El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra en Gaza podría llegar a su fin en un plazo de “dos o tres semanas”, al prever un desenlace “concluyente” en el conflicto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
“Creo que en las próximas dos o tres semanas vais a tener un final concluyente bastante bueno”, declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde sostuvo que su administración está haciendo “un muy buen trabajo” para acercar el fin de la guerra.
El mandatario, sin embargo, recordó la magnitud histórica del enfrentamiento. “Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años, pero tiene que terminar. La gente no puede olvidar el 7 de octubre”, añadió en referencia al ataque de Hamás contra Israel que desató la actual escalada.
Trump subrayó la urgencia de poner fin a la crisis por la devastación en Gaza. “Tiene que acabar por el hambre y todos los demás problemas, peores que el hambre: la muerte, la cruda muerte, la muerte de personas”, recalcó.
El presidente estadounidense también mencionó los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos sobre Irán en junio, asegurando que su gobierno “acabó con la amenaza nuclear” de Teherán. “Hubiera sido un espectáculo horroroso que tuvieran armas nucleares y podrían haberlas utilizado”, afirmó.
Las declaraciones de Trump llegan mientras Israel rechaza la propuesta de alto el fuego planteada por Qatar y Egipto, que incluía una liberación por fases de rehenes retenidos por Hamás. La mediación había sido aceptada por el grupo islamista, pero no por el gobierno israelí, que mantiene su ofensiva militar.
Trump ya ha utilizado la misma expresión de “dos o tres semanas” para augurar avances en conflictos como Ucrania y Gaza, aunque los resultados en esos escenarios siguen siendo inciertos.
Congresistas y organizaciones civiles de Estados Unidos criticaron el arresto del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y pidieron para él acceso a un juicio justo, mientras lamentaron que su detención forme parte de una venganza del Gobierno estadounidense.
«El Gobierno de (Donald) Trump lo ha dejado claro: están utilizando cruelmente a Kilmar Ábrego García como un peón y una distracción. Vivimos en un país de leyes, y por mucho que Trump lo odie, Kilmar Ábrego García tiene derecho al debido proceso», dijo en un comunicado la senadora demócrata por Maryland, Angela Alsobrooks.
Ábrego García, quien fue deportado por error de la Administración y posteriormente traído de vuelta, fue arrestado esta mañana por agentes de Inmigración cuando acudía a una visita a los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland).
El viernes fue liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, por no suponer una amenaza para la comunidad o estar en riesgo de huir.
El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador cuando el inmigrante fue deportado allí y trasladado a una cárcel, afirmó que el Gobierno debe permitir al salvadoreño la oportunidad de defenderse en los tribunales y dejar de «decir mentiras sobre su caso».
Los abogados de Ábrego García indicaron el pasado sábado que el Gobierno estadounidense amenazándolo con su deportación a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le llevase a ser deportado a Costa Rica, un extremo que también fue ampliamente criticado por algunos congresistas.
«Seamos claros: deportar a Kilmar Abrego García a Uganda no tiene sentido; no es su país de origen. Nada en este proceso ha sido justo. El ICE lo está atacando con crueldad. Esto es un arma del gobierno, no de la justicia», dijo la representante por Texas, Jasmine Crockett.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se sumaron a este llamado, e indicaron que la Administración de Trump está teniendo un «comportamiento vengativo» que alcanza al resto de migrantes que quiere expulsar del país.
Por el momento, Trump se ha limitado a indicar que tienen la situación «bajo control» pese a que los abogados del migrante «están haciendo cosas a través de un sistema de tribunales liberales».
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró el domingo que Rusia ha mostrado disposición a realizar “concesiones significativas” en el marco de los contactos diplomáticos con Washington para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista con la cadena NBC.
“Creo que los rusos han hecho concesiones significativas por primera vez en tres años y medio de conflicto. Han mostrado voluntad de ser flexibles en algunas de sus demandas fundamentales”, afirmó Vance.
Sin embargo, advirtió que las negociaciones aún no se traducen en un acuerdo inmediato. “Evidentemente no estamos en el final, porque si no la guerra ya habría acabado, pero estamos en un proceso diplomático de buena fe”, añadió.
El funcionario explicó que Moscú ha aceptado principios que antes rechazaba, como reconocer la integridad territorial de Ucrania tras la guerra, renunciar a instaurar un régimen títere en Kiev y considerar garantías de seguridad para el país. “Esa era una de las principales demandas al principio”, recordó Vance, subrayando que estos cambios representan avances importantes.
