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  • México confirma cinco connacionales detenidos en redadas migratorias en Carolina del Norte

    México confirma cinco connacionales detenidos en redadas migratorias en Carolina del Norte

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que cinco ciudadanos mexicanos fueron detenidos durante las redadas migratorias realizadas el pasado fin de semana en Carolina del Norte, Estados Unidos. La mandataria aseguró que el Gobierno federal ya está proporcionando asistencia y protección consular a los afectados.

    “Hay cinco connacionales detenidos y el consulado general de México en Raleigh está en comunicación con ellos para brindarles asistencia y protección consular”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

    Sheinbaum reiteró que la protección de los mexicanos en el extranjero es una prioridad para su administración, y que el caso será seguido de cerca por la Cancillería.

    El anuncio se produce tras la operación denominada Charlotte’s Web, llevada a cabo por autoridades migratorias estadounidenses en la ciudad de Charlotte, capital financiera del estado. El operativo dejó al menos 81 personas detenidas, entre ellas ciudadanos mexicanos y hondureños.

    La redada se centró en la persecución de “extranjeros ilegales con antecedentes criminales”, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que denunció la existencia de más de 1,400 órdenes de detención no cumplidas debido a las denominadas políticas santuario vigentes en algunas ciudades.

    Sin embargo, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, aseguró que “la vasta mayoría” de los detenidos no tienen antecedentes penales. Stein pidió a la ciudadanía documentar los operativos migratorios y protestar de forma pacífica, como ya ocurrió en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland.

    Entre los casos más difundidos en redes sociales figura el de Willy Aceituno, ciudadano estadounidense nacido en Honduras, quien denunció haber sido detenido violentamente por agentes migratorios pese a tener su documentación en regla. El DHS respondió acusándolo de “comportamiento errático” e indicó que un agente resultó herido cuando un civil chocó su vehículo durante la operación.

    Este operativo se suma a otras redadas migratorias realizadas en junio en Los Ángeles y en septiembre en Chicago, impulsadas por la actual administración estadounidense como parte de su estrategia de control migratorio.

  • Cuatro policías heridos y 21 personas detenidas en protesta contra ICE cerca de Chicago

    Cuatro policías heridos y 21 personas detenidas en protesta contra ICE cerca de Chicago

    Un total de 21 personas fueron arrestadas este viernes durante una protesta frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, una localidad cercana a Chicago, donde se registró un enfrentamiento con saldo de cuatro policías heridos.

    Según la alcaldía de Broadview, los manifestantes —vinculados a una comunidad religiosa no identificada— cruzaron los límites establecidos para la protesta, lo que desencadenó una confrontación con las fuerzas de seguridad que resguardaban el perímetro.

    La protesta tuvo lugar en el marco de las crecientes movilizaciones contra la ‘Operación Midway Blitz’, una campaña del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iniciada hace tres meses y que ha provocado críticas por parte de activistas y comunidades religiosas en defensa de los migrantes.

    En el operativo participaron agentes del alguacil del condado de Cook, policías estatales de Illinois y elementos de la Policía local de Broadview, quienes intentaron contener a los manifestantes una vez que la situación se tornó violenta.

    La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, confirmó que dos de sus policías, un agente estatal y un miembro del equipo del alguacil resultaron lesionados. No se divulgaron los nombres de los detenidos ni detalles sobre la congregación religiosa involucrada.

    “He suplicado repetidamente a los manifestantes que alcen la voz, no los puños. Han optado por los puños”, señaló Thompson en un comunicado oficial. “Estos forasteros han elegido brutalizar a los agentes de policía que protegían su libertad de expresión y los defendían de las agresiones de los agentes del ICE. Nos veremos en los tribunales”, advirtió.

  • Juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago

    Juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago

    Un juez federal estadounidense ordenó este miércoles la libertad bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que han sacudido el área metropolitana de Chicago (Illinois) durante la ‘Operación Midway Blitz’ de la Administración Trump.

    El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó un reclamo de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según el cual los arrestos se produjeron en violación a un acuerdo judicial vigente en Illinois y cinco estados vecinos.

    Aquellos sujetos a ser liberados deberán obtener la fianza antes del mediodía del próximo 21 de noviembre. El número exacto de personas que recuperarían su libertad dependerá de cuántas no hayan abandonado el país voluntariamente o hayan sido deportadas.

    El fallo se aplica a las personas que no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan un riesgo significativo.

