El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a ayudar a defender a Polonia y a los estados bálticos en caso de que Rusia incremente sus incursiones militares en la región, luego de que tres cazas rusos violaran el espacio aéreo de Estonia.
Durante su viaje al funeral del activista Charlie Kirk, un periodista le consultó si su Gobierno respaldaría a estos países en caso de una escalada rusa. “Sí, lo haría, lo haría”, respondió el mandatario.
El incidente se produjo el viernes, cuando tres aviones MIG-31 de Rusia ingresaron durante doce minutos al espacio aéreo estonio, lo que obligó a una respuesta de la OTAN. Este hecho se suma a otras incursiones recientes: drones rusos detectados en Polonia la semana pasada y en Rumanía hace dos viernes.
Trump, preguntado por la situación, confirmó estar al tanto y señaló: “No nos gusta”.
Ante la violación, el Gobierno de Estonia decidió invocar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, mecanismo al que cualquier miembro puede recurrir si percibe amenazas a su integridad territorial, independencia política o seguridad nacional.
En paralelo, Polonia denunció la presencia de dos cazas rusos sobrevolando a baja altura el mar Báltico, cerca de la plataforma petrolera Petrobaltic, acción que consideró una violación de su zona de seguridad, según la Guardia Fronteriza polaca.
A petición de Estonia, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará mañana lunes una reunión de emergencia en Nueva York para abordar las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia.
La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas restricciones a la visa H-1B, incluyendo un polémico pago anual de 100 mil dólares, ha causado alarma tanto en trabajadores extranjeros como en las empresas tecnológicas que dependen ampliamente de este tipo de visado laboral.
La medida, formalizada mediante una proclamación firmada por el presidente Donald Trump, busca reformar el uso del visado H-1B en EE.UU., el cual permite a empresas contratar temporalmente a profesionales altamente cualificados en campos como tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas.
Según el documento firmado por Trump, el programa H-1B ha sido utilizado «para reemplazar, en lugar de complementar, a trabajadores estadounidenses», acusando a empresas —especialmente del sector TI— de externalizar fuerza laboral y reducir salarios.
La Administración Trump sostiene que esta situación genera un impacto negativo en la fuerza laboral nacional, promueve el desempleo entre graduados recientes y pone en riesgo el liderazgo tecnológico de EE.UU.
“La visa H-1B ya no se está utilizando para cubrir escasez de talento, sino para abaratar costos”, señala la proclamación.
El anuncio ha generado incertidumbre entre los aproximadamente 600 mil titulares de visas H-1B. Según información preliminar, la medida solo afectaría a nuevas solicitudes, pero no hay claridad sobre quienes estén renovando o intentando reingresar al país tras un viaje internacional.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aclaró el sábado que la tarifa de $100 mil anuales para la emisión de visados H1-B introducida la víspera, será aplicable únicamente a las solicitudes presentadas tras la firma del decreto presidencial que contempla la medida y no a aquellas presentadas o emitidas previamente. Es decir, no se contempla su efecto retroactivo.
Un funcionario citado por Politico.com indicó que los actuales portadores del visado no necesitan apresurarse a regresar, aunque abogados de inmigración y asociaciones empresariales recomiendan no abandonar Estados Unidos ante el riesgo de no poder regresar.
Además, el documento presidencial otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para excepciones en casos donde el visado sea considerado de interés nacional o no represente una amenaza para la seguridad de EE.UU.
Según cifras del American Immigration Council (AIC) citadas por la Casa Blanca, en 2019, el 23,1 % de los trabajadores en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) eran extranjeros, el doble que en 2000. En áreas como informática y matemáticas, el número asciende al 26,1 %.
La Administración Trump considera que esta alta dependencia extranjera ha derivado en tasas de desempleo del 6 al 7,5 % para los jóvenes profesionales estadounidenses en estos campos.
Impacto en empresas tecnológicas y trabajadores de la India
El efecto de estas nuevas restricciones H-1B se dejará sentir especialmente en empresas como Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Tata Consultancy Services (TCS), que emplean a miles de profesionales bajo este esquema. Amazon lidera la lista con más de 14 mil empleados con visa H-1B.
Más del 70 % de estas visas están en manos de ciudadanos indios, por lo que el Gobierno de India ha expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias y económicas de esta medida, que podría afectar servicios críticos y generar desempleo técnico entre profesionales calificados.
