Una jueza federal ordenó este viernes detener las redadas migratorias en el sur de California, al considerar que se estaban realizando arrestos basados en el color de piel, el idioma y otros elementos discriminatorios, en violación a derechos constitucionales.
La decisión de la jueza Maame Frimpong también incluye una orden para que el Gobierno de Estados Unidos permita el acceso de abogados a las personas detenidas en el centro de detención migratoria B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles.
El fallo judicial se produjo tras una demanda interpuesta la semana pasada por personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los demandantes argumentan que los operativos han violado múltiples derechos constitucionales y se han sustentado en criterios de perfil racial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y calificó de “repugnantes y categóricamente falsas” las denuncias de discriminación.
No obstante, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), que representa a los afectados, informó que la jueza prohibió explícitamente que los agentes migratorios detengan personas sin una sospecha razonable. También vetó arrestos basados en aspectos como la raza, el idioma (ya sea hablar español o inglés con acento), el tipo de empleo o la presencia en sitios como estaciones de autobuses, lavaderos de autos o granjas.
Además, el fallo obliga al DHS a garantizar acceso legal para los detenidos, no solo entre semana, sino también los fines de semana y feriados.
Las redadas iniciadas hace un mes en el área metropolitana de Los Ángeles han generado protestas y tensiones, convirtiendo a California en un símbolo de oposición a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La demanda se activó luego de un operativo ocurrido el pasado 22 de junio, en el que varios trabajadores fueron arrestados violentamente por hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza. Videos del hecho circularon en redes sociales y generaron indignación.
El propietario del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los agentes irrumpieron en zonas restringidas y utilizaron fuerza excesiva. Familiares de los detenidos aseguraron que los arrestos se realizaron sin justificación y sin acceso a comunicación legal.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras conocerse la resolución judicial.