    En Illinois, el denominado Consentimiento Castañon-Nava de 2022, limita las circunstancias en las que los agentes pueden realizar arrestos sin orden judicial al aplicar las leyes civiles de inmigración.

    En la audiencia, el magistrado resolvió otorgar una «reparación equitativa», al ordenar la libertad provisional de estas personas mediante «alternativas a la detención», como el uso de monitores electrónicos en el tobillo o citas de seguimiento periódicas con agentes de inmigración, de forma virtual a través de aplicaciones móviles.

    El juez Cummings ordenó al Departamento de Justicia revisar todos los arrestos que se encuentren dentro de la misma categoría y presentar una lista antes del próximo 19 de noviembre, y a partir de ahí, tomar las medidas correspondientes.

    Cummings dictaminó el mes pasado que los agentes que han actuado en Chicago y sus alrededores violaron el acuerdo, y desde entonces abogados de ambas partes han trabajado para identificar cuántos arrestos violaron el consentimiento previamente acordado.

    El abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo -a medios locales- que casos como estos ocurren a diario.

    Según afirmó el letrado, hasta el momento, la lista de personas detenidas en violación del acuerdo judicial superaría las tres mil.

    Fleming indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, en inglés) ha presentado una lista de 3.800 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. informó sobre 1.200 personas, aunque aclaró que podría haber entradas duplicadas en ambas listas, por lo que no se cuenta con una cifra total definitiva.

    Además, el abogado dijo que ambas listas solo abarcan hasta principios de octubre y unas mil personas ya no se encuentran en los Estados Unidos porque fueron deportadas después de firmar órdenes de expulsión voluntaria.

    Los abogados que representan al DHS argumentaron en la audiencia que el Congreso despojó a los tribunales federales de su autoridad para otorgar la libertad condicional a grandes grupos de inmigrantes bajo custodia del ICE.

    En sus alegatos, sostuvieron que «el Congreso ha otorgado la autoridad para conceder la libertad condicional exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Nacional. Los tribunales federales no pueden ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que libere a ningún extranjero en libertad condicional porque el Congreso le ha retirado esa autoridad».

  • Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    Grupos latinos exigen al Gobierno de Trump que rinda cuentas por acciones contra migrantes

    El Caucus Hispano del Congreso (CHC) y la Federación Hispana lanzaron este lunes una campaña para exigir al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rinda cuentas por sus políticas contra la comunidad migrante, incluidas las detenciones y deportaciones masivas, y que garantice el respeto al debido proceso.

    La campaña aboga por «restablecer la supervisión del Congreso sobre la aplicación de las leyes de inmigración», así como por «reformar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para garantizar la rendición de cuentas y promover la seguridad pública», según un comunicado de las asociaciones.

    En concreto, la coalición de grupos hispanos propuso reformar los protocolos policiales a nivel federal; garantizar el debido proceso; balancear la seguridad pública con los derechos humanos; fortalecer la transparencia y supervisión, y canalizar fondos hacia metas humanitarias.

    Su puesta en marcha se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias por todo el país, que ha dado lugar a redadas masivas y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis para proteger a las autoridades migratorias en sus redadas.

    Los operativos del ICE han estado a menudo rodeados de críticas de activistas y políticos demócratas que denuncian un empleo desmedido de la fuerza para los arrestos.

    Así, el presidente de la CHC y congresista demócrata, Adriano Espaillat, describió en el comunicado las medidas del Gobierno como «una guerra urbana» y lamentó que los agentes del ICE realicen arrestos sin identificarse, ocultos por una máscara y sin su número de placa.

    La campaña comienza cuatro meses después de que el Congreso aprobara una asignación de 170.000 millones de dólares adicionales al ICE para deportaciones masivas el pasado julio.

    La organización Voto Latino también se unió a ella, denunciando que Trump «ha empujado aún más a las familias inmigrantes a la clandestinidad» y no ha velado por la seguridad pública y el estado de derecho.

    Además, señaló que el Departamento de Estado (DHS, en inglés), del que dependen las acciones del ICE, «se ha extralimitado y sigue operando con escasa o nula supervisión».

  • EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este domingo que cerca de 1.6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos optaron por salir del país de forma voluntaria durante 2025, como parte del programa de autodeportación. Además, otras 500,000 personas fueron deportadas forzosamente por las autoridades migratorias.

    Según el informe oficial, el programa de autodeportación, lanzado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los migrantes un incentivo de $1,000 y un boleto aéreo para regresar a su país de origen. Esta campaña, promovida a nivel nacional, ha sido clave para motivar a los migrantes a inscribirse y abandonar el país por cuenta propia.

