideradas la “tarjeta de crédito” del gobierno, ya que se emiten en el mercado salvadoreño para solventar crisis temporales de liquidez.

    El BCR documenta que las empresas públicas no financieras acumulan obligaciones por $893.65 millones, al menos $130.8 millones adicionales, mientras que el resto del gobierno registra un saldo de $301.5 millones.

    En el caso de la deuda previsional, $8,394.19 millones corresponden a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), derivados del canje de deuda tras la reforma de 2022, y $2,846.94 millones a Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), nuevos títulos emitidos con la reforma.

  • Bitfinex Securities promueve mercado de capitales y tokenización en El Salvador

    Bitfinex Securities promueve mercado de capitales y tokenización en El Salvador

    La plataforma de emisión y comercio de tokens, Bitfinex Securities, analizó el mercado de capitales en El Salvador y el mundo.

    En un evento, realizado esta tarde en San Salvador, abordó el impulso de nuevas emisiones de activos tokenización y atraer más capital internacional.

    La empresa aseguró que también busca un fortalecimiento de la posición de El Salvador como un referente regional en innovación financiera.

    El desarrollador de Negocios para Bitfinex para Latinoamérica, Gerónimo Ferrer, aseguró que durante el encuentro se estudió, aprendió y divulgó cómo las empresas pueden acceder a estas oportunidades de financiamiento sin importar el negocio al que se dedican.

    La tokenización es un activo digital que representa uno del mundo real y que, actualmente puede ser emitido por diferentes empresas.

    Además, las empresas pueden aprender lo necesario para emitir deuda y financiarse, o lo que se necesita para buscar inversiones en el mercado a cambio de una renta.

     

    Llegada al mercado

    El Bitfinex Security Day contó con la participación de Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), así como el presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest).

    Jesse Knutson, director de Operaciones de Bitfinex Securities, aseguró que El Salvador se ha consolidado como uno de los países más avanzados del mundo en regulaciones de activos digitales.

    Knutson indicó que Bitfinex Securities fue de los primeros aprobados por CNAD como operadores de activos digitales y que está en El Salvador desde el 2022 o 2023.

    “Tenemos de cerca de $250 millones en toda la plataforma y en los próximos tres meses tendremos más $100 millones, en total $350 millones de activos digitales tokenizados en toda la plataforma, incluyendo a El Salvador”, indicó Knutson.

    Ferrer aseguró que cualquier empresa que quiera invertir puede presentar cuál es el negocio, la historia del mismo y de que puede ser rentable y es real para que Bitfinex Securities evalúe el potencial y se llegue a un acuerdo de tokenización y salir a financiarse.

    Bitfinex Securities estima que en Latinoamérica al menos un 2 % de la población participa de forma activa en los mercados bursátiles, mientras que un 68 % no ha recibido educación financiera formal.

    “Esta realidad está empezando a transformarse gracias a la tokenización y los activos digitales, que están redefiniendo cómo se accede al capital y quién puede invertir”, señaló el operador de activos digitales.

    La empresa destacó que la tokenización puede reducir los costos de emisión, al mismo tiempo que los proceso de cotización toman impulso y se acortan.

  • Ministro de Hacienda destaca en Panamá que acuerdo con el FMI impulsa el crecimiento y no sacrifica el gasto de capital

    Ministro de Hacienda destaca en Panamá que acuerdo con el FMI impulsa el crecimiento y no sacrifica el gasto de capital

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, destacó este miércoles en un foro económico en Panamá que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsa el crecimiento de El Salvador sin sacrificar el gasto de capital.

    Posada participó en un panel, junto a sus homólogos de Jamaica, Panamá y Ecuador, como parte del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el CAF en Panamá, una reunión que recibió a presidentes de la región, ministros de Hacienda y financistas.