Mientras se espera información oficial por parte de los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, organizaciones jurídicas y empresas del sector tecnológico ya preparan demandas judiciales para frenar o modificar la normativa.
En paralelo, los afectados están siendo aconsejados a no salir de EE.UU. hasta que haya mayor claridad sobre las nuevas reglas.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una contundente advertencia al gobierno de Afganistán al exigir la devolución de la base aérea de Bagram, una instalación militar clave que Washington controló hasta 2021.
“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, Estados Unidos, ¡van a suceder cosas malas!”, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social, plataforma donde suele hacer declaraciones oficiales y mensajes políticos.
La advertencia de Trump llega apenas días después de revelar que su administración está intentando recuperar el control de la base, considerada un símbolo de la presencia militar estadounidense durante la guerra en Afganistán, que concluyó con la retirada de tropas en agosto de 2021 y el retorno al poder del grupo Talibán.
Durante una rueda de prensa realizada en el Reino Unido, el presidente estadounidense criticó que la base haya sido “cedida a cambio de nada” y expresó que su gobierno explora distintas vías para retomar el control. Incluso, insinuó la posibilidad de un intercambio con los talibanes: “Ellos necesitan cosas de nosotros”, declaró.
Ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Kabul, la base aérea de Bagram fue originalmente construida por la Unión Soviética en los años 50, pero fue controlada y reconstruida por Estados Unidos a partir de 2001, tras la caída del régimen talibán.
Durante dos décadas, Bagram fue el epicentro de las operaciones militares de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. La instalación llegó a extenderse por más de 77 kilómetros cuadrados, con capacidad para albergar a miles de tropas, aeronaves y equipo militar.
El abandono de la base en 2021, previo a la retirada final de las fuerzas estadounidenses, fue ampliamente criticado por sectores conservadores en EE.UU., incluido Trump, quien ha insistido en que la entrega fue una “decisión catastrófica”.
Ahora, con su regreso al poder, el presidente estadounidense insiste en recuperar el control de Bagram como parte de su estrategia de presión hacia los talibanes y en defensa de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región.
Hamás divulgó este sábado una imagen de 46 de los 48 rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza, excluyendo a dos tailandeses, como una «foto de despedida» ante el inicio de la operación militar terrestre que el Ejército de Israel desarrolla en la ciudad de Gaza.
La imagen, distribuida por el grupo islamista a través de sus canales de propaganda, fue acompañada de un mensaje directo contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.
“Debido a la negativa de Netanyahu y Zamir, una imagen de despedida mientras la operación militar en ciudad de Gaza comienza”, se lee en la parte superior de la fotografía.
En la composición se incluyen los rostros de 46 rehenes, la mayoría de ellos de nacionalidad israelí. También figuran los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, así como el nepalí Bipin Joshi. Todos ellos están precedidos por una imagen en blanco y negro del piloto israelí Ron Arad, desaparecido en Líbano en 1986, tras ser capturado por Hizbulá. Israel lo declaró muerto en combate en 2016, sin haber recuperado su cuerpo.
Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, habían advertido el viernes que la intensificación de los ataques israelíes ponía en grave riesgo la vida de los secuestrados.
«Sus cautivos están dispersos en los barrios de Gaza y no vamos a preocuparnos por sus vidas mientras Netanyahu esté decidido a matarlos», indicaron en un comunicado emitido por Telegram.
El grupo terrorista también afirmó que la operación israelí tendrá consecuencias irreversibles.
“El inicio de la expansión y esta operación criminal significa que no obtendréis rehenes, ni vivos ni muertos, y su destino será el mismo que el de Ron Arad”, advirtieron, en un mensaje que se interpreta como una amenaza directa sobre el posible asesinato de los rehenes.
De los 48 cautivos, el Gobierno israelí calcula que cerca de 20 siguen con vida. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado desde la Casa Blanca que el número real de sobrevivientes podría ser “menos de 20”.
En declaraciones confusas, también mencionó que “32 están muertos, tal vez 38”, en referencia a las cifras manejadas por las agencias de inteligencia estadounidenses.
¿Deseas que prepare una versión más breve para redes sociales o un formato visual para web?
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López defendió este sábado una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, al considerarla “absolutamente legítima”.
A juicio del líder de Voluntad Popular, dicha acción sería válida tras lo que calificó como un “golpe de Estado” cometido por el presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024.
En entrevista con Europa Press, López manifestó que la salida de Maduro “representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos” y que todo escenario que conduzca hacia una transición democrática debe ser respaldado. También aplaudió el endurecimiento de la presión de Washington desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
López dio su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y no dudó al afirmar que también apoyaría una intervención directa.