    El DHS, bajo instrucciones presidenciales, también intensificó las redadas y operativos migratorios a través de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Las operaciones se han enfocado especialmente en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, donde las acciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos por su carácter “intimidatorio y militarizado”.

    “Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS. Aunque no se detalló el presupuesto total de la iniciativa, estimaciones de medios locales indican que se han destinado millones de dólares para su ejecución y promoción.

    El programa y los operativos reflejan una política migratoria cada vez más estricta impulsada por el presidente Donald Trump, quien mantiene una postura firme contra la inmigración irregular como parte de su agenda para fortalecer el control fronterizo y reducir la presencia de migrantes sin documentos en el país.

     

  • Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

    Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

     

    Un juez federal de Tennessee ordenó este lunes a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien se intenta deportar hacia un país africano.

    La resolución fue emitida por el juez de distrito Waverly Crenshaw y está dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). En su fallo, el magistrado advirtió que cualquier empleado que incumpla la instrucción podría enfrentar sanciones por realizar comentarios con “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el caso penal en curso.

    Crenshaw expresó preocupación por las declaraciones extrajudiciales de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Muchas de esas afirmaciones han sido exageradas o simplemente inexactas”, escribió el juez en su resolución, y citó en particular los señalamientos que vinculan a Ábrego García con la pandilla MS-13.

    El juez recordó que existe una norma local que prohíbe a los empleados del gobierno federal hacer comentarios públicos sobre procesos penales activos, y ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee que notifique formalmente esa obligación a los responsables del DOJ y del DHS.

    En una resolución adicional, Crenshaw también exigió al Gobierno que entregue bajo sello judicial los documentos que justifiquen su cambio de postura en el caso. Inicialmente, las autoridades pretendían “deportar sin procesar” a Ábrego García, pero más adelante optaron por procesarlo penalmente antes de proceder con la deportación, la cual se ejecutaría hacia Liberia, un país con el que el migrante no tendría ninguna conexión.

     

  • Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Congresistas demócratas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron este lunes una investigación en el Congreso para esclarecer los arrestos de ciudadanos estadounidenses en las masivas redadas migratorias realizadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Hombres enmascarados están sacando a rastras de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención, sin acceso a un abogado y ni siquiera a una llamada telefónica”, denunció el congresista californiano Robert García, quien lidera el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

    García y el senador Richard Blumenthal, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la entrega de registros que expliquen las detenciones presuntamente arbitrarias. La solicitud se formalizó en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras conocerse denuncias periodísticas sobre estas prácticas.

    Según una investigación del medio ProPublica, al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante operativos migratorios, aunque el número podría ser mayor por la ausencia de datos oficiales. El informe advierte que muchas detenciones se realizaron sin acceso a defensa legal ni a comunicación externa.

    Los congresistas demócratas alertaron que las detenciones muestran un patrón que coincide con un repunte de la discriminación racial, especialmente hacia comunidades latinas, lo cual ha sido ampliamente documentado en Los Ángeles.

    La alcaldesa Karen Bass condenó la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump y sostuvo que representa un ataque directo a los derechos civiles. “Siempre defenderé a Los Ángeles. Los informes sobre angelinos –ciudadanos estadounidenses– que son sometidos a descargas eléctricas, arrastrados y detenidos ilegalmente deberían preocuparnos a todos”, afirmó.

    Bass destacó que tanto su administración como el Concejo Municipal han aprobado medidas para reforzar los protocolos y capacitar al personal en el cumplimiento de la ordenanza local que prohíbe el uso de recursos municipales para colaborar con operativos migratorios ordenados por la Administración Trump.

  • EE.UU. aplicará multa de $5,000 a quienes crucen ilegalmente su frontera

    EE.UU. aplicará multa de $5,000 a quienes crucen ilegalmente su frontera

    La embajada de Estados Unidos en México anunció este miércoles que toda persona que cruce ilegalmente la frontera estadounidense deberá pagar una multa de $5,000, como parte de un nuevo paquete de medidas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El portavoz de la embajada, David Arizmendi, explicó en un video publicado en la red social X que la medida entra en vigor de inmediato. “Se aplicará una nueva multa de $5,000 a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos”, afirmó, y advirtió que quienes incumplan la ley “enfrentarán graves consecuencias”.