    La intervención de Posada comenzó con un recuento de las operaciones de pasivos realizadas desde 2022, cuando El Salvador atravesó una crisis de credibilidad en el mercado internacional después de no alcanzar un acuerdo con el FMI y aproximarse el pago de bonos en enero de 2023.

    Dichas operaciones concluyeron con la firma, en febrero de 2025, de un acuerdo de $1,400 millones con el Fondo Monetario, que contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB).

    Posada defendió que “muchas veces los acuerdos del FMI tienden a ser recesivos”, pero en el caso de El Salvador han impulsado el crecimiento económico, estimado en cerca del 4 % al cierre de 2025.

    “Estamos implementando un acuerdo con el FMI priorizando el gasto público, pero sin sacrificar el gasto de capital, que impulsa el crecimiento económico en el mediano y largo plazo”, dijo el funcionario.

    Bajo esta gestión, el superávit primario —diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses— pasó de un 5 % del PIB en 2020 a un 1.9 % en 2025.

    Posada expuso que la política fiscal del gobierno de Nayib Bukele se centra en una “gestión activa y efectiva” de la deuda pública, la priorización del gasto público y el incremento sostenido de los ingresos tributarios.

  • Hacienda prevé bajar el déficit fiscal a 2.6 % del PIB en 2029

    Hacienda prevé bajar el déficit fiscal a 2.6 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal se reduzca a un 2.6 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Esta meta está contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en el portal de Transparencia Fiscal a finales del año pasado, donde se detallan los ajustes previstos en las finanzas públicas para contener el elevado nivel de deuda, en el contexto de un ajuste fiscal equivalente a 3.5 puntos porcentuales del PIB, acompañado por el FMI.

    Hacienda identifica como uno de los principales indicadores fiscales del sector público no financiero (SPNF) la reducción del déficit fiscal, con pensiones, el cual pasaría de un 3 % del PIB al cierre de 2025 a un 2.6 % en 2029.

    El déficit fiscal, en términos sencillos, ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, principalmente por impuestos. Esta brecha suele financiarse con deuda, que en muchos casos se contrata en condiciones poco favorables y con tasas de interés elevadas.

    Este fenómeno genera un efecto acumulativo, ya que el aumento de la deuda y de los intereses obliga al Estado a destinar una mayor proporción del presupuesto al servicio de estas obligaciones, en detrimento, en algunos casos, de la inversión pública. Frente a ello, el programa con el FMI contempla medidas orientadas a dos frentes: el aumento de ingresos y la contención del gasto.

    En el informe, Hacienda señala que las metas previstas permitirán incrementar los “ingresos fiscales mediante los esfuerzos de la administración tributaria y aduanera, mejorando la gestión administrativa; así como una serie de acciones para contener el gasto, que contribuirán a reducir el déficit fiscal”, con lo cual se busca colocar la trayectoria de la deuda pública en relación con el PIB en una senda descendente y asegurar su sostenibilidad.

     

    Trayectoria del déficit

    El déficit fiscal se disparó en 2020 hasta un 10 % del PIB, desde un 3.1 % en 2019, como resultado del aumento del gasto público durante la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. En 2021 se redujo a un 5.5 %, y en 2022 descendió a un 2.7 %.

    En 2023 volvió a incrementarse a un 4.7 % y se mantuvo en un 4.5 % en 2024. Hacienda proyecta que el déficit se reduzca a un 3 % en 2025 y continúe a la baja hasta un 2.3 % en 2026 y un 2.4 % en 2027.


    Para 2028 se anticipa un repunte a un 3 %, mientras que en 2029 se ubicaría nuevamente en un 2.6 %, siempre que en los próximos años no ocurra un evento que distorsione esta trayectoria.

    Aunque el déficit disminuya como proporción del PIB, su valor monetario puede aumentar. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y noviembre se acumuló una brecha de $1,058.5 millones, $20.1 millones más que en igual período de 2024.