No obstante, reconoció que el diálogo con Rusia sigue siendo complejo.
“A veces sentimos que estamos haciendo grandes avances y a veces, como ha dicho el presidente Donald Trump, se ha frustrado mucho con los rusos”, comentó el vicepresidente.
Vance también aclaró que la posibilidad de sanciones adicionales contra Moscú no está descartada. “Las sanciones no están descartadas, pero vamos a decidir caso por caso. Lo que creemos es que hay que aplicar el nivel de presión correcto para llevar a los rusos a la mesa de negociación”, indicó.
Las declaraciones de Vance reflejan un cambio en el tono de las conversaciones entre Washington y Moscú, en medio de la presión internacional por encontrar una salida diplomática a la guerra que ya supera tres años y medio y ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, puso en duda este domingo el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la búsqueda de un acuerdo de paz para Ucrania, al asegurar que persisten diferencias profundas entre Moscú y Kiev. Sus declaraciones fueron difundidas en una entrevista con la cadena NBC.
Lavrov descartó que exista una reunión programada entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al señalar que no se han resuelto puntos clave como las garantías de seguridad para Ucrania y las disputas territoriales.
“Putin está listo para reunirse con Zelenski cuando la agenda esté lista para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto”, afirmó el canciller ruso.
El jefe de la diplomacia de Moscú sugirió además que Putin no firmaría un acuerdo con Zelenski debido a que Rusia cuestiona su legitimidad desde que las elecciones ucranianas fueron pospuestas bajo ley marcial.
“Cuando lleguemos a la etapa en que tengamos que firmar documentos, necesitaremos que todos entiendan claramente que la persona que firma es legítima… y según la Constitución ucraniana, Zelenski no lo es en este momento”, recalcó Lavrov.
Trump, quien se reunió la semana pasada con Putin en Anchorage (Alaska) y posteriormente con Zelenski y líderes europeos en Washington, intenta promover un encuentro directo entre los mandatarios de Rusia y Ucrania. Lavrov, no obstante, destacó que la relación entre Trump y Putin se ha fortalecido y aseguró que ambos “desean la paz en Ucrania”.
“Con el presidente Trump se ha visto una luz al final del túnel”, dijo sobre la reunión en Alaska, a la que calificó como “muy buena”.
Sin embargo, el canciller ruso acusó a Ucrania y a líderes europeos de obstaculizar un acuerdo. “Dicen: ‘No podemos permitir la derrota de Ucrania. No podemos permitir que Rusia gane’. Hablan en estos términos: victoria, derrota, etc.”, expresó. Moscú, por su parte, se mantiene reticente a negociar sobre el 20 % del territorio ucraniano que controla actualmente.
En una entrevista posterior también transmitida por NBC, el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, negó que Rusia esté manipulando a Trump con su negativa a pactar un encuentro con Zelenski. Vance sostuvo que Moscú ya hizo “concesiones significativas”, como aceptar la integridad territorial de Ucrania tras la guerra y garantizar que no habrá un régimen títere en Kiev.
“Por supuesto, aún no han llegado a ese punto, o la guerra habría terminado. Pero estamos participando en este proceso diplomático de buena fe”, concluyó.
La guerra en Ucrania alcanzará este domingo los tres años y medio de combates sin que Rusia muestre intención de detener la ofensiva. El presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en que la victoria está cerca, aunque en el frente de Donetsk los avances son limitados y cuestionados por analistas internacionales.
De acuerdo con la prensa estadounidense, Putin aseguró en la cumbre de Alaska a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que Moscú podrá conquistar en breve todo el Donbás. Sin embargo, Ucrania controla todavía parte de Donetsk y mantiene una línea fortificada en torno a ciudades estratégicas como Pokrovsk, Sloviansk y Kramatorsk.
Actualmente, el ejército ruso ocupa 115,000 kilómetros cuadrados de Ucrania, cerca del 20 % del país, una extensión menor a la de Grecia o Nicaragua. De ellos, un tercio ya estaba bajo control ruso desde 2014, con la anexión de Crimea y las zonas prorrusas de Donetsk y Lugansk.
Járkov es una de las regiones ucranianas más atacadas por Rusia. EFE
Ucrania debilitada, pero sin rendirse
El presidente Volodímir Zelenski reconoció la dificultad de recuperar territorio por la escasez de hombres, aunque rechazó de plano las exigencias territoriales del Kremlin. “Las historias de que van a ocupar nuestro Donbás para finales de año no son más que cháchara”, afirmó.
