La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que aceptará a trámite y escuchará los argumentos en torno a la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de personas indocumentadas o con visas temporales.
La decisión del máximo tribunal reabre el debate sobre la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
En junio pasado, con una mayoría conservadora (6-3), la Corte Suprema respaldó al mandatario al levantar bloqueos impuestos por jueces de tribunales federales en Maryland, Washington y Massachusetts. Estas cortes habían argumentado que el Ejecutivo carece de autoridad para modificar preceptos constitucionales a través de una orden presidencial.
El fallo, sin embargo, no resolvió la constitucionalidad del decreto, sino que se centró en la legalidad de los fallos de alcance nacional emitidos por tribunales inferiores.
Trump firmó la orden ejecutiva el mismo día de su investidura, el pasado 20 de enero, cumpliendo con una de sus más polémicas promesas de campaña. Su regreso a la Casa Blanca ha estado acompañado de un endurecimiento en las políticas migratorias.
El expresidente argumenta que la Enmienda 14 fue creada originalmente para proteger a los hijos de esclavos tras la Guerra Civil, y no debería aplicarse a “turistas de nacimiento”, como denomina a personas que viajan a EE.UU. para que sus hijos nazcan en suelo estadounidense.
Organizaciones de derechos humanos, juristas y detractores de la medida han advertido que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser modificado sin una enmienda formal.
De acuerdo con un estudio del Migration Policy Institute, alrededor de 255,000 bebés nacidos anualmente podrían quedar excluidos de la ciudadanía si la orden ejecutiva se aplica.
El caso será uno de los más observados en el próximo período judicial, ya que podría sentar un precedente históricosobre el alcance del poder presidencial frente a derechos constitucionales fundamentales.