    Si esta tendencia se mantuvo en diciembre, el déficit fiscal cerraría en una cifra inferior a los $1,608.9 millones registrados al cierre de 2024. A noviembre, el saldo del déficit representó un 2.8 % del PIB estimado para 2025, que, según Hacienda, rondaría los $36,602 millones.

  • El presupuesto 2025 creció $1,533.7 millones en 11 meses, un 53 % se destinó a obligaciones generales

    El presupuesto 2025 creció $1,533.7 millones en 11 meses, un 53 % se destinó a obligaciones generales

    El presupuesto general del Estado votado de 2025 aumentó en $1,533.7 en los primeros 11 meses del año hasta un total de $11,196.7 millones, de acuerdo al informe publicado el 7 de enero, con datos de enero a noviembre de 2025.

    Según el informe de Hacienda, su presupuesto aumentó $817.2 millones en 11 meses, de los cuales $816.6 millones fueron destinados a obligaciones generales del Estado, una unidad del Ministerio de Hacienda desde donde se realizan las devoluciones de IVA o de Impuesto sobre la Renta o se pagan seguros de vida de empleados, pensiones de militares (Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada) o clases pasivas.

    De los $1,533,721,203 que aumentó el presupuesto 2025 –de enero al 11 de diciembre– un 53.2 % fueron fondos de deuda –préstamos o títulos– para la partida de «Obligaciones generales del Estado».

    La otra mitad de las modificaciones fueron destinadas a proyectos de inversión financiados con préstamos o a financiamiento del Estado con excedentes de impuestos y títulos valores.

    El el informe, cuando Hacienda explica el financiamiento de los recursos, incluye los títulos valores emitidos dentro de lo que llama «Fondo General», separando este de «préstamos externos» y de «donaciones».

    Obligaciones generales creció $816.6 millones

    El presupuesto de Hacienda fue reformado seis veces durante ese periodo: al inicio del año –marzo y abril– se incorporaron $603,944 de dos préstamos millonarios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primero para aduanas y el segundo para emergencias por desastres.

    Las cuatro modificaciones restantes aumentaron en $816,625,000 los fondos en las «Obligaciones generales del Estado», una unidad que inició con $112,733,259 programados según el Portal de Transparencia Fiscal.

    En septiembre, se incorporaron $250 millones de un préstamo del Banco Mundial a «obligaciones generales del Estado».

    En octubre, la unidad de «Obligaciones generales del Estado» también recibió $149,625,000 de títulos valores.

    En noviembre, ingresaron los $150 millones provenientes de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se nombraron como programas sectoriales de apoyo al fortalecimiento integral de la educación y para una salud de calidad, pero que, revela Hacienda, «fueron orientados a las obligaciones generales del Estado».

    El 2 de diciembre, consigna el informe, ingresaron al presupuesto $267 millones de títulos valores, también a obligaciones generales.

    Funcionamiento y proyectos de inversión

    En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se inyectaron $281.6 millones adicionales, $157.7 millones de un préstamo para el desarrollo del sector aeronáutico, el programa «El Salvador vuela»; $57.5 millones de títulos y excedentes para gastos de funcionamiento; y $22.7 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del intercambiador en el Corredor Pacífico.

    Después, el Ministerio de Educación aumentó $123 millones, de los cuales $116 millones de títulos y excedentes se destinaron a «gastos de funcionamiento para cumplir con sus objetivos»; y se agregaron $7 millones de un préstamo de la CAF para modernización del sistema educativo.

    Le sigue el Ministerio de Economía, que tuvo un aumento de $86 millones, $84.6 millones provenientes de un préstamo del CAF para el cable submarino y $1.4 millones para el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.

    El Ministerio de Salud recibió un refuerzo de $63.8 millones, la mayor parte, $38.7 millones, de títulos y excedentes para funcionamiento; y $25 millones de tres préstamos para salud inteligente, mejora de atención en salud y para el sistema de Telemedicina.