“Tendría una respuesta masiva de los venezolanos”, sostuvo, recordando que “así se conquistó la independencia en América Latina”.
Rechazó que la muerte de ciudadanos venezolanos durante operativos contra narcotraficantes recaiga en las fuerzas estadounidenses, responsabilizando en cambio al Gobierno de Maduro.
El opositor también vinculó directamente al Ejecutivo con el Cártel de los Soles, afirmando que esta estructura “no es paralela, es el Estado mismo”.
Celebró que el Parlamento Europeo haya instado a clasificar esta red como organización terrorista, una postura que ya ha adoptado Estados Unidos. Asimismo, pidió al Gobierno de España y a sus empresas, incluidas las petroleras, romper relaciones políticas y económicas con Caracas.
Finalmente, López reiteró su respaldo al excandidato Edmundo González, a quien calificó como “el presidente constitucional de Venezuela”, y a María Corina Machado como principal referente de la oposición. Criticó a otros líderes opositores como Henrique Capriles por, según él, aceptar las condiciones del régimen. “Conformarse con las migajas del Gobierno no tiene ningún impacto en la aspiración colectiva de la mayoría de venezolanos”, afirmó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece la creación de la llamada “tarjeta dorada”, un programa que permitirá a ciudadanos extranjeros acelerar el proceso de obtención de visados mediante un aporte económico de $1 millón.
“Por la presente anuncio la Tarjeta Dorada, un programa de visados supervisado por el secretario de Comercio que facilitará el ingreso de extranjeros que hayan demostrado su capacidad y deseo de promover los intereses de Estados Unidos proporcionando voluntariamente un importante regalo financiero a la Nación”, señaló Trump en un comunicado de la Casa Blanca.
Según la orden, los solicitantes individuales deberán entregar $1 millón, mientras que las corporaciones o entidades que gestionen visados a nombre de terceros deberán aportar $2 millones. El programa se mantendrá bajo supervisión de los departamentos de Comercio, Estado y Seguridad Nacional, y los fondos se destinarán al Departamento del Tesoro para “promover el comercio y la industria estadounidense”.
Trump justificó la medida como un giro estratégico frente a las políticas de la administración anterior:
“Mi Administración ha trabajado incansablemente para deshacer las desastrosas políticas migratorias de la Administración anterior, que generaron una avalancha de inmigrantes (…). Es una prioridad realinear la política federal de inmigración con los intereses de la Nación, priorizando la admisión de empresarios, inversionistas y hombres y mujeres de negocios exitosos”, afirmó Trump.
La iniciativa busca fortalecer la economía estadounidense atrayendo capital extranjero a través de un sistema de visados preferenciales. No obstante, especialistas advierten que el plan podría abrir debates sobre la mercantilización de la inmigración y su impacto en la igualdad de acceso a los procesos migratorios.
La guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, cumple tres años y medio y se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la ONU. El conflicto no solo ha expuesto la falta de unidad internacional, sino que también ha generado fatiga en países emergentes y en desarrollo, que ahora mantienen posturas equidistantes o de silencio.
En los primeros meses, las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas mostraron un respaldo abrumador a Ucrania. Sin embargo, desde 2023 ese apoyo se ha diluido, marcado por divisiones diplomáticas y por la creciente atención internacional hacia Oriente Medio.
El desgaste se acentuó en febrero de este año, cuando Estados Unidos sorprendió al alinearse con Rusia en una votación del Consejo de Seguridad sobre la invasión, al tiempo que inició conversaciones directas con Moscú. El presidente Donald Trump buscaba forzar una tregua, aunque el proceso resultó ser más complejo de lo previsto.
Mientras tanto, en febrero de 2024, ministros europeos de Exteriores viajaron a Nueva York para reafirmar su apoyo a Kiev, aunque la percepción de “fatiga ucraniana” crecía en países como China e India, que refuerzan vínculos con Moscú, y en regiones de África y América Latina, que se mantienen al margen por considerar que no es un conflicto propio.
China, India y Rusia refuerzan su bloque geopolítico
En septiembre, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) consolidó la alianza entre China, India y Rusia como un nuevo eje geopolítico. Junto a Corea del Norte, estos países rechazaron los intentos de Occidente de aislar a Vladímir Putin.