En mayo, Ucrania perdió el territorio que había ocupado en 2024 en la región rusa de Kursk, mientras que Moscú avanza en Donetsk con pequeñas unidades y bombardeos constantes.
Expertos creen que a este ritmo el ejército ruso tardará meses en acercarse a las principales ciudades de Donetsk, lo que podría prolongar la guerra hasta 2026. Zelenski estima que Moscú necesitaría cuatro años para ocupar la parte de la región aún bajo control ucraniano.
Mientras tanto, Rusia enfrenta crecientes presiones económicas: el déficit presupuestario ya supera el 2 % del PIB, y el crecimiento del primer semestre de 2025 cayó al 1,2 %, frente al 4,3 % del año anterior. Solo el sector militar mantiene un aumento sostenido.
Las sanciones y aranceles sobre el petróleo ruso podrían complicar la financiación de la guerra. El 27 de agosto entrará en vigor un arancel del 50 % en India, aunque Nueva Delhi ya ha contratado nuevos cargamentos. China, en cambio, ha incrementado sus compras y Trump no parece dispuesto a imponer sanciones a Pekín.
La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha consolidado como el principal respaldo internacional del presidente Nayib Bukele, apoyando la reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, cuestionadas por organismos internacionales.
El fortalecimiento de la relación entre ambos gobiernos se vio impulsado por un acuerdo migratorio que permitió la deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU., acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Organizaciones como Cristosal han denunciado que ambos Estados “actúan de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos”.
Durante el Gobierno de Joe Biden, la relación entre Washington y Bukele atravesó tensiones, llegando incluso a incluir a funcionarios salvadoreños en listas de “actores corruptos”. En 2022, EE.UU. criticó la decisión de la Sala de lo Constitucional —con magistrados nombrados por la Asamblea oficialista— que habilitó la reelección inmediata de Bukele.
Sin embargo, con la llegada del embajador William Duncan en 2023, las relaciones comenzaron a normalizarse. Bukele reconoció que gracias a Duncan se logró recomponer la comunicación con EE.UU., llegando incluso a condecorarlo a mediados de 2025.
EE.UU. minimiza denuncias de atropellos
El respaldo más reciente se refleja en el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de 2025, que asegura que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas”. Esto contrasta con el informe de 2023, bajo la administración Biden, que sí documentó torturas y malas condiciones en cárceles.
La defensora de derechos humanos Celia Medrano criticó esta postura, señalando que el Gobierno de Trump ignora los atropellos en El Salvador “porque prioriza sus propios intereses geopolíticos”. Recordó además que más de 250 migrantes venezolanos denunciaron malos tratos y agresiones sexuales en cárceles salvadoreñas.
Apoyo a la reelección indefinida de Bukele
El 5 de agosto, el Departamento de Estado respaldó públicamente la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista que permite la reelección indefinida de Bukele, abriendo la puerta a un tercer mandato presidencial.
“La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, señaló un portavoz del Departamento de Estado, descartando comparaciones con “regímenes dictatoriales ilegítimos” de la región.
La oposición salvadoreña y organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han condenado la medida, asegurando que erosiona la democracia salvadoreña y acerca al país a modelos autoritarios como Nicaragua y Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el Gobierno posee y controla el 10 % de Intel, una de las mayores fabricantes de chips y semiconductores del mundo. Según el mandatario, las acciones están valoradas en 11.000 millones de dólares y fueron obtenidas “sin pagar nada”.
Trump explicó en su red social Truth que negoció el acuerdo con el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, y aseguró que la compañía tiene un “futuro aún más prometedor”.
La operación representa una de las intervenciones gubernamentales más grandes en EE.UU. desde el rescate automotriz de 2008, según analistas. Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el objetivo es “estabilizar la producción de chips en Estados Unidos”.
En cambio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que la decisión busca garantizar un retorno de las subvenciones otorgadas bajo la Ley de Chips de 2022, aprobada con apoyo bipartidista durante el Gobierno de Joe Biden.
Intel, en crisis frente a sus rivales
Intel, pionera en semiconductores, ha quedado rezagada frente a competidores como TSMC, Samsung y Nvidia. Con la Ley de Chips, recibió 10.500 millones de dólares en subvenciones, de los cuales 2.200 millones ya habían sido entregados hasta enero, con el fin de recuperar la competitividad en la carrera tecnológica y militar.