    En los cambios también se aumentaron $20.7 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de los cuales $20 millones se destinan a «funcionamiento» y el resto para productos agropecuarios.

  • Gobierno pide ratificar préstamo del BID por $195 millones para Aeropuerto de El Salvador: ¿qué construcciones incluye?

    Gobierno pide ratificar préstamo del BID por $195 millones para Aeropuerto de El Salvador: ¿qué construcciones incluye?

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá una solicitud de ratificación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $195 millones para ampliar el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero.

    Este aeropuerto atiende el 99.8 % de las operaciones y vuelos internacionales en El Salvador, según el BID.

    El crédito se deberá pagar en 23 años, incluye un periodo de gracia de siete años y se pagará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario. Por el préstamo se pagará una comisión que no exceda del 0.75 % por año, que se comenzará a devengar a los 60 días de la fecha de suscripción del contrato.

    El contrato de préstamo se suscribió el 13 de enero de 2026 por el ministro de Hacienda, luego de que la Asamblea Legislativa autorizara su negociación el mismo día, bajo el nombre de «Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES)».

    Los fondos se destinarán a la ampliación de la terminal de pasajeros, la ampliación de la plataforma de aeronaves del Aeropuerto, la construcción de una calle de rodaje Foxtrot, un edificio de estacionamiento vehicular y y un edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), espacios para restaurantes y una sala VIP.

    ¿Qué construcciones incluye el préstamo del BID para el Aeropuerto según CEPA?

    1. Seis nuevas salas de espera con áreas de doble altura, amplios pasillos, iluminación natural y mayor absorción acústica.
    2. Nuevos espacios para comercio, restaurantes, servicios y una sala VIP de 890 metros cuadrados.
    3. Nuevo pasillo de circulación en tercer nivel para separar a os pasajeros que llegan de los que salen, agilizando el tránsito interno y reduciendo la congestión.
    4. Seis nuevos puentes de abordaje, sumando un total de 25.
    5. Ampliación de la plataforma para el estacionamiento de tres aeronaves adicionales, incluso aviones de cabina ancha.
    6. Construcción de nueva calle de rodaje Foxtrot para agilizar el movimeinto de aeronaves.
    7. Un edificio de estacionamiento vehicular.
    8. Una estación de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

    Según el BID, el programa beneficiará a 7.7 millones de pasajeros anuales hacia el año 2030 y a 518,000 personas vinculadas al turismo.

    Durante el año 2025, por la Asamblea Legislativa pasó un total de $2,506 millones en 18 préstamos y títulos valores avalados o ratificados; además de $2,061.1 millones en garantías soberanas autorizadas para respaldar créditos de instituciones autónomas, de los cuales $1,480 millones corresponden a nueva deuda.

  • Servicios públicos deficientes, desempleo y deuda encabezan los riesgos de El Salvador en 2026

    Servicios públicos deficientes, desempleo y deuda encabezan los riesgos de El Salvador en 2026

    Ineficiencia en los servicios públicos, desempleo y deterioro fiscal son parte de los mayores riesgos que enfrenta El Salvador en 2026, según el Foro Económico Mundial (FEM).

    Como cada inicio de año, el FEM publicó la semana pasada la edición 26 del informe Riesgos Globales, que recoge los mayores obstáculos para la economía mundial y por países a partir de una encuesta a 1,300 líderes. En la metodología, la institución define un “riesgo” como la posibilidad de que ocurra un evento o condición que impacte de manera negativa la dinámica económica, la población o los recursos naturales.

    Para El Salvador, el Foro Económico Mundial detalla que entre los cinco mayores riesgos para este año se encuentran los servicios públicos y la protección social insuficientes, como educación, infraestructura y pensiones.

    También se incluye la falta de oportunidades económicas o desempleo, la erosión de los derechos humanos y las libertades cívicas, así como la desaceleración económica —recesión o estancamiento—.