    La disposición se da a conocer el mismo día que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que a partir de este jueves aplicará un cobro de $1,000 a los nuevos solicitantes del programa ‘parole’, un permiso de residencia temporal que se otorga por razones humanitarias urgentes.

    La tarifa afectará a extranjeros que obtengan o tengan pendiente una solicitud de permanencia temporal en EE.UU., a excepción de casos específicos como emergencias médicas o asistencia a funerales, detalló el DHS en un comunicado oficial.

    Estas nuevas medidas representan un endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, a pesar de la disminución de cruces irregulares reportada por el Gobierno mexicano.

    Según datos de la Cancillería de México, entre el 1 de octubre de 2024 —inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum— y el 20 de agosto de 2025, los encuentros de migrantes en la frontera con EE.UU. bajaron un 91 %, al pasar de 3,640 a 285 personas interceptadas.

    El Gobierno estadounidense mantiene firme su postura frente a la migración irregular, reforzando controles y aumentando los costos para quienes busquen ingresar sin cumplir los requisitos legales.

     

  • EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    EE.UU. ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Ghana, revelan sus abogados

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha notificado a los abogados de Kilmar Ábrego García su intención de deportarlo a Ghana, un país de África Occidental, según reveló la cadena ABC News.

    La decisión marca un nuevo giro en el complejo caso del salvadoreño, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país debido al riesgo de persecución. Durante esa expulsión, Ábrego García fue enviado directamente al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad del gobierno salvadoreño.

    El DHS había planteado anteriormente la posibilidad de deportar a Ábrego García a Esuatini o Uganda (también en África), países con los que el salvadoreño no tiene vínculos aparentes. No obstante, el gobierno ahora planea su deportación a Ghana, de acuerdo con un aviso oficial entregado a su equipo legal.

    Los abogados del inmigrante comparecerán ante un tribunal este viernes en una audiencia probatoria, donde se espera que testigos del gobierno declaren sobre los esfuerzos realizados para deportarlo a otros países africanos.

    Ábrego García, quien vivía en Maryland junto a su esposa e hijos antes de ser detenido, fue señalado por la administración Trump como presunto miembro de la pandilla MS-13, acusación que ha sido enérgicamente negada por su familia y su defensa legal.

    En junio, tras su deportación fallida, fue repatriado a EE.UU. para enfrentar cargos de trata de personas en Tennessee, ante los cuales se ha declarado inocente. Mientras aguardaba el juicio bajo custodia de su hermano, fue nuevamente detenido por autoridades migratorias, quienes reanudarían los esfuerzos de deportación.

    La semana pasada, un juez de inmigración rechazó una moción para reabrir su caso migratorio, lo que dejó al salvadoreño expuesto a una posible expulsión.

     

  • El DHS ignorará ley californiana que prohíbe a agentes migratorios usar máscaras

    El DHS ignorará ley californiana que prohíbe a agentes migratorios usar máscaras

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos dijo este lunes que no acatará la recién firmada ley de California que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar máscaras para ocultar su identidad en los operativos migratorios.

    En un mensaje en la cuenta de X, el DHS aseguró que la prohibición estatal, firmada el sábado pasado por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, es «inconstitucional».

    «En un momento en que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a un aumento del 1.000 % en las agresiones y sus familiares están siendo objeto de publicidad y ataques, el gobernador de California firmó una legislación inconstitucional que despoja a las fuerzas del orden de sus protecciones», argumentó el DHS.

    El Departamento calificó la aprobación de la ley estatal como «una maniobra» de recaudación de fondos y relaciones públicas.

    En un comunicado, Newsom destacó que se trata de la primera ley de EE.UU. que veta a los agentes del ICE enmascarados, a los que calificó de «policía secreta».

    El gobernador, que ha sido una de las caras demócratas que ha puesto cara al presidente estadounidense Donald Trump y su campaña de deportaciones masivas, reivindica que las personas «deben saber que están interactuando con agentes legítimos».

    Otra de las leyes, que entró en efecto inmediatamente, señala que los agentes de inmigración y de las fuerzas del orden deberán exponer su nombre o número de placa en el estado de California, y no podrán llevar máscara «excepto si es absolutamente necesario».

    Las medidas también implican que los agentes del ICE necesitarán una orden judicial para acceder a las aulas de las escuelas, donde las familias serán notificadas si hay una redada, y a las salas de emergencias del hospital, y además protegen la información de estudiantes y pacientes.

    California ha sido blanco de las redadas migratorias de Trump, en especial Los Ángeles que ha registrado desde junio pasado múltiples operativos.