La mediación de Washington para detener la guerra se produce además en un contexto de crisis financiera en la ONU, agravada por el recorte del apoyo económico de EE. UU. a varias agencias y organismos internacionales.
“Muchos países que inicialmente apoyaron sólidamente a Ucrania se cansaron de los frecuentes votos y reuniones sobre la guerra, en parte porque era obvio que la ONU no podría afectar a las acciones de Rusia”, explicó a EFE Richard Gowan, analista del Crisis Group.
El experto señaló que países como Brasil perciben que el fuerte apoyo militar de la OTAN prolonga el conflicto y reduce las opciones de una salida diplomática. A esto se suma la guerra en Gaza, que refuerza la percepción de un “doble rasero” en la postura europea hacia Palestina y Ucrania.
Gowan considera que muchos países del sur global ven con buenos ojos las aperturas de Trump hacia Rusia, pero advierten que un eventual acuerdo que implique la cesión de territorios ucranianos sería problemático, pues contradiría la Carta de la ONU y generaría precedentes peligrosos para otras disputas, como la de Esequibo entre Venezuela y Guyana.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el viernes que la economía de México sufrirá una desaceleración en 2025 debido a la combinación de la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos, generadas por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
En su informe preliminar tras una visita a Ciudad de México, el organismo proyectó un crecimiento del PIB del 1 % en 2025, aunque prevé un repunte moderado en 2026, condicionado a la evolución de la relación comercial con EE. UU.
“Se prevé que el crecimiento se ralentice en 2025 (…) mientras que las exportaciones han mostrado resistencia”, señaló el FMI, subrayando que la incertidumbre en torno a los aranceles de Trump seguirá pesando sobre el consumo y la inversión.
El FMI también alertó sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal y adoptar políticas que eviten un aumento de la deuda pública.
“Se proyecta que el déficit de 2025 alcance el 4,3 % del PIB, en comparación con la meta programada de 3,9 %, lo que refleja la reversión del incremento del gasto de 2024”, detalló el informe.
El organismo consideró positivo continuar con la flexibilización monetaria, al tiempo que destacó que los riesgos de estabilidad financiera en México son bajos y respaldó los planes para fomentar la competencia y la profundización del sistema financiero.
Aranceles de Trump y revisión del T-MEC
México se encuentra actualmente bajo una tregua arancelaria de 90 días, concedida por Trump en agosto, mientras se negocia un nuevo acuerdo. Los productos fuera del T-MEC están siendo gravados con un 25 % de aranceles.
El FMI destacó que una demanda más fuerte de EE. UU. y una revisión favorable del T-MEC en 2026 serían factores clave para impulsar el crecimiento económico.
Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, reconoció esta semana que el proceso de revisión será “difícil, nada sencillo”, aunque aseguró que el tratado continuará vigente tras 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes la Corte Suprema que permita su propuesta de mantener el género asignado al nacer en los pasaportes y eliminar la opción «X» para personas trans y no binarias, después de que un tribunal federal bloqueara su iniciativa.
El Departamento de Justicia presentó el recurso tras la decisión de una jueza federal que anuló la política impulsada por Trump y ratificó el derecho de los ciudadanos a elegir el marcador de género en sus documentos oficiales.
En 2022, el entonces presidente Joe Biden anunció que los pasaportes incluirían la opción «X» como marcador para personas trans y no binarias. Sin embargo, en enero de este año, tras asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutivaque obliga a reconocer únicamente dos sexos —masculino y femenino— y establece que los documentos oficiales deben reflejar el sexo asignado al nacer.
La medida provocó una fuerte reacción del movimiento LGTBI, que interpuso demandas para frenar su aplicación.
La Administración Trump defiende que el sexo biológico es un criterio más confiable para la identificación en documentos oficiales.
“La orden ejecutiva explicaba que ese rasgo inmutable (el asignado al nacer) es una mejor base para la identificación que la identidad de género, que representa una sensación interna y subjetiva, existe en un continuo infinito y puede cambiar con el tiempo”, argumenta el recurso presentado por el Departamento de Justicia.
Si el Supremo respalda la posición de Trump, los pasaportes de personas trans y no binarias mostrarán únicamente el género asignado al nacer, sin posibilidad de reflejar su identidad de género.
Esta iniciativa se suma a otras medidas de la Administración Trump contra la población trans, incluida la prohibición de que participen en competiciones deportivas femeninas. El presidente republicano ha convertido estas políticas en uno de los ejes de su agenda desde la campaña electoral.