    El quinto riesgo es la deuda, tanto del gobierno como de las empresas y los hogares.

    Los riesgos planteados para El Salvador este año varían significativamente en comparación con el informe de 2025, cuando el principal obstáculo era la deuda pública, seguido de la erosión de los derechos humanos, la desaceleración económica, la pobreza y la desigualdad, y la escasez de alimentos.

    Estos dos últimos riesgos no se mencionan en el informe de 2026.

    A nivel mundial, el FEM describe que los mayores riesgos para este año comienzan con la confrontación geoeconómica, que implica desafíos en el comercio, la inversión, las cadenas de suministro y el acceso a recursos naturales.

    El segundo riesgo para la economía mundial es el conflicto armado entre Estados, seguido por el clima extremo, la polarización social y la desinformación.

     

    Bajo la lupa en El Salvador

    Aunque el informe del FEM no detalla cada riesgo por país, es de opinión generalizada que los servicios públicos en El Salvador son incipientes. En educación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo mea culpa sobre las deficiencias y lanzó en mayo de 2025 el programa Dos Escuelas por Día, que, según un portal habilitado, registra intervenciones en más de 480 centros educativos a nivel nacional.

    En pensiones, no obstante, el tema es más complejo, ya que el gobierno debe presentar en febrero una reforma al sistema como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Debido a los resultados del estudio actuarial, que revelan un fuerte deterioro, los analistas esperan cambios en la edad de retiro o en la tasa de cotización.

    El tema económico siempre es sensible para los salvadoreños. El dato más reciente sobre desempleo corresponde a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024, que identificó a 140,622 salvadoreños en condición de desocupación. Sin embargo, al medir la informalidad —empleos precarios—, esta representa cerca del 70 % de la economía.

    El riesgo de erosión de los derechos humanos y las libertades cívicas es una bandera de la oposición política y de defensores sociales, quienes alegan que bajo el régimen de excepción no se cumplen las garantías constitucionales o que se realizan despidos de empleados públicos sin justificación.

    Ante estas críticas, el gobierno ha respondido que la mejora de la seguridad pública es uno de los mayores alivios para la población salvadoreña y la base del crecimiento económico, que en 2025 dejó mejores resultados de los previstos. El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que el crecimiento económico se ubique entre un 3.5 % y un 4 %.

    La deuda es un riesgo recurrente para El Salvador, sobre todo la del sector público, por la presión que ejerce sobre las finanzas estatales. En 2025, el gobierno firmó un acuerdo por $1,400 millones con el FMI para implementar un ajuste fiscal que permita corregir esta distorsión, lo que implica medidas de recorte del gasto público —incluida la reducción de la masa salarial— y el aumento de ingresos.

    El Ministerio de Hacienda reporta que la deuda del sector público no financiero (SPNF) sumó $32,613.2 millones a noviembre, equivalente al 89.1 % del producto interno bruto (PIB).

  • Anda destinará $175.1 millones en la producción y distribución de agua a nivel nacional, este 2026

    Anda destinará $175.1 millones en la producción y distribución de agua a nivel nacional, este 2026

    La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) destinará este año 2026 un total de $175.1 millones en la producción y distribución de agua a nivel nacional, $4.2 millones más de lo que asignó en 2025.

    En total, para este ejercicio fiscal 2026, la ANDA cuenta con un presupuesto de $350 millones, $15.9 millones más que lo que le fue aprobado para 2025.

    La autónoma ha distribuido su presupuesto así:

    Para la gestión central de la producción y distribución de agua, $15.1 millones, con lo cual busca administrar y verificar el cumplimiento de los contratos suscritos con las operadoras descentralizadas, además de generar un incremento en metros cúbicos de agua producida con calidad apta para el consumo humano.

    Para proveer de agua de consumo humano a la población en la zona metropolitana destinará $83.1 millones.

    Para la producción y distribución de agua en la región occidental asignó $22.4 millones.