En 2024, Intel reportó pérdidas de 18.800 millones de dólares, además de recortes de 15.000 empleos, y prevé despedir a 20.000 trabajadores más en 2025.
El Wall Street Journal (WSJ) criticó duramente la operación, calificándola de “nacionalización de facto” de Intel y advirtiendo que el “control político frena la innovación y la inversión”.
El periódico recordó que la administración Trump ya impuso condiciones a otras empresas, como la compra de U.S. Steel por Nippon Steel, donde el Gobierno se reservó un poder de veto sobre despidos, o la autorización a Nvidia y AMD para exportar chips a China a cambio de una comisión del 15 %.
El mandatario se reunió la semana pasada con el CEO de Intel, tras haber pedido su dimisión por supuestos conflictos de interés. Sin embargo, cambió de postura tras el encuentro y elogió la trayectoria de Tan, confirmando días después el acuerdo.
Ese mismo día, también se anunció una inversión de 2.000 millones de dólares de Softbank en Intel, lo que impulsó sus acciones un 7 % en Wall Street.
La capital de Estados Unidos vive un clima de protesta inusual. Desde que el presidente Donald Trump tomó el control de la Policía Metropolitana y desplegó a la Guardia Nacional como parte de su campaña contra la criminalidad, las paredes de Washington se han llenado de carteles, grafitis y pegatinascon mensajes de rechazo.
Entre las expresiones más visibles destacan lemas como “Liberen a DC”, “Fuera fascistas de D.C.” y FDT (Fuck Donald Trump), además de una obra callejera al estilo Banksy que parodia al “Lanzador de flores”, pero en esta ocasión con un sándwich como proyectil.
La imagen, inspirada en Sean Charles Dunn, un exfuncionario detenido por lanzar un bocadillo a agentes federales, se ha convertido en símbolo de resistencia en barrios como Noma, Adams Morgan y Dupont Circle.
“En un momento tan duro para nuestra ciudad, estos pequeños actos de rebeldía dicen mucho”, expresó Trina, maestra jubilada que apoya las protestas.
Un gesto que se viralizó en protestas
El episodio de Dunn se viralizó en redes sociales y fue replicado en marchas con pancartas como “No te metas con D.C. o te ganas un sándwich” y “Un pequeño sándwich para el hombre, un gran gesto para la democracia”.
Residentes como Deshonde, de la zona de Noma, aseguran que estos actos son una forma pacífica de mostrar oposición: “En medio de una toma hostil, un sándwich lanzado tiene más fuerza simbólica de lo que parece”, comentó.
La Casa Blanca justifica la intervención alegando una “ola de crímenes” y asegura que se han realizado más de 600 arrestos, incluidos inmigrantes indocumentados. Sin embargo, las autoridades locales recuerdan que los delitos violentos cayeron un 26 % en el primer semestre de 2025 respecto al año anterior.
La acción de Trump se ampara en una cláusula de la Ley de Autonomía de 1973, que regula el autogobierno en Washington, y que ha generado fuerte rechazo en la población.
Amplio rechazo ciudadano
Según una encuesta de The Washington Post y la Universidad George Mason, ocho de cada diez residentes se oponen a la militarización ordenada por Trump.
La protesta se expresa con arte urbano: esculturas efímeras, carteles que ridiculizan al presidente y mensajes como “Trump debe irse ya” o “Manos fuera de D.C.” se multiplican en paredes y postes de la capital. Incluso se leen mensajes en español que recuerdan: “Todos tenemos derechos, no importa el estatus”.
Las calles de Mount Pleasant, un barrio latino al noreste de Washington D.C., permanecen casi vacías desde que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, lo que ha generado temor entre cientos de salvadoreños que residen en la zona.
El operativo de seguridad, enmarcado bajo la declaración de “Emergencia de Seguridad Pública” en la ciudad, ha provocado que negocios bajen sus ventas, trabajadores dejen sus empleos por miedo a ser detenidos, y residentes eviten salir incluso para comprar alimentos.
Una lona colgada en la plaza principal resume el sentir del vecindario: “No a las deportaciones en Mount Pleasant. No a la Migra”, se lee en español. La comunidad denuncia que los operativos están enfocados únicamente contra los hispanos.
“Esto es solo contra nosotros. No se ve a los etíopes, a los chinos o a otros con miedo. Vienen a por los hispanos”, relató a EFE una salvadoreña que trabaja en un restaurante local desde hace dos décadas, y que ahora teme incluso manejar su vehículo por miedo a ser detenida por agentes de inmigración, a pesar de contar con permiso de trabajo y residencia.
