Una coalición de más de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia ha demandado en dos tribunales al Gobierno del presidente Donald Trump por la cancelación de un programa de subvenciones de 7.000 millones de dólares diseñado para ayudar a familias de bajos ingresos a instalar paneles solares en sus hogares.
Las dos querellas legales acusan a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) de cancelar ilegalmente el Programa Solar para Todos incumpliendo sus obligaciones contractuales con los estados.
Los estados han pedido al Tribunal Federal de Reclamaciones de Estados Unidos que revoque la cancelación de los 7.000 millones de dólares que el Congreso ya había comprometido en 2022. Además han pedido a un tribunal federal en el estado de Washington que declare ilegal el bloqueo de las subvenciones, restablezcan la financiación y el programa.
El programa, otorgado en el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025) en el marco del Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero destinado a abordar el cambio climático, asignó el año pasado fondos a 60 beneficiarios, incluyendo estados, tribus, regiones y organizaciones sin fines de lucro.
En agosto, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció la cancelación del programa afirmando “falsamente” que la agencia ya no tenía autoridad legal para administrar los fondos, acusan los demandantes.
De mantenerse, la cancelación de este programa amenazaría la capacidad de más de 900.000 hogares en comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas de todo el país para acceder a energía solar de bajo costo y, como resultado, reducir sus facturas de electricidad.
El bloqueo de la subvención frenaría el progreso en la adopción de energías limpias a nivel nacional, especialmente en comunidades desatendidas, alega la demanda.
“El Programa Solar para Todos se creó para brindar alivio a todos los estadounidenses, reduciendo las facturas de energía de las familias trabajadoras, nuestra huella de carbono y creando empleos sindicalizados de alta calidad que impulsarían nuestra economía”, dijo en un comunicado el fiscal de California, Rob Bonta, que hace parte de la demanda.
El fiscal advirtió que junto a los otros estados, la mayoría liderados por demócratas, lucharán para detener “la interpretación tergiversada” que hace el Gobierno Trump de la ley.
Además de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Pensilvania Vermont, Washington y el Distrito de Columbia se unieron en la demanda, así como la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) y la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin.