    Para la región central ha asignado $33.6 millones; y para la región oriental, $20.7 millones.

    Las prioridades que la ANDA plantea en su presupuesto de 2026 son exactamente iguales a las planteadas en 2025, entre ellas mejorar la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; la efectividad en las reparaciones, nuevas conexiones y reconexiones.

    También, busca rehabilitar en forma inmediata y oportuna todos los sistemas de producción y distribución de agua potable, dañados ya sea por desastres naturales o por el tiempo de operatividad y uso; y realizar mantenimiento a los colectores de la red de alcantarillado sanitario, como a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para su óptimo funcionamiento.

    Intereses de deuda

    Pero la ANDA también debe pagar intereses por deuda de préstamos internos y externo.

    Por deuda interna, la ANDA debe cancelar intereses y amortización del Fondo de Titularización y préstamos internos con instituciones financieras, por $34 millones.

    Por deuda externa, debe cancelar intereses de la deuda externa por préstamos con organismos multilaterales con fondos propios por $315,455.

  • Los desastres ambientales amenazan las metas para reducir la deuda en El Salvador

    Los desastres ambientales amenazan las metas para reducir la deuda en El Salvador

    Los desastres medioambientales son los mayores riesgos para que el fisco salvadoreño logre cumplir las metas de reducir el peso de la deuda a un 89 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    El documento fue elaborado por el Ministerio de Hacienda en el marco del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se define la hoja de trabajo para realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB que ordene las finanzas públicas.

    Una de las principales metas es reducir en 5.4 puntos porcentuales del PIB la deuda, que pasaría de un 87.4 % en 2024 a un 82 % en 2029.

    ¿Qué podría frenar este objetivo?

    El documento plantea que se utilizó una herramienta del FMI para evaluar los riesgos fiscales (FRAT, por sus siglas en inglés), la cual encontró que los “asociados a los desastres medioambientales” son los de mayor importancia, porque “podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”.

    El documento expone que la ubicación geográfica y las características socioeconómicas convierten a El Salvador en un territorio altamente vulnerable al cambio climático y a la ocurrencia de desastres medioambientales, cuya materialización se traduce en daños y pérdidas que impactan las finanzas públicas.

    “Los riesgos del cambio climático y los desastres naturales impactan las finanzas públicas a través de daños a la infraestructura pública, pérdidas en la producción, aumento del gasto público, reducción de los ingresos fiscales, disminución de la recaudación tributaria por contracción económica y aumento de la deuda pública”, sostiene.

    El cóctel de crisis está conformado así: el 88.7 % del territorio salvadoreño es considerado “zona de riesgo”, mientras que un 63 % presenta amenaza sísmica alta y muy alta; un 38 % es susceptible a deslizamientos; un 35 % a sequías y un 15 % a inundaciones.

    Según la evaluación, un sismo de gran magnitud generaría desviaciones que se traducirían en una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, así como un aumento de 2 % del déficit fiscal y un 3.9 % de la deuda pública.

    Ante esto, Hacienda estima que los pasivos contingentes por la ocurrencia de terremotos, sequías y exceso de lluvias costarían $665 millones en los próximos cinco años, un 1.81 % del PIB.

    Otros riesgos

    Hacienda también advierte de riesgos específicos como los derivados de empresas públicas, gobiernos locales, garantías soberanas y asocios público-privados (APP).

    El documento señala que la deuda municipal ha representado un promedio de un 2.1 % del PIB en los últimos 14 años. En 2024, el saldo sumó $766.5 millones, de los cuales Hacienda asume $473.2 millones, mientras que $293.3 millones son responsabilidad directa de las municipalidades.

    Además, recuerda que la gestión financiera de las empresas públicas no financieras (EPNF) puede convertirse en ingresos al fisco o en una carga, si requiere subsidios, rescates o afecta la calificación crediticia.