Fotografía que muestra carteles en contra de la redadas en En el barrio de Mount Pleasant, uno de los enclaves latinos de Washington. EFE
Trump militariza Washington y aumenta arrestos
La semana pasada, el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, tomó el control de la policía local y reforzó la presencia de agentes del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo el argumento de combatir la criminalidad.
Según la fiscal general Pam Bondi, estos operativos ya han derivado en 630 arrestos, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que muchos de ellos corresponden a inmigrantes indocumentados.
“La gente tiene mucho miedo. La presión psicológica es enorme porque ves los operativos en la calle y luego en redes sociales”, explicó un salvadoreño sentado solo en la barra de un restaurante, quien también pidió anonimato.
Negocios latinos, paralizados
El impacto también ha sido económico. Comercios latinos en Mount Pleasant, muchos de ellos dirigidos por salvadoreños, han reportado una drástica caída en el número de clientes. El miedo ha vaciado las terrazas y reducido los pedidos, incluso a domicilio, ya que muchos repartidores —principalmente latinoamericanos— han optado por dejar de trabajar.
“No tenemos clientes, las empresas proveedoras nos preguntan por qué no hacemos pedidos”, relató el gerente de un restaurante especializado en pollo. Indicó que incluso uno de sus empleados fue detenido por agentes de inmigración, enterándose del hecho por un video que circuló en redes sociales.
“Hemos tenido que reducir turnos porque no hay trabajo”, lamentó.
En medio del temor generalizado, muchos habitantes han optado por permanecer en casa, limitar sus salidas al trabajo y evitar cualquier espacio público. Otros se han visto forzados a comprar en línea para no exponerse a los controles.
El barrio de Mount Pleasant es el corazón de la comunidad salvadoreña en Washington. EFE
Extensión del operativo, una posibilidad latente
La comunidad espera que la situación termine pronto. “Dijeron que duraría un mes. Le rezo a Dios para que se acabe rápido”, expresó una salvadoreña mayor, mientras regresaba de hacer sus compras.
Sin embargo, el presidente Trump ha advertido que podría extender el operativo, argumentando que la medida aún no ha sido suficiente. Para ello, necesitará la aprobación del Congreso, donde mantiene mayoría.
Mientras tanto, cientos de inmigrantes en Mount Pleasant —y especialmente la comunidad salvadoreña— continúan enfrentando un ambiente hostil, marcado por el temor, la parálisis social y la incertidumbre de lo que vendrá.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó este viernes que se examinarán a fondo las solicitudes de visado de los turistas interesados en viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol del 2026, del que México y Canadá también son coanfitriones.
«Tenemos un proceso establecido que implementaremos para la aprobación de visas. Todos serán examinados a fondo, pero serán bienvenidos a este país«, dijo Noem desde el Despacho Oval junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
«Espero que en todo el mundo, la gente sepa que Estados Unidos está emocionado de traer a sus familias aquí para disfrutar de este evento». Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.
Minutos antes, el propio Trump había asegurado que algunos países lo tendrían «muy fácil» para entrar, mientras que para los ciudadanos de otros países sería «un poco más difícil».
La declaración tuvo lugar durante un acto en el que Trump anunció que el sorteo para determinar la composición de los grupos del Mundial se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C.
El torneo, en el que la selección argentina defenderá el título conquistado en Catar, se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. La final tendrá lugar en el estadio MetLife en las afueras de Nueva York.
Sin embargo, la competición llega en un momento de gran tensión en Estados Unidos en lo que respecta a la política migratoria, donde se detiene a diario a migrantes indocumentados en redadas masivas para deportarlos a otros países.
El Gobierno estadounidense ha revocado además permisos de residencia temporal de los ciudadanos de varias nacionalidades, y el jueves anunció que está verificando a más de 55 millones de personas con visados válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de Estados Unidos.
Esto ha generado dudas sobre el posible impacto de estas medidas sobre extranjeros que quieran viajar al evento en Estados Unidos, y sobre la asistencia al torneo de inmigrantes que viven en el país, dado el temor de que al acudir a los estadios sean arrestados por las autoridades migratorias.
La FIFA ya minimizó el pasado junio el impacto de la política migratoria de Estados Unidos sobre sus torneos durante el transcurso del Mundial de Clubes que se desarrolló también en este país.