    Actualmente, El Salvador solo tiene un APP en ejecución con la terminal de carga del Aeropuerto Internacional. La figura de un APP permite que un privado administre un bien o servicio público por un tiempo, con el compromiso de inversión.

    Según el análisis de Hacienda, este proyecto es autosostenible y no requiere garantías ni pagos firmes del gobierno.

  • Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé un descenso de la deuda a partir de 2026 hasta que llegue a un 82 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    Este informe es uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo por $1,400 millones, cuyo principal fin es ordenar las cuentas fiscales. Además, se enmarca en los parámetros definidos en la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

    De acuerdo con las proyecciones, la deuda del sector público no financiero (SPNF) se mantendrá con una “trayectoria estable y decreciente” entre 2025 y 2029, a través de la implementación de medidas de corrección fiscal que implicarán un ajuste de 3.5 puntos porcentuales del PIB.

    El documento plantea como meta una reducción de 5.4 puntos porcentuales en relación con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de un 87.4 % a 82 %.

    Con dicha reducción se cumpliría la meta establecida en la Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada en junio de 2025, que fija un límite de endeudamiento no mayor del 80 % del PIB para 2030.


    Hacienda propone esa reducción del peso de la deuda mediante un ajuste en el superávit primario —más ingresos que gastos— y un crecimiento económico sostenido.

    Para este período se prevé un superávit primario promedio de 3.3 % del PIB, menor en relación con la tasa de 4.2 % registrada al cierre de 2024, mientras que el déficit fiscal —más gastos que ingresos— llegaría a 2.6 % en 2029.

    En cuanto al crecimiento económico, Hacienda considera que las medidas económicas y fiscales permitirán “mejorar la capacidad estructural de la economía, logrando crecer sin crear presiones inflacionarias, aumentando en el mediano plazo el crecimiento del PIB potencial y una mayor resiliencia ante choques externos”.

     

    Indicadores fiscales 2025-2029:
    – Reducción de 5.4 puntos porcentuales de la relación de la deuda con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de 87.4 % a 82 %.
    – El déficit fiscal se reduciría gradualmente hasta llegar a 2.9 % en 2029.
    – El balance primario —más ingresos que gastos sin incluir intereses— sería de 1.9 % en 2025 y aumentaría hasta 3.7 % en 2027 y 4.2 % en 2029.
    – La inversión pública alcanzaría un promedio de 4.2 % del PIB.
    – El gasto público total pasaría de 29.4 % del PIB en 2025 a 29.2 % en 2029. El gasto corriente llegaría a 25.2 % del PIB en 2029.

     

    Riesgos: ¿qué podría frenar el cumplimiento de esta meta?

    Sin embargo, el informe advierte que el costo de la deuda es el principal “factor de presión al alza”. Si bien el superávit fiscal reduciría la deuda en 16.6 % del PIB y el crecimiento económico en 12 %, las altas tasas de interés la incrementarían en 24 %.

    También señala los riesgos asociados a los desastres medioambientales como uno de los mayores obstáculos, según una medición realizada con la herramienta para la evaluación de riesgos fiscales (FRAT), desarrollada por el FMI.

    “Estos podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”, agrega, al ejemplificar que la ocurrencia de dos desastres —como un sismo o exceso de lluvias— podría reducir el crecimiento del PIB en 2 %, aumentar el déficit fiscal en 4.2 % y elevar la deuda en 6.6 %.

    Además, menciona “riesgos específicos” derivados de las empresas públicas, los asocios público-privados (APP), los gobiernos locales y las garantías soberanas, aunque aclara que generarían un “impacto fiscal bajo y una probabilidad de materialización media o baja”.

    En el informe, Hacienda también destaca “incrementos sostenidos” de la recaudación tributaria —al menos $2,858 millones entre 2020 y 2024— debido a medidas administrativas para mejorar y modernizar la administración tributaria, ampliar la base de contribuyentes y promover la equidad del sistema, sin aumentar impuestos.